Hernando Calvo Ospina
Le Monde Diplomatique

Explícitamente sostenido por Washington, el gobierno colombiano anunció, el 27 de noviembre del 2002, el inicio de diálogos con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Un cese al fuego ha entrado en vigor el primero de diciembre con esta organización fuertemente ligada al narcotráfico, masivamente involucrada en violaciones a los derechos humanos, mientras que las negociaciones con la guerrilla jamás han progresado. Pero Estado y paramilitares siempre han tenido una estrecha relación en Colombia.
La estrategia fundamental del Estado colombiano para tratar de derrotar a las organizaciones guerrilleras, que se le oponen desde hace más de treinta y cinco años ha sido, desde siempre, la de destrozar o neutralizar al fundamental tejido social que las apoyan real, presunta o potencialmente. Para lograr tal objetivo, las excluyentes élites han convertido al Estado en uno de los principales violadores de los derechos humanos en el mundo. Esta "guerra sucia" adelantada en los últimos 35 años como verdadero terrorismo de Estado ha descansado sobre dos pilares fundamentales: "las operaciones encubiertas o clandestinas de las Fuerzas Militares y el accionar paramilitar. Estas son el centro neurálgico de la concepción contrainsurgente del Estado, y en particular de sus Fuerzas Militares (1)".

Tanto en Colombia como en el extranjero, destacados intelectuales e importantes medios de información hacen propio el discurso del Estado colombiano al repetir que el paramilitarismo es un "tercer actor" en el conflicto, o un "electrón libre" que no puede ser controlado. Que el Estado, debilitado e impotente, es una víctima de los "violentos" junto a la mayoría de la población. El discurso oficial afirma igualmente que el paramilitarismo es el fruto de una relación de narcotraficantes, militares descarriados, terratenientes y campesinos organizados contra los abusos de la guerrilla -las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) esencialmente.

Muy conocido por sus posiciones de defensa a los derechos humanos, el jesuita Javier Giraldo, no comparte esa visión: "Quienes analizamos el fenómeno actual desde una perspectiva histórica nos negamos a definir el paramilitarismo como un "tercer actor" en el conflicto. No es un tercer actor. Es el mismo brazo clandestino e ilegal del Estado que ha existido desde hace ya varias décadas. Esa misma perspectiva histórica nos impide considerar al Estado colombiano como un "Estado de Derecho "" (2).

Ante el triunfo de la Revolución cubana, en 1959, Estados Unidos diseñó la Doctrina de Seguridad Nacional para imponerla en el hemisferio con el objetivo de evitar, o afrontar, nuevos brotes insurgentes. En ella el "enemigo interno" pasó a ser toda una ideología, quedando el anticomunismo como la columna vertebral, y traspasando a las Fuerzas Armadas latinoamericanas el papel de garantes de las instituciones. Así la contrainsurgencia se convierte, con las particularidades de cada país, en el eje de la seguridad, y "la destrucción del "enemigo interno" se vuelve el objetivo, sino el fin, supremo del Estado (3)." En la revista de las Fuerzas Armadas de Colombia, N° 6 de 1961, el ministro de Guerra escribía: "El principal enemigo que (debe atraer) la acción de las Fuerzas Militares lo encontramos en el campo interno, dominado por idelogías extrañas de carácter marxista, ajenas a la cultura y la civilización occidental". Mientras que uno de los primeros manuales sobre contrainsurgencia definía al "enemigo interno" de manera simple y peligrosa: "Todo individuo que de una u otra manera favorezca las intenciones del enemigo, debe ser considerado como traidor y tratado como tal (4)."

Desde 1962 las Fuerzas Especiales estadounidenses comenzaron a preparar en Colombia brigadas contraguerrilleras, a formar especialistas en guerra psicológica e involucramiento de civiles en actividades paramilitares, reproduciendo lo que hacían en Vietnam. Tres años después, recién surgidos los primeros grupos insurgentes, el gobierno expide el decreto 3398 dirigido a "organizar la defrensa nacional", donde se incluye un parágrafo autorizando al Ministerio de Guerra a crear grupos de civiles, a los cuales "podrá amparar con armas que estén consideradas como de uso privativo de las Fuerzas Armadas". Era el sustento jurídico al paramilitarismo. En 1968, el decreto se transformó en legislación permanente (ley 48) hasta 1989, cuando la Corte Suprema la declaró inconstitucional. En 1969 un reglamento del Ejército ordenaría " organizar en forma militar a la población civil (para que) apoye la ejecución de operaciones de combate (bajo) control directo de las unidades militares" (5).

