Latinoamérica

Febrero de 2003


GOBIERNO

El balance de tres años del gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), encabezado por Alfonso Portillo y Efraín Ríos Montt, es negativo, debido a la crisis económica, política, moral y social del país, la corrupción gubernamental, la confrontación entre gobierno y el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Agrícolas, Industriales y Financieras (CACIF), el incumplimiento de los Acuerdos de Paz, el estímulo gubernamental a la reorganización de estructuras contrainsurgentes como las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y el resurgimiento de la violencia política provocada por grupos clandestinos.

Existe un clima de polarización, confrontación, violencia y desesperanza en la mayoría de los sectores de la población, golpeada por el hambre y por un sistema injusto, caracterizado por privilegios de una minoría oligárquica que se resiste al cambio.

A esta situación hay que sumar el incremento escandaloso del narcotráfico, mientras la cantidad de droga decomisada ha disminuido y la propia policía antinarcóticos robó las dos terceras partes de la cocaína incautada.

Todo lo anterior ha acelerado procesos de descomposición y aumento de la violencia, y ha puesto al descubierto a los grupos del poder oculto paralelo, que actúan al amparo del gobierno y están vinculados con el narcotráfico, el lavado de dinero y el tráfico de personas.

Las presiones estadounidenses han llevado al gobierno a realizar destituciones de varios altos funcionarios del Ministerio de Gobernación. El gobierno cerró el Departamento Operaciones Antinarcóticas (DOAN) y creó una pequeña unidad de inteligencia denominada Servicio de Análisis e Información Antinarcóticos (SAIA), se envío a disponibilidad a varios altos oficiales del ejército por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y se destituyó a varios altos funcionarios con responsabilidades en zonas de tráfico de drogas, como en los puertos.

La apuesta financiera del gobierno radica en la venta de deuda pública por 700 millones de dólares, por medio de los llamados "eurobonos". La oposición de la sociedad civil, el CACIF y la comunidad internacional a la colocación de esos títulos ha radicado en el destino de lo que se recaudará, y en el incremento en un 20% de la deuda externa. Con esos recursos se financiará la campaña electoral del FRG y se "compensará" a ex miembros de PAC. Sin embargo, la posibilidad de éxito en la venta de los títulos disminuye día a día, entre otras razones, por la descertificación de Estados Unidos, que fue un golpe a la credibilidad del gobierno.

Otro elemento preocupante es la situación de inseguridad y los motines carcelarios que se han desarrollado; el caos y la debilidad del Estado para enfrentar ciertas circunstancias son evidentes. Sin embargo, también existe una política deliberada y planificada del gobierno del FRG desde sus inicios, que ha pretendido militarizar la seguridad pública y agotar a las instituciones civiles de seguridad.

En medio de esta situación deteriorada y en crisis, el proyecto político del FRG se encuentra en medio de una condición de desgaste total, en la que la popularidad de sus líderes no va más allá del 8%, según varios estudios de opinión. Además, se encuentra en procesos de confrontación permanentes, ahora con sectores sociales, como los médicos, los campesinos, y más recientemente, con maestros, que van configurando un escenario para la debacle política del FRG en las próximas elecciones.

Sin embargo, lo más preocupante de la situación de conflictividad en aumento, provocada por un pésimo manejo político, es que en última instancia puede llevar al país a una indeseable condición de ingobernabilidad, por lo que es importante que la sociedad civil se mantenga alerta y dispuesta a reaccionar ante eventuales intentos del rompimiento de la institucionalidad.


EL EJÉRCITO

El ejército ha padecido el manoseo político de los nombramientos que realiza el Presidente por la presión de grupos del poder oculto y por las reacciones de Estados Unidos ante otras designaciones muy cuestionables, especialmente las de funcionarios que tienen que ver con el combate del narcotráfico. Esas designaciones han producido nombramientos y destituciones de jefes militares.

Un tema importante es la situación del Alto Mando del Ejército, ya que el actual Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, General de División Enrique Ríos Sosa, hijo del secretario general del partido de gobierno, está en un punto de su carrera en el que debe ser retirado, para evitar más desgaste político dentro del ejército, que es lo más probable. Pero también existe la posibilidad que sea designado Ministro de la Defensa, lo que en un año electoral sería otro desacierto más del gobierno, que incrementaría el sentimiento anti-FRG entre las fuerzas armadas.

