Latinoamérica

Fernando Arellano Ortiz

El gobierno de Uribe Vélez consolida su estrategia de tierra arrasada y descarta por el momento una salida política al ya inveterado conflicto armado, al haber logrado por parte del Congreso de la República, la aprobación de un draconiano estatuto antiterrorista que permite, entre otras medidas, la interceptación de llamadas telefónicas y los allanamientos a domicilios sin previa autorización judicial.

Las condiciones para que la confrontación siga su espiral de escalamiento están dadas por cuanto que en Colombia existe un ambiente de crispación entre los sectores que apoyan al gobierno y tienen el convencimiento de que la única salida al conflicto es militar porque no media en este problema ninguna condición objetiva ni subjetiva; y los que privilegian la salida política al estar convencidos, por el contrario, que el quid del fenómeno de enfrentamiento en esta país es de carácter político.

Por ello y ante las circunstancias que rodean la crisis colombiana los observadores y estudiosos del tema consideran que el análisis ahora debe centrarse en la superación del dilema: acuerdo humanitario con la guerrilla o rescate de los cientos de secuestrados por la vía militar con los riesgos que ello conlleva.

Dilema obviamente muy difícil de resolver porque como lo señaló muy claramente el presidente de la Corte Constitucional, Luis Eduardo Montealegre, el acuerdo humanitario que de ninguna manera constituye el inicio de un proceso de paz, "es una decisión política, en la que no hay limitación jurídica".

Si bien es cierto que, como lo ha reiterado en diversas oportunidades el ex presidente Alfonso López Michelsen, en Colombia se cuenta con todas las herramientas internacionales para perfeccionar un intercambio humanitario entre guerrilleros presos y secuestrados por la guerrilla, habida cuenta que las mismas están incorporadas por vía de ley al ordenamiento jurídico interno como los Protocolos I y II de Ginebra, en últimas la decisión es de carácter político porque lo que está en juego es la preponderancia y capacidad de fuerzas de las partes en conflicto (gobierno y Farc).

Sin embargo para el gobierno de Uribe, la simple decisión de aceptar un acuerdo humanitario con las Farc, "posicionaría" políticamente a este grupo insurgente, pues el Estado deberá darle en el supuesto caso de llegar a un convenio, ciertas garantías para que pueda liberar a los secuestrados que están en su poder.

Los alcances del DIH

El presidente Álvaro Uribe ha sido enfático en señalar que él no puede apostarle a un acuerdo humanitario que termine en que los guerrilleros que salgan de las cárceles vuelvan al monte a continuar delinquiendo y pone la condición de que un país amigo los reciba en calidad de asilados para evitar tal circunstancia.

A su turno el secretariado de las Farc exige, para ejecutar un posible acuerdo humanitario, el despeje de dos departamentos del sur del país, lo cual es inaceptable para el gobierno luego del fracaso de la zona de distensión del Caguán durante la administración Pastrana.

Sin embargo, el ex presidente López Michelsen ha explicado que el éxito de un convenio humanitario radica en desprenderse de posiciones rígidas y limitarse, simplemente, a aplicar el Derecho Internacional Humanitario (DIH), cuya filosofía o su fundamento reside en el imperativo de amortiguar en algo los rigores de una guerra.

"Ninguno de los contendientes puede aspirar, en el texto del convenio, a imponerle condiciones deprimentes o humillantes al otro, si no está dispuesto a aceptarlas en su propio caso. Sucede, por ejemplo, con el compromiso para los liberados de la subversión, de no regresar a sus filas, reservándose el Estado el derecho de reincorporar a los soldados y a los policías que están secuestrados a la fuerza pública. La reacción inmediata es la de rechazar semejante planteamiento, pero cuando se examina el alcance del DIH se llega a la conclusión de que no puede ser instrumento para darles el status de vencedor a los unos y de vencidos a los otros, sino que se reduce a atenuar los efectos del conflicto armado sobre terceros no combatientes y uno acaba por comprender algo que, a primera vista, choca contra nuestros sentimientos", ha señalado López.

