EL TIEMPO

as autoridades colombianas podrán empezar a hacerlo con los recursos que lleguen en el 2004 para la erradicación de cultivos ilícitos.
Así quedó contemplado en la "conciliación" entre la Cámara y Senado sobre el presupuesto para las Operaciones Extranjeras 2004, el vehículo legislativo donde viajan la mayoría de los recursos que E.U. suministrará a Colombia para lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
Los parques nacionales naturales en Colombia ocupan algo más de 10 millones de hectáreas consideradas como el segundo lugar en el mundo con mayor riqueza en biodiversidad del planeta, después de Brasil.
El proyecto, que ya es definitivo, será aprobado este lunes en las plenarias de la Cámara y el Senado en votaciones protocolarias y enviado luego a la Casa Blanca para la sanción presidencial.
Las fuentes consultadas por eltiempo.com coincidieron en afirmar que Colombia se vería expuesta a una fuerte presión internacional, ya que una decisión de esta trascendecia es inédita en el mundo.
El ex ministro Juan Mayr, quien estuvo al frente de la cartera de Medio Ambiente durante los cuatro años del gobierno anterior, dijo que "esta es una de las situaciones más graves que le pueda pasar al tema ambiental en el país, un atentado contra el patrimonio colectivo de los colombianos". Ello, según el reconocido ambientalista, "confirma que el tema carece de interés dentro de la política oficial".
"Esto requerirá de estudios y evaluaciones muy completas antes de emprender cualquier acción. E igual, el tema puede llegar a la Corte porque los parques nacionales, según la Constitución, son bienes inembargables, imprescriptibles e inmodificables, patrimonio de todos los colombianos".
Y es aquí, según Mayr, donde se le medirá la efectividad al Ministerio del Medio Ambiente, " para determinar cuáles son los temas realmente sensibles para este gobierno y si la nueva ministra (Sandra Suárez) va a permitir que se fumigue en los parques en lugar de buscar otra forma de erradicación".
"En épocas anteriores el Minambiente libró y ganó grandes batallas contra las fumigaciones, por ejemplo con Tebuthiurón, y ahora no puede hacer menos", puntualizó.
Por su parte Carlos Castaño Uribe, quien fue director de la Unidad de Parques Nacionales Naturales durante 14 años y actualmente se desempeña como consultor de la organización Conservation International (CI), dijo que a estos recursos se les podría sacar un mejor provecho invirtiéndolos de otra manera.
"No tengo ahora cifras actualizadas, pero en la época en la que estuve al frente de Parques Nacionales, todas las presiones siempre fueron manejadas de común acuerdo con el ministro de turno para buscar alternativas diferentes. Al país le ha costado mucho esfuerzo mantener al margen las áreas protegidas, porque son el banco genético de la Nación. La biodiversidad más rica del planeta no podría afectarse de esa manera".
Camilo González Posso, ex ministro de Salud y actual director de la ONG Indepaz, dijo que el impacto ambiental sería tremendamente negativo, al igual que sobre las condiciones de bienestrar para la población.
"Es cierto que el uso de químicos en el procesamiento de la pasta de coca es tremendamente dañino, pero eso no es argumento para que haya que echarle gasolina al incendio", dijo al refutar a quienes apoyan las fumigaciones como tabla de salvación contra el deterioro ambiental que causa la producción de drogas ilícitas.
Asimismo, señaló que "está demostrado por los propios protocolos y las informaciones de Estados Unidos que esta sustancia produce daño a la biodiversidad, a los cuerpos de agua. Y no hay la menor duda sobre las grandes dificultades técnicas para impedir su impacto".
Una fuente próxima al Gobierno, vinculada con el sector ambiental y que prefirió que su nombre se mantenga en el anonimato, dijo que la decisión del Congreso de E.U. "era lo último que nos faltaba de una politica agresiva de fumigación de cultivos".
Recordó que los parques son "zonas de altísima sensibilidad ambiental, como el área de la reserva de La Macarena en donde hay cultivos ilícitos, pero también una gran agrodiversidad que se puede ver afectada".
