Pablo Dávalos ALAI-AMLATINA, Quito.

Uno de los aspectos que recientemente más me ha llamado la atención fue la forma en la cual dirigentes políticos de los movimientos sociales ecuatorianos que apoyan al gobierno del coronel Lucio Gutiérrez, líderes indígenas, dirigentes sociales, entre otros, suscribieron la retórica del déficit fiscal como argumento de la crisis que avaló la adopción de duras medidas de ajuste y la suscripción de una carta de intención con el FMI.
Se trataba en la mayoría de casos, de dirigentes con escasa formación económica y técnica, que frente al discurso de las cifras se sentían desarmados, y que su ingenuidad política permitió que finalmente se realice una jugada que estaba pendiente desde mediados de los años noventa: la adopción de un ajuste como paso previo para la radicalización de un modelo de corte neoliberal.
Era muy difícil que los dirigentes sociales e indígenas capten esas sutilezas de tipo epistemológico que existen entre el discurso neoclásico del déficit fiscal y el ajuste fondomonetarista, con las relaciones de poder que existen entre las elites y los mercados mundiales de capitales financieros.
El discurso del déficit fiscal los alejaba de la comprensión de los problemas reales que actualmente enfrenta la economía ecuatoriana, entre ellos los problemas del sector productivo ahogado por las altas tasas de interés, la dolarización, los monopolios, la recesión, etc.
Más difícil aún era que opongan argumentos al hecho de que el FMI siempre había tenido una posición fiscalista y su recetario de política económica siempre había fracasado, no importaban ni el país, ni el contexto en las que se apliquen.
Quizá no sabían que justamente en estos momentos se está debatiendo la necesidad de una nueva arquitectura financiera internacional y que el FMI ha sido fuertemente cuestionado por su dogmatismo, su debilidad académica y su inoperancia. Si el FMI lograba un acuerdo con cualquier país que fuese entonces podía recuperar no solo prestigio sino también legitimidad.
Decir FMI es decir Estados Unidos, y decir Estados Unidos es decir grandes corporaciones transnacionales, bancas de inversión, y capitales financieros. Detrás de esa negociación no estaba un supuesto déficit fiscal en Ecuador, sino la posibilidad de refrendar el rol hegemónico a nivel político y económico de los Estados Unidos, en un contexto en el que los tambores de guerra resuenan con más fuerza y los halcones de la administración Bush quieren convencernos de que la guerra es inevitable.
Esa posición naïf de los dirigentes sociales e indígenas ecuatorianos en realidad se presentaba como coartada y recurso estratégico del poder. La adscripción acrítica al discurso del déficit fiscal otorgaba la legitimidad social necesaria al posterior ajuste económico; así, el ajuste se presentaba como el corolario inevitable de una supuesta irresponsabilidad fiscal del gobierno anterior.
El problema real de la economía ecuatoriana no es fiscal.
Puede ser que efectivamente exista un déficit del denominado sector público no financiero, pero una reprogramación del gasto fiscal, sumado a una estrategia de ingresos e inversión habrían sido suficientes para evitar la imposición de medidas económicas y la suscripción de la carta de intención con el FMI. De hecho una economía puede sobrevivir con un déficit aceptable y el mejor ejemplo de ello es la misma economía norteamericana.
Pero el momento en el que fueron los mismos dirigentes indígenas y sociales los que asumieron ese discurso del déficit fiscal como propio, cayeron en la trampa de que supuestamente estaban ejerciendo el poder, y de que en virtud de que habían ganado las elecciones en alianza con Gutiérrez tenían derecho a manejar información y a tomar decisiones en función de esa información.
No sé si se habrían cuestionado en su fuero interno, pero estaban defendiendo un proyecto y una agenda a la cual se habían opuesto tenazmente durante toda la década de los noventa e inicios del 2000.
Esa ilusión de "ser poder", y de "tomar decisiones" desde el poder, los sorprendió en un ejercicio que iba en contra de su propio proyecto histórico. En realidad, están cometiendo un acto de suicidio político con entusiasmo e ilusionados de ser "realistas" y "pragmáticos" en asuntos de Estado.
Sabiéndolo o no, con su ingenuidad permitieron la adopción de una serie de medidas que configuran la imposición de uno de los modelos neoliberales más agresivos en el Ecuador.
Ello me ha hecho reflexionar sobre las posibilidades reales de poder que tiene en la actual coyuntura el movimiento indígena ecuatoriano, al tiempo de la fuerza simbólica, ideológica y semiótica que tienen los discursos del poder, entre ellos la retórica del déficit fiscal.
A pesar de haber ganado las elecciones en alianza con el coronel Lucio Gutiérrez y tener a algunos de sus cuadros en puestos importantes en el gobierno, mi percepción es que actualmente los indígenas y los movimientos sociales tienen menos poder que antes de ganar las elecciones.
La adopción de unas medidas fondomonetaristas tan duras y la radicalización del modelo neoliberal, habrían sido impensables si los indígenas ecuatorianos y los movimientos sociales hubiesen estado en la oposición. Su presencia en el gobierno ha permitido la cobertura que el poder necesitaba para finiquitar ese impasse político desde la destitución del ex Presidente Abdalá Bucaram en 1997.
Los indígenas se han convertido gracias a la alquimia del poder, en los facilitadores políticos de un modelo neoliberal cuya agenda estaba pendiente en su ejecución.
Existe ya una percepción de que algo no está bien al interior de la alianza de gobierno, en el movimiento indígena, pero es una percepción que nace desde las organizaciones de base, desde las comunidades, que son convidados de piedra en este banquete del poder.
Su presión política hacia los dirigentes del movimiento indígena ha posicionado la idea de que es necesario un alejamiento político del gobierno actual y una posición más crítica.
El problema radica en los tiempos, para el gobierno de Gutiérrez es fundamental radicalizar a toda velocidad el modelo neoliberal y para ello no ha dudado en ampliar su base de negociación política con las oligarquías de Guayaquil. Esa velocidad tiene que ver justamente con la percepción de que la alianza con los movimientos sociales es muy frágil y susceptible de romperse en el mediano plazo.
Antes de que ese plazo se cumpla es necesario adoptar las medidas que aún están pendientes: la privatización bajo la figura de las concesiones, la flexibilidad laboral, el pago de la deuda externa, los recursos para un nuevo salvataje a los bancos privados, etc.
Cabría preguntarse entonces: ¿es necesario ganar las elecciones en cualquier tipo de alianzas para ser poder? ¿podrá el movimiento indígena ecuatoriano recuperar esos espacios perdidos desde que pensó, o se imaginó de que llegar al gobierno significaba "ser o tener poder"? ¿habrá aprendido de que el poder está más allá de una eventual participación en un gobierno y que esos pequeños espacios de tipo institucional por importantes que fuesen no ameritan poner en riesgo todo un proyecto histórico?