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El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas dio a conocer un documento en el que señala que durante 2002 registró 12 casos de tortura en Chiapas, ocurridos en ocho municipios y que involucraron a 15 víctimas directas..
En el informe especial La tortura en Chiapas, el organismo sostiene que en la entidad 'la tortura sigue siendo una práctica real, constante, general y sistemática contra la población civil, particularmente dirigida a indígenas y campesinos'..
Agrega que en el estado 'el acto de tortura es una forma de investigación policíaca, la cual está precedida de manera recurrente por una detención arbitraria, violentando así el derecho a la libertad personal, que desencadena otra serie de actos violatorios a las garantías individuales de manera sistemática por parte de las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia'..
De igual forma, sostiene que 'las acciones de dichas autoridades se remiten a equiparar o diluir la tortura en otros delitos no graves, como lesiones, amenazas, abuso de autoridad y/o brutalidad policíaca, encubriendo así las acciones violatorias por parte del gobierno estatal'. El organismo manifiesta que 'el desconocimiento de la normatividad de derechos humanos y la falta de profesionalismo de varios funcionarios es otra realidad a la que se enfrentan las víctimas', lo que se refleja en el hecho de que 'los médicos legistas y los que trabajan en el sector salud desconocen las reglas directivas para galenos respecto a la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, o castigos impuestos a personas detenidas o encarceladas'..
En el informe de 54 páginas, el organismo que preside el obispo emérito de San Cristóbal, Samuel Ruiz García, destaca que en Chiapas 'no hay una cultura de protección, denuncia ni castigo de la tortura de parte de las autoridades encargadas de erradicarla; por el contrario, sus acciones y omisiones tienen como consecuencia que persista la práctica en el estado como una grave violación a los derechos humanos de los ciudadanos y como un ejercicio cotidiano en la persecución de delitos'..
De acuerdo con el organismo, 'en los casos de tortura existe la tendencia en general de que ésta es aplicable a presos políticos o a aquellas personas que se encuentran implicadas en la política, en grupos de resistencia o de oposición, contrarios al Estado', pero los delincuentes comunes, sobre todo los acusados de delitos graves, 'suelen ser víctimas de tortura y otros tratos crueles e inhumanos o degradantes'..
El Centro Fray Bartolomé de las Casas añade que 'a pesar de que a nivel estatal y nacional existen leyes para prevenir y sancionar esta práctica, son desconocidas o no son aplicadas por las autoridades de investigación, así como por los encargados de la procuración y administración de justicia, no obstante que se tiene que perseguir de oficio'..