El gran problema es que, como lo manifestó el ex canciller y miembro de la Comisión Nacional de Conciliación, Augusto Ramírez Ocampo, "la guerra va a seguir por mucho tiempo, por lo tanto cuando menos lo que se deberían establecer son unas reglas mínimas y por eso es importante encontrar una salida para lograr el acuerdo humanitario".

Contrario a quienes afirman que jamás los acuerdos humanitarios han servido para ponerle fin a los conflictos armados, como lo hizo recientemente el vicepresidente Francisco Santos Calderón, habría que recordarles que estos convenios entre las partes en disputa no están destinados a ponerle fin a las confrontaciones sino a mitigar sus consecuencias frente a la población civil y aún, a los propios combatientes caídos en manos de sus contrarios.

El conflicto va para rato

Como lo ha advertido Ramírez Ocampo, la confrontación armada en este país va para rato y como la misma, según sus palabras, "ha llegado a puntos de no retorno" es prioritario buscar por todos los medios la liberación de los secuestrados que están en poder de las Farc.

Al fin y al cabo los grupos insurgentes van a continuar en su empeño de enfrentarse con más ahínco a las políticas de "Seguridad Democrática" del gobierno Uribe Vélez, eso quiere decir que al país le espera más barbarie y mayor escalamiento del conflicto. Dentro de ese desolador panorama hay que entender, como lo ha explicado en reiteradas oportunidades el sociólogo Alfredo Molano, que la subversión por su propia naturaleza no respeta el Derecho Internacional Humanitario debido a que no puede sacar a la población de la confrontación armada.

"Es la población, justamente, -dice Molano- el objeto de la disputa, mucho antes de que lo sean sus territorios o sus riquezas. La población civil en un conflicto irregular es un recurso militar logístico y político".

Teniendo en cuenta estas consideraciones, quienes apuestan a una salida humanitaria para que se liberen a los secuestrados son conscientes de que tanto el gobierno como las Farc tendrán que negociar y ceder en algunas posiciones. Pero este escenario, por lo pronto se ve lejano, aunque no puede descartarse, pues la presión internacional, la de los familiares de los plagiados y de algunos dirigentes políticos como los ex presidentes liberales puede llegar a dar algún resultado puesto que la situación de derechos Humanos en Colombia es sumamente alarmante.

Y es que el conflicto armado colombiano no tiene parangón. Ramírez Ocampo que coordinó la Comisión de la ONU en El Salvador, la cual sirvió de intermediación entre las partes, recuerda que ese conflicto en el país centroamericano que duró 12 y años y que dejó muchas víctimas "nunca llegó hacer del tamaño y de la barbarie de la nuestra. La matanza más grande, la de Mozote que constituyó un hecho muy grave de la violencia salvadoreña no llegó a 20 personas, los secuestros eran mínimos en comparación con lo que sucede en Colombia".

"La degradación de la guerra en Colombia ha llegado a puntos de no retorno. Es una violencia tan bárbara que nos ha condenado a que para poder sobrevivir hay que tener capacidad de olvido. Aquí una tragedia mata otra tragedia y va sucesivamente olvidándose la anterior. Así que la violencia colombiana no tiene comparación tal vez ni con Atila y sus seguidores".

Debate más a fondo

Infortunadamente en Colombia el análisis sobre el conflicto armado y sus consecuencias es muy superfluo y está influenciado en grado sumo tanto por lo mediático como por los estados de ánimo de la opinión pública, según el desarrollo de los acontecimientos.

Los hechos confirman la afirmación anterior: se creyó que como Andrés Pastrana tenía "química" con "Tirofijo" la paz estaba a la vuelta de la esquina y el país se jugó la carta electoral del entonces candidato conservador. Cuatro años después, tras el descalabro de la política de paz, se escogió al candidato que prometió mano dura y salida militar al problema de la subversión y por eso Colombia está embarcada en una "guerra integral", cuya estrategia que no es nueva sino que lleva más de 30 años, en vez de disminuir el conflicto lo ha incrementado, o por lo menos eso es lo que ha demostrado la historia reciente.

Por eso cualquier cosa puede pasar: que el país se canse de esta barbarie que soporta a diario y ante la presión este gobierno de la "mano dura y el corazón grande" termine no solamente logrando un acuerdo humanitario sino iniciando un proceso de paz con las Farc y el ELN.

