Arnaldo Pérez Guerra

La abogada de CODEPU, Alejandra Arriaza Donoso, pasa revista a la actual situación de los derechos humanos en nuestro país. Considera que la propuesta del gobierno es completamente insuficiente: "Valoramos la existencia de iniciativas legales tendientes a esclarecer la verdad, hacer justicia, y que se preocupan de la reparación, que también es un deber del Estado, pero la propuesta del gobierno no es la más correcta. No se debiera abrir la puerta para que entre la impunidad", señala. Arriaza responde consultas sobre la querella presentada por 25 sobrevivientes de la detención y tortura en los cuarteles de la CNI. También se refiere a la Ley de Indulto general que beneficiará a la mayoría de los presos políticos. Además expone las aberraciones jurídicas cometidas por Fiscalías Militares y tribunales civiles en los casos de Tito Medel, Manuel Martínez y Marcelo Gaete.

-¿Cuál es su opinión sobre la propuesta de derechos humanos que presentó el presidente Ricardo Lagos?

-Tengo entendido que aún no existe una propuesta definitiva. Hubo una propuesta que él hizo donde se suponía se iban a recoger todas las propuestas previas de partidos políticos, organismos de Derechos Humanos y personalidades. Obviamente, consideramos que es insuficiente. La Corporación de Promoción y Defensa los Derechos del Pueblo (CODEPU), hizo una presentación solicitando distintas medidas que es necesario abordar. Temas pendientes. Prácticamente no se tomó en cuenta ninguna. Valoramos la existencia de iniciativas legales tendientes a esclarecer la verdad, hacer justicia, y que se preocupan de la reparación, que también es un deber del Estado, pero la Propuesta del gobierno no es la más correcta. No se debiera abrir la puerta para que entre la impunidad, se dejen casos sin resolver o se rebajen penas en forma abismante, o incluso en forma previa a los victimarios enfrenten la justicia. Eso se contradice con cualquier política de reparación. El primer paso para reparar a las víctimas y la sociedad es que exista verdad y justicia íntegra. En cuanto a la reparación 'simbólica y austera', no es conveniente que se plantee desde ya puesto que no sabemos ni se ha determinado el número de personas afectadas por la tortura o detenciones ilegales. No existe aún una Comisión dedicada a sistematizar esa información. Es importante la creación de la Comisión. Esperamos se cumplan los objetivos para la cual se ha creado y que sus propuestas sean aquellas que durante tantos años han esperado las víctimas de violaciones a los derechos humanos: verdad, justicia, y reparación".

-¿Qué plantearon ustedes en su propuesta de derechos humanos?

-La propuesta del CODEPU es integral. El eje central se encuentra en las investigaciones judiciales. Existe un poder del Estado que tiene no solamente la facultad, sino el deber de investigar y sancionar a los responsables cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, crímenes como los que ocurrieron en Chile. La Justicia tiene el deber de hacerlo, sin que se aplique ni la amnistía, ni la prescripción, ni ningún otro tipo de 'salidas alternativas' que van en contra de su mandato.

-La propuesta gubernamental instaura la "inmunidad penal".

-Sí. Dice relación con personas que aún no han sido procesadas en algún expediente y que tendrán la posibilidad de acercarse a los tribunales y entregar su testimonio, aportando datos útiles a la investigación con el objeto de encontrar a los detenidos desaparecidos. Fundamentalmente apunta a eso. Existe la posibilidad que a esas personas se les rebaje penas y, en definitiva, no se les pueda someter a proceso. Una cosa muy contradictoria, puesto que, por un lado, se plantea avanzar con la justicia y, por el otro, se ofrece impunidad. A quienes no han sido procesados de ante mano se ampara su impunidad, algo completamente contrario a los principios generales del derecho.

-¿Es más verdad a cambio de impunidad?

-Exacto. Consideramos eso inconcebible. Y aún más que el Estado lo esté proponiendo. Iniciativas como esa sólo podrían venir, precisamente, de agentes que fueron violadores de los Derechos Humanos, pero no de un Estado que está tratando de reestructurarse, de sanarse como sociedad y como país. Es completamente impresentable.

