Latinoamérica

EDITORIAL

El régimen de torturas

El gobierno de la "seguridad democrática", sí tortura

Pese a que el país cuenta con importantes instrumentos normativos que
tipifican la tortura como delito y que Colombia ha suscrito la totalidad de Pactos y Convenciones Internacionales contra la tortura, pareciera que todo ello, poco o nada importa a las autoridades militares y de policía, que por cuenta tal vez de la cacareada política de "seguridad democrática" del presidente Uribe Vélez, intenta reeditar en los lugares de detención, las tristemente célebres prácticas terroríficas de las caballerizas de Usaquén, durante el cuatrienio de Turbay Ayala con su fatídico Estatuto de Seguridad.
En efecto, el Código Penal vigente en el artículo 178 sanciona con pena de prisión de ocho a quince años a "quien infrinja a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión..." Así mismo, el Estatuto Único Disciplinario recién promulgado mediante la Ley 734 de 2002, califica como faltas gravísimas de los servidores públicos, el mismo tipo de conductas descritas en el texto del mencionado artículo 178 del Código Penal.
Aparte de las normas internas anteriormente comentadas, Colombia ha suscrito la totalidad de Pactos y Convenciones Internacionales que regulan la materia y es así como mediante la ley 74 de 1.968, el país adhirió a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que en su artículo 9 señala que: "Debiendo presumirse todo hombre inocente mientras no sea declarado culpable, si se juzga indispensable arrestarlo, todo rigor que no sea necesario para asegurar su persona, debe ser severamente reprimido por la ley."
Y por si quedara alguna duda, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual suscribió el país mediante la ley 74 del 68, en su artículo 7 de manera clara y categórica plantea que: "Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes." Y así sucesivamente la lista se vuelve interminable, como el silencio que guardan nuestros gobernantes frente al abuso y la felonía de conductas claramente desterradas de países que se precian de ser civilizados.
Para la muestra, no uno sino tres botones de esta abominable práctica sucedida en distintos sitios de reclusión en la ciudad de Bogotá: el primer caso nos dice, que el día 11 de febrero de este año, según denuncia elevada a la Defensoría del Pueblo, Aldemar Muñoz Bangue, se dirigió a las instalaciones de la DIJIN, donde según le había informado la señora madre de Duberney Loayza, este se encontraba detenido, sindicado por la Fiscalía del delito de terrorismo y había sido trasladado a esas dependencias. Muñoz, preocupado por la suerte del amigo, se dirigió a la DIJIN a llevarle ropa y cobijas, incluso vistiendo el mismo overol que diariamente emplea en su oficio de mecánico. Lo hicieron seguir y cuál sería su sorpresa cuando lo condujeron a un baño y con el rollo de una cinta aislante que aún conservaba en el bolsillo del overol, le anudaron las manos, le colocaron una bolsa y lo golpearon para que confesara que él también era terrorista y todo lo que sabía al respecto. Como quiera que Aldemar, no podía informar de lo que no conocía, el propio capitán que había dirigido el "interrogatorio", optó por dejarlo libre en las horas de la noche.
Los otros dos casos ocurrieron el pasado 24 de abril, dos ciudadanos: Armando Acosta Suarez y Naún Urrego, detenidos junto con otras tres personas, dos de ellas mujeres, todos sindicados de actividades terroristas, fueron conducidos a las dependencias del GAULA, allí Armando Acosta y Naún Urrego, fueron sometidos a torturas, golpeados en diversas partes del cuerpo y encapuchados. El "argumento" para tales "prácticas" es que estas dos personas conocen el paradero de varios carros bomba. Posteriormente fueron trasladados a la SIJIN, donde particularmente Naún Urrego ha sido amenazado de que no saldrá con vida y de que va a ser trasladado a la Cárcel Modelo donde su vida puede correr peligro.
Estas son solo algunas perlas de nuestra maltrecha democracia restringida y un muy mal síntoma de la degradación que lleva aparejada el terrorismo de Estado imperante en Colombia. Y son evidencia de que ha vuelto a imponerse, de la mano de la política uribista de "seguridad democrática", el régimen de las torturas y mal tratos a los presos políticos. *VOZ