Latinoamérica

Por Ela Zambrano Quincenario TINTAJI / Quito
Fuente: Kinitto Lucas

El 6 de marzo el presidente ejecutivo de la estatal, Guillermo Rosero, entregó un oficio al ministro de Economía, Mauricio Pozo, en el que señala que Petroecuador se encuentra en una "difícil situación financiera", con un desbalance de 90 millones de dólares y cuentas por recuperar de 99.5 millones de dólares. Las razones principales serían: descapitalización, cuentas por cobrar, flujo de caja insuficiente, y falta de pago de planillas a proveedores y contratistas. Para cubrir estas deudas habría un acuerdo de transferir 40 millones de dólares líquidos, en este mes, para cancelar las facturas pendientes. Sin embargo, esta dificultad no se soluciona con un arreglo coyuntural.
La tumba de Petroecuador se empezó a cavar en 1993, cuando el entonces presidente del Ecuador, Sixto Durán Ballén impulsó la reforma a la Ley de Hidrocarburos. En una carta enviada al presidente Lucio Gutiérrez, Henry Llanes señala que esta ley tenía el objetivo de "transferir al capital privado, nacional y extranjero, toda la industria de los hidrocarburos, empezando por la exploración y explotación, transporte y almacenamiento, refinación y comercialización de los hidrocarburos".
Durante la administración de Durán Ballén se renovaron contratos de participación en la exploración y explotación de hidrocarburos con mejores beneficios contractuales como la exoneración del pago de regalías, aranceles de importación y de exportación, entre otros beneficios. "Cuando vinieron expertos venezolanos en Petróleo para un apoyo concreto que darán a Petroecuador y revisaron los contratos que el Estado mantiene con las petroleras, se admiraron de lo lesivos que son para la economía nacional", comenta Henry Llanez, experto en materia petrolera y actual auditor de la nacional de Petróleos.
Si las empresas privadas tienen todas las facilidades del caso, no pasa lo mismo con Petroecuador, que tiene que generar recursos para el presupuesto del Estado y para pagar todos los impuestos que impone la ley. A esta situación se debe sumar el interés de muchos grupos de poder económico vinculados con el sector de los hidrocarburos que "han venido insistiendo desde 1998, ante los distintos gobiernos, de que la actividad petrolera la deberían manejar ellos y no el Estado. Y los gobiernos han sintonizado con los intereses de esos grupos, generando un escenario de asfixia económica: un boicot financiero, desde el Ministerio de Economía y Finanzas como del de Energía y Minas, la desinversión en el sector y la propaganda de descrédito en contra de la estatal, a través de los medios de comunicación", afirma Llanes. Habrá que ver si Gutiérrez sintoniza con esos propósitos, sobre todo el Ministro Pozo.
Llanes también advierte que llevar a la muerte a Petroecuador es "jugar a la desestabilización del país", porque se estaría matando el único rubro fuerte y seguro que tiene el país. "Sin recursos del área petrolera no podrá resistir las presiones de pagos, lo lógico sería fortalecerle, depurar procesos de contratación, de compras. Para que no se puedan crear nichos de corrupción".
Nadando contra corriente Las debilidades de la estatal de petróleos son tres. La primera y más importante de ellas y que ha significado la razón de la actual iliquidez es que no existe un acuerdo sobre el monto de recuperación de los gastos de operación, porque el flujo de caja de esta empresa la maneja el Ministerio de Economía y este debería entregarle el dinero que le corresponde para que reinvierta, pero no lo hace en la cantidad necesaria, siempre le da valores inferiores. La otra desventaja que aqueja a Petroecuador es que no es una empresa pública-autónoma, administrativa, financiera y legal, su directorio está conformado por ministros de Estado y está presidido por el presidente de la República. Y el tercer punto es que opera con un marco jurídico discriminatorio frente a las petroleras privadas.
Para este año estaba proyectado un costo de 1700 millones de dólares para la producción, refinación, transporte y comercialización. El Ministerio de Economía y Finanzas ha fijado una cifra inferior en 1461 millones, (239 millones de dólares menos). Eso es contribuir más a la asfixia de esta industria. El año anterior el gasto por exportación de crudo y derivados y la venta de interna de derivados y transporte por el Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) fue de 1419 millones de dólares. Pero el Ministerio reconoció un monto de 1310 millones, es decir 109 millones de dólares menos.
Esa falta de recursos influye en la capacidad de producción por la obsolescencia en la que caminan los equipos de exploración y fundamentalmente de explotación. Lo que a su vez genera el abandono de campos de producción, y la ley a través del Contrato de Campos Marginales menciona que estos, si no son rentables, pueden pasar a manos privadas, fue así que se entregó "el campo Bermejo cuyo yacimiento genera un crudo de excelente calidad", menciona Llanez en su carta.
