En la medida que aumenta la impopularidad de la actual administración federal panista, presidida por Vicente Fox y su esposa, los riesgos de ingobernabilidad en el país son cada día más palpables. Como un secreto a voces, el gobierno que no logra mantener su autoridad en términos democráticos recurre a la represión y a hechos de violencia que preludian la vuelta a una "guerra sucia"..
Esto parece suceder con el conflicto social en México, donde los reclamos y las demandas superan toda capacidad de reacción y respuesta por parte de las autoridades: el momento más alto de esta situación lo fue en la resolución del conflicto en San Salvador Atenco, cuando los campesinos debieron recurrir a sus machetes y a una situación de fuerza para la defensa de sus tierras ante los proyectos de expropiación para la construcción de un nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México. El gobierno federal, ante distintos fracasos, debió aceptar que su única salida era dejar sin efecto el decreto, sin que haya considerado el diálogo y el consenso para resolver la cuestión..
Sin siquiera reconocer que la falta de comunicación con los campesinos ha sido una de las circunstancias que derivó en aquel desenlace, donde tuvo que suceder la muerte de un ejidatario para comprender la magnitud del problema, nuevamente se propone una escalada represiva que alcanza a luchadores sociales y de organizaciones civiles para imponer una suerte de "criminalización" del conflicto social y entender que, el reclamo, puede ser asumido en un aspecto delincuencial y no como expresión y emergencia del rezago social, campesino e indígena..
Aún perduran un cúmulo de necesidades que no son atendidas ni tampoco resueltas, lo que empuja a diferentes sectores a encabezar acciones cada vez más radicales para ser, simplemente, escuchados. Sin embargo, la lucha política que se viene produciendo en los estados, especialmente en el sureste, está polarizando las voluntades sociales y cuando éstas no son cooptadas se recurre a reprimir estas manifestaciones con las consecuencias de la violación de los Derechos Humanos y garantías individuales..
En efecto, las cárceles vuelve a poblarse de activistas y representantes sociales en una vorágine que por lo violenta se vuelve difuso su origen e impredecible en sus consecuencias. Las denuncias que se realizaron acerca de la existencia de cárceles clandestinas y torturas es una cuestión que cobra una gravedad que debiera ser atendida de inmediato por las autoridades. Pero parece ser sólo una instancia más de una escalada de impunidad que no sólo refiere al estado de Oaxaca..
En Guerrero, la existencia de presos políticos y de conciencia se da a la vez que el PRI local necesita del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, quien durante su gestión ocurrió la masacre de Aguas Blancas, para encuadrar al tricolor recientemente derrotado en el estado en ocasión de las elecciones legislativas..
Aquí en Oaxaca, el responsable del Servicio del Pueblo Mixe, Adelfo Regino Montes, fue sindicado de "guerrillero" cuando a lo largo de toda su trayectoria ha demostrado que la defensa de los derechos de los pueblos indios ha sido desde siempre su única actividad, y ninguna otra como se pretendió desde algunas instancias del gobierno estatal y que fueron sustentadas por intereses que, seguramente, nada tienen que ver con el desarrollo de Oaxaca y los oaxaqueños..
Para demostrar que en política no existen las casualidades, en el vecino Guerrero cada preso político ha sido señalado, en algún momento, como perteneciente a un grupo armado. Esto demuestra a las claras que se necesita deslegitimar la protesta social y la inconformidad a nombre de insurgencia armada, cuando en verdad no es así..
Más aún, hace ya tiempo que no existen expresiones armadas en actividad, sino que la coyuntura de las organizaciones guerrilleras está limitada a comunicados y reivindicaciones por escrito, pero no se registra actividad armada. Sin embargo, arrecian las denuncias sobre la actividad de bandas paramilitares y ejércitos privados que responden política y económicamente a distintos caciques, esencialmente afincados en las zonas más marginadas y alejadas de los centros urbanos, interesados en la explotación de los recursos naturales o bien decididos por las tierras donde se asientan algunas comunidades indígenas..
Por lo pronto, recientemente se dieron a conocer los manuales de instrucción ideados desde el gobierno federal para las corporaciones de seguridad en el sentido de cuales son las medidas que se deben seguir para reprimir al conflicto social; pero nada allí advierte como entender las causas primarias que los sustentan. Y como producto del riesgo cierto de ingobernabilidad, todo supone que puede desatarse una vorágine violenta como la actitud que un gobierno débil asume para enfrentar a la oposición y a la protesta..
Ya sea por infiltración, represión selectiva, encarcelamientos o represión masiva, cualquiera de estos recursos forman parte del criterio más reaccionario que, efectivamente, debe resguardarse en la impunidad para su ejecución. Así, el sistema democrático no puede reposar en el concepto de "seguridad interior" sino, fundamentalmente, en el resguardo de las libertades sociales y populares, donde el derecho a la manifestación y actividad política es esencial..
Por ello, la representación más acabada de la debilidad de un gobierno es cuando apela a la represión. Tras de sí queda un pueblo arrasado y con sus heridas difíciles de cerrar.. jorgelofredo@hotmail.com
Latinoamérica
