Ivonne Trías
Brecha
Los desaparecidos a partir de 1973 en Uruguay fueron enterrados en un mismo lugar, el cuartel 14 de Toledo, desenterrados 'con cuidado y respeto' en 1984 por un oficial del Ejército, hoy muerto, y cremados en hornos que él mismo proveyó, esparciendo luego las cenizas y huecesillos restantes en el río, detrás del Cerro. Esta es la inaudita versión que sustenta el informe de la Comisión para la Paz en la que el Poder Ejecutivo pretende fundamentar una solución de punto final.

La Comisión para la Paz presentó ayer jueves al Poder Ejecutivo el informe final de su actuación, iniciada en agosto de 2000. Antes había trasmitido a los familiares de desaparecidos el resultado de sus investigaciones. El representante del gobierno en la Comisión para la Paz (cp), Carlos Ramela, informó a la prensa. Por la tarde el grupo de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos dio su opinión en una conferencia de prensa. Y al cierre de esta edición el presidente de la República se preparaba para hacer lo propio.

El informe final de la cp describe -porque ése era su cometido- el estado de la investigación hasta el momento y da cuenta de las razones de la pobreza de datos que incorpora: la resistencia corporativa e individual a brindar información por parte de militares y policías y la falta de prerrogativas coercitivas y judiciales de la propia comisión. El único aporte de fuentes militares y policiales dio como resultado una versión, coincidente, que es la que maneja la comisión dejando constancia expresa de que 'la comisión no puede -ni debe- confirmar esa información y se limita simplemente a trasmitirla en términos generales, destacando que los uruguayos merecen a esta altura -a juicio de este cuerpo- una explicación más clara y contundente sobre el destino de los restos'.

El informe llega en el preciso momento en que el Poder Ejecutivo busca desesperadamente una salida que bloquee los únicos resquicios de la ley de caducidad (ley 15.848), la exclusión de los civiles del beneficio de la impunidad y el carácter de permanente del delito de privación de libertad, por el que marchó a la cárcel el ex canciller Juan Carlos Blanco.

Dicho informe deberá servir de insumo para el diseño de esa salida que perfeccione la impunidad impidiendo de aquí en adelante toda investigación y sobre todo impidiendo la actuación de la justicia en aquellos casos que, como el de Blanco, no resulten amparados por la ley 15.848. Allí radica el interés general por este informe que, más allá de su texto, será esgrimido como cierre de la investigación y plataforma de punto final sobre el tema desaparecidos.

Sin embargo, nada en el texto puede ser considerado como final del juego. En primer lugar porque, como se dijo, la propia cp explica que no debe confundirse versión con verdad. En segundo lugar, sus resultados no pueden ser considerados como el cumplimiento acabado del artículo 4 de la ley de impunidad ya que los datos esenciales, como los relativos al destino de los restos, no fueron obtenidos.

Si el Ejecutivo pretende que lo actuado por la cp cumple con lo ordenado por el artículo 4, entonces los familiares podrán reclamar las actas de la investigación administrativa a las que tienen derecho como denunciantes.

Aportes

Hay por cierto aportes en el documento: se ha recopilado en forma oficial la información relativa a la totalidad de los desaparecidos. La cp, haciendo verónicas para no hablar de terrorismo de Estado, de coordinación represiva ni de Plan Cóndor, se formó 'la convicción plena acerca de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el régimen de facto. Desde la tortura, la detención ilegítima en centros clandestinos, hasta llegar a los casos más graves de desaparición forzada, se constata la actuación de agentes estatales que, en el ejercicio de su función pública, obraron al margen de la ley y empleando métodos represivos ilegales'.

Ese reconocimiento, aunque es inédito en Uruguay, es un mérito que hubiera sido alabado... hace diez años.

Ahora resulta demasiado pobre para tanta espera y, salvo en materia de hipótesis, aporta poco a lo recopilado por familiares y organizaciones de derechos humanos antes de la creación de la comisión.

Otro aporte de la cp es la recomendación (inciso 76, página 27) de adoptar definiciones legales que permitan a los familiares de las víctimas superar trabas formales en materia de estado civil y derecho sucesorio. El aporte consiste en la creación de la figura específica de 'ausencia por desaparición forzada'. Tomando como realidad la convicción del fallecimiento no probado de 25 desaparecidos 'y aceptando que lo sustancial es obtener efectos equivalentes sin atribuir desde el punto de vista legal una calificación que puede resultar excesiva frente a las comprobaciones objetivas obtenidas frente a lo que ha sido un reclamo histórico de las familias, la cp sugiere al señor presidente de la república se promueva una iniciativa legal tendente a crear la figura específica y propia de la ausencia por desaparición forzada declarable a través de un procedimiento sumario que admita como prueba suficiente las conclusiones de este cuerpo'.

