En un análisis anterior postulamos que la derecha había tomado el control del Poder Ejecutivo a través de administrar el desmoronamiento moral de un Gobierno, que en masa estaba siendo llevado a los tribunales de justicia en función de una corrupción que se manifestaba en todos los ámbitos de su gestión a través del país. Resulta gracioso que a estas alturas la UDI se haya convertido en el sostén político principal del Gobierno, sobre todo cuando hay posibilidades reales de que el Presidente Lagos termine en Capuchinos. Esto sobre la base de que en algún momento cuando Lagos era Ministro de Obras Públicas envió al Parlamento el proyecto de ley conocido como de "las funciones críticas" que aprobado por el Parlamento fue rechazado por el Tribunal Constitucional. Esto determinó que con el objetivo de resolver los problemas de aceleración de las obras públicas se estructurara una sistema de pagos paralelo al que permitía la ley y que al no estar sometido a control legal permitió todo tipo de ilícitos y corrupciones que están quedando sistemáticamente al descubierto. De allí la manifestación de principios de la UDI al rechazar una solución judicial para el caso "MOP" y sin embargo, estar dispuestos a evaluarlo en el futuro si "el Presidente de la República considerara que está afectándose gravemente al país".
Ahora bien, una de las consecuencias relevantes de este acuerdo pasan por el cumplimiento de la carta de navegación estructurada por la derecha en la llamada Agenda Modernizadora cuya implementación será seguramente anunciado en el mensaje del próximo 21 de mayo cuyo fondo comunicacional ya aparece predibujado por las declaraciones de personeros oficialistas en términos de que prácticamente el 80 % de las promesas de gobierno de Lagos y de gobierno ya estarían cumplidas.
Lo concreto es que en esta agenda antitrabajadores se han sentado las bases para producir el exterminio de las organizaciones sindicales, el desmantelamiento de la legislación laboral vía lo que la derecha llama "flexibilidad del mercado laboral", los avances en la liquidación del sistema de educación público en Chile, el exterminio social que ha significado la aplicación del modelo neoliberal entre las pequeñas y medianas empresas, pequeños agricultores, pescadores artesanales y mineros, el crecimiento corrosivo de la delincuencia y el temor del pueblo inerme ante el crecimiento de la delincuencia en los sectores donde viven los marginados. La preservación y aumento de la brecha en la distribución del ingreso, tema central dentro de la economía y que no ha sido tocado por los sucesivos gobiernos de la concertación y menos por este. La entrega de elementos de soberanía nacional en los Tratados de Libre Comercio, sobre todo en los sectores pesquero y energético. Tema este último donde se planea la privatización de Enap. En un país que debe exportar más del 90 % de su abastecimiento de petróleo se dejará este abastecimiento vital para el país en manos del interés privado nacional y, en definitiva, cuentas en manos de las transnacionales.
Las promesas de que todo jefe de hogar tendrá empleo y un ingreso seguro en caso de cesantía, una reforma laboral para que los trabajadores defiendan sus derechos y su trabajo, facilidades para que 600 mil familias morosas resuelvan su deuda, los reajustes a las pensiones asistenciales, que nadie espere un mes para operarse de una enfermedad grave, convertir a la educación en la mejor de América Latina con una computadora con internet por cada sala de clases se las llevó el viento. Las reformas reales y prometidas como las introducidas en el sistema de AFP han sido para que los trabajadores asuman los riesgos que se le ha hecho asumir a los trabajadores para que sus platas sean manejadas a discreción por el hambre de ganancias de los privados a través de los fondos múltiples.
Qué podría decir un discurso de real a un país que prácticamente se le han desmantelado sus cimientos acerca de las nunca cumplidas reformas constitucionales (fin del sistema binominal), descentralización, combate a la delincuencia, equidad y solidaridad, red social, nuevo trato a los pueblos indígenas (han pasado de los aguerridos héroes de los libros de lectura a delincuentes y subversivos), calidad de los hospitales públicos, renovación de microbuses, normativas ambientales eficaces, modernización del Estado y transparencia e impulso al desarrollo. Todo esto es, a estas alturas, letra muerta.
Bajo la hegemonía imperial estadounidense manifestada en las directrices del Fondo Monetario Internacional (FMI) el gasto no deberá poner en cuestión el superávit estructural. Entonces no deberá sorprender que los financiamientos de los intentos de cumplimiento de asuntos como el AUGE, al parecer aún no suficientemente desprestigiado después de las intentonas del Ministro Artaza, el presidente no dirá nada de que con los 100 millones de dólares defraudados a la Corfo se hubiera financiado gran parte del proyecto. Deberán contemplar necesariamente al ahondamiento del saqueo del Estado y lo que queda de las empresas públicas, quizá la única promesa no explicitada pero que el gobierno cumplirá cabalmente amarrada a la firma del TLC con Estados Unidos. Nos anexarán, como una estrella más, a la corona manchada de la sangre de los pueblos del emperador Bush y su corte de magnates del petróleo y de gestores de las grandes transnacionales.
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