En 1976 la revista de las Fuerzas Armadas N° 83 afirmaba que "Si una guerra limitada no convencional entraña demasiados riesgos, entonces las técnicas paramilitares pueden proveer una manera segura y útil que permita aplicar la fuerza a fin de lograr los fines políticos". Lo importante era que la imagen de la institución militar quedara limpia, y así se hizo. Por esos años surgieron la Alianza Anticomunista Americana (Triple A) y otras fantasmales siglas que empezaron a amenazar, asesinar y desaparecer a opositores políticos y personas críticas al sistema. Posteriormente se supo que eran estructuras especiales del servicio de inteligencia militar, organizadas desde la alta cúpula (6).

A comienzos de los ochenta, algunas organizaciones logran que el gobierno de Belisario Betancurt acepte discutir sobre una salida negociada al conflicto. A partir de ello, las FARC participan en la creación de un partido político, la Unión Patriótica (UP), el cual debería tomar su lugar en la vida constitucional y democrática de llegar las negociaciones a buen término. Paralelamente, mientras el gobierno decía querer la paz, se implementaba la "guerra sucia" contra dirigentes populares, sindicales y campesinos. Ello no era casual: "Acorde a los lineamientos de la Doctrina de la Seguridad Nacional, los esfuerzos por buscar una solución no violenta o política al conflicto interno en Colombia, han sido percibidos por el alto mando militar como avances de la "guerrilla comunista" en su asalto al poder". (7) Como lo han demostrado hasta la saciedad investigaciones oficiales, el alto mando militar involucró a caciques de los partidos liberal y conservador, terratenientes y capos de la mafia en el desarrollo de estructuras paramilitares que realizaron los crímenes. Así empezó uno de los matrimonios de conveniencia más sanguinarios de la reciente historia política colombiana. En medio de ello, el Ejército produce otro "Reglamento de combate de contraguerrillas" (EJC 3-10, Reservado, 1987), el cual dividía a las fuerzas subversivas en dos: " población civil insurgente y grupo armado", donde "La población civil por lo tanto es uno de los objetivos fundamentales de las unidades del Ejército".

Para mediados de los años noventa el "terrorismo de Estado", sirviéndose del paramilitarismo -llamado 'sicariato', 'escuadrones de la muerte' o cualquiera de los tantos nombres que se le ha dado para ocultar su real rostro- había asesinado y desaparecido unos 25 mil miembros de la izquierda y personalidades progresistas. Tan sólo al partido Unión Patriótica le asesinaron tres mil militantes, incluídos dos candidatos a la presidencia, casi todos sus alcaldes, ediles y parlamentarios, por lo cual el Estado colombiano está demandado ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por "genocidio político". Ni las dictaduras del Cono Sur llegaron a tanto.

Irónicamente, mientras se masacraba a la oposición legal las guerrillas se fortalecían, llevando al presidente Cesar Gaviria, actual secretario general de la OEA, a dar vida a la "Estrategia nacional contra la violencia" en 1991. La organización Human Rights Watch, en su informe de 1996, demostraba que la CIA y el Pentágono habían contribuído a reorganizar " los sistemas de inteligencia que desembocaron en la creación de redes asesinas que identifican y matan a civiles sospechosos de ayudar a las guerrillas" (8). En 1994, este gobierno dispuso la creación de las Asociaciones Comunitarias de Seguridad Rural, "Convivir", presuntamente para colaborar con la Fuerza Pública colectando información que sirviera a prevenir las actividades de los grupos insurgentes y… paramilitares. La realidad demostró que una de las tareas de las "Convivir" fue actuar como ente legalizador de muchas redes de sicarios al servicio de narcotraficantes y terratenientes (9). Siendo su objetivo central el reclutar a la población civil para que sirviera de vertiente legal al paramilitarismo.

Ante las presiones internacionales, en diciembre de 1997 el gobierno del presidente Ernesto Samper creó un grupo especial, bajo la responsabilidad del ministro de la Defensa, para capturar a los jefes de las actuales Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), nuevo nombre que tomaban los grupos paramilitares. Un año después los "resultados brillaban por su ausencia" (10). Sobre ello el jesuita Giraldo denunciaba que "los grupos de búsqueda aprendieron a calcular su llegada a los escenarios de los crímenes cuando éstos ya estaban consumados y los victimarios ya estaban a salvo, y a capturar a delincuentes comunes para exhibirlos como paramilitares".

El 7 de enero de 1999, el presidente Andrés Pastrana acepta dialogar con las FARC, la fuerza guerrillera militarmente más poderosa; igual hizo con el ELN aunque sin darle mayor trascendencia. Tal como había sucedido durante la administración Betancurt, la violencia paramilitar se multiplicó: Mientras en 1999 las masacres registradas fueron de 168, en el 2000 llegaron a 236. El número de asesinados ascendió a 1226 víctimas, 297 más que en 1999.

