COMCOSUR AL DÍA

Con la inclusión del reservado "Anexo II" del Informe Final de la Comisión para la Paz en el expediente de procesamiento, la carátula de la causa que se le sigue al ex canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, pasaría de "coautoría de privación de libertad" a "coautoría de asesinato." Por tal motivo, luego de permanecer detenido 193 días en la Cárcel Central mientras se le procesaba como cómplice en la desaparición de la maestra Elena Quinteros en 1976, en el día de ayer, la principal figura civil de la dictadura cívico-militar que asoló nuestro país entre 1973 y 1985, fue puesta en libertad provisional.
De todas maneras, el expediente judicial sigue su curso, y al aceptar como cierto el informe de la Comisión para la Paz que da por fallecida a la militante del Partido por la Victoria del Pueblo secuestrada de los jardines de la embajada de Venezuela, la carátula del caso debería cambiar a la de "coautoría de asesinato." Según informaron fuentes judiciales al diario "La República," la fiscal actuante, Mirtha Guianze, entendió que el informe de la Comisión para la Paz aporta elementos muy importantes que demuestran la muerte de Elena Quinteros, y que por ello el delito de coautoría de privación de libertad por el que fue procesado Blanco quedó sin efecto, correspondiendo entonces la concesión de su libertad provisional, aunque quedando sujeto a proceso judicial.
Carlos Curbelo Tammaro, el abogado del ex senador del Partido Colorado y columnista del diario "El Observador", tiene ahora un plazo de cinco días para presentar su alegato solicitando la clausura de las actuaciones. Luego, la fiscal Guianze deberá presentar el suyo, y con ambos alegatos a la vista, el juez Cavalli deberá tomar su decisión final. En el auto de procesamiento emitido por dicho juez al momento de encarcelar a Blanco, dió a entender que si -como ya entonces lo aseguraba el abogado defensor de Blanco- ""si se probara la muerte de esta persona (...) cabría preguntarse si la participación delictual del indagado no sería mucho más grave. Al contrario de lo que pretende demostrar con la prueba de informes solicitada por el Sr.
Blanco, esa hipótesis más que exculpatoria, podría agravar seriamente la responsabilidad del indagado.
A su salida de Cárcel Central, Blanco fue recibido por familiares y amigos, e hizo un cristianísimo llamado a "la paz y el amor entre los uruguayos.
"Paz a todos, amor a todos -pontificó- para los violentos, para los que odian para ellos la paz, mi comprensión". Al ser imprecado por un joven de la Plenaria Memoria y Justicia, Blanco alzó su mano y le dijo: "Tengo paz en el corazón, también para todos los que piensan como tu. Dios te bendiga.
Obviando el hecho cierto, comprobado y documentado de que junto con otras altas figuras de la cancillería de la dictadura, y a solicitud expresa de los militares, elaboró un informe sobre la conveniencia de entregar a Elena Quinteros al gobierno venezolano, Blanco afirmó muy suelto de cuerpo: "Nunca tuve nada que ver con ese tema, mi prisión por tanto no tiene ningún fundamento, ninguna fundamentación en la realidad. Nada tuve que ver con eso, absolutamente nada, ni lo mínimo." Sobre lo concreto, el liberado reiteró: "Yo dije desde el primer momento lo mismo que digo ahora, todo lo que me atribuyen de responsabilidad en eso es falso, absoluta y totalmente falso (....) El respaldo mío es la verdad, la inocencia de mi conducta.
"Paz entre los uruguayos, amor entre los uruguayos, construir en vez de mirar el pasado en que todos los uruguayos tenemos algún grado de culpa en lo que pasó en el Uruguay, miremos todos para adelante" -recomendó Blanco- y citando La Biblia agregó: "No juzquéis y no seréis juzgados.
Por su parte, el juez Cavalli explicó que Blanco permanece sujeto a juicio en libertad provisional, no descartó que se cite a declarar a los militares que surgen como implicados en el caso, y consideró "difícil" que el ex canciller de la dictadura regrese a prisión antes de que se dicte sentencia.
"El juicio va a seguir hasta que se dicte una sentencia que disponga la inocencia o la culpabilidad de la persona. Lo que ha cambiado es que él (por Blanco) permanece sujeto a juicio en libertad provisional, ya no en prisión preventiva," agregó. Consultado sobre la posibilidad de citar a militares por este caso, Cavalli, expresó que "el Juzgado ya ha dispuesto medidas de prueba, eso eventualmente podría ser, todo depende de lo que las partes del juicio que son la fiscalía y la defensa propongan" El representante del Presidente Batlle en la Comisión para la Paz, Carlos Ramela, fue quien llevó personalmente el anexo secreto solicitado por la justicia, y consultado por la prensa explicó que un decreto emitido ayer lo autorizó a mencionar otros detalles de la investigación, preservando la confidencialidad de las fuentes de información. El abogado de Blanco, desde un principio basó su defensa en la afirmación de que Quinteros fue asesinada en 1976. Según él, de ello se desprende que la punición del delito presuntamente cometido por su defendido ha prescripto en 1996. Sin embargo, la jurisprudencia considera que los años de dictadura ejercieron un efecto suspensorio sobre los plazos para la caducidad de los delitos, desde el momento en que no existía entonces un Poder Judicial independiente. De tal manera, la "coautoría de asesinato" que tácitamente aceptó para su defendido, recién prescribiría en 2005.
Pero además, según ya se ha anunciado, Sara Méndez publicará en las próximas semanas un libro sobre el episodio en el que se incluyen testimonios de otros presos políticos que afirman que Elena Quinteros estaba viva aún tres años después del episodio de la embajada venezolana. Méndez fue compañera de militancia de Elena, y fue secuestrada junto con su hijo (Simón Riquelo) por militares uruguayos en Buenos Aires en 1976. Posteriormente fue trasladada clandestinamente a Uruguay y "blanqueada," pasando varios años en el campo de concentración para mujeres de "Punta de Rieles." A su hijo recién lo reencontró el año pasado, merced a las investigaciones llevadas a cabo por el senador Rafael Michelini y el periodista Roger Rodríguez, que no por la "Comisión para la Paz," que insistía en que Simón estaba muerto.
El dirigente sindical Luis Puig, integrante de la Secretaría de Derechos Humanos de la central de trabajadores uruguaya, el PIT-CNT, impulsora de la denuncia contra Blanco, consideró que la liberación del ex canciller Juan Carlos Blanco forma parte de la "estrategia del Poder Ejecutivo para continuar profundizando la impunidad." Hizo hincapié en la importancie de que "al conjunto de los uruguayos les quede claro que Blanco no fue liberado por ser inocente. Al contrario. Es responsable de los más atroces delitos, incluyendo la desaparición forzada". Para que no queden dudas de ésto, Puig recordó que la propia defensa de Blanco trabajó para que la carátula del caso fuera cambiada de "coautoría de secuestro" a "complicidad de asesinato.
El dirigente obrero expresó su desagrado con la actitud de Carlos Ramela, quien "negó la información al conjunto de la sociedad pero aceptó entregarla al juez. Ramela actuó tratando de configurar una estrategia ideada por el Poder Ejecutivo de usar el informe de la Comisión para la Paz para evitar que Blanco siguiera en prisión, evitar el procesamiento de Juan María Bordaberry y cerrar el paso al llamado que la Justicia podría hacer a policías y militares". Señaló al diario "La República" que el PIT-CNT está convencido de que "este intento de punto final del presidente Jorge Batlle no es compartido por la población," y adelantó que la dirección sindical se reunirá con sus abogados para analizar la situación y decidir las acciones jurídicas a tomar.