-¿Está tratando o debiera tratar?

-Obviamente, debiera tratar. Hay procesos en los que afortunadamente se ha avanzado muchísimo. Existen distintas instancias en las que se han designado 'ministros de fuero', 'ministros con dedicación exclusiva'. Y es increíble el avance que han hecho, lo que precisamente nos permite darnos cuenta que si existe voluntad de investigar, pese a que han transcurrido 30 años, se puede hacer. Hoy, se puede acreditar el delito de tortura porque las secuelas no solamente son físicas sino también sicológicas. Desgraciadamente las propias víctimas y quienes han convivido ellas son las que han debido perseverar porque se investigue, buscar pruebas, demostrar, perseguir a los autores de los crímenes. Muchas veces ha existido todo un aparato que pretende frenar esos procesos.

-Otro punto en la Propuesta es que el presidente Lagos podrá indultar a violadores de los Derechos Humanos que expresen su arrepentimiento...

-Eso es algo que creemos muy delicado, puesto que se está planteando en forma previa. Primero se necesita que haya un proceso y una condena. El presidente de la República siempre ha tenido la facultad de indultar en aquellos casos que él estime pertinente, pero no se puede plantear un indulto en forma anticipada pues eso es 'garantizar impunidad'...

Ley de Indulto para los presos políticos

-El proyecto de Ley de Indulto para los presos políticos -que actualmente se tramita en el Senado- establece requisitos específicos para los beneficiados: 10 años de prisión ininterrumpida, condena por las leyes 18.314 y 17.798, carta de renuncia al "uso de la violencia", entre otras. No todos reúnen esos requisitos, lo que deja fuera de sus beneficios a 6 ó 7 presos políticos.

"Sé que hay presos políticos que quedarán fuera. Son situaciones distintas en cada caso, pero creemos que no es necesario esperar el que se dicte la ley para otorgar ya la libertad a muchos de los presos políticos. Me refiero, en especial, a quiénes no están condenados por Ley Antiterrorista, y que no serán beneficiados con la Ley de Indulto, puesto que en aquellos casos el presidente de la República tiene la facultad de indultar. Es por eso que se han presentado indultos a favor de Oriana Alcayaga, Elizabeth Núñez, Pedro Rosas, Dante Ramírez, Abraham Larrea y otros. En ninguno de estos casos, que incluyen a presos políticos gravemente enfermos, han sido otorgados. El indulto es una herramienta que no se ha usado. Además, está la posibilidad de liberar por medio de beneficios intrapenitenciarios a una considerable cantidad de presos políticos, pero ha existido una política 'discrecional y arbitraria' por parte de Gendarmería para no otorgarlos. Todos sabemos, además, las condiciones en las que han sido procesados los presos políticos. Es importante hacerlo presente. Fueron condenados con penas superiores 20, 30 ó 50 años, y no debemos olvidar que se les sometió a la Justicia Militar y tribunales civiles en forma paralela por un mismo hecho, incluso se les abrieron varios procesos...

-Hasta cuatro veces fueron condenados por un mismo hecho...

-Es el caso de Manuel Martínez Garcés y otros. Muchas veces sólo se utilizó la 'confesión' como agravante en el momento de la condena. Confesiones que fueron conseguidas bajo torturas. Hay muchas denuncias al respecto sin una investigación correspondiente. Incluso se detuvo a menores de edad, y se excedieron los plazos de incomunicación, lo que es una forma de tortura. Hay casos como el de Julio Peña Parada -6 impactos de bala en el cuerpo, un año y medio hospitalizado, y sometido a más de 14 operaciones-, en el que durante el primer año de su detención se realizó toda la 'investigación'. Muchas de sus 'declaraciones' fueron tomadas cuando se encontraba completamente dopado, anestesiado o saliendo de una operación, amarrado a un catre. Obviamente, ni siquiera recuerda lo que firmaba. Esos procesos son completamente aberrantes y, en ese sentido, las penas que se les aplicaron son desproporcionadas. Tampoco debemos olvidar que desde un comienzo no tuvieron defensa. Muchos de ellos solamente accedieron a abogados de turno para los efectos de contestar acusaciones. Jamás esos abogados se entrevistaron con sus representados. Estamos hablando de procesos en los cuales las acusaciones superaban las 50 hojas, mientras la 'defensa' fue de una sola hoja, sin ningún antecedente, renunciando a los medios de prueba, etcétera. En esas condiciones fueron condenados. Eso está en conocimiento de la autoridad. También la aplicación masiva de la Ley Antiterrorista en el primer gobierno de la transición. Desgraciadamente, fue el propio ministro Francisco Cumplido quien con posterioridad reconoció que hubo una 'interpretación errada' de la ley, que se 'abusó' y que se 'perjudicó' a tanta gente. Eso no es suficiente...