Y como este país, como ya se dijo, es fundamentalmente emocional, puede pasar de un escenario a otro totalmente distinto. No solo ocurrió con Pastrana y con Uribe Vélez sino que la historia de los últimos 20 años también demuestra esos cambios ciclotímicos: durante la época de Pablo Escobar el gobierno de Barco no sólo le declaró la guerra al narcoterrorismo sino que puso en marcha un mecanismo de dudosa validez jurídica como la extradición por vía administrativa ante la inexequibilidad de la ley que aprobaba el tratado sobre esta materia con Estados Unidos. La opinión pública respaldó esta medida en forma amplia, pero en menos de tres años cambió de opinión ante los rigores de la ofensiva de los narcotraficantes y la Constituyente del 91decidió aprobar la no extradición de nacionales para facilitar la "entrega" de Escobar.

Lo mismo ocurrió con el M-19 que en 1986 fue protagonista del holocausto del Palacio de Justicia. Cinco años después de este execrable hecho los principales líderes de ese movimiento llegaron como primera fuerza a la Constituyente y su jefe político, Antonio Navarro, fue elegido como co-presidente de esa corporación.

Por eso lo único cierto es que en Colombia se necesita un debate más a fondo sobre los fundamentos y la significación de esas valoraciones por la opinión ciudadana.

Sunz Tzu y el conflicto colombiano

La magnitud de la influencia de los grupos insurgentes y de las organizaciones paramilitares en los municipios y en los departamentos del país no ha sido justipreciada aún en sus verdaderas dimensiones por los analistas.

Es un hecho palmario que guerrilleros y paramilitares no solamente dominan política y militar amplias zonas geográficas del país y conviven normalmente con la población, empero el gobierno central de Bogotá se resiste a reconocer esta realidad.

En el último libro de investigación y de crónicas del periodista Germán Castro Caycedo que lleva por título Sin tregua, se describe y se reseña de manera minuciosa cómo los alcaldes de los municipios petroleros localizados en los departamentos tanto de Arauca como de Casanare deben lograr "gobernabilidad" con estos movimientos al margen de la ley para poder tener alguna capacidad de maniobra política.

Esa "gobernabilidad" hace referencia a la repartición de las regalías petroleras y de los presupuestos municipales entre la guerrilla, los paramilitares y el alcalde. Cuando se logra un acuerdo en este sentido los gobernadores y los alcaldes pueden actuar tranquilamente, de lo contrario, señala Castro Caycedo, las cosas son a otro precio.

En últimas, la subversión y las autodefensas no han hecho sino seguir las enseñanzas del legendario estratega chino de la guerra Sun Tzu (siglo VI a.C.) para quien la confrontación bélica conlleva mucho más que el choque de hombres armados. "Sólo números -decía-, no confiere ninguna ventaja". Consideraba a los elementos morales, políticos y circunstanciales de la guerra como más importantes que los militares y aconsejaba a reyes y comandantes no poner su confianza solamente en el poder militar puro. No concebía la guerra en términos de matanza y destrucción; apoderarse de todo intacto, o tan intacto como fuese posible, era el objetivo propio de la estrategia.

Y en el caso colombiano si bien la guerrilla hace suya la vieja consigna de combinar todas las formas de lucha, uno de sus principales objetivos ha sido el de ir "colonizando" amplias regiones geográficas para tener preponderancia política.

La vía es política

Esta compleja situación en que además denota la falta de presencia efectiva del Estado en amplias regiones del país, le ha ido dando paulatinamente ventajas a la subversión.

Y si bien es cierto que el pueblo colombiano está ahíto de violencia y amplios sectores de opinión no quieren escuchar por ahora la exploración de una salida negociada y prefieren una política militarista de mano dura, la poca efectividad de los operativos de las Fuerzas Armadas y, ante todo, la arremetida de las Farc a la infraestructura, el incremento de los secuestros y el desplazamiento, van a terminar forzando una pacto entre gobierno y Farc.

Lo importante aquí es hasta dónde puede y debe llegarse desde el punto de vista de las consideraciones políticas, señala Ramírez Ocampo

Aunque cada sector pone condiciones inaceptables para la contraparte, ninguno de los dos ha cerrado la puerta para hacer un acuerdo humanitario.