Asimismo, dijo que con la medida "persiste el paradigma de reducción de las siembras como si eso fuera equivalente a hablar de un debilitamiento del narcotráfico. La reducción de cultivos no lleva a una reducción de la oferta de drogas en el mundo".
Finalmente, señaló que de ponerse en marcha la fumigación de los parques naturales, el Ministerio de Medio Ambiente pierde la función de control en este tipo de casos. "El Ministerio y la política ambiental se sustraen de cualquier político de drogas", dijo.
José Soria, secretario general de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, dijo que "no se debe cometer ese tipo de atropellos, sobre todo donde hay grandes reservas de fauna y flora y además son puntos estratégicos".
Reveló que hace dos semanas las autoridades indígenas y el Gobierno llegaron a un acuerdo para no fumigar en zonas de reserva indígena. La reunión se llevó a cabo con el viceministro de Justicia y del Interior, Juan Carlos Vives Menotti.
A su turno, Julio César Estrada, presidente de la misma organización indígena, indicó que la semana pasada el Director Nacional de Parques Nacionales, Juan Carlos Riascos, le aseguró que el tema estaba liquidado porque en el Congreso de Estados Unidos había una fuerte oposición.
Señaló que de fumigarse los parques naturales, "sería gravísimo, además porque hay mucho territorio indígena allí".
"Nos preocupa que el Gobierno se contradiga. Que nos prometa una cosa y después haga otra", concluyó.
Justamente, la Unidad de Parques Nacionales declinó referirse al tema pues aclaró que la única posición oficial sobre el mismo debe provenir del Ministerio del Medio Ambiente, que, a su vez, atendió la recomendación de una directiva presidencial en el sentido de "evitar al máximo dar declaraciones sobre temas sensibles".
La medida en el Congreso estadounidense se tomó tras varias semanas de intenso debate. Aún así, antes de poder hacerlo, el secretario de Estado, Colin Powell, deberá corroborar ante el Congreso que dicha fumigación es permitida por la ley colombiana y que, en cualquier caso, la aspersión de químicos es la única alternativa para controlar el brote de cultivos ilegales en estas zonas.
"Que los fondos que se apropian en este acto pueden ser usado para fumigar aéreamente en parques y reservas naturales en Colombia, si el Secretario de Estado determina que esto es hecho acorde a las leyes colombianas y que no hay otras medidas alterativas efectivas para reducir los cultivos de drogas en estas áreas", dice el texto del proyecto de ley.
González Posso señaló que "está demostrado que existen procedimientos alternativos y que no están usados eficientemente". Dice que "la política de interdicción tiene un balance es muy pobre, al igual que la persecución a los precursos y al lavado de activos".
Reversazo Hace poco menos de un mes, el Senado, en su versión del Presupuesto para las Operaciones Extranjeras, había prohibido el uso de fondos de E.U. para fumigar en Parques Nacionales.
La oficina del Senador Patrick Leahy, demócrata de más alto rango en la Comisión de Apropiaciones, decidió incluir esta prohibición, luego de conocer que el gobierno colombiano había autorizado, por primera vez en lo que va de la lucha contra las drogas, la fumigación en estas zonas del país.
Leahy se refería a la Resolución 0013 del Consejo Nacional de Estupefacientes del pasado 27 de junio. En ella, el gobierno abría la puerta a la fumigación aérea en parques aunque dejaba claro que primero se explorarían otras alternativas.
"Teniendo en cuenta que existe evidencia de cultivos ilícitos al interior de estas zonas, lo que atenta contra su conservación y sostenimiento, se autoriza la aplicación del Programa de Erradicación de Cultivos con el herbicida Glifosato (PECIG) en las mismas, previa presentación al Consejo Nacional de Estupefacientes de la caracterización ambiental y social de las áreas a asperjar", decía la resolución en su segundo Parágrafo. La 0013 fue avalada también por el Procurador Edgardo Maya y su concepto incluido en el Plan de Manejo Ambiental que fue presentado recientemente por el Ministerio del Medio Ambiente.