-Nada de eso se reconoce en el proyecto de Ley de Indulto.

-Sí. Nada de eso se reconoce.

-El Proyecto de Ley de Indulto señala que se indultará a quienes han cumplido 10 años de prisión, y que van a quedar sujetos a condiciones como el arraigo, además, para acogerse al beneficio deben firmar una carta de renuncia al uso de la violencia. ¿Cuál es su opinión? ¿No es la mejor salida a partir de todo lo que usted señala: dobles procesamientos, aplicación de leyes de la dictadura, condenas en Fiscalías Militares, obtención de confesiones bajo tortura, etcétera?

-Lo hemos denunciado y hecho presente en reiteradas oportunidades tanto a nivel nacional como internacional. Creemos que es necesario terminar con la prisión política de una vez por todas. Es por eso que hicimos una presentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestando precisamente todo esto y solicitando medidas cautelares, puesto que los presos políticos corren serio riesgo en su integridad física y síquica. Hay presos que mantuvieron huelgas de hambre por más de 30 días, mientras para otros es su segunda huelga de hambre en este año. Hasta ahora no se ve una solución.

Casos pendientes: ¿Existe el compromiso?

-¿La única solución sería que el proyecto se aprobara?

-Ese es uno de los caminos, como señalaba anteriormente. Otra alternativa es que se responda favorablemente a los indultos presidenciales, se otorguen beneficios penitenciarios a quiénes están en condiciones de acceder a ellos. En definitiva, creemos necesario que se adopten todas y cada una de las medidas necesarias para poner término a la prisión política, ya sean administrativas, políticas, jurídicas. Hay una serie de herramientas que tiene el Estado para reestablecer el imperio del derecho y poder dar efectiva garantía y ejercicio de los derechos humanos.

-Si hoy se aprueba el Proyecto no serán beneficiados un puñado de presos políticos. ¿Qué va a suceder con ellos?. Nadie garantiza que se indulte a Elizabeth Núñez, Esteban Burgos, René Salfate, Tito Medel, Mauricio Hernández Norambuena y otros...

"Sí. Varios no son beneficiados con el Proyecto, pero van a tener la posibilidad de solicitar el indulto presidencial, sin olvidar también que existe la posibilidad beneficios penitenciarios y libertad condicional. Creo que, en definitiva, tenemos que buscar el término de la prisión política, utilizando todas las herramientas que estén a la mano. Si éstas son insuficientes, obviamente tendremos que buscar otras. Creemos que hoy el compromiso de la autoridad debe pasar por poner término a la prisión política. Si no se beneficia a todos tendremos que buscar otras alternativas. Nos hemos reunido distintas instituciones y personas tan disímiles, como por ejemplo, parlamentarios de distintas bancadas, la Iglesia, organismos de derechos humanos, comprometidos a buscar una alternativa para poner fin a esta situación de injusticia y aberraciones procesales, además de un riguroso sistema carcelario que no tiene parangón.