Aunque vagamente mencionado por los grandes medios de información, un "detalle" saltaba a la vista: "Las estadísticas mostraban, indiscutiblemente, que la disminución de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas militares iba a la par con el aumento de los crimenes imputables a las AUC" (11). La explicación a tan "extraña" constatación, que no era para nada nueva, la dio el Defensor del Pueblo: Se trata de una nueva forma de ejercer la represión ilegal sin cortapisas que algunos analistas han llamado, muy acertadamente, la violencia por delegación" (12)

Existe otro "detalle" que tampoco ha merecido mayor atención: los escasísimos enfrentamientos entre las Fuerzas armadas y los principales criminales de la población civil indefensa, los paramilitares. Se dice que las AUC cuentan con unos once mil miembros diseminados en todo el territorio nacional, principalmente en zonas económicamente estratégicas con presencia de transnacionales. Según el jefe paramilitar Carlos Castaño: "Las presiones de la comunidad internacional pueden influenciar al alto mando militar, pero, sobre el terreno, nadie podrá jamás dividir a los hermanos unidos contra el mismo enemigo. Yo no puedo temer al ejército pues nada me puede hacer" (13). El Informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, presentado en el 2001, confirma: "La Oficina ha sido testiga de las declaraciones de altos oficiales del Ejército señalando que los paramilitares no atentan contra el orden constitucional y por consiguiente no es función del Ejército combatirlos (…) En contraste con las grandes ofensivas militares contra las guerrillas, en las que se aplican ingentes recursos humanos y logísticos en campañas que duran semanas (…) Generalmente, el ataque contra (los paramilitares) obedece a escaramuzas menores, requisas y detenciones individuales y esporádicas".

Castaño, además de reconocer que recibió instrucción de los ejércitos israelí y colombiano, que ha tenido amistosas relaciones con el alto clero católico, y buena parte de la dirigencia política colombiana, dice que los "americanos han tolerado" su criminal organización, así la tengan señalada como "terrorista" desde el 10 de septiembre del 2001. También acepta, sin reservas, que las AUC no sólo se financian con el tráfico de drogas, sino que manejan muy buena parte del negocio (14) Lo que no ha impedido que haya mantenido relaciones "amistosas" con la CIA y la Drug Enforcement Administration (DEA - Oficina estadounidense de lucha contra el narcotráfico), y de participar directamente con el grupo élite de la policía colombiana (Bloque de Búsqueda, el mismo que tenía la ayuda de la CIA y la DEA), para perseguir a otros narcotraficantes como, por ejemplo, a Pablo Escobar. De esto, las evidencias son tantas, que Amnistía Internacional pidió al gobierno estadounidense de acceder a los archivos secretos, sin haber obtenido respuesta.

Con la desaparición o encarcelamiento de los jefes de los carteles de la droga de Medellín y Cali, y aprovechando el espacio que le brindaban las "Convivir", las AUC coparon el control del procesamiento y exportación de drogas. En septiembre de 1997, el Observatoire Géopolitique des Drogues de Paris, informaba que la mayoría de cocaína que ingresaba por los puertos de España, Bélgica y Holanda provenía de las zonas costeras colombianas bajo control de las AUC. Como lo testimonia un senador, sorprende la muy poca referencia a ello, a pesar de que las AUC son hoy "un nuevo cartel mafioso militarizado (…) los principales exportadores de cocaína del mundo con un discurso antiguerrillero" (15)

El Plan Colombia, impulsado por Washington, dice tener como fin el terminar con el tráfico de drogas. Para ello se ha centrado en la represión a las guerrillas y a los campesinos pobres productores de coca, pero para nada se ha dedicado ha reprimir a los paramilitares. El gobierno estadounidense se ha contentado con tibios pronunciamientos, sin llegar a mayores exigencias a su homólogo colombiano. Frente a tal realidad, el jesuita Giraldo expresa: "es claro que la estrategia militar y represiva que (en el Plan) se plantea contra el narcotrafico es una mera ficción. Sirve solo para disfrazar el involucramiento militar de los Estados Unidos en el conflicto político-militar de Colombia." Y dentro de la estrategia contrainsurgente el paramilitarismo debe seguir jugando un papel crucial contra el "enemigo interno".

