Niko Schvarz

El lunes 28 de abril se reunieron en el hotel Dan Carlton, al norte de Bogotá, cuatro ex presidentes colombianos (otros dos se hicieron presentes por carta) para considerar el tema del acuerdo humanitario y el intercambio de prisioneros entre el gobierno y las FARC. Trascendió que el Alto Comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, quien en horas de la mañana se dirigía a la reunión, recibió orden del presidente Alvaro Uribe Vélez de no participar en la misma. Para el mismo día y hora el mandatario organizó otro evento publicitario, al que se le atribuyó el propósito de opacar la trascendencia del encuentro de los ex presidentes, que respondía a una exigencia muy sentida por la sociedad colombiana, en particular por los familiares de los presos de uno y otro lado.

Opiniones de 6 ex presidentes

A la reunión concurrieron los ex presidentes liberales Alfonso López Michelsen, Julio César Turbay Ayala, Carlos Lemos Simmonds y Ernesto Samper Pizano. El secretario general de la OEA y ex presidente César Gaviria hizo llegar desde Washington un documento de respaldo al acuerdo, mientras Belisario Bentancur envió un lacónico saludo. Participaron también el ex fiscal Alfonso Gómez Méndez, el ex procurador Jaime Bernal Cuéllar, familiares de las personas retenidas por las FARC, algunos congresistas (Wilson Borja, Samuel Moreno y Carlos Moreno de Caro), el ex ministro y ex comisionado de paz Carlos Holmes Trujillo, catedráticos universitarios, dirigentes sindicales como Carlos Rodríguez, presidente de la CUT, y numerosos periodistas.

Como denominador común del encuentro, todos intervinieron para respaldar el acuerdo humanitario y criticar a quienes dentro y fuera del gobierno se oponen al mismo. Los cuatro ex presidentes reclamaron el acuerdo humanitario. López Michelsen y Samper dijeron que era un imperativo y una decisión ineludible, cuyo soporte jurídico está en el Derecho Internacional Humanitario, suscrito por Colombia e integrante por ende del sistema constitucional colombiano. En opinión de López Michelsen no se requiere una ley que autorice al gobierno para el acuerdo humanitario, sino que se trata de un tema de voluntad política.

Los dos ex mandatarios mencionados centraron sus críticas en el ministro del Interior, Fernando Londoño Hoyos, enemigo declarado del acuerdo humanitario, y controvirtieron la oposición del propio presidente, que salió a la palestra para oponerse a la posición de sus antecesores en el cargo.

Críticas a Londoño y réplica de Uribe

López Michelsen recordó que durante su gobierno (1974-1978) había sido despejado o desmilitarizado todo el departamento de Caldas para que se dejara en libertad al ex ministro Fernando Londoño y Londoño, padre del actual ministro del Interior entonces prisionero de un grupo alzado en armas.

Los participantes reconocieron la importancia y el carácter positivo de la carta enviada por el secretariado de las FARC a los ex presidentes liberales, en que declaran su disposición al acuerdo humanitario y anuncian la designación de los voceros de su organización (Carlos Antonio Lozada, Simón Trinidad y Domingo Bihojó). Señalaron en conclusión que ahora corresponde al presidente Uribe demostrar si tiene voluntad política y decisión para el canje de prisioneros y el acuerdo humanitario.

La palabra del mandatario no se hizo esperar. El martes, en réplica directa a las críticas formuladas por los cuatro ex presidentes, declaró que en materia de un acuerdo humanitario que permita la libertad de secuestrados en poder de la guerrilla "no me van a hacer bailar al ritmo de las FARC". Agregó que le otorga prioridad a la labor de una comisión nombrada por el gobierno en diciembre pasado, integrada por un obispo, un sacerdote y un ex ministro, con la finalidad de explorar caminos de acercamientos con las FARC sobre la liberación de los secuestrados. Hasta ahora no se ha apreciado ningún resultado de la labor de dicha Comisión. Al día siguiente (miércoles 30), Uribe se reunió con Bush en la Casa Blanca.

La carta de las FARC y sus propuestas

Los ex presidentes hacían alusión la carta que les hizo llegar el Secretariado del Estado Mayor de las FARC-EP, fechada el 27 de abril, en la que reiteran su propuesta oficial del 8 de febrero, que consiste básicamente en lo siguiente: a) las entrevistas entre los voceros de las dos partes se efectuarán en Colombia y el gobierno proporcionará garantías suficientes a los voceros de la guerrilla, "para lo cual se requieren zonas desmilitarizadas"; b) la guerrilla está dispuesta a liberar a todos los militares y policías en su poder, los 12 diputados del Valle del Cauca, los dos ex ministros, el gobernador de Antioquía, el ex gobernador del Meta, a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, habiéndose agregado posteriormente a la lista los tres militares estadounidenses capturados en acción; c) en contraprestación, se reclama al gobierno la liberación de todas las guerrilleras y de todos los guerrilleros en su poder; d) se recibirá a éstos en el mismo lugar en que se entregará a los retenidos por la guerrilla; e) sólo se acepta interlocución con funcionarios oficiales que el gobierno deberá designar.

El intercambio de prisioneros

En la carta se dice que a pesar de la reacción negativa del gobierno y el "lenguaje pugnaz del presidente Uribe Vélez", "las FARC-EP si mantienen inquebrantable su voluntad política y la propuesta hacia la búsqueda de soluciones definitivas" al problema del intercambio de prisioneros, punto clave que mantiene en vilo a la sociedad colombiana, a favor del cual se pronuncian organizaciones políticas, sindicales y sociales de todo tipo y que motiva reiteradas manifestaciones de las entidades que agrupan a los familiares de los presos y retenidos.