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"Solo hay que tener buena memoria", indicaba la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), a través de un comunicado del año 2001, en el que impugnaba la designación de varios oficiales de la Policía, entre ellos el general Edgar Vaca. Días atrás, tras asumir como Presidente de la República, Lucio Gutiérrez, lo designó Comandante General de la Policía sin tener en cuenta el pasado de Vaca, donde se mezclan acusaciones de violación a los derechos humanos, relación con negociantes de armas y otras actividades bastante turbias.
"Preocupa a la APDH que varios de los oficiales denunciados de haber participado en el grupo de exterminio antisubversivo SIC10 (gobierno del Ing. León Febres Cordero, período 1984-1988), por azar del destino o estrategia policial, hoy se hallen en Quito: el Gral. Paco Urrutia, el Gral.
Edgar Vaca, quienes fueron denunciados por su ex compañero y agente de elite policial, Hugo España, en su libro El Testigo", decía la APDH en 2001, pero su opinión no fue tenida en cuenta y Vaca inició su ascenso hacia la dirección de la Policía

¿Quién es Edgar Vaca?

Edgar Gonzalo Vaca Vinueza ingresó a la Policía en 1967 y es uno de los generales con mayor experiencia en trabajos de inteligencia. Trabajó en antinarcóticos y luego en el tristemente célebre Servicio de Investigación Criminal. En 1984 participó en las torturas de Arturo Jarrín, dirigente del grupo guerrillero Alfaro Vive. Según el ex policía Hugo España, durante el gobierno de Febres Cordero Vaca dirigió el SIC 10. Desde 1986 pasó a dirigir la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES), un grupo de elite de la Policía "experto en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico".
En esa unidad cumplió diversas funciones hasta 1995. En 1996 pasó a la Jefatura de la Oficina de Investigación del Delito de Pichincha (OID, actual Policía Judicial Provincial), y al siguiente año regresó otra vez a la UIES, cuando se vinculó con el traficante de armas Roberto Sassen según denuncias de este último. En 1998, Edgar Vaca hace un paréntesis en su larga carrera en la investigación policial y pasa a dirigir el Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL), donde es involucrado en irregularidades con el ex banquero Alejandro Peñafiel.
A pesar de su prontuario, también ocupó el cargo de Director de Educación de la policía y llegó a ser conferencista sobre derechos humanos de la Policía Nacional en un curso interno, como para dejar escuela. En 1999 ocupó a Dirección de Inteligencia de la Policía. Y en 2001 Gustavo Noboa lo nombró Inspector General de la Policía.
Muchas manchas para un mismo tigre La designación de un personaje con los antecedentes de Vaca para comandar la policía por parte de Lucio Gutiérrez, volvió a colocar su historia sobre el tapete y la preocupación por su influencia en una institución desprestigiada por violaciones a los derechos humanos y hechos de corrupción.
La hermana Elsie Monge, de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) en una entrevista con Radio La Luna, reclamó varias de las últimas designaciones policiales realizadas por Lucio Gutiérrez, y particularmente la de Vaca. "¿Cómo se puede premiar a personas involucradas en delitos de lesa humanidad?, interrogó la defensora de los derechos humanos, y refiriéndose al nuevo Comandante de la Policía subrayó que él "comandó operativos de investigación y tortura en el SIC 10 desde la época del ex presidente Febres Cordero.
SIC 10: Un grupo de exterminio En el libro "El Cementerio de los vivos", que recoge testimonios de Arturo Jarrín, se señala que en junio de 1984 Vaca dirigió los operativos de investigación y tortura contra el dirigente guerrillero y miembros de su organización. El libro describe actos que van desde el ya lamentablemente común garrotazo y submarino, a choques con electricidad, tortura psicológica y otros actos al mejor estilo de las dictaduras militares del Cono Sur suramericano. Otros detenidos en ese periodo, que prefirieron no dar su nombre, indicaron que también fueron víctimas de las "investigaciones" de Vaca y sus colegas de SIC 10.