Por eso tiene validez lo que ha venido sosteniendo el arzobispo de Tunja, monseñor Augusto Castro, en el sentido de que las dos partes deben sentarse a dialogar para ver si es posible poder acortar las distancias que hoy son siderales entre uno y otro lado, pero eso no se puede lograr si los voceros tanto del gobierno como de la guerrilla se resisten a ir a una mesa de negociación.

La vía, entonces, para parar este desangre y esta barbarie que diariamente consume a Colombia es política y ahí está la esencia del asunto. Y es que en definitiva como lo ha señalado la jerarquía de la Iglesia Católica, el derecho a la vida debe primar sobre el derecho a la libertad.

Cómo llegar a una mesa de diálogo no para iniciar un proceso de paz sino para concretar un mínimo acuerdo humanitario que permita regresar a la libertad a los secuestrados sin que se arriesgue su integridad física es el busilis del problema.

Necesariamente si se quiere disminuir la intensidad del conflicto que está diezmando cada día más al Estado colombiano deberá encontrarse esa salida política, pero lo grave es que tanto gobierno como Farc siguen empecinados en no ceder en sus férreas posiciones. Frente a este nublado panorama se debería tener en cuenta por parte de los dos bandos, la advertencia de otro estratega militar famoso del siglo XIX, el general prusiano Karl von Clausewitz, según la cual, "la fortaleza de carácter no debe confundirse con la obstinación".

¿Grupo de amigos?

En medio de este complicado panorama se han escuchado voces de gobiernos extranjeros y de observadores internacionales que se han pronunciado en el sentido de forzar una salida que contribuya sino a iniciar un proceso de paz con la insurgencia colombiana, por lo menos, llegar a concretar un acuerdo humanitario.

Durante la reunión del Grupo de Río de Janeiro celebrada en la ciudad peruana de Cuzco se sugirió por parte de un mandatario la posibilidad de que los ejércitos latinoamericanos intervengan directamente en Colombia en ayuda del gobierno de Uribe, a lo cual el presidente de Venezuela, Hugo Chávez se opuso en forma radical y denunció, posteriormente y en forma pública, tal pretensión.

Días antes se había pronunciado el presidente del Ecuador Lucio Gutiérrez Borbúa sobre la necesidad de coadyuvar a encontrar salidas para que, por lo menos, gobierno y guerrilla logren en el corto o mediano plazo concretar un acuerdo humanitario que permita liberar a los secuestrados que tiene las Farc en su poder.

Aunque diversos sectores de opinión le cayeron encima y lo calificaron de ingenuo, Gutiérrez fue enfático en señalar que su gobierno estaría dispuesto a recibir a los guerrilleros que salgan de las cárceles colombianas, en virtud de un acuerdo de canje con los secuestrados.

En forma tímida, el presidente de México, Vicente Fox también se había pronunciado en similares términos hace algunos meses y el controvertido mandatario venezolano, Hugo Chávez Frías en repetidas oportunidades ha señalado que su país estaría dispuesto a colaborar con Colombia en todos lo que sea necesario para encontrar salidas a su ya inveterado conflicto armado.

Por eso es que en su declaración final, los asistentes al X Foro Nacional por los Derechos Humanos, reunido en Bogotá del 24 al 26 de mayo que examinó la realidad actual del conflicto con el propósito de aportar soluciones constructivas, recalcaron la importancia de obtener facilitación internacional (C.I.C.R., Naciones Unidas, países amigos de diálogo) con miras a parar el desangre y la barbarie en Colombia.

Por su parte, el destacado sociólogo brasileño y profesor de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, Emir Sader, en uno de sus artículos de opinión que publica en diversos medios de comunicación de América Latina lanzó la iniciativa de conformar el Grupo de Amigos de Colombia, habida cuenta que hay interés de varios gobiernos de la región en colaborar activamente en el propósito de facilitar una salida negociada entre las Farc y el gobierno de Uribe Vélez.

Incluso, dijo, existe disposición del gobierno de Luis Inacio Lula da Silva en tan loable propósito.