Se violarían tratados internacionales Una fuente allegada a la normatividad ambiental aseguró que esta resolución no tiene validez, ya que la autoridad ambiental es el Ministerio y lo que guía esta actividad es el Plan de Manejo Ambiental, que prohíbe expresamente fumigar en Parques Nacionales y resguardos.
La misma fuente dijo que si Colombia llega a fumigar las zonas de parques, violaría disposiciones y tratados internacionales ambientales como: Convenio de Biodiversidad, ratificado por Colombia mediante la Ley 162 de 1994. Protege básicamente toda la diversidad, particularmente de aquellos países –como Colombia- en donde hay una gran riqueza en fauna y flora.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protege la identidad e integridad de los pueblos indígenas. Como varias comunidades indígenas tienen sus territorios dentro o en los alrededores de los parques, se estaría transgrediendo esta norma.
Todo lo acordado en la Cumbre de Río, de 1992, que está contemplado en la Ley 99 de 1993.
Además, entre varios convenios, el de Ramsar, que protege los humedales. Y aquellos convenios que tienen que ver con la preservación reservas y bosques.
Los analistas aseguran que la Amazonía y la Sierra Nevada de Santa Marta serán los primeros blancos de las fumigaciones, en donde las comunidades indígenas son las más afectadas.
La justificación, según el Gobierno, estaba en que por lo menos 15 mil hectáreas de coca se encontraban "escondidas" en los parques. Palabras más palabras menos, los parques se estaban convirtiendo en la "última frontera" del narcotráfico en vista de que el gobierno, por consideraciones ecológicas y jurídicas, los evitaba a la hora de fumigar.
La prohibición incluida por el Senado de E.U. (más no por la Cámara) evitaba llevar acabo dichos planes y como consecuencia desató una verdadera batalla campal.
Iniciativa colombiana Una fuente ambiental en Bogotá, que prefirió la reserva de su nombre, indicó que el viraje dado por el Congreso de Estados Unidos se dio también "por las señales emitidas por el Gobierno colombiano y por el ex ministro (Fernando) Londoño quien llegó a decir que no habría áreas excentas a la fumigación de cultivos ilicitos".
Para el Departamento de Estado, los republicanos en el Congreso y el gobierno nacional la medida, antes que proteger a los parques como era su intención acabaría por destruirlos.
"Impedir la fumigación en parques se traducirá en una proliferación brutal de los narcocultivos en estas zonas", dijo en su momento a EL TIEMPO el vice ministro de Justicia, Rafael Nieto Loaiza. Para este, además, guerrillas y autodefensas -de por si muy involucradas en el negocio del narcotráfico-, aprovecharían la ausencia del Estado para concentrar allí sus centros de operación.
Finalmente, fue este el argumento que terminó imponiéndose cuando los legisladores de ambas Cámaras entraron en el proceso de conciliación.
Aún así, la ley tiene su "cáscara" pues exige que se demuestre que no hay otra alternativa, algo que sin duda generará debate ya que opciones como la erradicación manual o el uso de la fuerza pública para desalojar los predios siempre son opciones.
En ley que será aprobada este lunes también se incluyen otras medidas que afectan la fumigación en Colombia, aunque estás ya se aplican desde años anteriores.
En principio, solo el 20 por ciento de los recursos destinados para la compra de químicos usados en la aspersión (mezcal de glifosato) podrán ser usados hasta el secretario de Estado no certifique que la mezcla utilizada responde a los mismos estándares que la Agencia para la Protección del Medio Ambiente (EPA) impone para su uso en E.U. y que su forma de empleo no plantea "peligros razonables ni para personas ni para el medio ambiente".
También que ningún fondo de E.U. se podrá usar hasta que se certifique que se está compensado con justicia a todo aquel que demuestre ha sido afectado por la fumigación o hasta que se demuestre que se están implementando programas que ofrezcan alternativas diferentes a la siembra de coca en las zonas que se están fumigando.
La ley, a su vez, otorga 2.5 millones de dólares para al Servicio de Parques Nacionales, que se invertirán en entrenamiento y equipos.
Con información de Sergio Gómez, corresponsal de EL TIEMPO en Washington, y de la redacción de eltiempo.com