Latinoamérica

Justificados recelos suscitó en algunos familiares la participación de la UDI en estas gestiones. El repentino interés del partido pinochetista por los presos políticos y por la situación de un grupo de familiares de detenidos desaparecidos de Pisagua, y su prudente distanciamiento respecto de la figura del decrépito ex dictador, se enmarcaba en una estrategia para desperfilar su imagen de "derecha dura" e incidir de manera determinante en una política de reconciliación y cierre del tema de los derechos humanos. A lo largo de 2002, los senadores Carlos Bombal y Hernán Larraín sostuvieron frecuentemente en la prensa que había que cerrar los procesos de los presos políticos abiertos desde hacía una década, rebajar las penas y también entregarle una respuesta definitiva a los familiares de detenidos desaparecidos. No obstante, la UDI dio una primera señal del verdadero alcance de su compromiso cuando a fines del año pasado se abstuvo de votar la necesidad de legislar una ley de indulto para los presos políticos.
La estrategia de la impunidad En agosto de 2002 Ricardo Lagos dio a conocer al país su propuesta de derechos humanos, que concitó el rechazo unánime de las agrupaciones de familiares de víctimas del terrorismo de Estado y de los abogados e instituciones de derechos humanos. Todos los sectores políticos y sociales dieron a conocer propuestas alternativas, pero sólo la propuesta de Lagos y de la UDI persiguen el objetivo común de cerrar el tema de los derechos humanos a través de la entrega de reparaciones económicas, la rebaja de condenas para quienes aporten información sobre los detenidos desaparecidos y la aplicación de la ley de amnistía para cerrar los procesos aún abiertos contra los violadores de los derechos humanos. Es decir, tanto la UDI como el gobierno de la Concertación pretenden cerrar la transición consolidando la actual impunidad de hecho con una ley de punto final y una amnistía general para los violadores de los derechos humanos.
La negativa de la UDI a apoyar el indulto es totalmente coherente con su propuesta de derechos humanos, basada en las conclusiones de la mesa de Diálogo, según la cual "desde los años 60 hubo en Chile una espiral de violencia de la cual todos fuimos responsables". Según la propuesta de la UDI, para lograr la paz social en Chile y "como testimonio de nuestra voluntad de pacificación, proponemos que el Presidente de la República, conjuntamente con los proyectos antes referidos y con igual urgencia, presente también un proyecto de ley de indulto general, que beneficie a todos los condenados en virtud de la ley sobre conductas terroristas, por hechos perpetrados entre el 11 de marzo de 1990 y la fecha de publicación de esta ley, que hayan cumplido ya más de 10 años de prisión efectiva. Los familiares de las víctimas de esos hechos de violencia, tanto civiles como aquellos pertenecientes a las Fuerzas Armadas, de Orden y de Gendarmería tendrán derecho a los mismos beneficios de la ley de reparaciones y a las indemnizaciones antes señaladas". Fue así como en un primer acto público de recomposición de la Alianza por Chile -tras los últimos desencuentros por causa de pedofilia-, la derecha chilena amenaza hoy con rechazar el indulto de no lograrse una solución global que incluya a los militares procesados por violaciones a los derechos humanos.
