Latinoamérica

Cronología básica
No es por casualidad que todavía se discute si el golpe de Estado de 1973 fue en junio o en febrero. ¿Cuál fue el hecho culminante? ¿La disolución del Parlamento o el sometimiento definitivo al poder militar de un presidente surgido de una elección democrática? Hoy, viernes, se cumplen tres décadas de la carta abierta en la que Amílcar Vasconcellos anunció la inminencia de los hechos que marcaron aquel "febrero amargo": los comunicados 4 y 7 -cuyo texto se transcribe íntegramente- y el pacto de Boisso Lanza.
Miércoles 31 de enero
En una "Carta al pueblo uruguayo", el senador colorado Amílcar Vasconcellos, advirtió la irrupción de las Fuerzas Armadas en la conducción política del país.
"Nadie, (...) salvo por cobardía, por comodidad o por ceguera histórica tiene el derecho de ignorar que hay en marcha en este nuestro Uruguay -más allá de las declaraciones que se hayan hecho y que se puedan hacer- un movimiento que busca desplazar a las instituciones legales para sustituirlas por omnímoda voluntad de los que pasarían a ser integrantes de la 'internacional de las espadas'", señalaba Vasconcellos. "El pueblo tiene que saberlo porque él, y sólo él, es capaz de evitar que esta afrenta, vergonzosa y ultrajante, pueda ocurrir", sostenía el dirigente colorado, quien relataba a continuación algunos de los hechos en que fundaba sus afirmaciones.
Aseguraba, por ejemplo, que "los mandos militares han hecho publicaciones enjuiciando al propio presidente de la República, sin conocimiento del ministro y naturalmente sin conocimiento del enjuiciado, y el ministro Malet -a quien se llevaron por delante dichos mandos- se solidariza con la crítica del Poder Ejecutivo e increíblemente se mantiene en la cartera ministerial". Y escribía también que "la prensa hace referencia a declaraciones de jerarcas militares que en esencia intentan justificar la subversión señalando: ella es la consecuencia de la corrupción, y para hacerlo, al señalar que en tales o cuales sectores de la administración esta corrupción existe, no vacilan en incurrir en actos que son de por sí básicamente corruptores porque son subversivos al llevarse por delante sus mandos naturales y al entrar en declaraciones y valoraciones políticas que les están vedadas". Más adelante expresaba: "Que alguien pretenda justificar la existencia de la subversión porque en algunos sectores aparezcan elementos de corrupción sólo puede explicarse si existe -como existe y lo hemos probado con lecturas de documentos en el Parlamento-, un deliberado propósito de ir capitalizando hechos para justificar el progresivo desplazamiento del control de la administración -por ahora- para pasar en el momento que se estime oportuno al control del gobierno prescindiendo de las normas constitucionales vigentes".
Y culminaba Vasconcellos su carta en estos términos: "El dilema para nosotros es muy claro: o defendemos las instituciones contra quien sea -subversión de donde venga y cualquiera que sea el pretexto que adopte y el nombre o condición del subversor-, o dejamos, los gobernantes por el pueblo, de cumplir con nuestra obligación y entregamos el país al caos, a la dictadura que siempre lleva consigo todas las corrupciones, todas las arbitrariedades y todos los latrocinios. Estamos a tiempo: que se movilicen los partidos políticos, que se adopten medidas a nivel gubernamental para que los ministros hagan respetar su investidura y no marchen al son que toquen sus subordinados; que cada uno actúe dentro de las atribuciones que le marca la ley. No tenemos duda de clase alguna de que, para la defensa de las instituciones -salvo algunos sectores de espaldas al país- todos los partidos políticos responsables están dispuestos a aportar su esfuerzo. Todo es todavía simple con un poco de decisión; todo es inmensamente difícil ya si no hay ánimo y voluntad de decirle a la República: en el Uruguay sólo mandan las instituciones, fiel reflejo de la voluntad popular, a través de sus gobernantes electos por la ciudadanía en función de las normas que regulan nuestro ordenamiento jurídico. Los demás, están de más. Y si entre su ambición personal y el país, prefieren la primera, que le hagan un gran bien a la República, a sí mismos y a sus descendientes: que se retiren, todavía con honor, a la vida privada.
Que nadie se haga ilusiones: Latorre llega y nadie ha olvidado cómo se tuvo que ir; los 'latorritos' que tratan de llegar -aunque puedan lograrlo mediante la ayuda de cobardes y traidores-, que no olviden la lección histórica".