Según el ex policía Hugo España, el general Vaca fue parte y cabeza de ese grupo policial que gozó de impunidad para realizar diversos actos criminales. España explicó que el SIC 10 "fue una unidad especial, de elite y secreta, formado por el gobierno de turno con la finalidad de eliminar a los grupos armados".
"La formación recibida en este grupo fue bastante fuerte y violenta con el objeto de convertir al personal en máquinas eficaces... La selectividad y el riguroso secreto del grupo se muestran en el hecho de que nuestros documentos referenciales jamás reposaron en la comandancia General de la Policía donde debieron estar si hubieran sido públicas y transparentes.
Estaban en el propio Ministerio de Gobierno, ya que todas las órdenes al SIC 10 se recibían del Despacho del Ministro de Gobierno, Luis Robles Plaza, desde donde se disponía el pago económico a los miembros del SIC 10 por cada subversivo muerto y cuyas fotografías eran lanzadas en el escritorio por el propio Ministro para que procediéramos a hacer lo nuestro", argumentó España. "Casualmente" el SIC10 se convertiría posteriormente en la Unidad de Investigaciones Especiales.
Espionaje a las Fuerzas Armadas En el 2001 la Corte Policial investigó a Edgar Vaca por interferencia de llamadas telefónicas en tareas de espionaje a las Fuerzas Armadas y a varios políticos. La denuncia fue presentada por el entonces Presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, diputado Carlos González. El diputado acusó a Vaca como la cabeza de una red de espionaje supuestamente montada en el primer piso del edificio Chimborazo, ubicado en la avenida Amazonas y la calle Jorge Washington, al centro-norte de Quito. Estos actos, que se remontan a 1999, se difundieron a través de varios medios de comunicación, provocando un profundo malestar y reclamos en diversos sectores políticos, así como destituciones y cambios en los mandos policiales.
El supuesto espionaje a políticos y otras personalidades se lo habría efectuado con equipos electrónicos donados por el negociante de armas Roberto Sassen, quien aseguró que nunca estuvieron en servicio de la Policía.
El entonces fiscal de Policía, Iván García, solicitó a la Corte de Justicia de la Policía el 27 de marzo de 2001 la apertura de un autocabeza de proceso en contra del general Edgar Vaca, con base a documentación entregada por el General de la Policía, Jorge Molina, quien en la época en que se habría realizado el espionaje se desempeñaba como Inspector General, y quien fue posteriormente Comandante General. "Yo actúo basándome en la documentación que me remite el general Molina, con fecha 22 de marzo", dijo García a la prensa. Inesperadamente y de forma intempestiva, en esas mismas fechas el Presidente Gustavo Noboa firmó un Decreto modificando toda la Corte Policial. Casualmente García dejó de ser Fiscal y la acusación contra Vaca se anuló.
Pocos días después, el 10 de abril de 2001 el mismo Presidente Noboa mediante la firma del decreto 1419, nombró como nuevo Comandante de la Policía al general Jorge Molina, destituyendo de su cargo a Mario Cevallos.
Según, Juan Manrique, Ministro de Gobierno de la época, el nombramiento obedeció "a un cambio de rutina porque su antecesor, el general Cevallos, cumplió el período por el cual debe permanecer en el grado" que ostentaba.
En implacable carrera, Edgar Vaca pasó a ocupar el puesto de Inspector General de la Policía. El nuevo relevo se produjo precisamente cuando la Corte Policial se aprestaba a investigar a Edgar Vaca, uno de los siete generales de la cúpula, por la supuesta interferencia de llamadas para tareas de espionaje. En la Policía trascendió que Vaca era un hombre de confianza del general Mario Cevallos. Por ese entonces se filtraron comentarios de que el General Cevallos habría caído por intentar desligarse de Vaca en lugar de respaldarlo, lo que demostraría el poder de Vaca, al interior de la institución policial, ya en ese momento.
