Miguel Pinto Parabá
Econoticiasbolivia.com

Organizaciones obreras departamentales y nacionales que se reunieron con la dirección del "Estado Mayor del Pueblo", este fin de semana en Cochabamba, para evaluar la candente coyuntura económica y social del país, coincidieron en un hecho: la última sublevación social boliviana fue "espontánea", pues no fue timoneada por alguna dirección sindical o política organizada..
A la hora de hacer el balance, todos los dirigentes sindicales y militantes de partidos revelaron que fueron "sorprendidos" por el motín policial y el levantamiento social del 12 y 13 de febrero, que tuvo un saldo de 33 muertos a bala y más de un centenar de heridos..
El máximo líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, el dirigente de la Coordinadora del Agua, Oscar Olivera, el ejecutivo nacional del magisterio urbano, Estanislao Aliaga, y el representante de las Centrales Obreras Departamentales (CODes) del país, Genaro Torrico, reconocieron "autocríticamente" que ninguna de las organizaciones a su mando ni la progubernamental Central Obrera Boliviana (COB) coordinaron acciones para dirigir este movimiento..
Sin embargo, varios ministros del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada aseguraron lo contrario. A través de varias conferencias de prensa acusaron primero al MAS, luego al "Estado Mayor del Pueblo" y finalmente a otras organizaciones departamentales y sociales de ser las "responsables" de las violentas jornadas de la semana pasada e incluso las involucraron en un supuesto "golpe de Estado"..
LAS CAUSAS .
De acuerdo a los dirigentes sindicales, que se reunieron el 16 de febrero, en la sede de las Federación de Fabriles de Cochabamba, el levantamiento popular tiene raíces históricas. La vertical aplicación del modelo de libre mercado (desde agosto de 1985), que desarrolló altas tasas de pobreza y desempleo, generó en el país las condiciones materiales para una eclosión social, que se viene revelando en el país, con matices cada vez más virulentos, desde los movimientos sociales de abril y septiembre del 2000..
Los últimos datos de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia revelan que en los 5 años de gobierno de Hugo Banzer y Jorge Quiroga (1997-2002) el número de muertos en los conflictos sociales ascendió a 80, mientras que el actual régimen, en sólo seis meses, ya tiene en su haber 57 muertos..
Otro dirigente afirmó que el gobierno no es que no quiere sacar al país de la crisis, sino que materialmente "no puede", porque, desde la privatización de las principales empresas estatales y su entrega a las transnacionales, los recursos que ingresaban al Tesoro General boliviano disminuyeron paulatinamente..
La política de erradicación de la hoja de coca también disminuyó el flujo de circulante en todo el país, lo cual no fue subsanado por los planes de "desarrollo alternativo", agregó, a su turno, el dirigente de los cocaleros de los Yungas, Dionisio Nuñez. "La espontánea sublevación se estrelló contra 17 años de opresión. El neoliberalismo murió y las políticas impuestas por el FMI fracasaron", sintetizó Oscar Olivera..
Para algunos sectores radicales, sin embargo, lo que ocurrió la anterior semana es, en el fondo, producto de la "bancarrota" del sistema capitalista boliviano, que ingreso en una profunda crisis..
Otros dirigentes hicieron notar que, cuando la propiedad privada se encuentra en peligro, los propietarios, inevitablemente, dan un viraje hacia posiciones conservadoras. Tomaron como ejemplo el radical cambio de discurso que experimentaron los líderes de las Confederaciones de empresarios, antes y después del levantamiento popular..
Con el fin de evitar un nuevo "impuestazo", "paquetazo", "gasolinazo", "corralito" u otra medida que pretenda reducir el alto déficit fiscal, según los sindicalistas, los bolivianos deben lanzar la propuesta de la "reversión" de todas las empresas privatizadas desde 1985. Esta idea recibió aplausos y fue ampliamente respaldada por los cerca de cincuenta asistentes a la reunión..
VÁNDALOS O ANTISISTÉMICOS .
Otro tema que se analizó a profundidad fue la presunta participación de "delincuentes", "vándalos" y "francotiradores" en las jornadas del 12 y 13 de febrero..
