Por Bárbara Zamora

Nuestro país ha padecido en los últimos años el deterioro del estado de derecho. Este deterioro tiene entre sus más graves manifestaciones la violencia, la impunidad de gobernantes y autoridades y de la delincuencia organizada, protegida por quienes debieran combatirla, la injusticia fundada en las diferencias económicas y sociales o en la diversidad cultural, la criminalización de toda legitima disidencia y de los dirigentes y luchadores sociales, la creciente violencia y delincuencia y la imposición arbitraria a toda la sociedad de un proyecto de Nación del que no participa la inmensa mayoría de los ciudadanos. En realidad no existe el estado de derecho, sino un derecho de estado que sólo refleja los intereses de reducidos grupos, entre ellos el grupo gobernante.
La violacion a los derechos humanos se da en todos los niveles de gobierno. Existen varios ejemplos de ello, empezando por el Presidente de la República, quien ha nombrado a un militar en el cargo de Procurador General de la República, situación que está prohibida constitucionalmente, pues los militares no pueden desempeñar funciones que están encomendadas a los civiles. Además el hecho de nombrar a un militar en la PGR implica que también los agentes del ministerio público, los peritos y la policía judicial pueden ser militares, de hecho ya hay 17 altos funcionarios de la PGR que son militares, situación totalmente inaceptable e inconstitucional puesto que realidad no son policías sino soldados vestidos de civil, en virtud de que su equipo, las armas, los mandos, la capacitación y la disciplina son militares, por lo que hay de hecho una militarización de la procuración de justicia, y sin el costo político que implican este tipo de acciones para el ejército federal.
Por otra parte, está la lentitud con que trabajan las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia y la corrupción que hay en algunas instancias que según el reciente informe del relator especial para jueces y abogados de Naciones Unidas el 70% de los jueces han incurrido en actos de corrupción, que no forzosamente son económicos como comúnmente se entiende la corrupción, también existen los interés políticos que tienen jueces y magistrados de ver ratificados sus nombramientos o alcanzar mejores posiciones dentro del poder judicial.
Es en este contexto que los defensores de derechos humanos tienen una gran tarea que realizar, con grandes dificultades y múltiples obstáculos, amenazas y riesgos que en el caso de nuestra compañera Digna Ochoa las amenazas de muerte recibidas se cumplieron y el 19 de octubre del 2001 fue asesinada. Este asesinato vil y cobarde que nos indigna profundamente, denota la falta de capacidad y de voluntad del gobierno federal y local para garantizar el libre ejercicio de la profesión del abogado defensor de los derechos humanos y nos hace retroceder treinta años, a la época de la guerra sucia, supuestamente ya superada.
Los defensores de derechos humanos tienen que enfrentar todo el sistema y en cada acto se sienten las condiciones desiguales en la realización del trabajo. Podemos mencionar como ejemplo la constante negativa de policías o soldados implicados en las violaciones a los derechos humano, para comparecer ante el juez para ser interrogados. La negativa de los jueces para autorizar abogados y personas de confianza nombrados por los procesados para participar en las audiencias. El hecho de realizar las audiencias dentro de los penales de máxima seguridad y no en las instalaciones del juzgado como ordena la Constitución, lo que impide el acceso a los colaboradores de la defensa y la prohibición a la defensa de utilizar cualquier medio de comunicación hacia el exterior, así como la realización de audiencias a puerta cerrada en clara violación a la Constitución que ordena que las audiencias deben ser públicas.
Digna Ochoa enfrentó toda esta situación y participó en diversos litigios, en los cuales estaban implicados miembros del ejército federal a quienes hizo comparecer ante los tribunales. Recibió amenazas en su persona, las cuales fueron denunciadas en su momento por ella ante la Procuraduría General de la República y ante la Procuraduría del Distrito Federal, sin encontrar respuesta en ninguna de las dos, pues ambas instancias mostraron gran incapacidad y poco interés, enviando los expedientes al archivo sin la menor investigación. Tal vez por ello las últimas amenazas que recibió dos días antes de su muerte las guardó en un cajón de su escritorio.
