Latinoamérica

LAS RADIOS COMUNITARIAS NUEVAMENTE EN LA MIRA DEL GOBIERNO

Los últimos tiempos se han encargado de reafirmar un elemento de fundamental trascendencia: el importantísimo papel que juegan los medios de comunicación en el desarrollo de los acontecimientos mundiales. En la sociedad capitalista éstos se encuentran hegemonizados por un sector de la sociedad, y son desarrollados prioritariamente de acuerdo a sus intereses políticos, económicos e ideológicos. Los medios masivos de comunicación son un escenario de confrontación de intereses, y muestran como tendencia dominante que su capacidad de generar hechos políticos y sociales, de generar subjetividad, está función de las necesidades de intervención de la clase dominante en la lucha de clases. Todo lo que los medios muestran y esconden puede leerse como surgido de esa confrontación; por ello normalizan lo cotidiano, legitiman aberraciones, contribuyen a la consagración de la injusticia social.

En nuestro país, las radios comunitarias se han convertido en herramientas fundamentales de expresión y comunicación de los oprimidos frente a la hegemonía de pensamiento fomentada desde los medios de comunicación masivos, desarrollando de esta forma una tarea fundamental que es la lucha por la democratización de las comunicaciones.

En un Uruguay donde la propiedad de medios de comunicación se caracteriza por su importante grado de concentración, donde la intervención gubernamental se ha encargado de realizar "repartos" de autorizaciones para el uso de canales radioeléctricos con criterio político partidario entre allegados y representantes de importantes sectores de la oligarquía, el desarrollo de medios de comunicación autogestionados, independientes política y económicamente, ha sido todo un desafío encarado por parte de sectores populares.

Desde la segunda mitad de la década de los ochenta y la primera mitad de la década de los noventa, comenzaron a aparecer medios de comunicación alternativos que, producto de una necesidad imperiosa de encontrar un vehículo de expresión, se presentaron como canales de comunicación popular que ponían al descubierto la servidumbre de los medios de comunicación comerciales y promovían espacios desde donde ejercer la libertad de expresión y la interacción entre los miembros de una comunidad determinada. De esta forma surgieron las primeras experiencias de radios comunitarias que -si bien en su mayoría fueron experiencias esporádicas que no permanecieron en actividad- sentaron precedentes fundamentales para el desarrollo de una nueva forma de comunicación de los de abajo.

Aquellas experiencias aisladas fueron acumulando legitimidad en cada comunidad de inserción en la cual las radios se desenvolvían, producto de la interacción constante en función de una dinámica de aprendizaje-enseñanza fueron enriqueciéndose de contenido pasando de ser experiencias de radiocomunicación a ser expresión de proyectos de comunicación alternativa que expresan la apropiación por parte de los oprimidos de herramientas de comunicación adecuadas a sus intereses.
De los errores se fue aprendiendo, de la práctica cotidiana de una comunicación alternativa se fue construyendo lo que desde la segunda mitad de los noventa podemos llamar un movimiento de radios comunitarias. Se ha venido desarrollando una importante tarea de construcción de alternativas de comunicación popular que implican no solamente un proyecto de elaboración colectiva que realiza importantísimos aportes en la reconstrucción de un tejido social solidario, sino que además son herramientas insustituibles desde donde dinamizar la lucha por la democratización de las comunicaciones.
La acumulación de experiencias y de elementos enriquecedores de los proyectos, propició que las radios a su vez encontraran, en el marco de la misma lucha, espacios de síntesis colectiva que sean expresión organizada del movimiento de radios comunitarias, de esta forma es que toma vida la coordinadora nacional de radios comunitarias ECOS.

El propio desarrollo de las radios comunitarias fue lo que motivó que desde el gobierno se implementara, aunque con modalidades diversas, una fuerte represión. Primero fueron los allanamientos de los locales de transmisión, intentando con la intervención directa de la represión el aislamiento de los proyectos. Pero no se logró con ésto detener el desarrollo de nuevas y más radios comunitarias que surgían con fuerza desde las propias entrañas del pueblo. La ineficacia de esta metodología de combate al movimiento de radios comunitarias llevó a que se centrara la ofensiva en el establecimiento de marcos legales que incorporaran la radiodifusión comunitaria en lo declarativo, pero que absorbieran al movimiento y lo enmarcaran en una dinámica de control permanente.
El pasado 25 de marzo de 2003, el poder ejecutivo aprobaba el decreto 114/003 con el título REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, en dicho decreto (si bien no hace referencia directa a la radiodifusión comunitaria) se sientan las bases políticas e ideológicas desde las cuales se implementará desde el gobierno, el control, adjudicación, y tenencia de los medios de comunicación.
En dicho decreto, se deja al descubierto y se normaliza un profundo contenido represivo hacia las irregularidades que puedan presentarse, legalizando los allanamientos a estaciones de radio "no autorizadas", y profundizando el papel del poder ejecutivo como fiscalizador de los contenidos que se difunden.