"Existen alternativas elaboradas por los grupos que piden soluciones negociadas para el conflicto colombiano, que sirven como un buen punto de partida para que se constituya -a partir de iniciativas que el gobierno brasileño parece interesado en llevar adelante-. Si se constituyó un Grupo de Amigos de Venezuela, ¿por qué no constituir un Grupo de Amigos de Colombia? Varios países europeos ya demostraron su interés en ayudar a intermediar una solución política a este conflicto", señaló Sader.

Y a renglón seguido agregó: "Brasil podría, en secuencia de las actitudes ya tomadas por el gobierno brasileño en el sentido de reservarse un papel de intermediador, tomar la iniciativa, sea en el marco de la OEA, sea a partir de contactos bilaterales, de desempeñar un papel decisivo para que la "guerra infinita" no deje raíces en el continente y, al contrario, puedan ser resueltos pacíficamente los conflictos regionales y América Latina se pueda constituir en un espacio de paz y de integración para un mundo multipolar".

Estas voces en el ámbito internacional no han sido ni escuchadas ni valoradas en Colombia, tal vez por la intensa polarización existente en la opinión pública, para la cual, en su gran mayoría, o por lo menos así lo evidencian los medios de comunicación, prefiere la salida militar y un sector minoritario encabezado por la jerarquía de la Iglesia Católica le apuesta a la solución política.

En ese ambiente de crispación, lo urgente sería posibilitar la colaboración de países interesados en ayudar a Colombia para enfrentar el dilema: confrontación militar o solución política, dentro del cual vienen girando las opiniones y del que aún no se ha logrado salir.

¿Cómo se integraría el grupo?

El problema radicaría en cómo se conformaría este Grupo de Amigos de Colombia del que habla Emir Sader, si se tiene en cuenta los múltiples intereses geoestratégicos que están en juego tanto en el área andina como en el resto del continente.

A Brasil, Venezuela, Ecuador y México les interesaría estar dentro del mencionado grupo, pero éste sin la presencia de los Estados Unidos no funcionaría, pues la potencia mundial querrá, como es obvio, intervenir en forma directa y hacer prevalecer su opinión.

Y si bien la ONU está tratando de actuar como facilitador entre gobierno y Farc, los analistas consideran que no tiene la suficiente capacidad política para afianzar un acuerdo. Por lo menos eso es lo que demuestra el papel hasta ahora desarrollado por el asesor de esa organización James Lemoyne.

Aunque si bien el interés de Brasil, Venezuela, Ecuador y México es o puede ser sincero en colaborar con Colombia para que encuentre una salida a su problema interno, también cuenta su ánimo de prevención hacia Estados Unidos que desde la década de los 80 ha venido, paulatinamente, desarrollando una estrategia militar a lo largo y ancho de América Latina.

Colombia es la disculpa perfecta para incrementar su control sobre la región so pretexto de combatir el narcotráfico, pero lo que es evidente es que, detrás de esta supuesta justificación, hay un claro interés geopolítico de Washington, lo cual no es nuevo y acaba de ser analizado en profundidad durante el Primer Encuentro Hemisférico Frente a la Militarización que se llevó a efecto en San Cristóbal de las Casas, México, entre el 6 y el 9 de mayo.

En desarrollo de este foro se presentaron ponencias en las que se dio a conocer la estrategia de Washington en materia militar para América Latina.