Por otro lado, el gobierno continúa haciendo transferencias y asignando fondos especiales para el Ministerio de la Defensa Nacional (MDN), en detrimento de rubros sociales importantes. También se le siguen asignando funciones que no le corresponden, como el transporte de fertilizantes y la seguridad interior.

Otro tema ha sido la pretensión del MDN de tener el control de la Autoridad Marítima Nacional, como está manifiesto en la propuesta de ley que presentó el diputado eferregista Baudilio Hichos ante el pleno del Congreso, por la que se pretende dar al ejército facultades y prerrogativas que tienden a la militarización del Estado, como el control de actividades fiscales, sanitarias, migratorias y otras.


LAS FUERZAS POLÍTICAS

Existe una profundización en la crisis general en el sistema de partidos políticos, con una deficiente ley electoral y sin financiamiento adecuado a los partidos para su funcionamiento. Las organizaciones partidarias no han logrado una verdadera relación de intermediación entre la sociedad y el Estado. Es necesario fortalecer el sistema político partidario.

Los partidos políticos inscritos son:

El Partido de Avanzada Nacional (PAN). Es una de las expresiones políticas del Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Agrícolas, Industriales y Financieras (CACIF). Se encuentra en el primer lugar en las encuestas. Trata de captar el descontento existente contra el FRG. Para la población en general es una fuerza política de derecha dividida, con una actuación en el pasado de privatizaciones de pésimos resultados para la población y con serios señalamientos de corrupción.

El PAN ha definido a su candidato presidencial a través de elecciones primarias, con lo que solucionó una disputa interna. Óscar Berger ganó con el apoyo del poder económico. El Secretario General, diputado Leonel López Rodas, sigue disputando puestos y espacios de poder, pero todo indica que perderá el control del partido, por presiones del poder económico y del grupo de Álvaro Arzú, que ha reaparecido en la escena, arrebatando el Partido Unionista a Gustavo Porras y entregándolo a Fritz García-Gallont, con la mira puesta en la fusión de ambos partidos.

El Frente Republicano Guatemalteco (FRG). Se encuentra debilitado, dividido y desgastado por gobernar en medio de una permanente confrontación con el CACIF. Está pagando un gran costo político y social por haber aprobado en el Congreso el aumento de la cuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y por el incremento de la violencia, la corrupción y la desesperación social.

Los dirigentes del FRG se han planteado promover la candidatura presidencial de Efraín Ríos Montt, con el objetivo de cohesionar al partido, que se encuentra en franco deterioro. En mayo, tendrán que tomar decisiones electorales reales. Entonces, el propio general postulará a un candidato presidencial externo o de los llamados "portillistas", como el canciller Édgar Gutiérrez; el académico Eduardo Suger Cofiño; el Fiscal General, Carlos David de León Argueta; el presidente del Banco de Guatemala (BANGUAT), Lizardo Sosa; o el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) José Rodil Peralta, mientras a nivel de diputación se perfila Pedro Pablo Palma Lau, uno de los cooptados, que serán utilizados para dar la cara en la campaña electoral y para que carguen con el desgaste electoral, protegiendo un poco al FRG. El general, por su parte, se mantendrá en una curul, que le garantiza la inmunidad.

El FRG actualmente no tiene ni el 8% de popularidad y esto sin haber iniciado la campaña electoral, durante la cual su situación empeorará. Ya ha sido desplazado como partido por la URNG y su candidato a la Presidencia por Álvaro Colom. Es de prever una gran derrota electoral para el FRG.

La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Eligió a Rodrigo Asturias y a Pablo Ceto como el binomio presidencial, a propuesta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y el Consejo Político, avalada por las bases partidarias. Las candidaturas locales y diputaciones distritales se están decidiendo mediante elecciones primarias. Actualmente es el segundo partido político en el país, pero le hace falta posicionar a sus candidatos al mismo nivel.