Las autoridades federales en el mes de agosto de 2001, le retiraron las medidas cautelares con las que contaba a petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a raíz de las amenazas.
Las investigaciones sobre su asesinato, realizadas por la Procuraduría General de Justicia del D.F. se han caracterizado por el desaseo y la manipulación de los datos de la indagatoria y se han encaminado a investigar a la propia víctima, culpándola de su muerte. Han hurgado en su vida personal, pretendiendo encontrar ahí los elementos de la absurda tesis del suicidio tratando de darle carpetazo al asunto. En apego a esta única línea de investigación dejaron de lado todas las demás, como los militares, el viaje a la sierra de Petatlán, los caciques de Guerrero, los tres sujetos que rondaban el despacho el día anterior a su muerte y las últimas amenazas recibidas en su domicilio dos días antes de su asesinato.
El Procurador Benardo Batiz frívolamente pasó de "un crimen de la extrema derecha" a "todas las líneas apuntan a Guerrero" y finalmente al suicidio y la "autoinmolación". Pero las evidencias contradicen esta tesis. Los homicidas efectuaron tres disparos, uno al sillón y otros dos sobre Digna, el primero tocó el muslo y el segundo penetró en la cabeza. Una secuencia lógica en este tipo de asesinatos, el primer disparo es para intimidar, el segundo para inmovilizar y el tercero para ejecutar a la víctima, según afirmaciones del primer equipo investigador encargado del caso.
A finales de diciembre del 2001 el equipo de investigadores concluyó que se trataba de un homicidio y presentó un dictamen sobre la mecánica de los hechos, en el cual sustentaban su hipótesis. A pesar de ello este equipo fue sustituido por otro al frente del cual se nombró como responsable de la investigación al Subprocurador Renato Sales Heredia quien, contrario al equipo anterior, desde que tomó el caso se inclinó por la tesis del suicidio argumentando tres elementos para "sustentar" su tesis: un libro titulado "Antología Poética de la muerte", en el cual, según Renato Sales, Digna se inspiró para suicidarse.
Renato Sales estaba obsesionado con ese libro. La primera vez que nos entrevistamos con él, nos comunicó como el gran logro de su investigación el haber "descubierto" un libro que "sobresalía" de todos los demás por estar colocado en el librero en forma horizontal por lo cual destacaba y cuyo titulo le llamó la atención procediendo a sacarlo y "casi de manera natural" se abría en la página que contiene el poema "Santa Rosalía ve a Jesucristo en el espejo" y que además estaba subrayado. Para él era "prueba" tan contundente que decidió apoyar en ella su tesis del suicidio y sobre eso fue tejiendo su absurda tesis.
Hay que mencionar que el libro de marras no era de Digna y que tal vez ella ni siquiera lo leyó, toda vez que era de uno de los abogados propietario del despacho donde asesinaron a Digna, quien había declarado a Renato Sales que ese libro lo había comprado en una librería de viejo y que ya estaba subrayado y anotado cuando lo adquirió y que lo había dejado en su librero como tantos otros que tenía ahí.
No obstante lo anterior, Renato Sales afirmaba que Digna se había inspirado en ese poema para quitarse la vida.
Otra "prueba" que manejaba Sales eran dos cartas que supuestamente había escrito Digna donde se despedía de su familia. Cartas en las cuales no se menciona para nada la palabra "suicidio" y fechadas hace más de 15 años. Pretendiendo encontrar en el pasado la razón de los hechos, omitiendo las evidencias del presente.
El único elemento objetivo de la hipótesis Sales era el hecho de que el arma homicida que fue encontrada bajo el cuerpo de Digna era de su propiedad. Cosa que es totalmente insuficiente para probar el suicidio. El Subprocurador afirmaba también como resultado de sesuda investigación para sustentar su tesis, que Digna atravesaba una mala situación económica, por lo cual estaba angustiada y algunas otras conjeturas carentes de seriedad, como el hecho de que estaba muy deprimida porque no la habían "invitado" a trabajar al gobierno de López Obrador. (en esa lógica, todos los que no tuvimos el "privilegio" de ser "invitados" tendríamos que organizar un suicidio masivo).