El proceso de remilitarización

Según la investigación realizada por Alexis Ponce, vocero de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Ecuador y coordinador de Grupo de Monitoreo del Plan Colombia, quien intervino en este encuentro internacional, es en la década de los ochenta, bajo la administración Reagan cuando se configuran los escenarios de la remilitarización para los inicios del siglo XXI. Los documentos de Santa Fe y los procesos de reconversión militar latinoamericana concebidos en Washington, datan de 1982. Al calor de la fractura del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) por lo ocurrido en las Malvinas y debido a las consecuencias tecnológico-operativas de retirada en 1999 de Panamá, el Pentágono fue elaborando la reingeniería militar continental que algunos analistas como el coronel ecuatoriano Jorge Brito, coinciden en determinar que se inició, formalmente, con la puesta en marcha del llamado "Diálogo Interamericano". La desestatización progresiva del continente, amparada en la aplicación del modelo privatizador que hoy hace agua, requería, desde ese entonces, de la disminución de la mayoría de los ejércitos latinoamericanos que ya habían "cumplido su papel" en casi toda la región, puesto que faltaba completarse únicamente en la volcánica Centroamérica de la época y en un país que hoy ocupa ese lugar de importancia en las prioridades regionales de Washington: Colombia. A la luz de la "nueva era", según los teóricos del denominado "Diálogo Interamericano", los militares debían retornar a los cuarteles y ser desplazados en similar proporción a los Estados nacionales, que culminaban en los noventa su "razón de ser". Si se revisan los documentos de Santa Fe, y, finalmente, si se vuelve los ojos a los viejos anaqueles que dan cuenta de la segunda ola conservadora planetaria (la administración de Bush padre), podría quedarle al lector avisado un sabor a "maldición de Malinche": "Ya todo estaba escrito" podría decirse, mientras se pasa revista a lo que hoy sucede en la región: Por un lado la visión de Washington, antes de sepultar al comunismo del Este incluso, tomaba en cuenta el papel desestabilizador que, en los noventa y principios del siglo XXI tendrían Colombia y su vieja insurgencia armada para la región entera, por ser la entrada geopolítica a Sudamérica. Por otro lado, bajo el mandato Reagan, EEUU define por vez primera como "Política de Estado" y "Asunto de Seguridad Nacional", el consumo, la producción y el tráfico de drogas: es decir, es en los ochenta cuando Washington incluye el combate militar a las drogas en los planes estratégicos del Consejo de Seguridad Nacional y del Departamento de Defensa. Es en esta época, explica Ponce, cuando se recomienda por vez primera la "reestructuración" de los ejércitos latinoamericanos. En los noventa, la estrategia se consolida, modificándose solamente en aquello que EEUU cree pertinente modificar: los ritmos, tiempos y lugares de aquella remilitarización. La estrategia no es nada nueva: Una vez culminado el conflicto atávico entre Ecuador y Perú en 1995, tras la firma de paz que pusiera fin a "la guerrita" como irónicamente refirió el embajador de EEUU en Quito, Peter Romero (quizás porque no tuvo la magnitud mediática de las guerras de intervención desatadas por su país en las tres cuartas partes del mundo), ese mismo funcionario citó públicamente que "en adelante las FFAA de Ecuador deben dirigir su atención a la frontera norte"; es decir, convertirse en una fuerza local funcionalizada a la estrategia norteamericana para los Andes: la "camboyización" progresiva del Ecuador, en torno a la vieja insurgencia colombiana. Por lo anterior, arguye Alexis Ponce, los planes de reconversión militar regional en torno a Colombia datan, en términos operacionales, de la última década y no solo de los últimos cuatro años; y la aplicación del Plan Colombia sería la culminación, y no el inicio, de una estrategia global para toda la región. En el mismo período vino configurándose un "nuevo" modelo estructural para las FFAA del continente, modelo que hoy, luego de la ocupación de Irak, podrá ser experimentado para ver si resiste la prueba de la realidad. Tal modelo se enmarca en la reingeniería acelerada de los ejércitos sobre la base de incorporar como eje transversal de trabajo a las problemáticas sociales, políticas y económicas de cada país y de las subregiones de América, repleta ésta de la nueva causalidad que da origen al concepto de "conflictos asimétricos" como citan el Documento Santa Fe IV y el Documento Estratégico para el año 2020 del Ejército de los EEUU, más la vieja estrategia de la guerra antidrogas y el "esfuerzo conceptual" del antiterrorismo.

