Amnistía Internacional

Ciudad de México: Con motivo de la presentación hoy, 25 de marzo de 2003, del informe Juicios injustos: tortura en la administración de justicia (Índice AI: AMR 41/007/2003/s), Amnistía Internacional ha declarado que la tortura continúa desempeñando una importante función en el sistema mexicano de justicia penal, pues los agentes del Estado hacen aún amplio uso de ella y sirve de base a gran número de sentencias condenatorias injustas..
El nuevo informe de la organización de derechos humanos documenta varios casos de violación del derecho del acusado a un juicio justo sin que el sistema de justicia penal haya ofrecido un recurso judicial efectivo..
«Estos casos son sólo un ejemplo de cómo la policía tortura aún a los detenidos para obligarlos a confesar delitos graves y de cómo estas confesiones se admiten luego como prueba en los tribunales, en contra de los principios más elementales de justicia», ha manifestado Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional sobre México. «Aunque el gobierno federal ha reconocido que se continúa haciendo uso de la tortura, la posibilidad de que se tomen medidas efectivas para poner fin a esta práctica es aún muy lejana, y quienes se ven atrapados en estos perversos mecanismos judiciales continúan sufriendo injusticias a diario.» .
Amnistía Internacional ha recibido informes sobre la existencia de irregularidades en todas las etapas de los procedimientos judiciales, lo que indica que los procedimientos de juicio justo recogidos en las normas internacionales ratificadas por el gobierno mexicano se menoscaban habitual y sistemáticamente..
El sistema judicial adolece de graves fallos debido a:.
-las detenciones arbitrarias;
-el incumplimiento del plazo legal para llevar a los detenidos ante un juez;
-la mala asistencia letrada;
-la inexistencia de exámenes adecuados de peritos médicos adscritos al Ministerio Público para corroborar los indicios de tortura;
-la insuficiente supervisión judicial de los procedimientos..
«Estos fallos del sistema perpetúan a su vez un clima de impunidad que beneficia a los torturadores y fomenta la continuidad de esta inaceptable práctica», ha añadido Rupert Knox..
Los casos expuestos en el informe de Amnistía Internacional demuestran cuán difícil resulta impugnar las pruebas obtenidas con torturas y obligar al sistema de justicia penal a reconocer que se han perpetrado abusos en nombre de la justicia. Uno de tales casos es el de los hermanos Enrique y Adrián Aranda Ochoa, que fueron detenidos en junio de 1996 y obligados, tras varias horas de tortura a manos de la policía judicial, a firmar una confesión que no se les permitió leer. Les dijeron que, si no ratificaban la confesión ante el juez, sus familias sufrirían las consecuencias. A pesar de existir pruebas médicas de tortura, su confesión sirvió para declararlos culpables y condenarlos a 50 años de cárcel. Más de seis años después, aún no se ha ejecutado una orden de detención dictada contra uno de los agentes de policía implicados en la tortura de los hermanos y éstos continúan en prisión en espera del resultado de su apelación final..
«El derecho a un recurso efectivo es un principio fundamental de las normas internacionales de derechos humanos. La negación de este derecho a las personas declaradas culpables de un delito sobre la base de confesiones obtenidas con coacción constituye una violación constante de derechos humanos que da pábulo al clima de impunidad y abusos», ha afirmado Rupert Knox..
El informe de Amnistía Internacional documenta casos que demuestran claramente el uso de la tortura para obtener confesiones y la reiterada inacción de las autoridades competentes ante la injusticia y los abusos sufridos por las víctimas. Aunque los actos de tortura mencionados en el informe tuvieron lugar durante gobiernos anteriores, las autoridades actuales tienen la obligación de garantizar que estas víctimas tiene acceso a un recurso efectivo. No obstante, Amnistía Internacional continúa recibiendo informes de tortura, siendo los casos documentados más recientes de Oaxaca y Ciudad Juárez..
«Es esencial que las autoridades comiencen a abordar no sólo el uso constante de la tortura, sino también el legado de su uso, que ha sido causa de numerosas sentencias condenatorias infundadas. Deber llevarse a cabo una revisión independiente de estos y otros casos similares a fin de prevenir nuevas injusticias -ha manifestado Rupert Knox, añadiendo-: El gobierno actual ha dejado en libertad a varios presos cuya detención era manifiestamente injusta y motivo de preocupación dentro y fuera del país, pero esta medida no es suficiente. Ahora hay que garantizar el resarcimiento a las víctimas de la injusticia y abordar la raíz del problema.» .
Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales y mexicanas de derechos humanos han puesto repetidas veces de manifiesto muchos de los problemas del sistema de justicia penal, desde la prácticas policiales hasta el papel de los fiscales, los abogados y los jueces, y también han propuesto soluciones..
El gobierno actual ha contraído importantes compromisos con respecto a la solución de estos problemas. La propuesta de Reforma del Estado y el programa de asistencia de la ONU constituyen un marco esencial para la elaboración y adopción de políticas con este fin en los ámbitos federal, estatal y municipal..
«La puesta en práctica de estas medias hace necesarios, no sólo una determinación claramente definida por parte del gobierno, sino también la aprobación y apoyo de todos los departamentos del Estado -ha advertido Rupert Knox-. Para fomentar la confianza pública en el sistema de justicia penal es esencial que el gobierno mexicano emprenda una reforma exhaustiva de éste, centrándose especialmente en todos los mecanismos que facilitan la tortura y los malos tratos y que contribuyen a la impunidad de los responsables.» .
Información general .
Este nuevo informe es el último de una serie de documentos publicados por Amnistía Internacional en el marco de su campaña a largo plazo contra la tortura y la impunidad en México..
En 2001, la organización publicó México: Justicia traicionada. La tortura en el sistema judicial (Índice AI: AMR 41/021/2001/s), donde se examinaban algunas de las razones por las que las autoridades mexicanas no abordaban efectivamente la cuestión de la tortura y le ponían fin, y México: Casos de tortura. Clamor por que se haga justicia (Índice AI: AMR 41/008/2001/s), en el que se documentaban varios casos de tortura y malos tratos que reflejaban muchas de las cuestiones de las que el gobierno necesita ocuparse.