"El Gobierno Nacional convocará a los medios de comunicación para que de manera concertada establezcan acuerdos de autorregulación orientados a atenuar el impacto de las acciones terroristas en la opinión pública" (Presidencia de la República de Colombia, Bases para el Plan de Desarrollo, Capitulo I, Brindar seguridad democrática) 1.
Más preguntas que certezas es lo que sugiere la "Seguridad democrática", convertida en punto axial de la gestión -y obsesión- política y gubernamental del Presidente Uribe Velez.
¿Se concibe la seguridad en su basta complejidad social, económica, política, nacional y militar? ¿Incluye acaso la recurrente inseguridad que produce el desempleo, el hambre y la pobreza de millones de colombianos? ¿Ingresa al ámbito de la preocupación estatal por la seguridad el drama de la sistemática violación de los derechos humanos?
¿Se explica la seguridad sólo a partir de los intereses empresariales de monopolio y de la inversión multinacional? ¿Focaliza la seguridad estatal exclusivamente la protección del "libre mercado"? ¿Es suficiente la alusión a la "democracia liberal" como credencial de su estirpe popular? ¿No se trata mas bien de una lamentable instrumentalización ideológica para encubrir la protección de intereses plutocráticos?
¿ Por qué la democracia participativa y el Estado social de derecho constitucionales, mas allá del recurrente y abstracto "orden democrático" que evoca la monotonía turbayista del Estatuto de Seguridad, se omiten en el inventario de principios de la política que por cierto que en un inevitable orden de prioridades, la violencia política, por su contundente impacto obliga intervenirla sin dilaciones, cierto también que el incesante flujo de los vasos comunicantes con que funciona la sociedad recomienda atender con igual encomio la violencia económica y social porque la pobreza y el hambre son combustibles de altísimo potencial, como lo confirma nuestra historia.
Omitir esta realidad es tal vez lo que provoca el desenfoque gubernamental y su falta de contexto.
Así, a lo que es una inocultable y contundente estrategia militar de guerra2 se le denomina dulce y eufemísticamente "seguridad democrática". En efecto, el corazón de lo que ya se conoce como política de defensa y seguridad democrática del actual gobierno , es un plan bélico contra la insurgencia guerrillera, la cual se pretende doblegar y someter mediante la economía de guerra y el fortalecimiento militar con tecnologías de punta.
La lectura del documento gubernamental descubre otra agenda de confrontación de las Fuerzas Armadas, con sus sesgada visión del conflicto nacional. Se mantiene el hilo conductor con anteriores estrategias que pautaron la gestión militar como el "Plan Lazo", diseñado en 1964 para alcanzar la pacificación del país; el "Plan Andes" que en 1968 contemplaba tres etapas en la guerra contra-guerrillera; el Manual Provisional para el Planeamiento de la Seguridad Nacional (1974); la "Estrategia Nacional contra la Violencia de Cesar Gaviria (1991); y el Plan Colombia de Andrés Pastrana, que ha propiciado la mayor ingerencia militar extranjera en la historia nacional (1998), con una inversión militar norteamericana cercana a los 2100 millones de dólares en el periodo 1998-20023.
La "seguridad democrática" del gobierno de Álvaro Uribe contempla en su diseño los siguientes aspectos:
i) Unos principios; ii) Los intereses nacionales; iii) Las amenazas; iv) Los objetivos estratégicos; v) Los instrumentos; y vi) El plan de seguridad que concreta la esencia de sus propósitos: tres (3) billones de presupuesto adicional para la guerra con el impuesto del 1,2% sobre el patrimonio, la red de un (1) millón de cooperantes encargada del espionaje a los ciudadanos, las Zonas de Rehabilitación, las cuatro (4) nuevas brigadas móviles, los batallones de alta montaña, los soldados campesinos, los doce (12) grupos de anti-terrorismo urbano y los sofisticados equipos militares como los localizadores y rastreadores satelitales4.