El eje estratégico de los planes

Pero, adicionalmente, hay que tener en cuenta que El Plan Colombia se conecta hacia al sur con el Plan Dignidad, el cual se proyectó entre abril de 1998 y el 2001, destinado a la erradicación de los cultivos de la coca en la región boliviana del Chapare, pero fue prolongándose sin mediar justificación alguna, lo que hace presumir que se va a extender por otros años más. En la letra se conoce que el Plan Dignidad intenta organizar una lucha contra el narcotráfico, sustentada en cuatro pilares: erradicación, interdicción, desarrollo alternativo y prevención, pero tras de su plataforma divulgada está el plan militar que se ha venido desarrollando es el país boliviano desde hace varios años, recrudecidos con el nacimiento del Movimiento al Socialismo (MAS) que tiene como figura principal al cocalero y ex candidato presidencial Evo Morales quien se opone férreamente al plan anticocalero. Si se observa lo que dice el Plan Dignidad, no se diferencia del Plan Colombia ni del Plan Puebla Panamá y los tres se conectan con la estrategia que elaboró EE.UU. para el hemisferio. El eje de los tres planes (Dignidad, Colombia y Puebla Panamá) está constituido por los siguientes conceptos: Democracia, reducción pobreza, esfuerzos antidrogas, consecuencias ambientales del narcotráfico y apoyo a los Estados Unidos en su lucha antiterrorista; de ahí que en los tres documentos haya un énfasis por "fortalecer las democracias frágiles, luchar contra la pobreza y mejorar la cooperación regional contra el tráfico de drogas", aunque no se especifica cómo se instrumentalizaría la estrategia en cada uno de esos aspectos. Según el politólogo y profesor mexicano Robinson Salazar la propuesta Bush no es distinta a la que predominó con la Iniciativa Regional Andina que se presentó a los reporteros el 16 de mayo del 2001 en una sesión informativa en el Departamento de Estado. El enfoque del presidente Bush en relación con las dificultades sociales y económicas más urgentes de los Andes se basa en la admisión de que "todos estos problemas persistentes están relacionados entre sí" y "ninguno... puede atenderse por separado", lo que denota una persistencia de ligar todos los problemas al narcotráfico y de esta manera facilitar el intervencionismo militar bajo el manto de la lucha contra la siembra ilícita, pero en el fondo busca contrarrestar los brotes de insumisión que se están generando en el agro de los países latinoamericanos, en especial los que se encuentran dentro de los tres planes, afirma el analista mexicano. Un claro interés económico La iniciativa de los planes, en la letra, promueve el crecimiento de largo plazo pero dentro del marco del modelo neoliberal y el libre comercio al tiempo que se plantea apuntalar las instituciones democráticas y apoyar medidas de las naciones anfitrionas para combatir la corrupción, reformar los sistemas judiciales y adoptar políticas fiscales sólidas, para lo cual Washington recomienda una reforma profunda del Estado en todos los países latinoamericanos. Pero, en la realidad, afirma Salazar, no es así. De lo que se trata, explica, "es de ir marginando a los partidos políticos de los debates sobre los asuntos económicos, dado que los acuerdos en este ámbito se dan fuera de cada país y con actores externos; ir minando la credibilidad de los partidos políticos en la medida en que no participan ni deciden sobre los asuntos estratégicos de la nación, tales como reforma al sector eléctrico, apertura de los mercados, acuerdos bilaterales o regionales de comercio, privatización de recursos nacionales, endeudamiento con los organismos financieros internacionales, etc.; además, pone de relieve el papel del comercio liberalizado como estímulo económico y aboga por la renovación de legislación tal como la Ley de Preferencia Comercial Andina a fin de que embonen con la iniciativa del Área de Libre Comercio de las Américas – ALCA- que se pondrá en ejecución en el 2005". Es, en medio de este escenario internacional, en que Colombia debe proyectar la solución a su conflicto. Escenario a todas luces complicado porque un grupo de países amigos que quieran acompañar a esta nación en la búsqueda de alternativas de paz, debe tener en cuenta a Estados Unidos y como bien se sabe, esta potencia mundial, "no da un almuerzo gratis" y, de seguro, hará prevalecer sus intereses en contraposición del espíritu no solamente de los países latinoamericanos sino europeos que, en el hipotético caso de que se dé, integrarían esa comisión de buenos oficios de la que habla el sociólogo brasileño Emir Sader. Por eso es que, instrumentalizar un Grupo de Amigos de Colombia, es igual o tan complicado como el dilema en que aún se debate este país: salida militar o solución política negociada del conflicto.

* Fernando Arellano Ortiz. www.cronicon.net