Es la alternativa de la izquierda y de los Acuerdos de Paz. Durante el Foro de Sao Paulo, realizado en diciembre, en Antigua Guatemala, se demostró el prestigio interno e internacional que ha ido ganando. Está acompañando movimientos antibelicistas contra Estados Unidos identificándose con el movimiento social globalmente unificado.

En la actualidad URNG tiene más de 13 mil militantes, organización partidaria en mas de 190 municipios y una dirección conjunta de más de 100 cuadros políticos. La salida del grupo de Jorge Ismael Soto le ha reportado la renuncia de 160 militantes.

El Partido Patriota (PP). Dirigido por el general Otto Pérez Molina. Consiguió su inscripción como partido político y postulará a la Presidencia al ex eferregista y ahora enemigo del FRG Harris Whitbek. Se le vincula a políticos serranistas y a un sector del ejército, y se dice que recibe financiamiento del empresario Dionisio Gutiérrez, quien está promoviéndose para ser presidenciable. Pérez Molina está desgastado como dirigente del "Movimiento Cívico por Guatemala", financiado por Gutiérrez.

Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Grupo político que encabeza Álvaro Colom, su Secretario General y candidato presidencial. Consiguió su inscripción como partido político. La candidatura a la Presidencia de la República de Colom en 1999 por la URNG lo dio a conocer al electorado. Se encuentra en segundo lugar en las encuestas, pero hoy cada vez es más evidente su acercamiento a la derecha, lo que le ha restado fuerza. Su organización no se define ni política ni ideológicamente. Ha resultado afectada y dividida a partir del fracaso del "Movimiento Cívico por Guatemala" y por el regreso de Óscar Berger al PAN, hechos que han propiciado la salida de muchos de sus principales cuadros.

El Partido DIA. Tiene el inconveniente de ser conocido como un partido de izquierda con un candidato a la Presidencia percibido como de derecha, con lo cual se anula. Su candidato presidencial será el Rector de la Universidad Galileo y coronel asimilado Eduardo Suger Cofiño. Un primer enfrentamiento con su candidato a la vicepresidencia Ricardo Bueso provocó que el empresario se retirara, para ser el candidato presidencial de la Democracia Cristiana Guatemalteca.

Partido Unionista. Acaba de inscribirse como partido político. Es un grupo que salió del PAN y encabezaba Gustavo Porras. En la reciente asamblea nacional, Porras fue destituido y tomó el control el alcalde capitalino Fritz García-Gallont, quien representa la tendencia del ex presidente Álvaro Arzú. Arrastra todo el peso político del partido de derecha derrotado a partir de las privatizaciones y los actos de corrupción durante la gestión panista. Todo indica que los cambios lo llevarán a una alianza con el PAN.

Unión Democrática (UD). Grupo político con raíces de centro izquierda, tendencia ambientalista en 1999 y actualmente con discurso de centro-derecha. Encabeza el empresario Rodolfo Paiz Andrade, ministro de Finanzas en el gobierno de la DCG. Paiz quedó como candidato presidencial después de unas costosas, cuestionadas y no muy concurridas elecciones primarias. Es uno de los candidatos del empresariado. Ya tiene alguna presencia en la prensa escrita y alguna propaganda.

Democracia Cristiana Guatemalteca. (DCG). Su Secretario General es el ex presidente Marco Vinicio Arévalo. Por sus problemas internos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le corrió audiencia por causal de suspensión. Es una fuerza política en extinción, dividida. La más reciente confrontación se dio entre Cerezo y José Fernando Lobo Dubón, quedándose el primero con control del partido. (Lobo Dubón fue asesinado en enero de 2003.) La DCG postulará como candidato presidencial al empresario Ricardo Bueso.

Partido Libertador Progresista (PLP). Su Secretario General es Asisclo Valladares Molina. Es una ficha sin partido, además esta a punto de perder el registro, el dueño de esta ficha es Valladares, en general aliado a fuerzas de derecha, es el actual embajador en El Vaticano, aliado del FRG en las pasadas elecciones. Entre sus cuadros está Guillermo Salazar Santizo, Presidente de la Fundación para la Investigación Económica (FIE).