Jueves 8 de febrero
Con el propósito de controlar la efervescente situación militar, a primera hora el presidente Juan María Bordaberry sustituye al abogado Armando Malet por el general retirado Antonio Francese al frente del Ministerio de Defensa Nacional.
En la mañana de ese día el nuevo ministro se reúne con los mandos de las tres fuerzas y sólo encuentra respaldo en la Armada.
A las ocho de la noche, desde el canal oficial -en el espacio reservado a las Fuerzas Conjuntas- los jefes del Ejército y la Fuerza Aérea anuncian que desconocerían las órdenes de Francese y reclaman a Bordaberry su relevo.
A las diez y media de la noche, desde Canal 4, Bordaberry anuncia que mantendrá a Francese en el ministerio y convoca a la ciudadanía a reunirse en la plaza Independencia, frente a la Casa de Gobierno. Allí le acompañaban los ruralistas Juan José Gari y Olga Clérici (viuda de Benito Nardone) y varios otros dirigentes blancos y colorados de poco peso. A la convocatoria a la plaza responden unos 200 ciudadanos.
Viernes 9
En las primeras horas de la madrugada los fusileros de la Armada, mediante barricadas, cierran la entrada a la Ciudad Vieja. En respuesta, el Ejército saca sus tanques a las calles.
Por la mañana, el Ejército ocupa varias emisoras de radio, desde las cuales exhorta a los miembros de la Armada a unirse a sus planteos.
Se emite el comunicado número 4, firmado sólo por los mandos del Ejército y la Fuerza Aérea, cuyo contenido es evaluado, según la primera lectura de varias agencias de prensa, como de contenido "peruanista". Esa interpretación también fue la de varios sectores y dirigentes de la izquierda, en particular el Partido Comunista, que observaron con expectativa muchos de los postulados del documento. La controversia se extendió en los días y semanas siguientes a la prensa de izquierda: los editoriales de El Popular, por un lado, y de Marcha, por el otro, expresaron puntos de vista antagónicos al respecto.
En la noche, en un acto celebrado en la Unión -y que estaba previsto antes de esos acontecimientos-, el presidente del Frente Amplio reclamó la renuncia de Bordaberry, pidiéndole que en "un gesto patriótico" se fuera para su casa.
El presidente acepta el planteo castrense y releva al general Francese como ministro de Defensa Nacional.
Sábado 10
En nombre de Bordaberry, tres miembros de su gabinete -entre ellos Juan Carlos Blanco- intentan un acercamiento con las posiciones de los mandos militares insurrectos, que le permita conservar el cargo.
Por la noche, los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea emiten el comunicado número 7, una especie de agregado al de la víspera.
Domingo 11
La Armada se pliega a la posición del Ejército y la Fuerza Aérea.
Lunes 12
Bordaberry concurre a la base Boisso Lanza, acepta todas las exigencias de los mandos militares y pacta su continuidad en la Presidencia. Cuatro meses y medio después dispondrá la disolución del Parlamento y transcurrirán exactamente 40 meses hasta que sea relevado por Alberto Demicheli, a su vez sustituido, un mes después, por Aparicio Méndez. Años más tarde, el lugar que inauguró Bordaberry será ocupado por el general Gregorio Álvarez.

Comunicado número 4
La opción entre los militares y el caos
Los mandos militares conjuntos del Ejército y la Fuerza Aérea, ante la crisis que afecta al país y a los efectos de despejar hasta la última duda que pueda existir en el espíritu de todos los uruguayos sobre las causas que la han ocasionado, sienten el deber moral de informar lo siguiente:
1º. Si bien se ha manifestado la solicitud al señor presidente de la República de que disponga el relevo y se ha declarado la decisión de desconocer la autoridad del señor ministro de Defensa Nacional, se expresa con la más absoluta lealtad hacia el pueblo y sus autoridades nacionales que dicha posición no obedece a que se cuestione la persona misma del mencionado jerarca, sino lo que él representa y las graves consecuencias que derivarían del ejercicio de su cargo.
2º. Inmediatamente de asumido su cargo, el actual ministro puso de manifiesto encontrarse empeñado en cumplir la tarea de impedir mediante la desarticulización de los mandos, que las Fuerzas Armadas cumplieran con la misión de alcanzar los objetivos que se han impuesto, de restablecer el orden interno y brindar seguridad al desarrollo nacional en procura del bienestar general dentro del sistema democrático republicano de acuerdo con la filosofía actual de las Fuerzas Armadas.
