La alta rentabilidad de la industria boliviana del petróleo y gas determina que las transnacionales inviertan un dólar y ganen 10. En el negocio de la exportación de gas a EE.UU, por cada dólar pagado al Estado en impuestos y regalías, las petroleras se embolsillarán otros 20
Econoticiasbolivia.com (La Paz, marzo 26 de 2003).-

La explotación de las ingentes riquezas energéticas de Bolivia están reportando millonarias ganancias para las transnacionales petroleras, quedando muy poco para el Estado más pobre de Sudamérica.
"La rentabilidad en la industria del petróleo y gas en Bolivia es sumamente alta: por cada dólar invertido, la empresa petrolera gana 10 dólares", admitió hace poco Roberto Mallea, ejecutivo de Repsol YPF en Bolivia, empresa que intenta, junto a otras, desarrollar un atractivo negocio al transportar gas del sur boliviano hasta los mercados de Estados Unidos.
En la Bolivia neoliberal, el gas ha sido una bendición para las petroleras extranjeras, que tienen el control absoluto y la propiedad de las reservas de este energético no contaminante. Su explotación, transporte, comercialización y venta en los mercados internos y externos es privilegio de estas mega empresas. En cambio, para el Estado boliviano y sus ciudadanos, no queda otro rol que recibir los impuestos y regalías más bajos de la región.
Este es el caso, por ejemplo, de la actual exportación de gas a Brasil. Los datos oficiales establecen que las transnacionales obtendrán un ingreso de más de cinco mil millones de dólares en dos décadas, mientras que el Estado boliviano apenas recibirá en impuestos y regalías alrededor de 80 millones de dólares al año.
Lo propio acontecería con la proyectada venta de gas a los Estados Unidos, negocio que aún no despega por la amplia oposición de sindicalistas, sectores sociales, intelectuales, militares y policías.
Los ingresos previstos para las petroleras será superior a los mil millones de dólares al año (1.369,6 millones de dólares), explicó en su momento el presidente de la transnacional British Gas, Edward Miller, mientras que en impuestos y regalías el Estado boliviano solo recibiría entre 70 a 80 millones de dólares anuales, según las previsiones del ex superintendente de Hidrocarburos, Carlos Miranda, y del experto independiente, Francesco Zaratti. Esto quiere decir que, en la exportación de gas a los Estados Unidos, por cada dólar que se entregue al Estado y a las regiones, las petroleras extranjeras se embolsillarán casi 20 dólares.
GAS A ESTADOS UNIDOS
El multimillonario proyecto de Pacific LNG, consorcio conformado en junio del 2001 por las trasnacionales British Gas (BG), British Petroleum (BP) y Repsol/YPF, consiste en la exportación diaria de 36 millones de metros cúbicos de gas hasta los mercados de Estados Unidos durante 20 años. En todo ese tiempo se estima que, desde los campos hidrocarburíferos del sur de Bolivia, se suministraría un total de 6,26 trillones de pies cúbicos de gas a la industria y a la comunidad estadounidense.
El transporte del gas, un energético cada vez más valioso por ser ecológico y poco contaminante, se daría en dos fases. La primera, consistiría en el transporte del combustible en un gasoducto desde los campos de Tarija, Bolivia, hasta el puerto chileno de Patillos en el Pacífico. En ese puerto, se instalaría una planta para licuificar el gas.
En la segunda fase, el gas ya convertido en líquido sería transportarlo en barcos metaneros, vía marítima, hasta un puerto en Norteamérica donde se lo regasificará para luego ser transportado por la distribuidora norteamericana Sempra a través de ductos hasta California, en Estados Unidos.
TODO EN MANOS PRIVADAS
La ingeniería del proyecto, la elección del puerto, las negociaciones con los compradores en Estados Unidos (el consorcio Sempra Energy, subsidiaria de Enron) y los precios de compra y venta del energético son responsabilidad exclusiva de Pacific LNG. Como es un negocio privado, el Estado boliviano solo participa como coadyuvante en las gestiones de trámite internacional para viabilizar los contratos binacionales, en la concesión de los puertos de embarque y licuefacción del gas en el Pacífico y avalando los compromisos privados en el tiempo.
Sin embargo, la generalizada percepción ciudadana sobre los escasos beneficios que reportará este negocio para Bolivia y la elección de un puerto chileno como vía de salida virtualmente han obligado al gobierno a tratar de mostrar que en materia de gas el Estado es algo más que un simple cobrador de impuestos.
Como en Bolivia hay un arraigado sentimiento antichileno, resultado de la guerra del Pacífico de 1879 y de la pérdida del Litoral marítimo, las autoridades se han dado a la tarea de generar un curioso y estéril debate nacional sobre la conveniencia de exportar el energético ya sea por puertos chilenos o por puertos del Perú, a pesar de que Pacific LNG ya hizo su elección por el puerto de Patillos, en Chile.
La salida del gas boliviano por puertos peruanos nunca fue sugerida, ni menos alentada, por este consorcio transnacional, que es en definitiva quien tomará la decisión de exportar o no el gas hacia los Estados Unidos, según las normas propias de una economía de libre mercado, vigente en el país desde 1985.
Por ello, no extrañó a nadie que días atrás, las autoridades del Ministerio de Hidrocarburos publicitaran los resultados presentados por Global Energy, una consultora contratada por el gobierno, que recomendó al puerto chileno de Patillos como la mejor vía de salida del gas boliviano, tal como quería el consorcio Pacific LNG.
En el puerto se prevé una inversión de 2.500 millones de dólares para infraestructura portuaria y una planta de licuefacción. El proyecto, en su conjunto, demandaría una inversión de 5 a 7 mil millones de dólares durante un quinquenio.
OBSTÁCULOS
P ese a ello, el negocio exportador ha sido virtualmente congelado, por lo menos temporalmente, ante el temor de nueva espiral de conflictos sociales. Mayoritarios segmentos de la población dejaron en claro, en los primeros meses del 2003, que no estaban de acuerdo con la venta de gas a Estados Unidos en condiciones tan desventajosas para el país.
La renuncia de uno de los principales impulsores del proyecto, como fue el ex ministro de Hidrocarburos, Fernando Illanes, y dificultades entre Pacific LNG y la distribuidora Energy, contribuyeron también para que el proyecto se torne mucho más incierto.