A comienzos del 2001, en un extenso reportaje del Boston Globe realizado en el Putumayo (una de las regiones involucradas en el Plan, pero también con gran presencia guerrillera) el periodista Karl Penahaul observaba que un centinela paramilitar "revolvía un paquete de víveres 'C' del Ejército estadounidense, buscando chicle y pasteles. No hacía caso a las preguntas sobre el origen de los suministros, enviados con destino a las tres unidades antinarcóticos del Ejército de Colombia entrenadas por asesores de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos", y acantonadas muy cerca del lugar de la entrevista.

Elegido con el 53% de votos (y una abstención superior al 52%) en agosto del 2002 Alvaro Uribe Vélez asume la presidencia colombiana. Este gran terrateniente, cuyo padre tuvo antecedentes como narcotraficante, según diversas investigaciones (16) fue el principal promotor de las "Convivir" mientras se desempeñó como gobernador del departamento de Antioquia. El jefe de las AUC dice de él: "es el hombre más cercano a nuestra filosofía" (17) Antes de ganar las elecciones diversos medios de prensa, nacionales e internacionales, mencionaban constantemente sus presuntos vínculos con el cartel de Medellín y los grupos paramilitares. Hoy son temas que misteriosamente ya no interesan: sólo los elogios por su decisión de guerra total contra las organizaciones insurgentes.

Según dice el investigador y defensor de derechos humanos, Diego Pérez Guzmán, el objetivo del mandatario es "recuperar la confianza del inversionista extranjero en Colombia, para lo cual debe asegurar el control del orden público al precio que sea, sin importar el alto costo en muertes que debe pagar la población civil no combatiente. De ahí que su meta central, sin llegar a mencionar los términos crudamente, es la paramilitarización total del Estado y la sociedad". En ese cuadro de "seguridad democrática" del presidente Uribe, se reclutarán hasta un millón de colombianos como informantes que, coincidencialmente, están siendo organizados bajo los principios de las "Convivir"; conformación de un contingente de 25.000 campesinos e indígenas que luego de recibir adiestramiento militar, regresarán a sus comunidades como "milicianos campesinos", lo que recuerda a las Patrullas de Autodenfesa Civil (PAC) en Guatemala; formación de frentes locales de seguridad en los barrios y comercios. Existe, además, un plan de concertación con transportadores y taxistas para vincularlos a la seguridad de ciudades y carreteras, al tiempo que las agencias de seguridad privadas están obligadas a entregar información y prestar los servicios que las Fuerzas Armadas les exijan. Además, dos "Zonas de rehabilitación y Consolidación", las cuales no se regirán por los derechos contenidos en la Constitución, han sido instauradas en los departamentos de Sucre, Bolivar y Arauca. El poder militar directo reemplaza al gobierno local.

Ningún ciudadano puede ser neutral, bajo el riezgo de ser señalado como colaborador de la insurgencia. Las pocas instituciones del Estado que aún estaban por fuera de la estrategia contrainsurgente ya han sido involucradas en la "guerra integral", incluída la Fiscalía General de la Nación. De ella han sido destituídos quince funcionarios en un año, los cuales realizaban investigaciones sobre jefes paramilitares, y altos mandos de las Fuerzas Armadas involucrados en graves violaciones a los derechos humanos.

Mientras responde con más militarización a los llamados de la guerrilla para buscar una solución negociada al conflicto, el gobierno del presidente Uribe abre los brazos a los paramilitares. En un comunicado hecho público en noviembre pasado estos decían: "no podemos permanecer ajenos al reiterado llamado al diálogo y a la reconciliación que el Gobierno Nacional, por múltiples medios, nos ha hecho...". Con la bendición de Wahington, y un mes después de encuentros preliminares con el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, cinco obispos y jefes paramilitares, el 27 de noviembre se anunció un cese al fuego desde el primero de diciembre del 2002. Ni a la mercenaria Contra nicaragüense la trataron con tanta benevolencia. Como era de esperarse, el cese al fuego ha sido muy respetado por el ejército como jamás se recuerda lo hiciera con las guerrillas en momentos de diálogos. El ejército, que está conformado por cinco Divisiones, no podría comportarse de manera diferente con la "sexta división", como regularmente se le dice a los paramilitares en Colombia. (18)

Las negociaciones tienen como fin el indulto a los paramilitares, lo que les permitiría reintegrarse en toda legalidad dentro de uno de los tantos aparatos que se están creando (informadores, milicias campesinas, etc) y así continuar con su "trabajo". A casi nadie parece importar el que serían los primeros "terroristas" y narcotraficantes en recibir tal beneficio. El indulto no lo merecen ni jurídicamente, pues al reconocer que su "lucha" es en defensa de las instituciones estatales -"organización parasistema", dicen sus jefes- y al ser parte esencial de una estrategia contrainsurgente, no pueden adquirir status político.

