Desde 1903, año en que el patriarca y estadista José Batlle y Ordóñez (1854-1929) llegó a la presidencia, hasta 1960, Uruguay fue conocido como "la Suiza de América". Muletilla equívoca, acaso, aunque cultivada por el idealismo positivista de don Pepe, quien anhelaba para el país rioplatense las formas de organización social que a fines del siglo XIX observó y estudió en la tierra de los relojes, los cantones, los chocolates y la neutralidad política.
Desde la batalla de Carpintería (19 de septiembre de 1836), los uruguayos nacían "blancos" (conservadores) o "colorados" (liberales). Pero el espíritu "batllista", insuflado por las grandes reformas que impulsó en las primeras décadas del siglo XX, consiguió hacer de Uruguay una sociedad relativamente progresista y autocomplaciente, aunque reacia a cuestionar el dominio de una oligarquía vacuna que así como propició el desarrollo industrial a fines de 1920 optó por mediatizarlo a mediados de 1950.
En lugar de reinvertir en el mejoramiento de los medios y los procesos de producción, los terratenientes uruguayos se asustaron de los desafíos sociales del proceso de industrialización. Las cuantiosas ganancias de sus exportaciones se volcaron en el exterior, la especulación financiera y el consumo suntuario. La recesión no tardó en aparecer y los sectores de trabajadores afectados empezaron a manifestar el descontento.
En 1959, después de 99 años consecutivos en el poder, el Partido Colorado perdió las elecciones. Sin embargo, el primer gobierno blanco del siglo aceptó las recetas del FMI: dar marcha atrás y volver al edén del país vacuno. Siguieron años de luchas en defensa del salario, la fuente de trabajo, los derechos sindicales y, en 1963, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, primera guerrilla urbana de América Latina, se presentó en sociedad.
En 1963, una marcha de cañeros liderada por Raúl Sendic, fundador de Tupamaros, recorrió el país, instaló su campamento en Montevideo y en septiembre de 1964 los gremios combativos constituyeron la Convención Nacional de Trabajadores (CNT, unitaria).
A mediados de los 60, Uruguay ya era otro país. Las contradicciones entre lo viejo y lo nuevo se tornaron irresolubles. Los sectores duros de la derecha empezaron a invocar el "estilo tradicional de vida" y los "valores" que supuestamente sostenían a la sociedad uruguaya. El colorado Oscar Gestido falleció al poco tiempo de asumir la presidencia en marzo de 1967 y a fines del mismo año asumió el vicepresidente, Jorge Pacheco Areco, quien sin una oposición parlamentaria formal inició el ciclo de consolidación paulatina de una dictadura de facto que fue concentrando todos los poderes en manos del Ejecutivo.
Pacheco Areco hizo posible el tríptico alternativo que el periodista Carlos Quijano, director de Marcha, estableció más tarde: "encierro, destierro o entierro". Tras la huelga bancaria de 1969, el gobierno prohibió toda información sobre paros, huelgas o reuniones gremiales. El 14 de agosto un policía mató por la espalda al estudiante Líber Arce y 200 mil personas acompañaron su cuerpo al cementerio del Buceo.
Días después de la toma del poblado de Pando por los tupamaros (8 de octubre de 1969, segundo aniversario de la caída del Che) fueron prohibidas en la prensa y en los medios las palabras comandos, células, terroristas, delincuentes ideológicos, extremistas y subversivos. Se trataba, simplemente, de "criminales y asesinos". Docenas de periódicos y revistas fueron clausurados.
En 1971, la izquierda se agrupó en torno al Frente Amplio (FA), postulando al general retirado Líber Seregni en las elecciones presidenciales de noviembre. En el acto inicial del FA Seregni dictaminó: "O el pueblo oriental termina con la oligarquía o la oligarquía termina con el pueblo oriental". A través del Movimiento 26 de Marzo, los tupamaros dieron su "apoyo crítico" al FA.
Seregni intentó aglutinar al sector progresista de los colorados, encabezados por el senador Zelmar Michelini, y los blancos de Enrique Erro. Fracasó. En tanto, bajo la influencia de Wilson Ferreira Aldunate, los blancos dieron un viraje reformista. Finalmente, dos meses antes de las elecciones, el gobierno entregó a las fuerzas armadas la responsabilidad directa de la represión a la guerrilla.
El Congreso (y conviene subrayar que no los militares) votó por el estado de "guerra interna", figura jurídica inexistente en la Constitución. Con excepción del FA y para tratar de salvar el conjunto del sistema de dominación, la mayoría parlamentaria violó de este modo la Carta Magna, acto que se convirtió en el acta de defunción de un régimen político tambaleante.
Las elecciones, que los blancos calificaron de fraudulentas, fueron ganadas por el colorado Juan María Bordaberry, del sector más conservador y ultraderechista del espectro político. No obstante, el FA rompió el bipartidismo tradicional, obteniendo 30.2 por ciento de los sufragios en Montevideo.
El de 1972 fue un año nefasto para la izquierda uruguaya. Los tupamaros fueron diezmados, la tortura fue institucionalizada y en febrero de 1973 los militares dieron el primer golpe con sus famosos comunicados 4 y 7, imponiendo su participación en los mecanismos de gobierno mediante la creación del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena). El Parlamento guardó silencio.
Bordaberry declaró entonces: "... con 5 mil muertos arreglo el país".
Por algún tiempo, el presidente y los militares vivieron una relación simbiótica en una paulatina militarización del Estado. Golpe de Estado interminable que nunca terminaba de asumir su forma pura. Hasta que en la noche del 26 de junio de 1973, el general Esteban Christi (presuntamente pro brasileño) y el general Gregorio Alvarez (presuntamente pro peruano) entraron del brazo al Palacio Legislativo y leyeron el primer comunicado del presidente "constitucional":
"Artículo 1º. Decláranse disueltas la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes..."