Latinoamérica

La ética de izquierda que se avecina
Uruguay: El "caso de las jerarquías municipales"

Nelson Cesin
Brecha

El informe del Tribunal de Conducta Política frenteamplista disparó un debate de proporciones en la izquierda acerca de las fronteras del accionar ético en el ejercicio del gobierno. La discusión, que establece un corte ajeno a lo partidario, enfrenta más bien a quienes desempeñan cargos de gobierno con quienes permanecen en el llano.

En la perspectiva del Tribunal de Conducta Política frenteamplista (TCP), el mentado "caso Areán" se convirtió apenas en el disparador que permitió arribar a conclusiones mucho más de fondo sobre la "conducta política" de los máximos jerarcas de la Intendencia de Montevideo, a tal punto que modificó el eje de la discusión, trasladándolo, si se quiere, del caso Areán al "caso del equipo de gobierno municipal". El informe del tcr es en varios sentidos lapidario para la administración de Mariano Arana (en particular para el propio intendente, responsable en tanto máxima autoridad de habilitar, o al menos no impedir, los desvíos de conducta señalados en el fallo), y en esa constatación reside el origen del fuego que amaga con provocar un gran incendio en la izquierda.

Con todo, el abroquelamiento del gabinete municipal y de sectores de la "fuerza política" en contra del informe permite detectar dos lógicas distintas en el plano político e incluso de las valoraciones éticas, cuyo corte no reside en el enfrentamiento Frente Amplio (FA)-gobierno municipal, sino en la contraposición entre quienes ejercen responsabilidades u ocupan cargos de gobierno y quienes no, como los militantes de base o ciertas "personalidades políticas" todavía resistentes a la lógica de la "cultura de gobierno".

Al margen de estas consideraciones, el informe plantea a futuro varios dolores de cabeza para la izquierda. Si el citado cierren filas en contra de éste prospera, y el dictamen no es refrendado orgánicamente por el FA, la señal sería que los "Lineamientos ético-funcionales para la acción política" aprobados en 1990, principal referente del fallo, podrán seguir siendo la máxima expresión de ética pero inservibles para la acción política, o de que esos lineamientos fueron muy mal interpretados en este caso, lo cual dejaría bastante en falso a sus intérpretes para seguir integrando el TCP. Si, por el contrario, el fallo es refrendado, entonces deberían "temblar las raíces de los árboles" de 18 y Ejido y sus alrededores. El TCP, a lo sumo, se encargó de detectar desvíos de conducta, pero no estaba dentro de sus funciones promover acciones correctivas. De allí que la duda de quién y cómo se encarga de corregir esos desvíos dentro de la administración municipal, y eventualmente en el ejercicio del gobierno nacional, plantee un nuevo motivo de jaqueca para la izquierda.

INTERPRETACIONES. A pesar de la andanada de cuestionamientos que recibió por parte de destacadas figuras y sectores del FA (véanse páginas 3 y 4), hubo un aspecto del informe especialmente resaltado por los defensores del ex secretario del intendente: el TCP descartó, por ausencia de pruebas, los cargos más severos contra Areán, como el de tráfico de influencias respecto a sus emprendimientos privados o a licitaciones en general. En efecto, el TCP reputa como "exagerado atribuirle también eso" (haber incurrido en tráfico de influencias) y agrega que "no ha obtenido elementos ni testimonios con pruebas fehacientes con relación a la conducta de Areán en lo relativo a las licitaciones".

Sin embargo, cualquiera que lo haya leído con detenimiento, y sin suspicacias, podría advertir que el TCP describe abundante y minuciosamente algo muy parecido a lo que descarta. A vía de ejemplo, sostiene que Areán, a raíz de "su carácter de interlocutor privilegiado de empresarios poderosos", representa "el ejercicio de un poder de hecho: pasa a ser operador político con amplias posibilidades de intercambio de favores"; menciona al menos ocho emprendimientos o casos de licitaciones "en que se plantean ese tipo de situaciones"; y escoge especialmente el caso del Complejo Bahía para describir de qué modo "se invierten los papeles cuando el propio Areán, junto a sus socios, se transforma en un empresario interesado en la instalación de un importante emprendimiento megadisco en el Cerro", de lo cual "surge una innegable implicancia con su condición de secretario privado del intendente". No creo en brujas, pero que las hay, las hay, podría deducir algún supersticioso.

La lectura de connotados dirigentes de izquierda acerca de algunos aspectos del fallo resultó un tanto sesgada, como si se tratara de atribuir al texto los alcances de una afirmación que no contuvo. Así, por ejemplo, el senador Danilo Astori, en una línea de razonamiento similar a la de su colega Enrique Rubio, tildó de "desubicado" el informe porque le pareció "inconcebible" que fuera mal visto que los empresarios se contactaran con las autoridades municipales. Sin embargo, en el documento, hasta donde se lee, no hay objeciones genéricas respecto a que exista relación entre gobernantes y empresariado, sino advertencias acerca de la forma y los límites en que esa relación debe procesarse.

