Plantea, con medios de comunicación afines, contrarrestar la influencia del EZLN .

Hermann Bellinghausen Enviado .

San Cristobal de Las Casas, Chis., 1º de febrero. El plan que ha regido las acciones gubernamentales durante los meses recientes, en relación con el conflicto chiapaneco, sólo da valor declarativo a la posibilidad de una negociación para la paz con los indígenas rebeldes. .
El Plan de Acción se desarrolla a partir del diagnóstico presentado en septiembre pasado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Grupo Chiapas (instancia interinstitucional que conduce la política del foxismo en esta materia). Diversos actos de gobierno muestran a partir de entonces la impronta del plan, que busca coordinar y unificar las instituciones federales y del gobierno estatal, para "evitar dispersiones". El caso más elocuente fue el plan de desalojo de comunidades en Montes Azules este diciembre. Al pie de la letra. .
Dividido en cuatro vertientes (política, social, de comunicación social y jurídica y de seguridad), el plan gubernamental abunda en accciones de contrainsurgencia que se niegan a decir su nombre: "debilitar" a las bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y realizar inversión social incluso a la fuerza. El gobierno federal muestra más temor en toparse con los zapatistas en el camino que en cumplir acuerdos. No se piensa en paz, sino en "contensión". .
Acciones de obstaculización por parte de los zapatistas .
Aun en la vertiente "social" del plan se contempla que "en caso de que durante la aplicación de los programas se intenten acciones de obstaculización por parte de los zapatistas, los representantes de la comunidad u organización afectada podrán recurrir al apoyo del gobierno para solicitar la presencia de las fuerzas de seguridad" (que el documento precisa son Sedena, las procuradurías estatal y general de la República y la Secretaría de Seguridad Pública). .
Con base en criterios un tanto oscuros, el plan gubernamental considera como municipios con "escasa presencia zapatista" a Chenalhó y San Andrés Larráinzar (además de sus híbridos Santiago el Pinar y Aldama, creados por el ex gobernador Roberto Albores), junto con Pantelhó Simojovel y otros. .
Los municipios donde "los problemas son más agudos y el EZLN ejerce mayor presión son Ocosingo, Altamirano, Palenque, El Bosque, Chilón, Yajalón y Tila". En relación con Las Margaritas, "donde se localiza el Aguscalientes I", el documento identifica comunidades circundantes "donde es factible explorar acercamientos con la población y eventualmente ofrecer apoyos gubernamentales" (La Esperanza, Poza Rica, San José del Río, "incluso Guadalupe Tepeyac"). El plan recomienda dejar claro que "los apoyos son sin distinción partidista". .
Tan es así, que en la vertiente política del plan se considera la gestión personal del gobernador de Chiapas ante la dirigencia y los líderes locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para participar en la "coalición de apoyo" de estas políticas, donde ya se cuenta con la anuencia de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI). .
Parte del plan gubernamental que hasta ahora no se ha aplicado consiste en organizar "caravanas" institucionales para llevar los materiales y efectuar las obras. Serían "acompañadas por periodistas y comunicadores para que comprueben cualquier posible hostigamiento de los zapatistas". .
Si en un primer momento, se agrega, "la ayuda no puede llegar por la oposición del EZLN, habrá que difundir el suceso", y en un segundo intento convertir las "caravanas" en "convoyes" que sean "protegidos por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y la seguridad pública estatal y municipal". Estas caravanas tendrían, entre otras "ventajas", dar "amplia difusión para evidenciar al grupo armado", así como debilitar a sus bases de apoyo, "enfatizando que el objetivo es el desarrollo social". .
"Demandas legítimas" .
Un leit motiv declarativo del plan consiste en "reiterar ante la opinión pública que el gobierno de la República considera al EZLN una organización social que reivindica demandas legítimas". .
La vertiente de comunicación social tiene como objetivo específico "convencer a los dueños y principales comunicadores de televisión y radio, para que difundan versiones equilibradas sobre el conflicto en Chiapas". Esto, a partir del objetivo general de "generar una corriente de opinión pública mayoritariamente favorable a la estrategia gubernamental de atención al conflicto". .
Otro objetivo de comunicación social del plan de acción es "contrarrestar la escalada de acusaciones contra las autoridades gubernamentales provenientes de las organizaciones afines al EZLN, mediante una clarificación de las causas reales de cada conflicto en la zona". .
Con énfasis se manifiesta la necesidad de "explicar que no existen grupos paramilitares", y se instrumenta una página de Internet para contrarrestar "los conflictos principales difundidos como 'agresiones' en su contra por parte del EZLN". .
De este modo, el gobierno difunde por Internet "y a través de comunicadores afines", la "terminología apropiada" para nombrar a los grupos armados en la entidad. Propone el léxico siguiente: "delincuencia común; crimen organizado y narcotráfico; grupos que recurren a la violencia para resolver problemas inter o intracomunitarios; grupos para protección; el EZLN y sus bases de apoyo (sic 'armado'), y grupos contrainsurgentes o de choque". Esto, con el fin de "minimizar el uso indiscriminado de la palabra 'paramilitar'". .
"Conflictos intercomunitarios" .
Por último, la vertiente jurídica y de seguridad se plantea "restablecer el estado de derecho en la zona de influencia del EZLN y evitar conflictos intercomunitarios", para lo cual se plantea "frenar las acciones ilegales que realizan los denominados municipios autónomos zapatistas". Asimismo, "controlar la presencia de extranjeros en las zonas con influencia zapatista y suspender permisos migratorios a personas que realicen actividades no especificadas en su forma migratoria". El plan de acción para el Grupo Chiapas incluye un escueto mapa con los nuevos puntos de control migratorio. .
Para las acciones jurídicas y de seguridad, el plan cuenta con que el Ejército federal y los cuerpos policiacos solicitarán "el acompañamiento de Ministerio Público del fuero común y federal, representantes de las comisiones estatal y nacional de derechos humanos y medios de comunicación para evitar que las organizaciones no gubernamentales y el grupo armado tergiversen la actuación gubernamental". Parte de esta preocupación exige "valorar el riesgo que implican los operativos ante la posibilidad de agresiones y actos de provocación (bloqueos de mujeres, niños y ancianos)". .
Con la intención de "desactivar a grupos civiles armados", el plan del gobierno considera "acelerar las líneas de investigación sobre el tráfico de armas en la zona limítrofe con Guatemala y su posible vinculación con integrantes del EZLN".