- La democracia neoliberal boliviana ha practicado sistemáticamente la violencia estatal y una abierta impunidad para preservar los intereses económicos y políticos de los grupos de poder, denunció la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia.
Desde 1985, año que se instaura en el país el modelo de libre mercado, se han producido 180 muertes en conflictos sociales, más de seis mil heridos y más de 10 mil personas detenidas indebidamente, según el recuento del organismo defensor de los derechos humanos.
"No existe ningún detenido ni se ha sancionado a los culpables de la violación de los derechos humanos. La impunidad es una política de Estado, al igual que la violencia estatal", aseguró el vocero de la Asamblea, Sacha Llorenti.
En un balance de la situación de los derechos humanos en Bolivia, Llorenti dijo que la reciente convulsión social, protagonizada por cocaleros, campesinos, policías, trabajadores y clases medias, en los primeros dos meses del 2003, han confirmado la existencia de políticas institucionalizadas contrarias a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
"Hay una espiral ascendente de violencia estatal, que está directamente relacionada al ascenso de las protestas sociales. Cuanto mayor es la movilización popular, mayor es la violencia estatal".
Otra peligrosa manifestación de la intolerancia estatal es la "criminalización de la protesta social", por la que los dirigentes y luchadores sociales son las principales víctimas de la represión, que ahora ya asume características de violencia extrema con la irrupción de francotiradores que eliminan a los revoltosos, aseguró la Asamblea.
FRANCOTIRADORES
"Los militares disparan contra la gente porque tienen la total seguridad de que no serán procesados. El ejército sale a matar y esa es la expresión más salvaje del Estado".
La huella de los francotiradores está fresca en el recuento de la organización defensora de los derechos humanos. "En abril del 2000, en la guerra del agua, se comprobó la existencia de por lo menos un francotirador del ejército (Robinson Iriarte), quien inicialmente fue procesado y luego absuelto y promovido de grado en la institución militar. Lo propio ocurrió con las masacres de mineros en Capacirca, Amayapampa y La Huachaca, donde francotiradores del ejército acribillaron, con disparos de precisión, al dirigente minero Galo Luna y al profesor rural Rogelio Callisaya".
En la revuelta cívico policial del 12 y 13 de febrero de 2003, la presencia de los francotiradores, que acribillaron a varios de los más de 30 muertos en la alzamiento popular de La Paz, también fue documentada con videos y grabaciones presentadas en los canales de televisión.
"Ellos (los francotiradores) tienen la misión de bajar la moral de los revoltosos. Eliminan a los líderes y símbolos que consideran como enemigos. Por ello también dispararon contra el hombre de la bandera blanca (quién en medio del conflicto de social de febrero fue herido a bala cuando convocaba a la pacificación en el centro de la ciudad de La Paz)", explicó Llorenti, preocupado por las graves consecuencias que puede tener este accionar gubernamental.
ESPIRAL DE VIOLENCIA
Y es que la violencia estatal y la total impunidad están generando una violencia "reactiva" de los más pobres. "Desde el 2000 se va generando una violencia reactiva, no legal, pero legítima. El movimiento popular boliviano se ha caracterizado por el uso de vías pacíficas para protestar (marchas, caminatas, huelgas de hambre, crucifixiones, etc), pero ante la sistemática violencia estatal, están comenzando a responder con violencia".
"En contraposición a lo que ocurría antes, en las jornadas de lucha del año 2000, murieron más efectivos militares que cocaleros", explicó Llorenti, quien cree que "la violencia ya es parte de la polarización y de la fractura social. La reacción violenta de la gente, de la población civil, es cada vez más frecuente, y esto puede generar graves consecuencias para la sociedad y el futuro del país".
Según la Asamblea, "una democracia, como la boliviana, que viola sistemáticamente los derechos humanos, ya no es una democracia".
BALAS CONTRA LA DEMOCRACIA
El recuento de la violencia estatal de la democracia neoliberal contra los movimientos sociales, tiene como principales hitos los siguientes hechos:
* Gobierno de Víctor Paz Estensoro (1985-1989):
o Estado de sitio, represión y masivas detenciones
o Masacre de Parotani
*Gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993):
o Estado de sitio
o Ejecución extrajudicial de 4 personas
* Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997):
o Estado de sitio (6 meses)
o Tres decenas de muertos
o Masacres de Eterazama, Capacirca y Amayapampa (En esa ocasión, Sánchez de Lozada, como ahora, trata de aparecer como víctima y denuncia que grupos guerrilleros fueron los causantes de la violencia. Incluso da a conocer una lista de conspiradores)
* Gobierno de Hugo Banzer Suárez (1997-2001):
o Violencia inusitada
o Decenas de muertos en el Chapare, en la guerra del Agua y en Achacachi
*Gobierno de Jorge Quiroga Ramírez (2001-2002):
o 30 personas muertas
o Asesinato del dirigente cocalero Casimiro Huanco, ejecutado por militares
*Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (agosto 2002- febrero 2003):
o Represión en el trópico de Cochabamba en enero del 2003 y en las calles de La Paz y en los caminos de Oruro, Chuquisaca, Potosí y Cochabamba en febrero
o 57 muertos, 600 heridos y más de 2 mil personas detenidas indebidamente