Si de caracterizar a los personajes que en su condición de funcionarios, asesores, empresarios o contratistas deambulan por la Casa de Nariño se tratase, el título que encabeza esta nota prestado a la estética narrativa de Osvaldo Soriano, los retrataría con trazos muy apropiados. Porque en el penumbroso centro del poder neoliberal encabezado por Álvaro Uribe Vélez, promotor del alucinado boom neofascista que oprime a los colombianos, trepidan las pisadas piratas de las corporaciones transnacionales, se percibe el vuelo fantasmal de contratistas (diurnos) y asesores (nocturnos) mientras la embestida del jurásico Fondo Monetario Internacional, agrieta la histórica estancia republicana.

Toda esa tropa emergente, orientada hacia la producción simbólica del enemigo y a la construcción mediática de subjetividades para nada democráticas, subordina la soberanía nacional e induce el naufragio de las demandas sociales. Merced a su influjo se ha ido consolidando un modelo que a nombre de la supuesta modernización e inserción del país en las nuevas coordenadas globalizadoras, ha puesto en marcha la deconstrucción vertiginosa de ponderados instrumentos de intervención y regulación, con los cuales la democracia había anhelado equilibrar la asimétrica relación socio-económica entre los colombianos. Bienes públicos y patrimonios democráticos amasados con ardor patriótico a lo largo de la sufrida historia nacional, han sido blancos de la falaz concepción eficientista neoliberal, cuyo paradigma mercantil de la competitividad predica que el Estado es un estorbo que es preciso reducir a su mínima expresión, mientras favorece la reproducción rentista de las elites especuladoras y la territorialización de megaproyectos transnacionales -para lo cual se proponen eliminar personerías municipales, licencias ambientales y recortarle competencias esenciales a la justicia-, a través del ejercicio de una gobernabilidad disciplinaria y policiva. No cabe duda, después de todo lo vivido, que en Uribe Vélez y su equipo se materializa esa tendencia neoclásica y militarista que en términos de la cientista social Saskia Sassen, aniquila las capas medias, desestructura el mundo del trabajo y reinventa cruelmente la miseria y la pobreza.

Ahora mismo han emprendido -previa toma militar de las sedes y la negación del diálogo social-, la liquidación y privatización de importantes patrimonios públicos como el ISS, Ecopetrol, SENA, Telecom e ICBF. Empresas que antes de la apertura económica neoliberal no sólo dieron frutos y se proyectaron por su prosperidad sino que han simbolizado la noción más progresista de la seguridad social y la defensa de las riquezas del subsuelo y del trabajo productivo. Pero había que ponerlas bajo la racionalidad privada y sus lógicas de rentabilidad a ultranza. En ese sentido, estudios contratados con firmas consultoras extranjeras, como la Bozz Allen & Hamilton Inc , Arthur D. Litle y Mckensey con intereses en los negocios de las empresas liquidadas, le sirvieron de base al gobierno de Uribe Vélez para justificar la operación con conceptos económicos errados, según lo ha documentado -y nunca ha sido desmentido- el profesor y experto Eduardo Sarmiento Palacio.

De esta forma piratas, fantasmas y dinosaurios, es decir, transnacionales y especuladores, gobierno y empresarios, asesores y contratistas han arrojado sobre trabajadores y empleados del Estado el lodo de sus propias culpas. Al afirmar ante los medios que el origen de la crisis fiscal está en los costos de la nómina (que sólo pesa el 10% del presupuesto en cada empresa), escondieron factores de grave impacto en las finanzas como las proyecciones erradas del mercado, los contratos de Joint Venture o de "riesgo compartido", los sobrecostos operacionales y la adquisición a precios de usura de materiales tecnológicos no utilizados. Con astucia y mala fe han soslayado la responsabilidad que les cabe a quienes entregaron -y a quienes recibieron- la operación de las empresas en su parte más rentable, al tiempo que obligaron a las empresas oficiales a asumir la porción más compleja, costosa y de mayor riesgo del negocio.

Pero, ¡alto ahí!. En extraordinario desafío a los voceros del pensamiento único, el Partido Liberal colombiano, la academia universitaria, los sectores modernos del país y las Centrales obreras han visibilizado la trama perversa del gobierno y se proponen adelantar acciones para evitar el total desmantelamiento del Estado Social de Derecho, en un país en el que la eficacia de la guerra se mide por el número de muertos y el éxito de las reformas estatales por la cifra de despedidos.