Una misión del FMI se encuentra en Ecuador supervisando el funcionamiento de la economía del país como Pedro por su casa. El Ministro de Economía Mauricio Pozo y el Presidente del Banco Central, Mauricio Yépez, actuando como empleados al servicio del FMI y no como representantes de un país soberano, atienden sus requerimientos y se aprestan a ejecutar sus disposiciones.
En línea con el acuerdo standby suscrito por el gobierno de Gutiérrez, el FMI presiona para que se cumplan las metas de austeridad del Presupuesto fiscal, para que éste no exceda de los 6.700 millones de dólares. En su perspectiva, esto implica fundamentalmente severas restricciones a las asignaciones al sector productivo, que bajan del 9,8 al 6,6%, a la inversión social en Educación, Salud y Vivienda y la disminución de las plazas de empleo en el sector público y el congelamiento de sus remuneraciones.
A la vez el fondo presiona por el cumplimiento de los desembolsos para el pago de la deuda, fijados en 2.400 millones de dólares y el fortalecimiento de los presupuestos de las Fuerzas Armadas y la Policía que alcanzan 1.048 millones de dólares, sumados los cuales superan el 50% de los egresos totales.
Los recursos fiscales se concentran evidentemente en dos rubros prominentes: la satisfacción de las exigencias de los acreedores de una deuda de dudosa legitimidad y el fortalecimiento de los aparatos represivos, en orden con la estrategia de Washington de precipitar a Ecuador a su guerra del Plan Colombia y prevenir las explosiones sociales que emergen del crack financiero del 99, de los desequilibrios críticos de la dolarización y de las contradicciones mismas del modelo neoliberal que asfixian las expectativas de crecimiento y extienden la mancha de la pobreza sobre el 80% de la población.
A pesar de que la deuda externa de Ecuador oscila alrededor del 60% del producto interno bruto, el programa del fondo es que el presupuesto se financie con 1.727 millones de nuevo endeudamiento y medidas de ajuste en contra de una población con ingresos insuficientes. En esta ocasión la misión del FMI ha vuelto a presionar por la eliminación del subsidio al gas, la introducción de una reforma laboral dirigida a congelar la masa salarial y a reducir los empleados del sector público y una reforma tributaria para elevar los ingresos por impuestos gravando los vehículos y eliminando escudos fiscales que protegen al aparato productivo local.
El conjunto de imposiciones del FMI le ubican al gobierno de Gutiérrez en una posición de guerra abierta con la clase obrera y el conjunto del pueblo que puede provocar la ruptura de la coalición política que lo eligió y desencadenar una crisis mayúscula. De hecho, incluso en sectores empresariales, se advierte el peligro de una explosión social por el deterioro del aparato productivo derivado de la dolarización que ha permitido la invasión del mercado interno por productos extranjeros y ha contraído y encarecido el crédito, por la insuficiencia de dólares, generada por el déficit comercial y la decisión de los banqueros de transferir los depósitos de sus clientes al exterior.
* Marcelo Larrea, es director del periódico "El Sucre"
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