Con base en estas apreciaciones subjetivas y absurdas Renato Sales y su asesor Enrique Flota, durante tres meses fueron armando la hipótesis del suicidio, con la anuencia del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Anunciando en Washington que Digna se había suicidado, noticia que conocimos aquí por el periódico Reforma. Posteriormente y por las reacciones que hubo, se dieron a la tarea de realizar una intensa labor de cabildeo, organizando en la Procuraduría capitalina desayunos y reuniones con líderes de opinión, periodistas, diputados, senadores y directores de organizaciones tanto nacionales como extranjeras para convencerlos de la tesis del suicidio, montando toda una escenografía donde Sales y Flota se deshacían en explicaciones y representaban la forma en que Digna se había "suicidado".
Inclusive proporcionaban el arma homicida para que fuera pasada de mano en mano y la pudieran manipular los invitados, a quienes se les ofrecía una larga explicación de los elementos, algunos inclusive falsos, que sustentaban su tesis y omitiendo desde luego, todos aquellos que contradecían tal hipótesis y que dan lugar a otras líneas de investigación. Como son los guantes rojos que le fueron puestos en las manos, el polvo blanco que fue regado por todo el piso del despacho y sobre su cuerpo y en sus manos y en general las evidencias de violencia que sorda presentaba el lugar de los hechos.
Ante el manifiesto interés de Renato Sales de enviar el caso de Digna Ochoa al archivo por la vía del carpetazo y contando con el aval del Centro Pro, quien no hizo nada al respecto, y como coadyuvante no manifestó nada ante estas graves irregularidades, la familia Ochoa y Plácido solicitó a la Procuraduría que se investigaran las demás líneas que se habían abandonado, pero la comunicación fue imposible con el Procurador Bernardo Batiz que abiertamente daba su apoyo a Renato Sales, avalando la tesis del suicidio y la ilegal práctica de dar a conocer a la opinión pública información confidencial del expediente e inventando mentiras sobre la vida privada de Digna, tratando de desprestigiarla como Defensora de Derechos Humanos. A través de sus amigos articulistas como Carlos Marin y Jorge Fernández Melendez, hicieron aparecer a Digna como una persona agresiva y mentirosa con facultades mentales alteradas y quien se enviaba a sí misma las amenazas que denunciaba.
Ante la alarmante descomposición en que se encontraba la investigación y las irregularidades cometidas por Renato Sales y su asesor Enrique Flota, y el silencio del Cetro Pro, la familia de Digna Ochoa (padre, madre y 12 hermanos) solicitaron el 20 de junio formalmente por escrito y ratificando en comparecencia retirar de la coadyuvancia al Centro Pro y la destitución inmediata del Subprocurador Renato Sales Heredia, por haber violado leyes de procedimiento y por su conducta deshonesta en la investigación del caso.
Como consecuencia de la presión y las evidencias de las irregularidades, Renato Sales renunció, pero Bernardo Batíz solo lo removió del caso Digna y le pidió que siguiera como Subprocurador, sin abrir ninguna investigación respecto a su indebida actuación. Extrañamente Batiz se opuso a que se le retirara la coadyuvancia el Centro Pro, sin ser éste un asunto de su competencia, puesto que por mandato de ley es únicamente a la familia a quien le corresponde esa decisión.
Finalmente, se nombró a la Lic. MargaritaGuerra como fiscal especial. Desde el primer momento manifestamos nuestras serias y fundadas dudas de que la Lic. Guerra hiciera una investigación exhaustiva, profesional y eficaz, sobre el asesinato de Digna Ochoa, porque tiene antecedentes de su paso por la procuraduría capitalina como subprocuradora y en aquél tiempo tuvo a su cargo la investigación del caso del Magistrado Abraham Polo Uscanga, en la cual fracasó, pues hasta la fecha se desconoce quién lo asesinó.
