Montevideo, 1º/04/03 (COMCOSUR).

El Tribunal de Apelaciones de 3er. Turno confirmó ayer el procesamiento de Juan Carlos Blanco, ministro de Relaciones Exteriores durante la dictadura cívico militar encabezada por Juan María Bordaberry (Partido Colorado 1971-76) y también denegó su excarcelación provisional. Blanco está acusado de complicidad en la desaparición de la maestra Elena Quinteros en 1976. Quinteros fue sacada a rastras por personal militar de los jardines de la embajada venezolana en
Montevideo, y nunca más fue vista con vida. Cuando Venezuela pidió la restitución de la maestra, los militares pidieron un informe técnico a la cancillería. En dicho informe, altos funcionarios de ese ministerio entre los que se encontraba Blanco enumeraban los pro y los contra de "entregar o no entregar a la mujer."
Los militares optaron por "no entregarla," lo que equivalió a su condena a muerte. De todas maneras, si bien se presume que Elena Quinteros fue asesinada, hasta el día de
hoy no se han podido encontrar sus restos. Por ese motivo, el delito sigue siendo el de "desaparición forzada." La desaparición forzada de personas es un delito permanente, es
decir que se sigue cometiendo hasta el momento en que el desaparecido aparezca... vivo o
muerto. El abogado defensor de Blanco insiste en que Quinteros está muerta, prefiere
que su defendido sea acusado de homicidio porque si así fuera, el delito (cometido presuntamente hace 27 años) ha caducado. Para ello aportó el informe de la Comisión para la Paz, donde se afirma que Quinteros fue asesinada por los militares. Sin embargo, como dicho informe no aporta ninguna prueba de que ello así haya sido, el Tribunal de Apelaciones consideró que no tiene validez.
Los militares y policías que robaron, torturaron, hicieron desaparecer y asesinaron a sus
compatriotas durante la dictadura de 1973-85, gozan de los beneficios de la Ley de Impunidad y no pueden ser juzgados por sus crímenes. Pero los redactores de la ley olvidaron a los cómplices civiles de los violadores de los derechos humanos, y es así que
ahora Juan Carlos Blanco puede ser juzgado. De ser encontrado culpable, la condena mínima para el delito del que se le acusa es de seis años de penitenciaría, sin posibilidades de excarcelación, y deberá cumplir al menos la mitad de la pena antes de tener derecho a solicitar la libertad anticipada.