Cuando el pueblo francés se dio cuenta que a Luis XVI poco le importaban las demandas populares y que no pretendía cambiar su forma despótica de dirigir, se parió una fecha histórica: 14 de julio de 1789, toma de la Bastilla y caída del régimen de la monarquía como poder absoluto. Aquel pueblo, desde antes, no acataba los mandatos de su rey, no creía en su discurso, ni estaba dispuesto a ceder más. Aquel pueblo francés, cansado de la tiranía, era ingobernable.
Y es que la palabra ingobernabilidad no es un estado de desinterés y desdén popular, si no, más bien, la absoluta determinación de no creer ni obedecer a un estado que ha demostrado su falta de interés por la justicia social y el servicio en representatividad de un pueblo.
En El Salvador, esta palabra poco comprendida empieza a palpitar a los ojos de todos. El problema es que, aunque hasta hace poco lo hace a la vista del pueblo, desde hace mucho viene palpitando subrepticiamente dentro de una sociedad que cada vez puede contenerla menos.
Para rematar con certeza, el último informe del Programa para las Naciones Unidas (PNUD) plantea, como escenario más probable en el país, ese mismo: el de la ingobernabilidad. Además, señala como los factores generadores de ese panorama a los partidos políticos y su forma de obrar.
Para poder comprender con mayor facilidad a qué se refiere el término, es necesario hacerlo aterrizar en hechos concretos.
Una muestra clara de ingobernabilidad dentro de una democracia liberal como la nuestra es la contradicción entre órganos del estado. Ejemplo claro es la nueva "ley antimaras" promovida por el órgano ejecutivo. La ley pretende que se arreste a todo aquel sospechoso de participar en las pandillas delictivas de El Salvador. Esto conlleva que todo aquel que esté tatuado, que se vista como marero, que se reúna en las calles con gente con esa apariencia o que porte un estilo como el considerado "de las maras", está sujeto a ser atrapado y encarcelado.
Por supuesto que la constitución del país no dice nada al respecto, y es más, aclara que el individuo tiene libertad de expresión y asociación. El órgano legislativo, por medio de sus jueces, libera al instante a los más de 100 pandilleros mensuales que llegan a las salas de la corte. Cuando se presentan ante ellos sin ningún cargo más que el de estar tatuados y en fachas, ellos se ven indefensos. No pueden inventarse leyes para punir cargos delictivos inexistentes.
Pero los indicadores no son leídos de forma correcta. El partido oficial, en vísperas de las elecciones de marzo de 2004, lanza a su candidato a la presidencia, Antonio Saca, bajo el lema de introducir la "ley de la mano súper dura". Es decir, exacerbar el espíritu de esta incongruencia al gobernar, ampliar los márgenes de represión y detenciones injustificadas.
Esta es una muestra clara de que el país no funciona: uno se inventa una disposición para encerrarlos, y el otro, al no tener amparo legal, los deja en libertad. Y claro, el pueblo en medio, soportando los vaivenes de la incongruencia de un gobierno que no puede gobernar y que impulsa la desatención y falta de credibilidad de sus gobernados.
Otros factores que juegan un papel claro dentro del camino a la ingobernabilidad son las condiciones de vida de un país. El Salvador, según reporta el PNUD, tiene una de las desigualdades en la repartición de ingresos más grandes de Latinoamérica. El 20% más rico de la población percibe más del 56% del ingreso total económico, mientras que el 20% más pobre no llega ver el 4% de estos ingresos.
La brecha se amplía y eso implica dejar a más gente del lado indeseable de la línea trazada, del lado de la pobreza.
Mientras, el partido en el gobierno, ARENA, plantea tratados de libre comercio con Estados Unidos que favorecerían a las clases dominantes y terminaría de minar el camino para los micro y pequeños comerciantes.
El pueblo reacciona con manifestaciones, tres en las últimas dos semanas, plataformas, foros, todo en protesta al tratado de libre comercio que, evidentemente, dejará en desventaja a toda la producción agrícola del país frente a un esquema de producción, el estadounidense, que supera en capacidad de producción, adelantos tecnológicos y precio de venta al público al aparato nacional.
Esto genera ingobernabilidad, cuando el estado gobierna no en función del pueblo, sino en detrimento de este. Cuando la población arroja cifras alarmantes y el estado reacciona con medidas que las aumentarán. En resumen, cuando el pueblo necesita pan y el estado le arroja rocas.
La incomprensión y falta de atención de un gobierno a su pueblo deriva en la falta de credibilidad, en que la población deje de verse representada por los gobernantes y se sienta atacada.
Cuando un pueblo pierde la credibilidad, se le gobierna por imposición, y cuando un pueblo es gobernado de esta forma, el miedo es el elemento que manda y la reacción ante este llega a derivar en violencia, como en muchos casos ha quedado demostrado.
El problema de que el estado genere violencia es que él mismo responde ante ella y se siente en el deber de apalearla. Ahí, el panorama de ingobernabilidad queda constituido. En ese momento, el gobierno no gobierna, sino que lucha contra su pueblo. Combaten como parte de dos bandos antagónicos.
Así, El Salvador sigue palpitando, y cada vez con más celeridad. Aquel 14 de julio de 1789, el pueblo francés salió adelante cuando se dio cuenta que su única salvación estaba en ellos mismos. Pero también, en aquel julio francés, se dieron cuenta que para salvarse tenían que rodar cabezas. Y rodaron.
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