No es delito luchar contra el hambre, dicen; expresan estar dispuestos a cuidar la selva
Hermann Bellinghausen Enviado

Municipio Autonomo Libertad de los Pueblos Mayas, Chis., 9 de febrero. Indígenas de tres comunidades de Montes Azules coincidieron en que se resistirán al desalojo aunque les cueste la vida. "¡Mátennos, mátennos!", gritaban mujeres y niños en diciembre pasado a la patrulla de la Secretaría de Marina que se aproximó a Nuevo San Rafael para exigirles abandonar el lugar. Los marinos tuvieron que retornar a sus lanchas y retirarse por el río Lacantún.
"Hace dos años entramos a vivir. Después llega Profepa y Semarnat y uno de ellos dice que nos tenemos que hacer de ahí. Le digo: 'Máteme aquí, no me voy a salir'. Me dice: 'No te voy a matar, te tienes que ir'. Pero nosotros decimos que no, aquí vamos morir", dice a La Jornada el representante de Nuevo San Rafael, una de las comunidades asentadas en Montes Azules que el gobierno federal pretende desalojar, según se reveló en diciembre pasado.
El hombre se quita el sombrero para hablar. Lo rodean representantes de Paraíso y 8 de Febrero, otras dos comunidades de la zona, en las inmediaciones del Ixcán mexicano (por diferenciarlo del Ixcán guatemalteco, más allá del Lacantún y la frontera). Las autoridades ambientales y judiciales andan tras ellos desde diciembre pasado.
Niega haber "invadido de mala fe", como afirma el gobierno. "Es la necesidad de la tierra. Lo que queremos es que se cumpla ley de Emiliano Zapata", explica.
"Estamos organizados para morir todos si es necesario, por defender el derecho de cada indígena a la tierra. Es la selva, sabemos que tenemos que conservarla. Hacer la agroecología. No terminarla."
Han recibido del gobierno presiones y amenazas de expulsión, patrullajes del Ejército y la Marina. Cuando el 19 de diciembre Profepa y la policía desalojaron a los indígenas asentados en Arroyo San Pablo (Lucio Cabañas), se encontraban muy aislados. Hoy, ya no tanto.
"En mayo vino gente del gobierno con lo mismo. Les dijimos: 'La última palabra es: aquí mátennos'. Y no nos mataron", dice con dureza y candor.
"Luego quiso llegar más gente, sin identificarse, y los tuvimos que correr. El 15 de diciembre vinieron de la Marina. ¿Es que quieren iniciar la guerra a como dé lugar?", se pregunta el hombre. "Están pasando helicópteros del Ejército, nos han querido atrapar en nuestros trabajaderos, pero no somos pollitos que así nomás nos puedan agarrar."
En un comunicado que se publicó el 30 de diciembre, el subcomandante Marcos anunció que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) no permitirá la expulsión de los poblados de Montes Azules: "No habrá desalojos pacíficos". Dos días después, durante la multitudinaria marcha indígena que tomó San Cristóbal de las Casas la noche del primero de enero, los comandantes zapatistas se pronunciaron contra los desalojos.
Calvario
Según sus descripciones, las aeronaves que los sobrevuelan intensamente no son sólo militares; en ocasiones son de la Policía Federal Preventiva, o bien civiles. En alguna de ellas, la semana pasada viajaban el comisionado gubernamental para la paz, Luis H. Alvarez, y la ex secretaria zedillista de Medio Ambiente, Julia Carabias; ambos "coincidieron" en su recorrido aéreo sobre Montes Azules, según se supo el sábado.
El representante de Nuevo San Rafael refiere que apenas este 7 de febrero la comunidad fue patrullada nuevamente por helicópteros militares. "No les tenemos

miedo. No es delito luchar para que no tengan hambre nuestros hijos. Si no nos quieren ver en este lugar, que nos vengan a matar. Vivos no vamos a salir. Niños, mujeres, todos."