MIRADA MOLESTA. Con el pretexto del "caso Areán", o a raíz de él, el TCP amplió el teleobjetivo a territorio inexplorado, hasta hacer foco en la cabeza del mismísimo intendente Arana. Y la difusión de la imagen activó el escandalete político. Ni un marciano podría sembrar sospechas sobre la conducta ética de Arana, pero el informe pone en tela de juicio su capacidad para evitar y controlar los "desvíos de conducta" en su administración, empezando por los de su equipo de gobierno. En esa dirección, cuestiona especialmente a los directores municipales Daniel Christoff (Planificación Territorial) y Juan Bengoa (Promoción Económica) por su colaboración profesional con Areán en el Complejo Bahía, considerando que la conducta de ambos tampoco se ajusta a los lineamientos éticos del FA, pero involucra genéricamente a la jerarquía municipal en un esquema de funcionamiento muy poco transparente, capaz de habilitar implicancias entre la gestión pública y los actores privados. Un esquema que, en resumen, "no concuerda con los estatutos del FA en lo relativo a máxima eficiencia, eficacia, gestión profundamente democrática y transparente, dedicación plena con sentido militante, y evitar toda implicancia entre la gestión municipal y los beneficios privados".

A juicio del TCP, "el error de procedimiento" del equipo de gobierno municipal obedece a una "sujeción estricta" al Digesto Municipal, "sin entrar a considerar lo que prescriben" los lineamientos éticos del FA. Ese señalamiento fue, precisamente, el más recurrentemente utilizado por las principales autoridades comunales, junto a los directamente señalados por el TCP, para estrechar filas contra el informe. No puede ser, se quejó Areán, que a los lineamientos éticos se los ubique "por encima de las leyes". Christoff sostuvo, a su turno, que el hecho de que esos lineamientos estén por encima de las leyes "puede resultar confuso a mucha gente", porque "primero están las leyes". Y el propio Arana dijo sentirse asombrado de que se le reproche "seguir el tocaf y las normas legales vigentes", porque ellas "no coincidirían con los lineamientos que desde el punto de vista político una fuerza quiere darse". La secretaria general de la comuna, María Julia Muñoz, introdujo la variante del "desconocimiento de la administración municipal" para desechar el informe y reafirmar que "los lineamientos (éticos) se han cumplido". Quiere decir que, para las autoridades municipales, el marco, y acaso el techo, de la conducta ética están en función de lo que marcan la Constitución y las leyes (en el caso municipal el Digesto o "las normas del tocaf"), y no los criterios estatutarios que estipula su fuerza política, por cierto más exigentes y abarcativos a la hora de contemplar el deber ser de la "militancia frenteamplista". Tampoco se conoce que el Digesto, o cualquier otra norma de alcance municipal, haya operado como mecanismo de contralor capaz de evitar o detectar los desvíos de conductas señalados por el TCP. Es de público conocimiento, en cambio, que ni la "Oficina del ciudadano" (exigida en los citados lineamientos éticos) ni el defensor del vecino han prosperado como herramientas de control social sobre la gestión municipal de la izquierda. ¿Será que ahora para la izquierda el único tribunal capaz de juzgar conductas y políticas es el que se reúne cada cinco años y se expresa en las urnas? Ante semejante panorama, quizá no haya más remedio que remitirse a la explicación de los "estilos de conducción" para comprender por qué el intendente Vázquez aplicó el criterio de tolerancia cero en episodios del pasado que en cierto punto podrían ser comparados a éste, y ahora Arana aplica el de tolerancia máxima.

Pero hay otro punto, que tiene que ver con el lugar en el que se paran tanto jerarcas de la comuna como algunos connotados dirigentes frenteamplistas. María Julia Muñoz, por ejemplo, estimó que los integrantes del TCP se movieron con criterios propios de quienes no tienen que lidiar con "lo concreto", con el mundo de "lo real". La ciudad es un "organismo vivo", y quienes la manejan e intervienen en ella también, estimó, en una muestra de pragmatismo que, llevada hasta sus últimas consecuencias, puede justificar dislates de todo calibre.

LÓGICAS. Desde otro ángulo, las reacciones contra el informe confirman la existencia de dos lógicas contrapuestas en el accionar político y la valoración de los límites éticos. En lo político, esa contraposición quedó nítidamente expresada durante la huelga de los funcionarios municipales de 2002, cuando varios sectores del FA no consiguieron "persuadir" a sus representantes en el gabinete municipal de que actuaran con una lógica distinta a la "cultura de gobierno". Quizá el ejemplo más sobresaliente, en ese sentido, haya sido el del Partido Comunista, que acusó a las autoridades municipales por el manejo del conflicto, pero no consiguió siquiera que su representante en el gabinete compartiera esa posición.

En el plano de las valoraciones sobre las conductas éticas parece ocurrir otro tanto. La vara con que la lógica de gobierno mide los "líneamientos éticos" es notoriamente más corta que la que ha utilizado, históricamente, la lógica de oposición. Y acaso haya que convenir que determinadas normas de conducta (aquellas que el FA sostuvo desde su fundación) pudieron ser funcionales durante el reino de la "cultura de oposición" o de "resistencia", pero aparecen como "excesivas" o inadecuadas ante los tiempos de gobierno que se avecinan.

Entre sus recomendaciones, el TCP insta a "aprobar en tiempo útil un documento (...) en el cual se extenderán a todos los cargos del gobierno nacional los líneamientos éticos para la acción política". Del éxito o fracaso de esa recomedación dependerá buena parte de la matriz ética del gobierno que se nos viene.