El gobierno del presidente Uribe Vélez se siente firme en sus decisiones. Cuenta con el respaldo de las fuerzas Armadas, los poderosos gremios económicos, y los grandes medios de comunicación que lo declararon el "hombre del año 2002". Pero ante todo tiene el respaldo de la administración Bush, quien acaba de permitir que los aportes para la llamada lucha antidrogas, en el cuadro del Plan Colombia, sean utilizados para combatir a la guerrilla. Traslado de recursos que ya se hacía de facto , y en contra de las disposiciones del Congreso estadounidense. Parte de ello son, por lo menos, 70 miembros de las Fuerzas especiales estadounidenses, que llegaron a los batallones asentados en la mayor zona petrolera del país, muy cerca a la frontera con Venezuela, donde las diez más importantes petroleras del mundo tienen inversiones. Coincidencialmente son batallones con gran tradición en la conformación de grupos paramilitares.

"Usted ha formado una gran estrategia y ha armado todas las piezas que se necesitan para luchar contra el fenómeno de la inseguridad y el terrorismo", fueron las palabras expresadas por Colin Powell al presidente Uribe Vélez durante una visita a Colombia, en diciembre último. Parece ser que el jefe del Departamento de Estado desconoce que en esa "gran estrategia", el paramilitarismo tiene un papel definitivo. Olvidó, quizas, que su gobierno ha pedido en extradición por narcotráfico a los líderes de la AUC, y, más aún: que fue su propia oficina quien incluyó a esas fuerzas paramilitares en la lista de organizaciones terroristas. Parece ignorar que, considerada como base de apoyo real o presunta de los rebeldes, la población no armada continuará recibiendo el peso de la represión estatal y paraestatal. Una vez más se demuestra que la memoria del gobierno estadounidense se recorta dependiendo de las prioridades de sus intereses.

Notas:

1) El Terrorismo de Estado en Colombia. Publicado por varias organizaciones internacionales de derechos humanos. Ediciones NCOS. Bruselas, 1992.. Este trabajo contiene el fichero de 350 oficiales y altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la policía involucrados, y no sancionados, en la "guerra sucia". Nunca ha sido refutado.

2) "Elementos de lectura sobre la tragedia de Colombia"Javier Giraldo, S.J. Conferencia dictada en Chicago, marzo 17, 2001.

3)Terrorismo de Estado en Colombia. Ibid.

4)La guerra moderna. Ejército de Colombia. Biblioteca del Ejército. Bogotá, 1963. Mencionado en: Tras los pasos perdidos de la Guerra Sucia". Publicado por varias organizaciones internacionales de derechos humanos. Ediciones NCOS. Bruselas, 1995.

5) Reglamento de Combate de Contraguerrilla, EJC-3, Reservado, Bogotá, 1969. Mencionado en Tras los pasos perdidos de la Guerra Sucia . Op.cit.

6) Tras los pasos perdidos de la Guerra Sucia. Ibid.

7) Idem

8) Colombia's Killer Networks. Human Rights Watch, Washington, 1996.

9) Colombia ante los retos del siglo XXI: Desarrollo, Democracia y Paz. Federico Andreu Guzmán. Editorial Universidad de Salamanca. 2001.

10) El Espectador. Bogotá, 24 enero1999.

11) Le Monde. Paris 18 mai 2001.

12) Cuarto informe anual del Defensor del Pueblo al Congreso colombiano. Defensoría del Pueblo. Serie documento N°II, Bogotá, 1999.

13) Le Monde. Paris 18 mai 2001.

14) Mauricio Aranguren Molina, Mi confesión. Carlos Castaño revela sus secretos. Ed. Oveja Negra. Bogotá, 2001.

15) Indulto a paramilitares. Gustavo Petro, Via Alterna, 14 diciembre 2002.

16) Los jinetes de la cocaína. Fabio Castillo. Ed. Documentos Periodísticos. Bogotá, noviembre 1987. Ver también, "Biografía no autorizada de Alvaro Uribe Vélez". J. Contreras y F. Garavito. Ed. Oveja Negra. Bogotá, 2002.

17) Mi confesión. Carlos Castaño revela sus secretos. Op.cit.

18) Leer The " Sixth Division ", Military-Paramilitary Ties and U.S. Policy in Colombia, Human Right Watch, New York, noviembre 2001.
Hernando Calvo Ospina
es Periodista. Autor, entre otros, de
Ron Bacardí. La guerra oculta,
Red de Consumo Solidario. Madrid, 2000.