Los niños y jóvenes que "en masa" se dieron a la tarea de saquear y quemar entidades estatales, sedes de partidos políticos y entidades bancarias, en las ciudades de La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, no son "vándalos" ni "delincuentes", como afirman equivocadamente la mayor parte de los medios de información comercial, sino son grandes grupos de jóvenes que no encuentran alternativas bajo el actual sistema económico, afirmó el profesor Estanislao Aliaga, luego de explicar que los manifestantes prácticamente "apedrearon y quemaron los iconos del poder económico y político boliviano"..
El ataque al Palacio de Gobierno, la Vicepresidencia, el Ministerio de Trabajo, las Prefecturas, los Bancos de propiedad de conocidos políticos, la Alcaldía de El Alto, algunas empresas transnacionales y privatizadas, y las sedes de los partidos políticos en función de gobierno estuvo guiado por un nivel de conciencia..
Para los asistentes a la reunión, el tema de los "francotiradores" quedó claro. Estos "asesinos a sueldo", en realidad, son "paramilitares" dirigidos por el gobierno y la Embajada Norteamericana, denunció el dirigente obrero de la sede de gobierno, Genaro Torrico, quien fue respaldado por varios participantes..
Evo Morales, basado en "informes de militares patriotas", denunció que los francotiradores tenían el objetivo de liquidar a los cabecillas de los policías amotinados y algunos dirigentes sindicales radicales. Unas imágenes televisivas presentadas por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos muestra que fueron los propios militares quienes dispararon contra jóvenes, trabajadores y dos paramédicos de la Cruz Roja, el 13 de febrero..
DEBILITAMIENTO DEL APARATO REPRESIVO .
Otra conclusión a la que llegaron los sindicalistas fue que el levantamiento popular del 12 y 13 de febrero hizo "explotar el aparato represivo del Estado boliviano". La tropa policial apoyada por algunos "oficiales progresistas" derrotó el "impuestazo" al salario y puso en jaque al Ejército. Se conoció también que los suboficiales y sargentos de algunas guarniciones militares del departamento de La Paz se "negaron" a salir a las calles para reprimir a los sublevados..
Los medios de comunicación, para la mayoría de los asistentes, jugaron un rol "negativo y progubernamental" en el conflicto. Se ocuparon de caracterizar al levantamiento como un movimiento "vandálico y delincuencial", para justificar una mayor represión. Acerca de este tema no se sacó conclusiones y se planteó que sea un punto de urgente análisis en el encuentro que se realizará en la ciudad de La Paz..
Pero, todo este movimiento popular estuvo marcado por una característica central: la nítida ausencia de una dirección política y sindical. Una sentida necesidad que también será analizada, a mayor profundidad, en un "Encuentro Social Nacional" que se realizará en La Paz, el 25 y 26 de este mes. Los militantes del MAS, la dirección del Estado Mayor y otras organizaciones sindicales y sociales no negaron esta crítica, que fue casi unánime, en sentido que sus cuadros políticos no "estuvieron a la altura de los acontecimientos"..
Un grupo de dirigentes lanzó también dardos contra el Movimiento Indígena Pachacuti (MIP), encabezado por el dirigente campesino Felipe Quispe. Criticaron acremente la ausencia del controvertido "Mallku" y el analista político, Alvaro Garcia Linera, quienes, en el momento del conflicto, se encontraban de visita en México..
Olivera, Torrico y Morales, al filo del encuentro, plantearon la idea de organizar un nuevo "órgano de poder", la "asamblea popular constituyente"; empero, esto quedó también en el tapete de discusión..
DOCUMENTO DE CONCLUSIONES .
Luego del debate de cerca de 4 horas, se convocó a una conferencia de prensa para presentar un pronunciamiento colectivo de 7 párrafos. Entre los puntos más sobresalientes se ratificó el pedido de "renuncia" del Presidente y Vicepresidente de Bolivia; se determinó continuar las movilizaciones y vigilias en las carreteras, se decidió otorgar un plazo hasta fin de mes para dar solución a los pedidos de varios sectores sociales, y se denunció a la comunidad internacional la intención del gobierno de someter a los dirigentes de las organizaciones sindicales antineoliberales a "procesos penales" por haber participado en el levantamiento social de la semana anterior.