"ARTÍCULO 13º.- Inspección de las estaciones radioeléctricas
La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones deberá evaluar en forma permanente y objetiva los aspectos técnicos, operativos y reglamentarios que deben cumplir las estaciones radioeléctricas, de modo de evitar el uso del espectro radioeléctrico por parte de estaciones que no cuenten con la debida autorización. En tal sentido, la función de comprobación técnica de las emisiones involucra la posibilidad de que toda estación transmisora de radiocomunicaciones que se instale en el territorio nacional sea inspeccionada en cualquier momento, para lo cual los interesados deberán brindar las máximas facilidades."

Por este artículo se le autoriza al Poder Ejecutivo realizar las "inspecciones" que no son otra cosa que los allanamientos que desde hace varios años se vienen practicando contra las radios comunitarias.
Más adelante se establece como falta muy grave pasible de sanciones previstas por la ley: "la negativa, obstrucción o resistencia a las inspecciones técnico-administrativas de las estaciones radioeléctricas"
Ésto hace clara referencia a la resistencia al allanamiento, o burlar la requisa de equipos, que han sido uno de los principales mecanismos de defensa de las radios comunitarias hacia ésta práctica represiva.

"Cuando las emisiones, pudieren perturbar la tranquilidad pública, menoscabar la moral y las buenas costumbres, comprometer la seguridad o el interés público o afectar la imagen y el prestigio de nuestro país"
Aquí se plasma el profundo carácter político-ideológico que adquiere el uso de los medios de comunicación. ¿Qué significa "menoscabar la moral y las buenas costumbres"?. No se hace referencia a otra cosa que a la moral capitalista, a la que garantiza la dominación social, hacen referencia a la conservación de la reproducción de la ideología dominante.

Como planteábamos anteriormente, este decreto aprobado no hace referencia directa a las radios comunitarias pero sí aporta los elementos de base sobre los cuales elaborar políticas específicas para cada sector de las comunicaciones. La muestra de ésto, es la publicación de un proyecto de ley que apuntaría a regular la existencia de las radios comunitarias en nuestro país.
Enmascarado como un proyecto de regulación y reglamentación, la eventual aprobación de este proyecto de ley significa el desmantelamiento del actual movimiento de radios comunitarias.
Por un lado plantea profundas limitaciones inaceptables para proyectos de comunicación con determinadas características propias. Limita a una magnitud casi inexistente el radio de alcance de las señales comunitarias dejando un radio de 1,5 km, lo que para una radio de alcance barrial significa el agotamiento por limitación de su propio fin social.
Determina que para ser incluidas dentro del marco regulatorio, las radios deben dejar de transmitir, lo que llevaría a dejarlas inactivas durante un período de tiempo que puede estar determinado por meses o por años, llevando a las radios comunitarias a perder el espacio ganado en cada comunidad de inserción.

"El contenido de la programación deberá tener carácter cultural, educativo, informativo, de entretenimiento o religioso, quedando prohibido radiodifundir avisos comerciales de cualquier tipo. Deberán contribuir al desarrollo sociocultural de los habitantes del área de servicio, inspirados en principios de respeto a los valores morales y culturales; de protección de la familia, de los derechos de la infancia, la juventud, la ancianidad, los discapacitados; la dignidad, la vida privada de las personas y todos los derechos y libertades consagrados en la Constitución."
La fiscalización de contenidos se presenta como uno de los principales puntos del proyecto de ley, dejando claro que no se aceptarán contradicciones con el Poder Ejecutivo. Para herramientas de comunicación populares como las radios comunitarias, este artículo claramente implica que no se admitirá su actual naturaleza.
Como frutilla de la torta, se plantean penas de 3 a 24 meses de prisión para quienes efectúen transmisiones sin previa autorización, garantizando un mecanismo propio de las prácticas de censura previa. Es decir entonces que quien ejerza su derecho de libertad de expresión será pasible de ser encarcelado.

Todo un conjunto de elementos -de los que aquí hemos hecho nada más que una breve síntesis- marcan claramente el objetivo del gobierno y de los intereses que representa, de quitar de cuajo estas experiencias de comunicación popular; y aquí no hay dos lecturas, las radios comunitarias han crecido, han acumulado fuerzas, son actores imprescindibles en los procesos organizativos que se dan en cada barrio, son herramientas que generan y fomentan una conciencia crítica; y es ahí donde se convierten en peligrosas para el sistema.

Por eso es fundamental señalar las actuales propuestas de reglamentación del funcionamiento de las radios comunitarias, como iniciativas que apuntan a liquidar al movimiento de radios comunitarias. Este proyecto de ley es inaceptable, aceptarlo (incluso con algunas modificaciones) es legitimar el contenido represivo y cercenador de la libertad de expresión del mismo.

Alrededor de las radios comunitarias en nuestro país, está planteado un conflicto que refleja en forma particular una expresión de la lucha de clases. Ante los ataques que desde el gobierno se instrumentan, el desafío planteado es la defensa y fortalecimiento de un espacio (como es el movimiento de radios comunitarias) desde el cual es posible aportar al desarrollo autogestionario de medios de comunicación popular integrados a las luchas del pueblo.


Secretaria de relaciones internacionales
ORGANIZACIÓN LIBERTARIA CIMARRÓN - Uruguay
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