La Lic. Guerra empezó citando nuevamente a todos los que habían declarado anteriormente, a muchos amigos y conocidos de Digna se les han formulado las preguntas en el mismo sentido que el equipo de Renato Sales, es decir enfocándose a preguntar sobre si Digna estaba triste y deprimida y si tenía problemas económicos, lo cual nos hace pensar que insiste en el aspecto personal y anímico y no está investigando todas y cada una de las líneas que nunca han sido trabajadas por la procuraduría.
La misma fiscal ha declarado que existen contradicciones en los dictámenes periciales. En el de la mecánica de los hechos, en el de balística y omisiones graves en el de la necropsia como es el no señalar la hora aproximada de la muerte. Además de falta de método científico en los interrogatorios que hizo el anterior equipo; sin embargo, la Lic. Guerra afirma que ello se debe a falta de experiencia y no a mala fe y ante el cúmulo de irregularidades minimiza esta situación.
La nueva fiscalía no ha tenido ningún avance sustancial en las investigaciones, ni siquiera se sabe cuáles son las líneas de investigación en las que está trabajando y cuáles son las que ha desechado. Esto sería lo mínimo a un más de un año del asesinato.

Recientemente, el presidente Fox en su gira por Europa fue cuestionado sobre este tema por organizaciones de Derechos Humanos como Alternative Libertaire, Alterdoc, Association Emmaüs (Paris) Guillermo Ballestrino, Association Tiers Monde La Rochelle, Association Zapata, Associazione Jambo- commercio equo e solidale- Fidenza-Parma-Italia, CALPA, Centre d'Information Inter-Peuples (Grenoble), CNT- (Confédération Nationale du Travail), Collectif Chiapas Ariège, Collectif Mille Pattes, Collectif Ya Basta, Col.lectiu de Solidaritat amb la Rebel.lio Zapatista Barcelona, Comité Chiapas de l'Aude, CGT, Commission Transnationale des Verts, COSAL(Comite de Solaridad con America Latina)- A CORUÑA, COSAPAC (Comité de solidarité de l'agglomération annécienne avec les peuples d'Amérique centrale), CSIA (comité de solidarité avec les Indiens des Amériques, CSPCL (Comité de Solidarité avec Les Peuples du Chiapas en Lutte), Droit au logement, Facoltà di Sociologia, Università di Milano Bicocc, FAL (France Amérique Latine), France Libertés - Fondation Danielle Mitterrand , INTI - Solidarité avec les peuples d'Amérique Centrale- Caraïbes, Fédération Syndicale Etudiante, juventud del la C.T.A (central de trabajadores argentinos) Regional la Plata Berisso y Ensenada, lag (Comité de solidaridad con América Latina, Noruega), L.C.R. (Ligue Communiste Révolutionnaire), La Confédération Paysanne, La Maison de la Plage - Paris, Occitania Libertaria, Paolo Vernat - Vientiane LAOS PDR, Promedios France, Réseau Mexicain Face au Libre Echange (RMALC-France), Revista La Guillotina, Solidarité Directe avec le Chiapas - Zurich Suisse, SUD-Rail, Ya basta Lausanne, Volcans; sin embargo, eludió su responsabilidad diciendo que ese era un asunto del gobierno del D.F. y que él no estaba al tanto. Seguramente ésto último es cierto, recordemos que el día del sepelio de Digna la clase gobernante estaba en el castillo de Chapultepec en la cena organizada por la Sra. Martha Sahagún, quien contrato a Elton Jhon para "amenizar" la cena. Para lo cual fue desalojado el bosque de Chapultepec desde el medio día, echando al Popolo, con canasta de comida, pelota y Rintintín fuera del bosque, lugar que se ha convertido en la única alternativa de paseo familiar de fin de semana.
A cinco días del asesinato y solo después de que el gobierno de los EUA manifestó que lamentaba el suceso fue cuando Fox hizo lo mismo, pero afirmando que se trataba de uno de tantos asesinatos de los que ocurren en el D.F.
Ante la negligencia, la incapacidad, la mala fe y el desinterés que han mostrado tanto el gobierno federal como el del D.F. nosotros seguiremos insistiendo y trabajando para que se aclare el asesinato y se castigue a los responsables para que este cobarde crimen no quede impune, como es práctica común en nuestro país.