Para hablar así, estos tzotziles tienen su historia: "Somos de Calvario, Sabanilla. Cuando salimos, allí no se podía trabajar, por amenazas de los Chinchulines y Paz y Justicia. Sospechaban que éramos simpatizantes del EZLN. Querían acabarnos".
Precisamente por dejar Calvario, hace varios años iniciaron un nuevo calvario por el norte de la selva, hasta venir a dar al extremo sur de Montes Azules, en la ribera oriental del río Lacantún. Al lugar llegaron el 3 de febrero de 2001. Ahora son 14 familias. En diversos documentos oficiales se denomina "Ignacio Allende" al poblado. "El cartográfico del gobierno hizo equivocación", dice el indígena. "El nombre autónomo es Nuevo San Rafael."
Como sea, bajo ambos nombres están en la lista más reciente, y más "urgente", de la mesa agraria-ambiental del gobierno (la instancia intersecretarial encargada del "problema de Montes Azules", por cuyo conducto se ha planeado la expulsión de comunidades).
La reunión con representantes de Nuevo San Rafael, 8 de Febrero y Paraíso transcurre, en tzotzil y español, a la sombra de un pequeño salón a menos de dos kilómetros del río Lacantún.
Por parte de 8 de Febrero, enseguida toma la palabra un indígena joven. Su comunidad también está en esa lista del gobierno. El poblado se encuentra a orillas del gran río que baña y azulea el confín sur de la selva Lacandona. Por ello, las "visitas" de efectivos de la Armada allí han sido constantes: seis en lo que va del año. Ante el temor de ser atacados, por lo menos en dos ocasiones las familias han huido para ocultarse en la selva.
"Estamos aquí por la necesidad de vivir. Hace un año tenemos nuestras casas. No queremos abandonar lo que tenemos. Cuando vienen de Semarnat nos dicen que no cortemos los árboles grandes. Ya lo sabemos, no los vamos cortar. También dicen que nos van a expulsar pronto." Pero el joven deja claro que tampoco a ellos los van a segar, como ha sido el destino de miles de árboles y de incontables indios en este lugar, no lejos de donde perecieron en su último refugio los originales lacandones, exterminados por los conquistadores a finales del siglo XVII.
Estos tzotziles proceden de Chavajeval y Belisario Domínguez (municipios de El Bosque y Chenalhó, respectivamente, en los Altos). Por ello, el hombre puede decir: "No queremos otra vez que los soldados nos ataquen. Ya lo sufrimos una vez". (Chavajeval fue atacada, además de Unión Progreso, el 10 de junio de 1998, cuando el gobernador Roberto Albores emprendió el "desmantelamiento" del municipio autónomo San Juan de la Libertad, causando varios muertos en ambas comunidades.)
Por su parte, los pobladores de Paraíso se muestran aún más reservados. Sólo hablan tzotzil. Hasta hace poco vivían en 8 de Febrero. Ahora ocupan el lugar que hasta hace unos años fue el asentamiento Sol Paraíso (Las Ruinas), cuyos pobladores originarios aceptaron ser reubicados por el gobierno de Albores en el predio Nuevo Mundo, municipio La Independencia (en condiciones lamentables, por cierto, y completamente abandonados, al grado de que aquellos "reubicados" ya dejaron el lugar que les dio el gobierno; pero esa es otra historia).
A los de Paraíso también les vinieron a notificar, de parte de Semarnat, "que el gobierno no los quiere aquí", dice uno de ellos, de expresión tensa, vistiendo una camisa sin botones que algún día debió tener un color distinto al deslavado gris de ahora. Aún entre indios pobres, este hombre se ve muy pobre.
"Le hemos dicho al gobierno que no tenemos la menor intención de salir. Esa tierra es lo único que tenemos. Esperamos que nos sepan comprender. Si nos desalojan, será sólo que nos maten", expresa el huesudo hombre a través de un traductor. Sus palabras y su gesto desconfiado y tenso revelan que sólo cree en la tierra bajo sus pies. Y esta vez no la quiere perder.