En 1992, Petroecuador extraía una cuota sobre 321 mil barriles, ahora son 214 mil barriles, son miles de millones de dólares menos. El año pasado se tenía previsto que la empresa tenga una producción de 96 millones, en la práctica fueron 80 millones, es decir 400 millones de dólares menos. "Los últimos gobiernos, desde Sixto Durán Ballén hasta el de Gustavo Noboa, adoptaron la estrategia de descapitalizar a Petroecuador, con el objetivo de que ésta no cumpla con sus objetivos empresariales como manda la ley. Al cabo de diez años, la producción de la empresa estatal ha caído en 100 mil barriles día, con lo cual varios campos están en la condición de campos marginales listos para ser entregados al capital privado".
____________________________________________________________________________ Les pido que inviertan en el Ecuador La respuesta a la invitación del presidente Gutiérrez debería ser "con todo gusto", porque en este país las empresas privadas tienen todas las de ganar.
La inversión extranjera, dice Llanes es correcta, "el problema son los términos". El capital privado en el Ecuador participa en más del 90 por ciento, en el área de exploración y explotación de hidrocarburos y a Petroecuador se le excluyó de la 7ma. y 8va. rondas de licitación petrolera.
Todos los campos petroleros en la Amazonia pertenecen a manos privadas, es cuestión de ver un mapa petrolero: vía contratos de participación o de gestión compartida creados por el ex presidente interino Fabián Alarcón para entregar los campos principales de la empresa petrolera a la inversión privada: Shushufindi, Auca, Sacha, Cononaco y Libertador.
Lo importante para que la inversión extranjera sea beneficiosa para ambas partes es que se cambien las reglas de juego, "las empresas petroleras están disputando el manejo de la política petrolera, control de recursos, sin Estado", recalca Llanes, por eso es importante: definir el porcentaje participación para las privadas y para el estado, el monto de regalías que deben pagar y exigir el pago de tributos y aranceles de exportación.
En Venezuela, el presidente Hugo Chávez cambió las reglas de juego. "Aumentó las regalías del 18 al 30 y eso no les gustó a las empresas petroleras, pero finalmente aceptaron. Este estado tiene fuertes mecanismos de regulación.
Los contratos nuestros son totalmente lesivos al Ecuador. Deberíamos pedir asesoramiento de Venezuela", enfatiza Llanes.
____________________________________________________________________________ El ojo en Esmeraldas La refinería de Esmeraldas, opera desde 1978, en el 2002 procesó 32.4 millones de barriles (3.63 dólares de utilidad por cada barril) de crudo que dieron una utilidad anual de 118 millones de dólares, que ingresaron directo al fisco. Genera alrededor de 6 mil plazas de trabajo, 1000 en forma directa y 5 mil en forma indirecta. Sin embargo debido a los costos de refinación del crudo que son de 3.45, arrojó, el año anterior, una pérdida de 46 millones de dólares. Esto no sucedería si la Refinería de Esmeraldas trabajara en condiciones óptimas, con un petróleo de 28 API y no de 23.9 API como está trabajando.
######################################## De: Kinitto Lucas <kinitto@ecuanex.net.ec> Intento de amedrentamiento y amenazas ¿Qué se esconde tras la "Legión Blanca"? Por Marlene Toro Quincenario TINTAJI / Quito "Imagínense que a sus 92 años le están llamando a declarar el 16 de abril a las 14H00 en el Grupo de Apoyo Operacional de la Policía Judicial"...
Este es el comentario general cuando se conoce que Nela Martínez, escritora, activista por la paz y los derechos humanos, pionera de los derechos de las mujeres, había sido convocada junto con otras 46 personas, defensores de derechos humanos, periodistas, intelectuales, pacifistas, dirigentes de movimientos sociales, diputados, y hasta ministros., por el Agente Fiscal de Pichincha para que comparezca, en compañía de su abogado patrocinador, a presentar su versión por el caso 10-003, que se sigue por Delitos contra la Seguridad del Estado. Se indica además en la citación que la recepción de las declaraciones tienen carácter reservado.
La citación está firmada por el doctor Raúl Salgado Serrano, Agente Fiscal, quien fue delegado por el Ministro Fiscal Distrital. Bajo esta escueta información y sin que medie más explicaciones, todas las personas citadas debían presentarse en las oficinas del Grupo de Apoyo Operacional, 6to. Piso de la Policía Judicial de Pichincha. La citación causó inquietud y preocupación en unos casos, sorpresa e indignación en otros. TINTAJI en reiteradas ocasiones de contactó con las oficinas del Agente Fiscal y del Ministro Fiscal para obtener información del caso. Sin embargo, no fue posible encontrarlos en ningún momento.
