Uribe Vélez ha tenido algunos tragos amargos en los últimos tiempos.

Escribe Catalina Esparza, corresponsal de la BBC en Colombia.

Martes, 20 de mayo de 2003 - El escándalo de corrupción que afecta a cerca de 150 militares que presuntamente robaron dinero incautado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ha sumado otro trago amargo a los muchos recientes que ha tenido que digerir el gobierno del presidente Alvaro Uribe Vélez.
En un país donde la demanda de noticias es a veces asfixiante, algunos titulares recientes de medios locales e internacionales sugieren que "la luna de miel" del gobierno actual empieza a tornarse en una relación en crisis.
En lo militar y en lo político Hace menos de una semana escuchábamos a la Ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez en una comisión del senado, enarbolando las acciones de la fuerza pública, destacando su rol de garante de la seguridad de los colombianos: "Nuestra fuerza pública necesita y merece el apoyo y la confianza del país para poder cumplir a cabalidad con sus funciones", dijo Ramírez.
El apoyo sólido de la ministra de Defensa.
No hay duda que los aciertos; incautaciones, "dadas de baja" a los "terroristas" se contabilizan a diario, pero también es cierto que el " Caquetazo" como un desprevenido denominaba a lo sucedido con este comando contra guerrilla cayó como un baldado de agua fría no solo para la imagen de los militares en Colombia sino para la del " primer soldado de la patria", como el mismo Presidente Alvaro Uribe Vélez se llama en ocasiones.
Y si en el campo militar truena en el ámbito político "relampaguea". El ya fatigado Referendo, propuesta bandera y promesa de campaña de Uribe Vélez tambalea. Hace unos días el Procurador General de la Nación, Edgardo Maya, declaró inconstitucionales catorce de sus diecinueve artículos. A pesar que el fallo de la Procuraduría tiene el carácter de concepto no obligatorio, precipitó una vasta crisis en diversos escenarios políticos.
Uribe, dicen muchos, se precipitó en proponer un referendo popular que le impediría tratar temas esenciales concebidos en "su referendo" o lo que queda de el, mas aún, sin que la Corte Constitucional fallara sobre el concepto de la Procuraduría. Esto no solo subió la temperatura de muchos congresistas que le reprochan esta decisión sino que la incertidumbre provocó el alza de algo mas que un parlamentario insatisfecho: la del dólar.
Ni paz ni rehabilitación Este lunes tanto la Defensoría del Pueblo como la Procuraduría concluyeron que las Zonas de Rehabilitación, otra de las banderas de la política de seguridad democrática de Uribe, en especial la de Arauca, palabras más, palabras menos, fueron un fracaso: no sólo no han contribuido a la pacificación de la zona, dicen las instituciones, sino que han incrementado las violaciones del derecho a la vida.
Asimismo las inyecciones financieras que el gobierno se comprometió a invertir en esta región, dicen la Procuraduría y la Defensoría, nunca llegaron.
Uribe, dicen muchos, se precipitó en proponer un referendo popular que le impediría tratar temas esenciales concebidos en "su referendo", sin que la Corte Constitucional fallara sobre el concepto de la Procuraduría.
A todo esto, la fallida operación de rescate de diez secuestrados el pasado cinco de mayo que culminó con el asesinato de ocho, aún sigue provocando preguntas de la prensa de si el presidente sabía o no que un funcionario de la gobernación de Antioquia llevaba a cabo contactos con un frente de las FARC para lograr la liberación del ex gobernador asesinado y su asesor de paz.
Y del Acuerdo Humanitario, o Intercambio Humanitario o canje o libertad condicional para guerrilleros que cometan delitos atroces, según el interlocutor, ya se ha dicho todo, por todos, es poco lo que entienden muchos y aún los cerca de tres mil secuestrados siguen privados de su libertad.
Confianza y legitimidad La popularidad del gobierno y en especial del presidente Alvaro Uribe Vélez era muy alentadora, al menos antes de que estos eventos se dieran lugar.
Quizás el discurso de la Ministra de Defensa en una comisión del senado el pasado 14 de mayo cobra mucha validez por estos días.
"La política de Seguridad Democrática requiere la permanente legitimidad de las instituciones y la mas absoluta confianza de los gobernados en su gobierno".
Habrá que esperar para ver si en el entender de los colombianos las instituciones siguen teniendo la credibilidad que el gobierno espera y si la confianza de la gente en el mismo aun se mantiene.