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La Paz, febrero13 de 2003.- Miles de trabajadores, desempleados, campesinos y clases medias empobrecidas coparon hoy las principales ciudades de Bolivia exigiendo la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en el segundo de día de convulsión social y violencia que azota al país más pobre de Sudamérica..
Hasta el mediodía de hoy, nuevas escaramuzas y enfrentamientos entre militares y población civil arrojaron el saldo confirmado de dos muertos y más de una veintena de heridos de bala y gases. La violencia no es tan intensa como la vivida este miércoles, que ya había dejado sin vida a 16 personas y más de un centenar de heridos, la mayor parte de ellos policías amotinados y trabajadores..
En La Paz, la plaza Murillo, donde se ubica el palacio de gobierno y el Congreso Nacional, amaneció bajo un estricto control militar, respaldado horas más tarde con tanquetas de guerra. El ejército controla las inmediaciones del palacio, pero no el resto del centro de la ciudad, que es escenario de masivas manifestaciones populares y enfrentamientos..
En las ciudades de Oruro y Potosí, trabajadores mineros, con dinamita en la mano, encabezaron multitudinarias protestas. En Cochabamba, cocaleros y universitarios paralizaron la ciudad, mientras en el Chapare se bloqueaba las carreteras y se enfrentaban con los militares, con un saldo preliminar de un cocalero muerto y varios heridos de bala. En el resto de las ciudades, las protestas también son masivas, con la misma consigna que agita a la Bolivia de los de abajo: la renuncia del presidente..
En la ciudad de El Alto, a pocos kilómetros de la sede de gobierno, desempleados y trabajadores atacaron y saquearon los almacenes de la Aduana y las embotelladoras de Coca Cola y Pepsi. La ira de la población civil solo dejó escombros y la posterior represión militar agregó a la macabra cosecha más sangre y heridos..
Y aunque la intensidad de los enfrentamientos y violencia es menor al de la víspera, es creciente la demanda popular para lograr la renuncia de Sánchez de Lozada, que ayer retiró su proyecto de impuestazo que reducía salarios de trabajadores del sector público y privado, el detonante de la actual ola de violencia..
En la madrugada de hoy, el gobierno redujo su extrema vulnerabilidad al firmar un acuerdo con los policías rebeldes, aceptándoles gran parte de sus reivindicaciones. Fruto del convenio, los amotinados bajaron las armas con las que apuntaban a Sánchez de Lozada y velaban sus muertos en sus regimientos. Allí, las tropas aún evalúan el convenio, curan sus heridas y consuelan a su viudas y huérfanos. En estos policías, a pesar de la presión del Alto Mando, hay la decisión de no salir, por lo menos en lo inmediato, a reprimir a los trabajadores y población civil que hasta ayer los acompañaron en la lucha contra el impuestazo..
Por ello, los enfrentamientos de este jueves se libran solo entre efectivos militares y manifestantes.