Consultado sobre el caso, el Subsecretario de Gobierno Virgilio Hernández, indicó que él también había sido citado; y muchas personas le habían hecho llegar su preocupación ante el tipo de citación. "Existe preocupación porque no hay mayores explicaciones en la comparecencia que se pide y sobre todo porque se plantea que sea de carácter reservado", dijo el funcionario. "Me comuniqué con el Ministerio Público y ellos me han indicado que el caso 10-03 está investigando el tema de la Legión Blanca y lo relacionado con ellos. Por eso lo de reservado", dijo. Para esta investigación la Fiscalía ha ordenado se recojan las versiones de las diferentes personas mencionados en los comunicados electrónicos de Legión Blanca. De acuerdo al nuevo código de procedimiento penal las investigaciones las dirige directamente la Fiscalía con apoyo de la policía judicial y se realizan las comparecencias en este lugar, añadió. ¿Objetivos militares?La "Legión Blanca" apareció a finales del mes de julio de 2001, mediante comunicados electrónicos en los que se amenazaba de muerte a "comunistas, socialistas, revolucionarios, periodistas, defensores de derechos humanos, homosexuales, sociólogos".
"Gloriosa y patriótica Legión Blanca, defenderemos con las armas en la mano la dignidad y grandeza de la patria!", se indicaba en esos envíos.Las amenazas, que parecían haber cesado volvieron a hacerse presentes en febrero de este año. En los últimos comunicados, no sólo que reiteran sus amenazas y vuelven a declarar "objetivos militares" a los grupos de personas indicados, sino que además se auto inculpan del incendio de las instalaciones del Congreso ocurridas en el mes de marzo.
El diputado Luis Villacís del Movimiento Popular Democrática afirmó que "el grupo denominado Legión Blanca reivindicó el incendio del Congreso" en un comunicado en el que también se señalaba: "que la opinión pública no se admire que en cualquier momento aparecerá alguien con un plomo adentro". El legislador solicitó la comparecencia del comandante de la policía, general Edgar Vaca, ante el Congreso para que informe si la institución policial conoce acerca de este grupo. Por su parte el presidente del Legislativo, Guillermo Landázuri, comentó que la denuncia de Villacís "es una hipótesis que debe ser analizada".
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) envió una carta al Presidente de la República, Lucio Gutiérrez, y otras autoridades en la que rechaza la presencia de este grupo y exige se investigue al respecto. Alexis Ponce, vocero de la APDH, señaló que en estas últimas misivas se incorporan elementos nuevos que los diferencias de los anteriores comunicados, pues delatan por primera vez que "tienen el apoyo incondicional (una suerte de Ooperaciones combinadas¹) de miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas", declaran implícito apoyo al gobierno del coronel Gutiérrez "basados en sus declaraciones en materia de política exterior (alianza incondicional con el Gobierno de los Estados Unidos y apoyo a la política del presidente colombiano Uribe)", y en materia de política económica apoyo debido a lo que en ese comunicado definen como "rectificación de sus enunciados de campaña" y a que el gobierno "ha comprendido el respeto que debe guardar a la propiedad privada, como bien absoluto de toda sociedad".
Según Ponce, incorporan por primera vez en su lista de amenazas a las agrupaciones indígenas y campesinas, y excluyen, por primera ocasión, nombres de militares amenazados, en contraste con sus anteriores comunicados en que sí amenazaron explícitamente a varios Oficiales de Fuerzas Armadas que actuaron en la rebelión social del 21 de enero de 2000.
Por su parte, la organización Reporteros Sin Fronteras que defiende la libertad de prensa a nivel mundial, también se interesó por los comunicados del supuesto grupo ya que en la penúltima misiva también amenazaba de muerte a varios periodistas, incluyendo representantes de prensa internacional y de TINTAJÍ. La organización con cede en Francia, decidió solicitar una investigación seria al gobierno ecuatoriano.