-Abraham Larrea está condenado a 34 años y 6 meses, 23 de los cuales corresponden a procesos de la dictadura. Él lleva 13 años en prisión. Desde 1990 que está recibiendo el compromiso de diputados como Ceroni y Valenzuela, de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, de Jaime Castillo Velasco -hoy fallecido- y otros. Todos le han dicho que en realidad se debieron aplicar las Leyes Cumplido en su caso. Después de 13 años en prisión y 34 días en huelga de hambre no hubo respuesta. No pasó nada. Algunos presos políticos como Rodrigo Morales o Sergio Olivares, condenados sólo por hechos de la dictadura estuvieron presos por años sin ser indultados ni por Patricio Aylwin, ni por Eduardo Frei, ni por Ricardo Lagos... Entonces, uno pudiera decir que no se ve un compromiso efectivo de solucionar todos los casos. Francisco Cumplido le contestó una carta a Abraham diciéndole que se debieron haber aplicado las Leyes Cumplido y que se harían gestiones para aplicarlas. 13 años han pasado y no sucede nada. Entonces, ¿existe realmente el compromiso de liberar a todos los presos políticos, principalmente a aquellos que por motivos jurídicos quedarán fuera de la Ley de Indulto?

-No manejo el detalle de todos esos casos. Tengo entendido que Abraham Larrea tiene un indulto presidencial pendiente, sin respuesta. Creemos que con la medida cautelar que presentamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos podemos tener alguna salida positiva. Presumimos que existe una voluntad, por los acercamientos y las conversaciones previas a la presentación del Proyecto de Ley de Indulto pero, obviamente, no tenemos aún la certeza de que estas voluntades se concreticen. Es por eso que creemos que a través de esta 'medida cautelar' vamos a saber efectivamente cuál es la postura del Estado chileno. Lo primero que solicitamos es que el Estado informe que sucede con los prisioneros políticos y en qué situación están. En segundo lugar, que se dé respuesta a los indultos pendientes, y a los que no han sido considerados en los beneficios penitenciarios. Y que, además, se dé urgencia a la tramitación de la Ley, y de esta manera ir buscando alternativas.

Tito Medel, Manuel Martínez y Marcelo Gaete, presos políticos

-¿Y la situación de Tito Medel?

-Tito Medel se encuentra detenido y procesado. Él tiene 66 años. Está recluido en el Centro de Prisión Preventiva Santiago Sur, la ex Penitenciaría de Santiago, en el Módulo 'B'.

-Desde cuándo que está ahí...

-Hace un año. Se le acusa de porte y tenencia de armas -Ley 17.798- en la Sexta Fiscalía Militar. Su estado de salud es bastante serio. Es una persona que tiene Diabetes Mellitus Dos, además de una cardiopatía, y en esas condiciones, obviamente, no ha podido seguir sus tratamientos a las enfermedades que padece de forma adecuada. Los medicamentos llegan en forma tardía y le son suministrados también a deshora y, por sobre todo, las condiciones en que él está le afectan mayormente. Cabe hacer presente que el proceso por el cual está privado de libertad si bien se inició el año pasado, las armas que él mantenía ocultas son del año 1986-1987. Desde aquella fecha no han sido utilizadas. Eso ha sido acreditado en el expediente, razón por la cual la propuesta de dictamen -fue confirmado- propone una condena de 3 años, es decir, presidio menor en su grado máximo, que de conformidad con nuestra legislación es un delito plenamente excarcelable. Él podría quedar firmando una vez que se dicte su sentencia. Además, hay que tener presente que posee una irreprochable conducta anterior. A su edad debiera ser considerada como muy calificada. Sin embargo, no se le ha reconocido el derecho a la libertad bajo fianza.




-¿Por qué se la niega la Corte Marcial?

-Por ser un 'peligro para la sociedad', lo cual encontramos que es un aberración...

-¿Cuántas veces se ha pedido la libertad?

-En varias oportunidades. La Corte la ha negado y de conformidad con la Ley 17.798 -Ley de Control de Armas y Explosivos- sus resoluciones son 'inapelables'. Así lo determina la Sexta Fiscalía. Es algo completamente inconstitucional. Sin embargo, en todas estas oportunidades en que se pidió su libertad y se negó por 'diligencias pendientes', no tuvimos la posibilidad que un tribunal superior revisase la resolución. No existía la posibilidad de 'apelar' ante nadie. Así funciona la Justicia Militar.