El programa militar de la promocionada "seguridad democrática" incluye una conceptualización errónea, agenciada por los flamantes asesores externos del Ministerio de Defensa (Leal, Rangel, Torres y Borrero), del papel de las Fuerzas Armadas que a la larga es lo que está llevando a la "guerra total", que combina la doctrina de la guerra de baja intensidad en lo social con estrategias de guerra en lo convencional cuando, como en este último caso, estamos abocados a la difusión de guerras no convencionales o nuevas guerras, no obstante nuestros protuberantes bemoles, que no excluyen, por efecto de una interpretación laxa que se hace de conceptos que deberían ser sólidos y de decodificación diferencial muy rígida y claramente definida como "crimen organizado", "guerrilla" y "terrorismo", la construcción de entes de naturaleza jurídica dudosa y de mandato incierto como la red del millón de informantes para combatir el "terrorismo" (es decir, todo aquel enemigo del Gobierno, de acuerdo con su arbitraria Guerra total6, que para completar, no descarta en el corto plazo, la presencia de nuevos estilos estratégicos, en el marco de la difusión global de avanzadas tecnologías, como los swarming o sistemas de combate en enjambre7, basados en el uso de pequeñas unidades autónomas, previstas de gran poder de fuego, un buen entrenamiento e información en tiempo real, lo que representa un cambio radical frente a las concepciones militares basadas en despliegues masivos de capacidad artillera, armamento blindado, grandes concentraciones de tropas y organización del ejercito en cuerpos, divisiones, brigadas y batallones de gran envergadura como los de montaña, francamente inútiles8.
Total, lo que se concibió y ejecuta, bajo el paraguas de la "seguridad democrática", es otro capítulo de la guerra sin fin que nos desangra y hace inviables como nación. ¿No será mejor abrir las puertas a la negociación política que nos permita construir una Colombia en paz y prosperidad?.
Para terminar....
Digamos que a seis meses de haberse iniciado la nueva política de seguridad ya empiezan a conocerse sus protuberantes grietas. Tres son los síntomas que hacen prever su colapso en el corto plazo:
i) el despilfarro de los recursos del impuesto adicional al patrimonio que acaba de denunciar el Contralor Antonio Hernández, propiciando el desencanto de la comunidad empresarial, tan entusiasmada incialmente con el Presidente Uribe y su modelo autoritario;
ii) el fracaso de las Zonas de Rehabilitación del Arauca y Bolívar con su dispositivo paramilitar, organizadas para proteger los intereses petroleros de las multinacionales americanas y británicas; y
iii) el estallido de la anarquía administrativa en el Ministerio de Defensa, propiciada por los caudillos militares que arrastran formas de gestión administrativa premodernas y artesanales en abierta contradicción con los estilos de la tecnocracia que lidera la Ministra Martha Lucia Ramírez, inclinada a la eficiencia y eficacia gerencial.
2 . Http://www.viaalterna .com.co/pdefensa1.htm, donde se le clasifica como Plan Estratégico de Defensa y Seguridad.
3 Leal Buitrago, Francisco, La Seguridad Nacional a la deriva-Del Frente Nacional a la Posguerra Fría, Alfa omega-Ceso-Uniandes, FLACSO-Sede Ecuador, Bogotá, 2002.
4 . Http://www.viaalterna.com.co/pdefensa.htm.
5 . Montiel T., Fernando, Europa y América Latina: La estructura del benceno y la reforma militar, Buenos Aires, 29 de noviembre de 2002.
6 . Ver El Tiempo, del 18 de agosto de 2002, Colombia acepta el reto de la guerra, p. 1, 1-2,1-3,1-4,1-5 y1-14, que contiene amplia información de los preparativos de la guerra contrainsurgente del gobierno de AUV. Ver igualmente el documento de Sweig, Julia E., ¿Qué tipo de guerra necesita Colombia? Foreing Affairs en español, otoño-invierno, 2002.
7 El sistema de combate en enjambre parecer ser la nueva frontera del pensamiento estratégico que ya se empieza a registrar en ciertas áreas militares, particularmente con los localizadores y rastreadores satelitales, según lo anota Castells en Galaxia Internet.
8 . Castells, Manuel, La Galaxia Internet, p.184, Plaza y Janes Editores, S.A., Barcelona, 2001.
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