Las denuncias de Jorge Brito En diversas oportunidades, organizaciones humanitarias nacionales e internacionales como el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, se dirigieron al ex Presidente de la República, Gustavo Noboa, para presentar su preocupación por el "clima de inseguridad" creado por las comunicaciones de la "Legión Blanca", y para pedirle que se "garantice la integridad física de las personas amenazadas". Al mismo tiempo se exigió que se tomen las medidas necesarias para "identificar y sancionar a los responsables de estos comunicados". El Observatorio fue informado por instancias gubernamentales que tras las primeras amenazas se había instruido a la policía nacional para que investigase el caso y que "se había constatado la existencia del grupo paraestatal". No se proporcionó ninguna otra explicación. Frente a esto, el Observatorio indicó a Noboa: "en la situación actual de los defensores en su país (Ecuador), nos parece insuficiente esa constatación. Teniendo en cuenta el ejemplo colombiano y la situación de extrema inseguridad que sufren los defensores de derechos humanos en el país vecino, el Observatorio le urge a adoptar un signo claro de condena de las amenazas de la OLegión Blanca¹ para evitar la paramilitarización de su país y la extensión de la situación que se vive en Colombia a toda la región andina".El coronel retirado Jorge Brito, que participó en el levantamiento del 21 de enero de 2000, experto en Inteligencia, en carta pública difundida en agosto de 2001, señaló que: "a los autores de los mensajes por e-mail y de las llamadas telefónicas de la autodenominada OLegión Blanca¹ contra defensores de los derechos humanos, así como de las siguientes amenazas, habría que buscarlos en la Jefatura de Inteligencia, la Compañía de Contrainteligencia Quito y su Unidad de Inteligencia Técnica, así como en los Servicios Secretos". Las declaraciones de Brito colocaron un elemento nuevo y abrieron la sospecha sobre los aparatos de inteligencia de la propia policía nacional, dirigida por personas denunciadas por haber estado vinculadas a la violación de los derechos humanos, espionaje a políticos y represión, como el general Edgar Vaca (Ver TINTAJI Número 18) Al analizar los comunicados, el periodista Santiago Roldós en su columna de la revista Vistazo señaló también en agosto 2001: "Me asusto al preguntarme cuánta gente del Ecuador podría suscribir las declaraciones de la Legión Blanca, cuánto del lenguaje de la Legión no me remite a un gobierno como el de Febres-Cordero, que erosionó la democracia fatalmente, y cuánto de ese pasado se ha olvidado, a tal punto que el Ecuador esté dispuesto a dar una de esas violentas vueltas al pasado que acostumbra, decía Santiago Roldós".
El presidente tiene la palabra Casualmente, con la llegada del general Vaca a la Comandancia de la Policía, se reinicia en el país la campaña de amedrentamiento, que en algunos casos ha ido más allá de los mensajes electrónicos. Integrantes de Ecuador Llactacaru, organización defensora de los derechos de los emigrantes, con sede en Barcelona y Quito, en días posteriores al aparecimiento de los nuevos mensajes de la Legión Blanca, habían detectado que personas desconocidas efectuaron vigilancia sobre la guardería que esta tiene en el sur de Quito. También indicaron que "otras personas que se identificaron como miembros de la policía, bajo el pretexto de investigar las denuncias contra la Legión Blanca, procedieron a interrogar a los responsables de la guardería, realizando fotografías e intentando recabar información particular sobre los niños, sin confirmar en ningún caso si se trataba de una investigación oficial ni aportar documentación policial o judicial que los acreditara de esta circunstancia o cualesquiera otra que pudiera justificar dicha "investigación". "Han llegado a la aberración de amenazar directamente a los niños de la guardería con base a la acusación de que alberga a Ohijos de terroristas colombianos¹ (supuestamente de miembros de las FARC), hecho que no es cierto y que aunque lo fuera no por ello supondría rechazar con menor energía la vileza y repugnancia que nos provoca este tipo de coacciones", indicaron.
Así mismo, un intelectual que había sido amenazado en unos de los comunicados recibió la visita de personas que se identificaron como policías, quienes bajo el pretexto de investigar a la Legión blanca, le preguntaron cuántas veces había viajado a Cuba, y sobre sus conocidos y amigos, entre otras cosas. En medio de este clima se presentó la citación del fiscal Salgado Serrano.
Múltiples cartas se han enviado a organismos internacionales y al gobierno nacional para que frente a estos sucesos se realice una investigación seria e imparcial. Algunos se preguntan si eso es posible con los antecedentes de Vaca. Otros se interrogan si el Ministro de Gobierno, Mario Canesa, y el Subsecretario, Virgilio Hernández, tienen autoridad sobre el general Edgar Vaca o es éste la verdadera autoridad en el Ministerio de Gobierno. Los grafitis en las paredes de Quito hablan de la Legión Vaca. ¿Qué dice el presidente Gutiérrez? ____________________________________________________________________________

Es posible descubrir el origen de las amenazas Los correos electrónicos enviados por Legión Blanca vienen de la dirección electrónica legionblanca2003@yahoo.com.
TINTAJI consultó a Rodrigo Barahona, director de Intercom ­ Ecuanex, Corporación dedicada a las comunicaciones electrónicas, sobre la posibilidad técnica de conocer el origen e identidad de los emisores de estos mensajes.
Al respecto nos indicó que Yahoo, como parte de sus convenciones, prohibe explícitamente que a través de su servidor se envíen mensajes de este tipo.
Si se están realizando amenazas electrónicas se puede tomar contacto con la compañía Yahoo y ellos están en la obligación de cerrar esa casilla y de dar seguimiento a la conexión. Se puede obtener información, a través de la dirección de Internet Protocol -I.P.-, como la hora en que fue emitido el mensaje, el usuario y desde dónde se está conectando.