-¿No es posible traspasar el proceso desde la Justicia Militar a la civil?

-Por la cantidad de armas y el tipo de éstas, y de acuerdo a la ley 17.798, le corresponde a la Justicia Militar 'conocer' el delito, desgraciadamente. Aún tenemos leyes heredadas de la dictadura y que fueron aún agravadas durante los primeros gobiernos de 'transición'. En algún caso se modificaron o se interpretaron, pero quedaron aún de una manera mucho más contraria al ordenamiento internacional y a los Derechos Humanos.

-¿No ha solicitado su traslado a la cárcel de alta seguridad?

-Sí. Nos han llegado dos respuestas. Lo solicitamos ante el Director Nacional de Gendarmería, la Sexta Fiscalía Militar y la Unidad Penitenciaria donde se encuentra. La primera carta de la ex Penitenciaría que nos llegó señala que se le han hecho 'todos los tratamientos médicos', que 'si no ha sido llevado a otro centro de asistencia es porque la Fiscalía Militar no lo ha ordenado puesto que cualquier traslado debe ser autorizado por la Fiscalía y ordenado directamente'. En cuanto a su traslado a la Cárcel de Alta Seguridad, señalan que 'no tienen esa facultad'. Otra notificación de la Unidad Penitenciaria señala que 'previo a resolverse la solicitud de traslado se debe oficiar a Gendarmería a fin de que informe la factibilidad de ser trasladado a la Unidad Especial de Alta Seguridad'. Por lo tanto, lo único que nos queda es esperar la respuesta del Director Nacional de Gendarmería, Juan Carlo Pérez. Y si no, ver la posibilidad de presentar algún recurso de protección por el 'derecho a respuesta' que tiene todo ciudadano.

-Tito Medel es un preso político, pero la Ley de Indulto no lo beneficia.

-Aunque lo beneficiara le pedirían 10 años de privación de libertad y la pena que le podría corresponder -si es que le correspondiera alguna- es de 3 años. La Ley de Indulto no lo beneficia.

-Su caso es poco conocido por los presos políticos en la Cárcel de Alta Seguridad.

-También por sus compañeros del Partido Comunista que no lo han ayudado.

-Perfectamente podría quedarse preso y cumplir completamente su condena.

"Desgraciadamente, Tito Medel no ha tenido el apoyo de las personas con las cuales trabajó y militó. No ha habido un reconocimiento expreso, como sí lo hubo con José Torres, que también espera una condena similar de las Fiscalías Militares. Sin embargo, nadie duda de su categoría de preso político puesto que combatió a la dictadura, fue militante del Partido Comunista, y colaboró con el FPMR. Cuando el PC decidió que iba a sumarse a esta 'transición democrática', él acató órdenes y ocultó las armas. Luego, por temor no supo a quién entregarlas. Además, murió la persona que se las pasó y él encontró que lo mejor era ocultarlas. Creo que es muy importante que se dé a conocer su carácter de preso político. Esperamos que no tenga que verse beneficiado ni con esa Ley de Indulto ni con otra, sino que pueda salir lo antes posible en libertad porque su situación es muy injusta.

-¿Cuál es la situación de los presos políticos Manuel Martínez Garcés y Marcelo Gaete?

