Ecuador - Adital. Marcelo Larrea*

La próxima suscripción de un acuerdo stand by, basado en la Carta de Intención que negoció con el FMI el Ministro de Economía Mauricio Pozo, con el propósito de obtener en los próximos 13 meses créditos de ese organismo por 205 millones de dólares, abre un escenario de incertidumbre sobre la viabilidad de su aplicación.
Uno de los compromisos de Gutiérrez, que originó un proyecto de ley dirigido al traspaso de la dirección de las aduanas, donde se evade el pago de impuestos por más de 1.000 millones de dólares anuales al Servicio de Rentas Internas (SRI), fue rechazado por el Congreso, poniendo en evidencia los conflictos de intereses que genera y la debilidad política del gobierno en el legislativo.
El suceso fue respondido por Thomas Pohl del Desdner Bank Latinoamerika, quien advirtió que "es posible que el acuerdo fracase este mismo año si el gobierno no busca inmediatamente mayorías en el parlamento".
Dora Currea, representante del BID, no ocultó su satisfacción con la implícita alineación del gobierno con la estrategia del fondo ni su concepto del aprendizaje ni su prepotencia y desprecio a Gutiérrez al señalar: "El gobierno en cierta manera está aprendiendo a hacer política, aunque sin duda, el Presidente lo hace rápidamente". A la vez que insistió en que, el cumplimiento del acuerdo dependerá de la habilidad del Presidente para acercarse a los diputados.
La actual mayoría se constituyó el 5 de enero pasado, violando la constitución, bajo un claro control de la alianza del Partido Socialcristiano de derecha y la Izquierda Democrática (Socialdemócrata), para impedir que se consolide una mayoría proclive al gobierno, pero liderada por la izquierda de Pachakutik. El hecho que consolidó a las tendencias derechistas en el gobierno y en el legislativo, se probó insuficiente a la hora de encarar el contrabando, protegido por diversas tendencias políticas.
Esta primera prueba que ya evidencia el riesgo del acuerdo, advierte el accidentado y candente escenario que aparecerá cuando se introduzcan las reformas tributarias que propone el fondo, y que van a afectar a los sectores populares de menores ingresos y a los propietarios de los vehículos con la elevación de los impuestos, y además, al aparato productivo golpeado severamente por la dolarización, al que se le pretende eliminar escudos fiscales.
La reforma laboral dirigida a la liquidación de decenas de miles de puestos de trabajo en el sector público, el mayor empleador del país y a la congelación de sus salarios, ya sufrió sus primeras escaramuzas, cuando miles se declararon en paro hace pocas semanas y forzaron al gobierno a reconocer pagos pendientes.
La tormenta previsible está cargando pesadamente sus nubes, con la concentración de los egresos en el pago de la deuda externa incluidos los ingresos excedentes a los presupuestados por las exportaciones de petróleo, la pretensión de avanzar en las privatizaciones de los teléfonos y el sector eléctrico y el ajuste mensual de sus tarifas, de intervenir en la seguridad social para congelar las pensiones de los jubilados y los créditos a sus afiliados y de terminar de beatificar el atraco del "salvataje bancario", que ocasionó pérdidas por más de 5.000 millones de dólares.
* Marcelo Larrea es Director del periódico "el Sucre".