3º. En consecuencia, es preciso establecer inequívocamente cuáles son los objetivos propuestos y qué metas se aspiran alcanzar para determinar enseguida, con diáfana claridad, las intenciones y propósitos que guiaron en los últimos tiempos los procedimientos a que se ajustó la conducta de las Fuerzas Armadas y que son, sin duda, la causa principal y motivo de la designación cuestionada adoptada, según se entiende, en un claro pero imposible intento de cerrar para siempre los nuevos caminos emprendidos, los que enseñaron una nueva mentalidad que fuera avalada por el señor presidente en múltiples ocasiones, a través de la aceptación de exposiciones verbales y documentos que le presentara, oportunamente, la Junta de Comandantes en Jefe.
4º. Los integrantes de las Fuerzas Armadas, a todos los niveles, tomaron conciencia plena de la problemática que afecta al país, a través de su especial participación en el quehacer nacional ocurrida en el último año y han valorado la gravedad de la situación, la que exige una reacción firme, con la participación honesta de todos los sectores del pueblo uruguayo, porque en su defecto, irremediablemente se llegará al caos total.
5º. Se han planteado entonces, procurar alcanzar o impulsar la obtención de los siguientes objetivos:
a) Establecer normas que incentiven la exportación, estimulando a los productores cuya eficiencia y nivel de calidad permitan colocar la mercadería en plazas del exterior a precios competitivos.
b) Reorganización del servicio exterior, adjudicando los hombres más capaces a aquellos destinos diplomáticos en los que una gestión inteligente, dinámica y audaz, permita al país obtener beneficios económicos crecientes, dando prioridad en su gestión al intercambio comercial exportador. Velar porque sólo sean designados en representación de la República, a todos los niveles, personas que procedan no sólo con entusiasmo y dedicación, sino que ostenten una moral acrisolada, indispensable para actuar con dignidad en su nombre.
c) Eliminar la deuda externa opresiva, mediante la contención de todos aquellos gastos de carácter superfluo, comenzando por la reducción de todos los viajes al exterior de funcionarios públicos de cualquier índole, salvo que aquéllos sean absolutamente indispensables, y la concertación de créditos, sólo para su utilización en inversiones que aseguren un aceptable reembolso posterior.
d) Erradicación del desempleo y la desocupación mediante la puesta en ejecución coordinada de planes de desarrollo, que utilicen el máximo de mano de obra nacional, con el mínimo de incidencia en la deuda externa.
e) Atacar con la mayor decisión y energía los ilícitos de carácter económico y la corrupción donde se encuentre, procurando que la moral privada y pública nuevamente constituya un elemento principal en la personalidad del hombre uruguayo, creando, a los efectos, tribunales especiales para tratar en la materia y dando participación decisiva a los comandos militares en el esclarecimiento de los hechos dada su grave incidencia en los problemas de seguridad interna.
f) Reorganización y racionalización de la administración pública y el sistema impositivo, de modo de transformarlos en verdaderos instrumentos de desarrollo con el mínimo de esfuerzo para el erario público.
g) Redistribución de la tierra buscando la máxima producción por hectárea, mediante regímenes impositivos justos y técnicos, y una tenencia más racional, de manera de asegurar el acceso a la propiedad a quien la trabaje.
h) Creación, fomento y defensa de nuevas fuentes de trabajo, y el desarrollo de la industria en base a las reales posibilidades y necesidades nacionales.
i) Extirpar todas las formas de subversión, que actualmente padece el país, mediante el establecimiento de adecuada legislación para su control y sanción.
j) Designar en los entes autónomos y servicios descentralizados a los hombres más capaces y con mejores aptitudes para el desarrollo de la función que se considere, sin tener en cuenta para ello un criterio de cuotas por partidos o sectores, sino el elevado propósito de asegurar el mejor y más eficiente funcionamiento del servicio público.
k) Asegurar la intervención o la representación de las Fuerzas Armadas en todo organismo o actividad que tenga relación con aspectos concernientes a la seguridad y soberanía nacional.
l) Realizar los mayores esfuerzos, a fin de canalizar la mayor cantidad posible del ingreso nacional fortaleciendo la capacidad productiva de toda la población y aumentando simultáneamente el ahorro. En ese sentido, conscientes de que la distribución del ingreso es de las cuestiones que más estrechamente se encuentran asociadas a la distribución de poder, asegurar paralelamente al aumento del ingreso nacional que se obtenga en cada período, un aumento en la participación de los grupos menos favorecidos, tanto en términos absolutos como relativos.