-Manuel Martínez se encuentra rematado a 25 años. Su caso es un ejemplo típico de las aberraciones procesales que hablábamos en un comienzo. Sufrió no sólo dobles procesamientos en la Justicia Militar y civil, en forma paralela, sino que 'delitos conexos' jamás fueron entendidos como tales por ninguno de los tribunales. En un solo día su vida cambió. Desde aquel minuto se iniciaron en su contra 6 ó 7 procesos paralelos que hacen que hoy esté rematado a 25 años. La Fiscalía Militar, en un comienzo, dio dos de sus penas por cumplidas, en atención al largo tiempo que estuvo privado de libertad. Me refiero a causas por 'daño' y 'maltrato de obra a Carabineros con lesiones leves', en las que fue condenado a 3 y 7 años. Ha estado privado de libertad por más de 10 años por lo que se dieron por cumplidas. Incluso se le dijo que saldría con beneficios en abril. En aquél minuto, Gendarmería se dio cuenta que durante el mismo periodo de tiempo que estuvo privado de libertad, había estado cumpliendo una pena y los tribunales habría imputado también ese periodo al cumplimiento de otra. Representaron esa situación y devolvieron todos los antecedentes a la Corte Marcial. Esta, a su vez, los devolvió al Fiscal señalando que él tenía que resolver esa situación. En ese impasse transcurrió casi un año, sin que nadie se hiciera cargo de esta situación. En definitiva, determinaron que 'lo correcto' era 'sumar una pena tras otra', sin que se decretara acumulación y sin que se tuviera en cuenta los hechos que he mencionado. De esta forma se le condenó a 25 años. Cuando interpusimos un recurso de protección en su favor, Gendarmería en más de una oportunidad señaló que necesitaba que estuviera rematado para poder otorgarle los beneficios.

-Incluso estuvo en huelga de hambre a comienzos de año...

-Sí. Interpusimos el recurso puesto que se revisó procesos que ya estaban firmes y ejecutoriados. Procesos que habían sido revisados ya no solo por la Fiscalía, también por la Corte Marcial, en segunda instancia, y habían sido confirmadas las sentencias. No cabía nada más que aplicar. Había 'cosa juzgada' a nuestro entender. Sin embargo, el criterio fue distinto. Después de muchos meses de discusión e incertidumbre el tribunal decidió sumar una pena tras otra. Gendarmería señaló que cuando estuviera rematado se le otorgarían beneficios. Postuló a la 'libertad condicional' y tampoco le fue otorgada. Permaneció 22 días en huelga de hambre, desde el 10 de noviembre. Su estado de salud se deterioró, puesto que dos huelgas de hambre en un año, obviamente dañan en forma irreversible. Estuvo muy agobiado, decepcionado y desesperado, con muy pocas esperanzas de salir en libertad. Hoy se ha dado una nueva fecha que es el 4 de enero de 2004, esperamos que ahora sí se cumpla.

Por su parte, Marcelo Gaete, recluido en Colina I, también está postulando a beneficios. El se encuentra en la Sección Laboral. Está condenado a 17 años. Respecto de él, también se han dado situaciones muy injustas. Él tenía una 'irreprochable conducta anterior'. Se acreditó en los expedientes mediante su 'extracto de filiación' y testigos de conducta. Estudiaba una carrera universitaria. Sin embargo, la Fiscalía y los tribunales no reconocieron 'atenuantes' y, expresamente, señalaron que, 'por el hecho de haber tenido amistades vinculadas a movimientos subversivos o terroristas', no se podía considerar que tuviera 'conducta irreprochable', haciendo una interpretación muy particular de la ley. Además le aplicaron penas altísimas.

-En febrero de este año, Marcelo Gaete y Jorge Espínola fueron golpeados por Gendarmería, siendo trasladados a Colina II, bajo castigo. Permanecieron en el Módulo Alfa e iniciaron una huelga de hambre de casi un mes. Usted intentó visitarlos y se lo impidieron...

-Sí. También interpusimos un recurso de protección. Si bien, el recurso no se acogió, en la práctica, se reestableció su situación y Marcelo Gaete fue trasladado nuevamente a Colina I a la Sección Laboral. No ocurrió lo mismo con Jorge Espínola que fue llevado a la Cárcel de Alta Seguridad.

-¿Por qué no se acogió?

-Porque, de acuerdo a la Corte, se afirmó que ellos habrían sido 'instigadores' del motín en Colina II. Según los informes de Gendarmería fueron 'partícipes'...

-Pero existe un video que demuestra precisamente lo contrario. Además, el motín se produjo en otra cárcel. No existe comunicación entre Colina I y Colina II...

