Latinoamérica

Entrevista con la sobreviviente de la matanza y ex presa política Erika Zamora
México: A cinco años de la masacre del Charco, Guerrero, la lucha por la justicia continúa

Ricardo Martínez Martínez
Rebelión
A cinco años de la masacre de campesinos por parte de un comando del ejército mexicano en la comunidad del Charco en el estado de Guerrero, los sobrevivientes y ex presos políticos demandaron el enjuiciamiento a los responsables materiales e intelectuales.

En entrevista, Erika Zamora, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México y quién después de los sucesos de la matanza fue encarcelada cuatro años por supuestos vínculos con grupos guerrilleros, señaló que la responsabilidad de la muerte de once indígenas campesinos y un estudiante universitario recae en el general Alfredo Oropeza Garnica, entonces comandante de la 27 zona militar, y Humberto López Portillo, comandante de la novena zona militar.

"Desde que nos detienen a los sobrevivientes de la masacre del Charco, pues siempre recayó la responsabilidad en Alfredo Oropeza Garnica, entonces comandante de la 27 zona militar y que estaba al frente del operativo y que bueno, además era una jurisdicción que no le correspondía. Por otra parte, la responsabilidad también recae sobre el comandante de la novena zona militar, Luis Humberto López Portillo Leal, y sobre todo porque en aquella región militar fue donde a todos los sobrevivientes nos torturaron para obligarnos a firmar declaraciones."

"Hemos señalado también al propio Rafael Macedo de la Concha (actual procurador general de la República, cargo anteriormente ocupado por civiles) como responsable por ser, en ese entonces, el titular de la Procuraduría militar; él estuvo enterado obviamente de las declaraciones arrancadas bajo tortura."

Un comando del Ejército, bajo las órdenes del general Alfredo Oropeza Garnica, irrumpió violentamente la madrugada del siete de junio de 1998 en el poblado del Charco, acribillando a once campesinos y a un estudiante y deteniendo a por lo menos 22 personas. La acción fue declarada por las autoridades como una operación de "búsqueda" de grupos guerrilleros.

Cuatro años después, ya en el año 2002, fueron liberadas las 22 personas por falta de pruebas en las acusaciones como la de "incitación a rebelión".

Hasta el momento, las autoridades gubernamentales no han deslindado responsabilidades sobre quienes planearon y ejecutaron la matanza.

Erika Zamora dijo que las viudas de los campesinos asesinados demandarán jurídicamente a quienes resulten responsables. "Las viudas estuvieron discutiendo porque, bueno, son las únicas que pueden hacer esta demanda, ya que ellas fueron las afectadas directas al ser familiares de los muertos."

A cinco años de la matanza, la represión continúa

La ex presa política explicó el por qué se tomó la decisión de demandar jurídicamente: "se estuvo evaluando esta posibilidad sobre todo porque es una región militarizada y se siguen cometiendo actos de represión." Indicó que tras la decisión tomada por la esposas de los campesinos asesinados, podría haber consecuencias contra los pueblos de la región. "obviamente se van a venir consecuencias, aún así esta demanda la van a hacer los familiares y supongo que en estos días estarán por presentarla y creo que allí hay que estar muy atentos sobre lo que se venga."

Denunció que después de cinco años, las detenciones a campesinos en el estado, al sur del país, continúan. "Recientemente se han dado algunas detenciones de algunas personas de Ayutla y Tecuanapa, bajo el pretexto de que son miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Lo más grave -subrayó- es que se hacen estas detenciones y oficialmente las autoridades nunca dan un comunicado de por qué y dónde están las personas que detienen."

"Obviamente esto se enmarca dentro de esta política de represión que se ha seguido después de la masacre del Charco y que bueno lo más raro de todo esto es que las detenciones se realizan a unos cuantos días de que se hagan los actos conmemorativos del quinto aniversario de la matanza y también justamente días antes de que la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT), agrupación con arraigo en la población, hiciera su Congreso."

Llamado a la Organización de las Naciones Unidas

Erika Zamora llamó al relator especial de Naciones Unidas para la Atención y los Derechos de los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, a visitar las comunidades del estado de Guerrero, todo ves que -dijo- son acosadas sistemáticamente por el Ejército.

"En estos días está en México el relator de Naciones Unidas para los pueblos indígenas. A mí me preocupa mucho y a la gran mayoría de las organizaciones indígenas del país y, sobre todo de Guerrero, de que no vaya (Stavenhagen) precisamente al estado ahora que la situación de represión está al rojo vivo."

"Ya hemos señalado anteriormente la sistemática represión por parte de las fuerzas armadas, dijo Zamora y acotó: "recientemente un compañero sobreviviente de la masacre del Charco fue asesinado en febrero pasado, su nombre era Esteban Leobardo y los responsables se pasean como si nada hubiera pasado, sin que hayan sido detenidos."

La sobreviviente de la masacre insistió en que el relator visite las comunidades indígenas y campesinas de Guerrero. "Te digo que lo grave es que no vaya el relator de las Naciones Unidas al estado, toda vez que la represión está en su apogeo."