m) Establecer disposiciones que permitan combatir tan eficazmente como sea posible los monopolios, instrumentando medidas que posibiliten la mayor dispersión de la propiedad y un mayor control público de los medios de producción. Asegurar el interés obrero por impulsar y mejorar la producción, arbitrando soluciones que estimulen la participación de los mismos en la dirección de las empresas, tanto en el sector público como en el privado.
n) Apoyar a través de una política crediticia adecuada aquellos sectores de la economía que se estiman prioritarios, dando preferencia a los medianos y pequeños empresarios y a las cooperativas de producción que deberán gozar de especiales beneficios conferidos por ley para su expansión en todo el país.
o) Vigilar que todos los ciudadanos compartan en forma justa y de acuerdo con sus reales posibilidades económicas, la carga común representada por los gastos del Estado, fiscalizando se recauden sin evasiones tributarias, especialmente los derivados de capitales improductivos.
p) Aceptar una inflación medianamente controlada, en tanto se estudian los cambios que permitan elaborar una táctica acorde con una concepción racional a largo plazo capaz de superar las causas estructurales y profundas, adoptando por ahora medidas de corto plazo que eviten descontentos excesivos y aseguren mantener por lo menos la posición relativa de los distintos grupos en la distribución del ingreso.
6º. Colaborar en alcanzar lo señalado precedentemente mediante el desarrollo de una política de acción conjunta de las Fuerzas Armadas, que se ajuste a los siguientes preceptos:
a) Manteniendo permanentemente total cohesión en las Fuerzas Armadas, vigilar la conducción nacional en procura de los objetivos fijados, gravitando en las decisiones que afectan el desarrollo y la seguridad, mediante el mantenimiento de un estrecho contacto con el Poder Ejecutivo, y la presentación oportuna a través del planteamiento de la posición que las Fuerzas Armadas adopten en cada caso.
b) Manteniendo a las Fuerzas Armadas al margen de los problemas sindicales y estudiantiles salvo que lleguen por su intensidad a poner en peligro la seguridad. Previa anuencia del Poder Ejecutivo, iniciar una política de realizaciones eficaces y concretas, apoyando o tomando a su cargo planes de desarrollo o interés nacional, aprovechando sus capacidades técnico-profesionales.
c) Proceder en todo momento de manera tal de consolidar los ideales democrático-republicanos en el seno de toda la población, como forma de evitar la infiltración y captación de adeptos a las doctrinas y filosofías marxistas-leninistas, incompatibles con nuestro tradicional estilo de vida.
7º. En consecuencia, quien ocupe la cartera de Defensa Nacional en el futuro deberá compartir los principios enunciados, entender que las Fuerzas Armadas no constituyen una simple fuerza de represión o vigilancia, sino que, integrando la sociedad, deben intervenir en la problemática nacional, dentro de la ley y comprometerse a trabajar, conjuntamente con los mandos, con toda decisión, lealtad y empeño, a fin de poder iniciar la reorganización moral y material del país.

Comunicado número 7
Una posdata con varias precisiones
Los mandos militares conjuntos del Ejército y la Fuerza Aérea dieron en el día de ayer a conocimiento del pueblo de la República el comunicado número 4/73, que sintetiza, en un primer documento, lo que constituye, hasta este momento, el pensamiento claro y la posición concreta adoptada por las Fuerzas Armadas, ante diversos problemas que afectan a la realidad actual y particular del Uruguay. A dicha posición se ha llegado luego de meditados estudios y análisis pormenorizados de cada uno de los temas considerados oportunamente, a nivel de los órganos militares de asesoramiento y planificación.
Entienden conveniente ahora efectuar las siguientes precisiones:
1º. Aunque resulte obvio señalarlo, los diferentes campos de la problemática nacional en que se advierten situaciones conflictivas de gravedad variable, abarcan problemas, en algunos casos, más amplios y diversos que los diecinueve objetivos ya considerados en el mencionado comunicado. Éstos también exigen adoptar, de acuerdo con un orden prioritario de urgencia, las soluciones más adecuadas a la situación actual del país.
2º. Puede entonces pensarse que el documento considerado ha sido insuficiente, por lo parcial, e inadecuado, por lo limitado de los objetivos allí establecidos. Tal pensamiento, básicamente, debe ser compartido por todos los ciudadanos por ser estrictamente cierto. Indudablemente ello tiene una explicación clara y lógica que se desea precisar para que sea totalmente comprendida.
