Wilson García Mérida
Datos & Análisis

Actualmente, por presiones directas de la Embajada norteamericana, el gobierno de Sánchez de Lozada mantiene alrededor de 2.000 efectivos del Ejército boliviano dedicados a la ilegal tarea de erradicar por la fuerza cultivos cocaleros en el Chapare, enfrentándose en recurrentes y sangrientos choques con los campesinos agredidos

Al salir de una de sus cada vez más frecuentes "visitas" al despacho del presidente Sánchez de Lozada, el embajador norteamericano David Greenlee recordó que su país mantiene la política de reducción al máximo de los cultivos de coca del país, sobre la base de acuerdos y compromisos que mantiene Bolivia con la Comunidad Internacional.

"Nosotros tenemos nuestra política bien conocida. No ha variado, no va a variar", aseguró el diplomático norteamericano con la conciencia puesta en los crímenes de Huanchaca y la masacre de Villa Tunari que se produjeron, casualmente, durante su primera misión en nuestro país, entre 1986 y 1989, cuando ejerció como jefe de la CIA y "embajador interino" en este país andino.

El médico boliviano Mario Argandoña, ex ministro de Salud y experto de la OMS, rebatiendo a Greenlee, afirma que los acuerdos a los que hace referencia el Embajador "en ningún momento contemplan matar campesinos como se lo hace en el Chapare".

La Convención de la ONU contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988, recuerda Argandoña, establece en su artículo 14 que "solamente son erradicables los cultivos ilícitos, con la condición de respetar los derechos humanos, las tradiciones y el medio ambiente".

Asimismo, el experto aclara que la propia Ley 1008 en su régimen sobre la coca (que según el propio Sánchez de Lozada debería ser "actualizada") establece en sus artículos 8 y 10 que el trópico de Cochabamba corresponde a la zona excedentaria en transición, donde no está permitida la erradicación forzosa, sino que "esta zona queda sujeta a planes anuales de reducción, sustitución y desarrollo".

La misma ley en sus artículos 12, 13 y 14 establece que "no puede privarse al pequeño productor y su familia del derecho a la subsistencia".

El gobierno sostiene que estos artículos habrían sido derogados por el decreto supremo 24963 dictado por Banzer, según el cual en Bolivia solamente existen dos zonas de cultivo de coca, la zona tradicional en los Yungas de La Paz y la zona ilegal que abarca todo el resto del territorio nacional.

"No puede una Ley ser eliminada ni modificada por instrumentos de menor categoría como los decretos", protesta el académico.

"Coca cero" igual a "antiterrorismo"

Las argumentaciones de Greenlee para la consecución militarizada del objetivo "coca cero" en la conflictiva zona del Chapare (donde moran alrededor de 40.000 familias cultivadoras de coca, en su mayoría ex mineros "relocalizados" en 1985 durante el gobierno de Paz Estessoro que cerró las minas nacionalizadas), fueron respaldadas por Washington, la semana pasada, a través de una misión encabezada por la subsecretaria de Asuntos del Hemisferio para el Narcotráfico Deborha McCarthy, quien persuadió a Sánchez de Lozada eliminar en el Chapare inclusive los cultivos legalizados de coca, pues éstos podrían constituirse en "un atractivo para el narcoterrorismo que huye de Colombia".

El embajador Greenlee sostiene que el avance de las FARC y los narcotraficantes colombianos hacia territorio boliviano es inminente, y por tanto la erradicación de cocales debe enmarcarse en esa eventualidad de "lucha antiterrorista". Esta aplicación del Plan Colombia en Bolivia implicaría el arribo de tropas norteamericanas al Chapare, ya que Greenlee mantiene relaciones muy estrechas con el Comando Sur, del que fue "consejero político" a mediados de la pasada década de los noventa.

Actualmente, por presiones directas de la Embajada, el gobierno de Sánchez de Lozada mantiene alrededor de 2.000 efectivos del Ejército boliviano dedicados a la ilegal tarea de erradicar por la fuerza los cultivos cocaleros excedentarios, enfrentándose en recurrentes y sangrientos choques con los campesinos agredidos. El Ejército boliviano, sin embargo, atraviesa un cisma institucional provocado por la posible exportación de gas hacia California utilizando un puerto de Chile (país que le arrebató a Bolivia su salida marítima en la Guerra del Pacífico de 1879), lo cual ha despertado corrientes nacionalistas entre los militares bolivianos que no garantizan sumisión plena a los designios yanquis. Por tanto, se hace tanto más urgente, para la Embajada norteamericana y particularmente para David Greenlee, precipitar la llegada de tropas del Comando Sur al territorio cocalero de Bolivia.

wgm@bo.net