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Miles de militares y policías fuertemente armados patrullan las principales carreteras del occidente boliviano en el inicio de una nueva protesta de los campesinos e indígenas dirigidos por el controvertido líder de la fracturada Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), el "Mallku" Felipe Quispe.
Buscando fortalecer su liderazgo, seriamente amenazado por sectores campesinos ligados al Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, los sindicatos leales al Mallku trabajaban intensamente en las poblaciones altiplánicas para iniciar de a poco el bloqueo de caminos, un mecanismo tradicional de protesta en el agro y que en el pasado ha sido administrado con gran éxito por Quispe.
Los campesinos exigen que el gobierno cumpla 70 peticiones que van desde la dotación de tractores y apoyo financiero y productivo para los agricultores hasta la eliminación de la libre importación, el rechazo a la venta del gas a Estados Unidos por puertos chilenos y en oposición al ingreso al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Tras la interrupción de las negociaciones, entabladas en la ciudad de La Paz este fin de semana entre las autoridades y dirigentes de la CSUTCB, los sindicalistas se desplazaron a las comunidades del Altiplano, que ya han anunciado la realización escalonada de bloqueos "relámpago", capaces de interrumpir el tráfico vehicular entre la sede de gobierno y otras ciudades del Altiplano y los valles, pero sin provocar enfrentamientos.
En la esfera gubernamental, las autoridades también intentan evitar disturbios violentos y tratan de reiniciar el diálogo, en busca de un complicado equilibrio: resolver el conflicto sin ceder demasiado y al mismo tiempo no debilitar en exceso el liderazgo de Quispe, para no potenciar indirectamente a las fuerzas campesinas dirigidas por Román Loayza, un dirigente y parlamentario del MAS que encabeza la otra fracción de la CSUTCB y que no acompaña el bloqueo y la protesta antigubernamental.
En este escenario, el ministro de Asuntos Campesinos, Arturo Liebers, afirmó que existen respuestas concretas y tangibles a las demandas campesinas, como la mecanización del agro, electrificación rural y proyectos de construcción de caminos, entre otros temas.
Su colega, el viceministro de Régimen Interior, José Luis Harb, aseguró que el gobierno garantizaba la libre transitabilidad y hasta el anochecer de este lunes los reportes oficiales de la Patrulla Caminera daban cuenta que el tráfico vehicular entre la ciudad de La Paz con los departamentos de Oruro y Cochabamba era normal, al igual que en los tramos que unen a las localidades del Desaguadero, Huarina, Peñas, Patacamaya y otras del departamento de La Paz.
Sin embargo, desde la sede de gobierno, analistas independientes consideraron que la aparente normalidad en el tránsito carretero podría ser interrumpida en el curso de la presente semana, cuando las fuerzas leales al Mallku ingresen de lleno al conflicto. No se descarta, además, que otros sindicatos campesinos sobrepasen la pugna entre las fracciones de Quispe y Loayza y se integren al bloqueo en busca de obtener atención a sus demandas económicas y sociales y mejores condiciones de vida y de trabajo, seriamente afectadas por la crisis económica y la virtual bancarrota en la que está la economía campesina.