Desde la masacre del Charco -aunque anteriormente también- se han incrementado los asesinatos selectivos y las masacres en algunas zonas del estado de Guerrero que han puesto de manifiesto la impunidad con que actúan los militares, detalló la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en su informe del año 2002.

En ese entonces, la CIDH manifestó la necesidad de adoptar medidas para evitar ejecuciones extrajudiciales contra campesinos y defensores de los derechos humanos. Por lo visto, las autoridades gubernamentales han hecho caso omiso a las recomendaciones.

Otra de las matanzas señaladas en el informe de la Comisión Interamericana, es la perpetrada el 28 de junio de 1995 en el Vado de Aguas Blancas, donde campesinos de la sierra sur de Guerrero fueron emboscados por policías del estado.

La lucha por la Justicia

En la explanada central de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y minutos antes del cambio de clases académicas, Erika Zamora se dio tiempo para hablar sobre los sucesos de la masacre del Charco y sobre la viabilidad de luchar por la justicia.

Libros en mano y dos periódicos que dice por lo menos leer diario, Erika Zamora llamó a la sociedad a no olvidar los actos de represión y luchar porque no queden impunes.

-R A cinco años de los sucesos represivos del siete de junio ¿Cuál es saldo de la lucha por la justicia?

-E Mira, creo que lo más importante de todo es que el poder de la sociedad que es desde abajo puede levantar su voz por la justicia. Bajo la presión de la movilización de la misma sociedad podemos hacer justicia ante la ineficacia de las autoridades gubernamentales; yo creo que la presión social ha jugado un papel muy importante, digo, no sólo en este caso de la matanza del Charco, sino en el caso de los ecologistas (campesinos ecologistas encarcelados por oponerse a la explotación de madera por parte de empresas exportadoras) , en el del general Gallardo ( militar que alcanzó su libertad luego de varios años de cárcel por proponer al interior de las fuerzas armadas la creación de un ombusdsman castrense), para obligar y lograr que las autoridades respeten la justicia.

-R ¿Cuál es tu evaluación sobre el papel del gobierno de Vicente Fox en torno al deslinde de responsabilidades por actos represivos y la justicia en nuestro país?

-E Durante su campaña, Vicente Fox dijo que iba a castigar a los responsable de masacres como las de los estudiantes en 1968, a los responsables de la Guerra Sucia en los años 80 y 70, y bueno para eso creó la Fiscalía Especial para los Movimientos Políticos del Pasado, pero hasta el momento no hay nadie responsable que haya sido juzgado.

Algunos siempre hemos manifestado que l fiscalía ha sido una cortina de humo para tratar de simular que se hace justicia. Nosotros dijimos que era muy difícil castigar a los responsables de estos hechos precisamente porque no hay retroactividad en los delitos y sobre todo porque son homicidios y después de cierto tiempo prescriben. Obviamente, bajo este pretexto, se iban a intentar acusar a los responsables de homicidio y no por ejemplo de genocidio. Y te digo conforme a las investigaciones obviamente se iban a decir que ya habían prescrito y que no hay retroactividad de la ley y que finalmente iban a estar como si nada los responsables de actos bárbaros.

En el caso de la detención de los militares Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo (quienes participaron en actividades de contrainsurgencia durante los años 80 y 90) a mi me parece que es un ajuste de cuantas dentro del mismo Ejército. Más que hacer justicia por los crímenes que han cometido, pues son de estos ajustes que se dan por el mismo Ejército. Se les acusa de narcotráfico, digo está bien, pero los crímenes contra la humanidad que han cometido han quedado de lado y, bueno, resulta eso una señal de que no se piensa hacer nada contra quienes han cometido actos represivos.

En el caso de Aguas Blancas, la mayoría de los ejecutores materiales están libres y los responsables intelectuales nunca fueron tocados. Yo finalmente creo que no se va a hacer nada contra los asesinos de la humanidad, a menos que la sociedad y el pueblo se organice y lo obligue.

-R Luego de tu experiencia difícil en la cárcel y ahora buscando reconstituir tu vida en la lucha social, cuál es tu proyecto, tu aspiración..?

-E Seguir luchando. Yo creo que no hacerlo sería una contradicción. En primer lugar, por principio, sí quiero seguir manteniéndome dentro de la lucha social y también porque hay una responsabilidad con la gente que nos estuvo apoyando a los sobrevivientes de la masacre, que nos estuvo echando la mano para que a cuatro años se pudiera seguir luchando por la justicia y digo justicia parcialmente porque quedamos libres, pero los responsables siguen ejerciendo funciones, por ejemplo, Oropeza Garnica está operando en una zona de la Huasteca Hidalguense y obviamente su papel es de lucha contrainsurgente. Entonces, bueno pues seguimos estando manteniéndonos dentro de la lucha social y creo que es la única manera de hacer que este país cambie y que realmente se haga justicia. Seguiremos de pie para aportar un poco, para que en el futuro no se sigan cometiendo crímenes como se siguen haciendo hasta ahora como Aguas Blancas, Guerrero; El Charco, Guerrero, Acteal, Chiapas, y creo que es una responsabilidad de nosotros, como sociedad, luchar porque ya no haya más abusos y arbitrariedades."