Así mismo, el Fiscal García, en declaraciones a los medios de comunicación indicó que su destitución fue parte de presiones de hoy Comandante, pues habría conocido de antemano las acusaciones que se le harían.
Arreglos con banqueros prófugos En el año 2000, cuando era Jefe de del Instituto del Seguro Social de la Policía, Vaca fue acusado, por el diputado Carlos González de haber realizado arreglos fuera de la ley con el ex banquero Alejandro Peñafiel. Se dijo en ese entonces que ante la quiebra del Banco de Préstamos, en donde la policía tenía depositados sus fondos se logró la devolución de parte de estos a cambio de terrenos. ¿Cuáles fueron los términos del arreglo? A pedido de González, el 13 de noviembre de Vaca junto al alto mando policial acudió al Congreso para explicar las supuestas irregularidades relacionadas con el ex banquero. Hasta hoy quedan muchas preguntas por contestar.
Dichos y contradichos con un vendedor de armas Otro de los casos que involucran al general Vaca, fue el del vendedor de armas Roberto Sassen.
La relación salió a luz en 2001 durante una de las comparecencias por la interceptación de llamadas telefónicas, en la que Vaca acusó de contrabandista a Sassen, hasta entonces vendedor de armas casi exclusivo de la Policía ecuatoriana. Sassen instauró un juicio por injurias en contra de Vaca y el general solicitó al juez que deseche la acusación y reclamó una indemnización de $1 000 millones.
Según Vaca, él habría descubierto que muchos de los contratos de Sassen con la policía no se habían cumplido, lo que implicaba un gran desfalco a la institución, por lo que cortó varios de los contratos.
Durante su defensa, el vendedor de armas sacó en cara la gran cantidad de regalos que hizo a esa institución. Mencionó que en 1996, cuando Vaca era Jefe de la OID de Pichincha le entregó personalmente la donación de dos equipos electrónicos para rastrear llamadas; y recordó que había recibido a muchos oficiales que "iban con música y whisky a visitarlo". Denunció que mafias argentinas y ecuatorianas lo estaban atacando y provocaron la ruptura de sus buenas relaciones como proveedor de armas de la Policía. También acusó a Vaca, de estar vinculado con esas mafias.
Días atrás durante las manifestaciones contra las medidas económicas, un estudiante fue herido. Los líderes estudiantiles acusaron a la policía del disparo e implicaron directamente a Vaca, pidiendo su destitución. El Ministerio de Gobierno ofreció investigaciones, pero todavía se esperan las respuestas. El pasado de Vaca inspira muchas dudas. Demasiadas manchas para un Comandante General de la Policía, institución que bajo el mando de un gobierno que plantea cambios profundos, debería ser el parámetro de rectitud y transparencia. El Presidente de la República y el Ministro de Gobierno tienen la palabra.

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De: Miguel Lluco <pachakutik18@yahoo.es> El Diputado Ricardo Ulcuango reclama por el Programa de Alimentación Escolar La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), diputados indígenas y varias organizaciones sociales y sindicales del país exigieron al Presidente de la República Coronel Lucio Gutiérrez, que derogue el decreto que traspasa el Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Ministerio de Educación y Cultura al de Bienestar Social.
El Diputado Ricardo Ulcuango explicó que el decreto ejecutivo, publicado en el Registro Oficial el 4 de febrero de este año, contradice los convenios internacionales que crearon el PAE y que comprenden proyectos trabajados con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
"Para organizar el PAE se establecieron acuerdos operativos entre el gobierno nacional y los organismos internacionales nombrados. Y se definió su ejecución mediante una Unidad Operativa con autonomía administrativa y financiera que debía funcionar dentro del MEC", afirmó el Diputado de Pachakutik.
Ulcuango también expresó que el decreto de Gutiérrez "rompe con el marco institucional del Ministerio de Educación y Cultura, y no define de manera clara las competencias y el nexo jurídico y administrativo entre el Ministerio de Bienestar Social y las escuelas".