3º. Existen objetivos básicos permanentes, de gran alcance, que son igualmente deseados por todos los uruguayos y que sólo admiten pequeñas variantes en la estrategia a seguir para alcanzar su plena satisfacción, por lo que aún, a pesar de ser de importancia fundamental, se creyó innecesario provisoriamente incluirlos en el documento.
4º. Tal el caso, por ejemplo, de la preservación de la soberanía y la seguridad del Estado, que a su indiscutible y singular vigencia permanente, une la condición de ser unánimemente procurada y deseada por todos los orientales. Quede, sin embargo, perfectamente establecido que ese punto, para las Fuerzas Armadas, invariablemente ha sido y será, con el mayor fervor, determinación y empeño, motivo esencial de su existencia y causa de sus mayores desvelos. Para ello, hasta sus últimas consecuencias, habrán de exigir de todos los orientales, en la medida de la responsabilidad individual de cada uno, no sólo la defensa territorial de la patria, sino también, y muy especialmente, la de su más absoluta libertad de decisión. Ésta deberá ejercerse tanto en los asuntos internos del Estado como en los variados problemas de las relaciones internacionales, sin otra limitación que las libremente aceptadas en convenios suscritos por propia voluntad.
5º. No han pasado tampoco inadvertidos, ni fue descartada su consideración, ninguno de los problemas esenciales de la actual coyuntura nacional, porque como es lógico, quienes se encuentran profundamente preocupados por el futuro del país no pueden descuidar, entre otros, algunos objetivos básicos de evolución tales como:
a) Desarrollo energético.
b) Desarrollo de vías de comunicación y transporte.
c) Modernización, tecnificación y adecuación de la enseñanza a las reales necesidades que exige el desarrollo nacional.
d) Establecer una política de precios y salarios que asegure el mantenimiento del poder adquisitivo a todos los niveles, sin afectar la producción.
e) Garantizar a todos los habitantes del país la más alta calidad de asistencia médica, cualquiera que sea su capacidad económica.
f) Fomento de la descentralización procurando radicar en el Interior la mayor cantidad posible de empresas y servicios. Estos objetivos no fueron incluidos en el documento, sin embargo, por encontrarse aún en etapas de estudio y análisis, que habrán de exigir todavía un proceso de elaboración, antes de que se llegue a adoptar una posición definitiva.
6º. Por último, se considera imprescindible establecer que las Fuerzas Armadas no se adhieren ni ajustan sus esquemas mentales a ninguna filosofía política partidaria determinada, sino que pretenden adecuar su pensamiento y orientar sus acciones según la concepción propia y original de un Uruguay ideal, meta inalcanzable pero intensamente deseada, ya que ofrecería el mayor bienestar y felicidad para todos sus hijos.
Este concepto se complementa con la aspiración de crear y consolidar en la totalidad de los uruguayos la "mística de la orientalidad", que consiste en la recuperación de los grandes valores morales de aquellos que forjaron nuestra nacionalidad y cuyas facetas básicas son: el patriotismo, la austeridad, el desinterés, la generosidad, la honradez, la abnegación y la firmeza de carácter. Ello facilitaría que fuera realidad el reencuentro de los orientales, permitiendo que la República se proyecte hacia la consecución de sus más elevados destinos.
Resumiendo, en base a las exposiciones efectuadas sobre la mentalidad y posición adoptadas por las Fuerzas Armadas, se declara que constituyen la resultante del esfuerzo inteligente de muchos hombres, que aun en posiciones ideológicas partidarias muy variables, propias de nuestra compleja realidad nacional, poseen en común dos elementos: anteponer el interés general al personal y ser integrantes de las Fuerzas Armadas. Formados en sus duras disciplinas, no es de hoy el compromiso contraído con el pueblo al que pertenecen. Sus conciudadanos pueden tener pues la seguridad de que no improvisarán y que se encuentran profundamente convencidos de que no existen fórmulas milagrosas que puedan aplicarse por receta, sino que, sólo interpretando con el menor margen de error posible los sentimientos y deseos generales del pueblo y conciliando con justicia los intereses opuestos, podrán en cada caso particular recomendar la adopción de las soluciones más adecuadas.
Saben que así estarán cumpliendo con su deber y con su ideario artiguista con el cual se encuentran doblemente consustanciados dada su simultánea cualidad de orientales y soldados.