Hornos crematorios

Pero a falta de datos concretos el informe incorpora una versión de excepcional gravedad acerca del destino de los cuerpos de los desaparecidos. Si bien esta versión resulta más general en el texto que en los informes previos a los familiares, de ella se desprende la acción jerárquica, centralizada y sostenida a lo largo de los años, que permitió enterrar a los muertos en tortura o asesinados y desenterrarlos luego, todos al mismo tiempo, para volver a desaparecerlos ahora con una metodología nazi repudiada históricamente como la de los hornos crematorios.

Ninguna objetividad periodística puede informar este dato sin pronunciarse y, cuando corresponda, sin reflexionar acerca de la tenacidad con que fue negado durante décadas.

El documento de la cp dice (inciso e, página 17): 'Los restos de todas las personas desaparecidas que fallecieron a partir de 1973 -25 en total- habrían sido exhumados hacia fines de 1984, incinerados o cremados mediante la utilización de calderas u hornos de fabricación informal alimentados con formas adicionales de combustión y arrojados finalmente al Río de la Plata, en una zona cercana al barrio Paso de la Arena que ha sido ubicada y señalada con precisión'. Pero , aclaran, ni Elena Quinteros ni Julio Castro corrieron esa suerte.

Otras versiones (no escritas) en poder de la comisión, tan poco probables como ésta, señalaban que todos los muertos fueron enterrados en un mismo lugar, el cuartel 14 de Toledo. Que de allí fueron desenterrados, cuando la dictadura llegaba a su fin, por soldados a cargo de un oficial ya fallecido. Que este mismo oficial se encargó de proveer los hornos crematorios donde deshacerse de las pruebas óseas, y que el mismo supercop se encargó de esparcir las cenizas y partículas óseas en las aguas del río.

La negativa sostenida de todos los gobiernos a permitir el acceso a los cuarteles para investigar las denuncias reiteradas a partir de 1985 de que había allí cuerpos enterrados aparece ahora como un acto de complicidad sin atenuantes. La existencia de esos restos fue denunciada por familiares y admitida por representantes de todo el escalafón militar, como el general Alberto Ballestrino (fallecido esta misma semana) y diversos soldados, entre ellos Ariel López Silva (Posdata 11-IV-97). Entre los cuarteles mencionados insistentemente entonces estaba el Batallón de Infantería paracaidista 14, en la ruta 6 hacia Toledo. Los otros eran el Batallón de Infantería Blindada 13 y el conocido como La Tablada, todos dependientes del Comando General del Ejército.

En 1997 López Silva reafirmó lo que había dicho a la comisión investigadora de la Cámara de Representantes en 1985: que él mismo había enterrado varios cuerpos en el Batallón de Infantería 13, 'acostados', y que luego había echado cal viva sobre ellos.

Si bien la cp no tenía potestades para exigir la entrada a los cuarteles no se entiende la pasividad: una vez en conocimiento de la misma, reiterada versión, o bien no informó al Poder Ejecutivo para que éste ordenara la búsqueda de restos, o bien lo hizo y el Poder Ejecutivo volvió a negarse.

Esa sospecha de pasividad se funda en algunas explicaciones insostenibles dadas por miembros de la comisión a los familiares: no se puede encontrar nada porque los terrenos fueron arados. No se han inventado el arado ni la excavadora capaces de tal proeza. Salvo que se crea que la inteligencia militar uruguaya fue capaz de hacer lo que no pudo la chilena, ni la argentina, ni la serbia, para no volver a hablar de los nazis.

El voluminoso texto expone los datos aportados sobre uruguayos desaparecidos en Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay y Bolivia (véase recuadro).

Familiares

El grupo de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos considera que el informe de la cp no puede ser considerado un punto final a la investigación sobre desaparecidos. Al cierre de esta decisión Familiares señalaba méritos y carencias del informe final de la comisión. Un largo introito de agradecimientos marca el espíritu con que el grupo recibe este resultado.