La diputada UDI Evelyn Matthei, en un ataque de delirio ultraderechista, afirmó que el gobierno aplicaba la ley del embudo, "muy manga ancha para un lado y odiosidad completa para el otro", según dijo. Habría que preguntarse quiénes se benefician de la manga ancha del gobierno, si los presos políticos sometidos durante más de 11 años a una interminable serie de abusos jurídicos y carcelarios, o los responsables de las violaciones de los derechos humanos que gozan de total impunidad, ya sea amparándose en la pretendida "demencia senil" de su líder histórico, o en la invariable obsecuencia del gobierno que le ha ofrecido a los violadores de los derechos humanos mesas de diálogo, tres propuestas de leyes de punto final -y la cuarta actualmente en curso- y una ley de secreto profesional. En menos del uno por ciento de los procesos por violaciones a los derechos humanos se ha dictado sentencias condenatorias, menos de una docena de condenados permanecen en un penal donde gozan de derechos tales como conceder entrevistas, salir con permiso y usar computadoras, custodiados por sus propios subordinados. Pinochet envejece tranquilamente en su casa mientras los ejecutores de sus órdenes eluden a la justicia con el apoyo de abogados pagados con fondos estatales. ¿Para quiénes la manga ancha a que alude la diputada UDI? A recomponer una estrategia propia por la libertad El martes 2 de diciembre los presos políticos de la CAS y otros penales del país depusieron la huelga de hambre que tenía como objetivo la votación y promulgación del proyecto de indulto que, como ellos mismos dicen, "nada tiene que ver con la impunidad". Con su movilización le recordaban a la sociedad que están vivos, que han cumplido más de 11 años y medio de prisión - castigo sustentado en errores jurídicos, dobles juzgamientos en la justicia militar y civil, régimen carcelario extremadamente riguroso, negación de beneficios. Depusieron su décimo séptima huelga de hambre porque en el transcurso de la tarde del lunes 1 de diciembre, el Ejecutivo se había comprometido oficialmente a otorgarle carácter de urgencia al Proyecto de Ley de Indulto. La votación en el Senado debía concretarse el miércoles 3 de diciembre, pero se postergó una semana y otra hasta que el 16 de diciembre se aplazó hasta enero, transformando en amarga decepción la victoria supuestamente lograda.
La implacable lógica de los hechos demuestra que no hubo engaño, sino calculada crueldad y falta de humanidad de la derecha y el gobierno para con las justas pretensiones de libertad de los 35 presos políticos -que siempre han manifestado que no aceptar ser "moneda de cambio". Se burló también la buena fe de los negociadores que, olvidando que en la esfera política suele no honrarse la palabra comprometida, confiaron en la palabra de los senadores Larraín, Bombal y Viera-Gallo.
Hoy los políticos en el poder se disponen a imponerle no sólo a los presos políticos y sus familias, sino también a los sobrevivientes de la tortura -a quienes les ofrecen una "reparación simbólica y austera"- y a los familiares de los ejecutados y desaparecidos, el costo de una reconciliación basada en el dinero, la perversión ética y la impunidad.
Los presos políticos inician su duodécimo año de prisión, el dirigente poblacional Abraham Larrea cumple trece años encarcelado. Son sobrevivientes de la cacería de la "Oficina" que completó la tarea de exterminio iniciada por la dictadura -con un balance trágico de 30 jóvenes muertos en desiguales enfrentamientos y alrededor de 200 detenidos durante los cuatro años del gobierno de Patricio Aylwin. Fueron torturados, los procedimientos judiciales que se les aplicaron estuvieron reñidos con el debido proceso, las fiscalías militares les impusieron interminables condenas, cumplen prisión preventiva y condenas en una cárcel de alta seguridad que castiga cuerpos e ideas, se les obstaculiza el acceso a la libertad condicional y los beneficios, etcétera. La indiferencia de los poderes públicos, reflejada por ejemplo en la falta de respuesta a la solicitud de indulto presidencial presentado hace más de un año por Pedro Rosas, enfermo de cáncer, expone a los presos a nuevas y sofisticadas formas de castigo.
No es posible subordinar la libertad de los presos exclusivamente a la aprobación de la ley por un poder político que ha dado repetidas muestras de insensibilidad no sólo hacia el mundo de los derechos humanos, sino de los trabajadores, estudiantes, mujeres y pueblos originarios. Es urgente que la solidaridad internacional, los presos políticos, los abogados de derechos humanos, la iglesia, los amigos, rearmen sus fuerzas y exploren otras vías de solución. La exigencia de beneficios para ocho compañeros, la presión por el cierre de los procesos abiertos, el indulto presidencial para Pedro Rosas y para todos los procesos no terroristas, la rebaja de condenas para los ocho condenados a presidio perpetuo, exigen creatividad, trabajo jurídico perseverante y movilización solidaria permanente, ahora.
Tenemos la razón, pero necesitamos la fuerza y solidaridad de todos los que estamos realmente comprometidos con una justa y urgente libertad.
Coordinador por la libertad de los presos políticos Santiago de Chile, 17 de diciembre de 2003 Mas informacion sobre la Huelga de hambre www.radionumerocritico.cl/pp