por Herbert Mujica Rojas

La diplomacia peruana, mejor dicho el estratégico plan de turismo que hacen los embajadores nacionales bajo el comando del ministro Allan Wagner, ha decidido, promover, ¡otra vez!, la candidatura de Diego García a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta vez, han comisionado a los diplomáticos de la Fuente, Umeres y Pérez Sánchez Cerro para que se den una vueltita por Latinoamérica con ese productivísimo cometido. Como si no fuera poca la colección de desaciertos de Torre Tagle, ahora gastamos nuevamente pólvora en fraudes como el izquierdoso caviar de que hablamos.
¿De qué derechos humanos puede predicar un Adonis de juguete que hizo pactos con el Poder Judicial que administraba coimas y libertades ilegales como concesiones a empresas transnacionales, barnizadas de una legalidad supuesta y tramposa, como fue esa aplanadora que dirigían Dellepiani, Montesinos y Fujimori? Con la que precisamente, la chacrita privada de Diego García, fautora de dólares fáciles, la Comisión Andina de Juristas, contrató con abundancia de moneda norteamericana.
¿Qué clase de juez en la CIDH puede ser un individuo que se hace hacer un libro de 350 páginas, compendio mediocre de sus viajes de turismo y producciones pseudointelectuales y que contiene más de 200 fotografías del narcisista autor del mamarracho? Diego García se ve al espejo y alucina la banda presidencial y no duda en aprovechar a todos los idiotas que, bien remunerados, le siguen el juego de conveniencias y subterfugios.
Diego García canceló el contrato de un procurador que se negó a plantearme un juicio por supuesta difamación porque le dijo, mondo y lirondo, al entonces nefasto canciller que él tenía, como persona natural, que demandarme. Hecho que, por supuesto, no se atrevió a hacer el señor de marras. ¿Así cautela los derechos humanos de sus semejantes? Ha poco Diego García se alejó del gobierno del presidente Toledo por supuestas discrepancias. Estamos comprobando que aquellas, si alguna vez existieron, se han disipado como por arte de magia. Ahora a Diego García le conviene un puestecito en el exterior y no se le ha ocurrido nada mejor que en la CIDH. Gran parte del tremendo fraude que es el sistema legal latinoamericano reside en este tipo de apetitos saca-dólares y oratorios pero que no resuelven nada de Juan Pueblo, sino de las grandes corporaciones. ¿El Estado, qué importa el Estado si de lo que se trata es de satisfacer egolatrías de petimetres despreciables y fraudes monumentales como este caso desopilante? El Perú y su régimen actual no pueden darse el lujo de botar los pocos dólares que hay en la caja en aventuras de sesgo personal y ocioso como el tema Diego García. ¿Por causa de qué, la Comisión Andina de Juristas, ONG particular y productiva, no le paga a ese señor su campaña en el exterior? ¿No se acuerda Pérez Sánchez Cerro de ciertos diálogos intensos de los cuales hay registro escrito y abundante sobre Torre Tagle? ¿La vaca se olvida cuando fue ternera? ¿Con qué derecho el Perú puede darse el lujo de gastar pólvora en fraudes de cuello y corbata y que no reportan ningún beneficio al país? La supuesta bondad del cuadro que postulan se parece mucho a la espuma de cualquier detergente, es más cosmética que savia, más ruido que nueces, más estupidez que inteligencia. ¡Así de simple! Hay que romper el pacto infame y tácito de hablar a media voz.