Aluden luego al mensaje del presidente Batlle a la ciudadanía, en el que resuelve: 'aceptar las conclusiones contenidas en el Informe Final (...) asumiendo que estas conclusiones constituyen la versión oficial sobre la situación de los detenidos desaparecidos, hacer público el contenido del citado informe y de sus anexos (salvo el que contiene información privada para las familias)...'.

Señalan al respecto los familiares que así 'se reconoce la responsabilidad del Estado como tal en la detención y desaparición de nuestros familiares y en la instrumentación de una práctica sistemática de violación de los derechos humanos por parte de la dictadura militar'.

Consideran los familiares que la falta de información aportada por los militares y policías que consigna el informe evidencia que éstos, 'amparados en la impunidad, persisten en mantener el silencio de todos estos años, lo cual presupone de facto una voluntad tácita de continuar el crimen'.

Con respecto al capítulo sobre el destino final de desaparecidos en Uruguay entienden que, para realizar la ronda macabra de entierros, desentierros y cremaciones 'se habría necesitado no únicamente la aprobación de los autores del golpe de Estado de 1973, bajo cuya autoridad fueron detenidos ilegalmente, sino de integrantes de las juntas de comandantes en jefe muy posteriores a la fecha de su desaparición. Nos preguntamos: ¿pudieron los autores intelectuales y materiales de esa atroz acción con eliminación de pruebas no contar con aval político alguno?

¿Cuándo fue decidida y cuándo implementada? Ante esta versión planteamos la exigencia de que para confirmarla o desmentirla se actúe judicialmente con todas las consecuencias que esta acción conlleve'.

Sobre las recomendaciones con que culminan todas las comisiones para la paz o la verdad los familiares insisten en la necesidad de que se constituya en el país una Institución Nacional de Derechos Humanos a partir de la cual se promuevan y defiendan todos los derechos humanos, se preserve la información documental y se dé lugar a la continuidad de las investigaciones. En segundo lugar aspiran a que la reparación a las víctimas de desaparición forzada sea 'integral, y que especialmente tienda a la dignificación de la persona a través de hechos simbólicos, terminando para siempre con el calificativo de 'criminal''.

Expresaron su demanda de esclarecimiento de los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y su solidaridad con el poeta Juan Gelman y su nieta, 'que no puede ahora que conoce la verdad menos que sorprenderse frente a la saña criminal del fascismo uruguayo, que fue capaz de matar a una ciudadana argentina de 19 años trasladada desde un centro de reclusión clandestino de Buenos Aires a otro de Montevideo con el solo objeto de asesinarla para robarle la hija. Nuestra exigencia de que no interpongan trabas al accionar de la justicia en este caso particularmente inhumano'.

El terror en el alma

Tanto el informe de la comisión como la respuesta de Familiares plantea un fenómeno complejo vinculado sí a la idiosincrasia nacional pero sobre todo al tipo de transición que, con el concurso de todas las fuerzas políticas, adoptó el país.

La comisión reconoce, 30 años después, que hubo terrorismo de Estado y coordinación represiva, que hubo tormentos y tratos humillantes a los detenidos, desapariciones y asesinatos. Reconoce que los militares y policías no aportaron información relevante, siendo los únicos que pueden hacerlo. Y nada puede hacer una comisión que no ha sido dotada de prerrogativas coercitivas ni de facultades plenas para investigar. Del aberrante crimen reconocido en la cremación de los cadáveres se informa como quien pretende lograr con el dato un suspiro de alivio: al fin sabemos la verdad. ¿Qué verdad?

No sabemos ninguna verdad. Se nos aporta una versión improbable y sórdida: los desaparecidos fueron vueltos a desaparecer, por orden de las autoridades máximas de la dictadura, no por paramilitares inorgánicos.

Y Familiares responde con una cortesía japonesa, plena de reverencias al presidente que no ha hecho otra cosa que cumplir con un deber básico, cuyo mérito se recorta en el demérito gigantesco de sus antecesores. No es sólo una cuestión de estilo. La comisión trabajó en el marco de limitaciones previamente acordado y llegó a conclusiones hasta hoy nunca establecidas pero, en el trámite general de esta coyuntura, en el informe y en las reacciones que despierta, algo funciona como si estuviéramos aún saliendo de la dictadura.

Hace diez años el informe hubiera sido un aporte sustancial, como motor de la investigación. Hoy es un pobre resultado que servirá, como dicen los familiares, de 'punto de reinicio' en el esclarecimiento de nuestro pasado reciente, en la medida en que la contemplación de los logros no paralice la voluntad.