Los Verdes. Su Secretario General es Rodolfo Rosales García-Salas, quien es también su candidato presidencial. Es un partido pequeño sin presencia nacional, que impulsa la tendencia ecológica; hizo un buen papel en 1999 con el candidato José Asturias Rudeke, pero él no continúa en esta fuerza política.

Unidad Nacionalista. Su Secretario General es Jorge Canale Nanne. Tiene acercamientos con algunos miembros del gobierno como Rokael Cardona, y con gente vinculada al Partido Convergencia Social-Democráta. Está en pláticas con los unionistas y la Alianza Nueva Nación (ANN).

Movimiento Renovador. Se llamaba Partido Laborista Guatemalteco (PLG). Su Secretario General es Hugo Enrique Argueta Figueroa y está en proceso de suspensión. Sin embargo, la ficha la acaba de comprar Jorge Briz Abularach, presidente de la Cámara de Comercio, que se postulará como candidato presidencial.

Partido Solidaridad Nacional. Su Secretaria General es Bertha Olimpia Rivas López. La figura que está detrás de este partido es el presidente de la junta directiva del Instituto de Recreación de los Trabajadores (IRTRA), Ricardo Castillo Sinibaldi, quien sería su candidato presidencial. Tiene acercamientos con la DCG, para conformar una posible alianza.

Democracia Social Participativa (DSP). Su Secretario General es Federico Arnoldo Zea Acuña. Logró inscribirse en enero del 2003 como partido político.

Unidad Nacional Auténtica (UNA). Su Secretario General es Gerardo Villeda Guerra, el TSE recientemente lo registro como el partido político número 16.


CACIF

El poder económico tradicional ha encabezado la oposición al gobierno, porque ha visto amenazados y afectados sus intereses. Un grupo de empresarios participa en una campaña de desestabilización, que cuenta con medios impresos como instrumento y se hace de manera sistemática. Ha llevado adelante una campaña de desprestigio con fundamento en la corrupción gubernamental, causando al gobierno un desgaste importante.

El CACIF ha escogido al PAN de Óscar Berger para retomar el poder político y realizó un "esfuerzo" económico importante para que Berger ganara las elecciones primarias del PAN. Sin embargo aún no tiene el control de las candidaturas y el partido, por lo que se prevé mas "esfuerzos" para eliminar la influencia de Leonel López Rodas y el ingreso de otro grupo económico: el de Álvaro Arzú, a través de los unionistas, que acaban de depurar a Gustavo Porras para llevar a las elecciones a una sola representación del poder económico.


ESTADOS UNIDOS

Ha habido un cambio de la política estadounidense frente a la actual administración, traducida en acciones concretas, como el cambio de embajador, fuertes señalamientos de los funcionarios Otto Reich, Paul Simons y Rogelio Guevara, la descertificación de Guatemala como país no cooperante en la lucha antinarcóticos y otras.

Estados Unidos sigue siendo el actor y el factor de poder estratégico estructural de Guatemala. Ha aprovechado la coyuntura a partir del 11 de septiembre de 2001, sobre la base de la priorización de su agenda de seguridad por sobre todas las demás, desarrollando la nueva versión de la Doctrina de Seguridad Nacional. Específicamente, ha impuesto su lucha antiterrorista y ha aumentado el control de la migración.

Es clara la expansión económica estadounidense a través del impulso del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y los proyectos regionales como el TLC de Norteamérica y el Plan Puebla Panamá (PPP). Todas estas iniciativas pretenden establecer una estrategia básica: consolidar el mercado, así como el poder político-económico de Estados Unidos en América Latina, por encima de los intereses de europeos y japoneses.

La gran dependencia del gobierno de Guatemala hacia el de Estados Unidos ha llevado al gobierno de Portillo ha adoptar la posición más reaccionaria en política exterior de las últimas décadas, copatrocinando una resolución en contra de Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra de las Naciones Unidas, votando en contra de la creación del Estado Palestino, votando en contra de la presidencia de Libia en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, junto a Estados Unidos. Recientemente ha exhibido una posición de acercamiento a Cuba, motivada por la descertificación estadounidense y la próxima campaña electoral, aunque a la hora de las decisiones es previsible que adoptará la misma posición reaccionaria de los últimos años.


LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

A partir de las acciones llevadas adelante por la comunidad internacional con base en los compromisos asumidos por el gobierno ante el Grupo Consultivo sobre Guatemala, se ha avanzado en la agenda de la paz y se ha logrado instalar algunas mesas intersectoriales de diálogo, que auspician la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala. Hace falta un esfuerzo para lograr que las mesas intersectoariales de diálogo sean apropiadas por la sociedad civil y se conviertan en espacios de incidencia y diálogo permanente entre la sociedad y el Estado.

El Grupo de Diálogo, en el que participan representantes de los gobiernos de Canadá, Estados Unidos, Suecia, España, Alemania, Holanda, Noruega y Japón, así como del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala, ha incidido en apoyar las acciones del movimiento de derechos humanos y ha respaldado a las agrupaciones que han sido amenazadas por los grupos clandestinos que operan impunemente en el país.

La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) ha tenido un papel destacado en la actual coyuntura, posicionándose como verificador real de los compromisos más importantes, logrando además una interlocución permanente con la sociedad civil para lograr avances en los Acuerdos de Paz y fortalecer a organizaciones, en función de su cierre, que ocurrirá a finales de este año.

Siguen pendientes algunos compromisos importantes, particularmente los que tienen que ver con Derechos Humanos, Justicia y Seguridad. Sería conveniente que la mesa intersectorial de diálogo que abordará esta temática comience a funcionar, para lograr sintetizar las experiencias y propuestas de la sociedad civil y para que las organizaciones lleven posiciones unificadas a la próxima reunión del Grupo Consultivo.

Hace falta concretar acciones de la comunidad internacional para evaluar los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz y ante el Grupo Consultivo.


SOCIEDAD CIVIL

La sociedad civil tiene ante sí un reto, así como una posibilidad, ya que se abre una perspectiva de cambio, de poder retomar los Acuerdos de Paz con apoyo de la cooperación internacional. Es importante participar, organizarse y construir una alternativa política al actual proyecto de gobierno de militares de derecha y al proyecto de la oligarquía tradicional.

Los conflictos de tierra ya son una constante y el movimiento campesino ha mostrado una capacidad de organización y de movilización, con marchas y ocupaciones de fincas en casi todo el país, exigiendo soluciones que resuelvan una grave y compleja problemática. Pero la magnitud de los reclamos choca con la actitud de finqueros y autoridades, que ven en la represión y el desalojo la única forma de enfrentarlos. La agenda de la paz tiene las propuestas adecuadas al respecto, que los gobiernos no han cumplido.

El movimiento magisterial es una muestra de organización y combatividad, es un ejemplo de coordinación y unidad sectorial; se ha enfrentado con decisión la actitud intransigente del gobierno y su lucha tendrá como resultado una mayor fortaleza de la organización popular y una base para el crecimiento del movimiento sindical.



CONCLUSIONES

La sociedad civil tiene importantes retos. El primero es aprovechar la coyuntura actual de la presión de la comunidad internacional por la próxima realización, en mayo, de la reunión del Grupo Consultivo sobre Guatemala, para lograr cambios en el país, retomar puntos fundamentales de la agenda de la Paz y luchar por su cumplimiento. Es decir, lograr por la presión popular y la participación de la comunidad internacional un cambio en la agenda del gobierno de turno. Organizar a la sociedad alrededor de sus demandas sectoriales con visiones de largo plazo alrededor de la construcción de una nueva nación.

La organización y la participación son una obligación en este momento histórico, ya que la crisis del país debe encontrar causes donde la mejor gente aporte lo mejor de sí.

El otro reto es construir una alternativa política viable, aglutinada en la bandera de los Acuerdos de Paz, que pueda ofrecer a los guatemaltecos una opción diferente al continuismo de la derecha militar del FRG y al proyecto político de la derecha empresarial organizada alrededor del CACIF. Este es el reto de los guatemaltecos que creen en una Guatemala diferente sin exclusión, con una democracia real, participativa, con justicia social.

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