El diputado criticó la decisión gubernamental y aseguró que está basada en la intención de quitarle atribuciones a la Ministra de Educación y Cultura propuesta por el Movimiento Pachakutik, y reemplazar al licenciado Guillermo Churuchumbi, profesional experimentado en políticas alimentarias que fue designado coordinador del PAE, por otra persona que carece de conocimientos técnicos.
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De: Miguel Lluco <pachakutik18@yahoo.es>

Ricardo Ulcuango criticó la Carta de Intenciones firmada entre el gobierno de Ecuador y el FMI El Diputado del Movimiento Pachakutik, Ricardo Ulcuango, criticó las condiciones establecidas en la Carta de Intenciones que firmó el gobierno ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional (FMI) porque "traerán consecuencias negativas para el país".
Ulcuango explicó que si bien todavía no conoce la carta en su totalidad, los puntos del acuerdo que fueron difundidos por la prensa son muy preocupantes.
"Esperamos que el Ministerio de Finanzas haga conocer el acuerdo con transparencia al país.
Los diputados de Pachakutik no sabemos su contenido total, aunque a través de la prensa se han difundido ciertos aspectos que estarían en la Carta, con los que no estamos de acuerdo", afirmó el Diputado Indígena.
Ulcuango aseguró que no está de acuerdo con que se insista en eliminar el subsidio al gas. "Hasta ahora se ha demostrado que es muy difícil focalizar el subsidio porque muchos sectores pobres pueden quedar fuera y se cometería una injusticia, por lo tanto la focalización no es una solución", aseguró Ulcuango.
El Diputado también dijo que no está de acuerdo con la concesión de las empresas de telecomunicaciones o eléctricas porque es una forma más de privatización.
"No estamos de acuerdo en que la administración de las empresas del Estado pase a manos de empresas extranjeras como se menciona, porque es una forma encubierta de privatización y los ecuatorianos y ecuatorianas ya nos hemos pronunciado contra eso. La concesión de las empresas también es una forma de privatizar y no la aceptamos", argumentó Ulcuango.
Según el líder indígena es necesario que las empresas se modernicen y sean eficientes dentro el Estado, pero no acepta "que sean entregadas para que lucren empresas extranjeras y suban las tarifas de los servicios públicos".
"Hay países subdesarrollados en los que las empresas estatales son sumamente eficientes y dan importantes recursos al Estado como en Uruguay. Para lograr eso es necesario voluntad política", aseguró Ulcuango.
Otro punto con el que mostró discrepancia el Diputado de Pachakutik es el que establece que el excedente del precio del petróleo se utilice para pagar la deuda externa.
"El Ministro Mauricio Pozo, en una reunión con el bloque de Pachakutik, dijo que es necesario que en el presupuesto se mantenga a 18 dólares la estimación del precio del barril del petróleo, aunque ahora esté en realidad a más de 32 dólares, porque después podría bajar. En esa misma oportunidad dijo que no debíamos preocuparnos por el destino del excedente en caso de que se mantenga ese precio tan alto porque podría ser utilizado para inversión social y no para la deuda externa. Sin embargo, en la Carta de Intenciones se establece que el excedente será para pagar la Deuda.
Parece que el Ministro se está burlando de nosotros", afirmó Ulcuango.
Según el Diputado, para que no existan rumores sobre las condiciones exigidas por el Fondo Monetario Internacional y poder hablar sobre cosas concretas, es necesario que se transparente totalmente el contenido de la Carta de Intenciones.
"Cuando se dice que Pachakutik conocía el contenido de la Carta de Intenciones se está mintiendo porque nos estamos enterando por la prensa. Nosotros no somos contrarios a conversar con el FMI pero somos contrarios a que nos impongan condiciones que afectan a los más pobres y a la soberanía del país, como está ocurriendo con esta Carta de Intenciones. Debemos tener en cuenta que lo establecido en la Carta son intenciones que no necesariamente tenemos que cumplir si van contra el país", concluyó el Diputado de Pachakutik.