-Sí. Existe un video, que nosotros jamás pudimos ver. Gendarmería lo llevó y sólo lo vieron los ministros. No tuvimos acceso a él. Es parte de la bilateralidad de las audiencias que existe en nuestro país. Bajo ese criterio, fue suficiente para que determinaran que dos presos políticos 'habían participado' del motín a pesar que están en otra sección, y en otra cárcel.

-¿Pero por qué le negaron el ingreso a la cárcel? Eso es completamente ilegal.

-Sí. Es completamente ilegal. Discutimos esa situación. No solamente me lo negaron a mi, sino también al abogado Cristián Cruz Rivera. Lo más injusto fue -y acompañamos declaraciones juradas- que ese mismo día, y a esa misma hora, otros abogados sí pudieron ingresar. Alberto Espinoza y Carlos Quezada estaban al interior. Incluso ellos hicieron declaraciones que fueron adjuntadas al expediente. Gendarmería argumentó que por nuestra 'integridad' no nos permitía el ingreso. El argumento fue que era por 'protegernos pues la situación era incontrolable'.

-Usted es la abogada de Marcelo Gaete ¿Cómo fue posible que le impidieran el ingreso para entrevistarse con su defendido?

-Es algo completamente ilegal y arbitrario. Son las injusticias que aun persisten. Afortunadamente, la situación de Marcelo Gaete se restableció en el sentido de que fue nuevamente trasladado a la sección laboral de Colina I y está trabajando. Desgraciadamente, respecto de Jorge Espínola, fue trasladado a la cárcel de Alta Seguridad como una medida de 'castigo'. Entendemos que, de acuerdo a la versión de Gendarmería, Espínola agredió a un gendarme durante el motín. Pensamos que, obviamente, aquí hay un criterio completamente discriminador.

La CNI en la ONU

-¿Y la presentación que realizó en contra del general Augusto Pinochet y los ministros de Interior de la dictadura?

-Es una querella criminal por los delitos de 'asociación ilícita genocida', 'tortura y aplicación de tormentos' y 'detenciones ilegales' en contra de los agentes participantes de las Central Nacional de Informaciones (CNI). La CNI fue el organismo continuador de la DINA. Se creó el año 1977 con un decreto. La CNI no solamente dependía de la Junta Militar, sino que del ministerio del Interior. Esa es la razón fundamental por la cual nosotros creemos que todos los ministros de Interior -desde 1977 a 1990- tendrían que dar explicación por el actuar de la Central Nacional de Informaciones, y que se debiera investigar si tienen algún tipo de participación: 'autoría intelectual', 'encubrimiento' o 'complicidad'. Es por eso que estamos pidiendo se cite a declarar a Sergio Onofre Jarpa, al actual senador Sergio Fernández, al ex Fiscal Fernando Torres Silva, a Alvaro Corbalán Castilla, etcétera, y todas aquellas personas que resulten responsables. Presentamos la querella a nombre de 25 sobrevivientes de torturas que estuvieron detenidas ilegalmente en cuarteles de la CNI: en el Cuartel Borgoño, en el cuartel de República, y en la V Región.

-A raíz de esta querella se conoció que el agregado militar de Chile en la ONU es un ex agente de la CNI...

-Sí. Apareció en periódico electrónico El Mostrador. Por ese motivo, al día siguiente de la publicación de prensa, a primera hora presentamos un escrito solicitando que se cite a declarar al agregado militar de Chile en la ONU en esta causa que iniciamos y en otra que tenemos por la muerte de Enzo Muñoz Arévalo y otras 4 personas más, todas ellas militantes del MIR. De acuerdo a la investigación que llevaba el ministro Daniel Calvo -que era ministro de fuero-, se acreditó que la muerte de estas personas obedecían a la 'Brigada Verde', en la cual están más o menos identificados sus agentes. Según la información de El Mostrador, el actual agregado militar de Chile en la ONU, Pedro Pablo Bustos, fue agente de la CNI y partícipe de una de esas brigadas, la 'Brigadas Azul'. Una de las funciones principales de esa brigada era atacar al MIR. Creemos que es pertinente que, a lo menos, Pedro Pablo Bustos preste declaración en estas causas a fin de esclarecer si tiene o no participación criminal.