Latinoamérica

Osvlado Cardosa Samón y Iván Gutiérrez Lozano
Prensa Latina / Mundo Posible

No bastó la tierra para soterrar atrocidades y los criminales de la dictadura chilena, desde las alturas, lanzaron a la oscuridad de los mares los cuerpos de unos 400 presos políticos que hoy parecen reflotar para denunciar la barbarie.

Nuevamente el periodismo nacional desnudó una realidad conocida, pero cruel, y las verdaderas intenciones de quienes, cegados por odio, no dudaron en borrar para siempre la huella de sus opositores al ordenar que fueran arrojados al agua atados a rieles de tren y amarrados en sacos.

Un reportaje publicado el pasado 23 de noviembre por el diario oficialista La Nación, basado en un proceso judicial, revela que mecánicos del Ejército, que participaron en esos "vuelos de la muerte", confirmaron al juez Juan Guzmán el destino final de cientos de prisioneros políticos.

La disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía secreta del entonces dictador Augusto Pinochet (1973-90), se encargó de las detenciones y el traslado de los presos, algunos vivos y cadáveres, a los helicópteros Pumas para cumplir las "misiones" que ejecutaron junto a pilotos del Comando de Aviación del Ejército.

De acuerdo con el matutino, los lanzamientos se realizaron entre 1974 y 1978, aunque hubo varios en 1973, el mismo año que Pinochet usurpó el poder con un sangriento golpe de Estado.

El caso que reveló la operación de la tenebrosa policía pinochetista fue el de Marta Ugarte, "la única falla del sistema de exterminio, la pista que permitirá ahora condenar a los culpables", apunta la nota de La Nación.

Agrega que "el culpable de la defectuosa atadura del peso que permitió que el cadáver de Ugarte subiera a la superficie y se convirtiera en una evidencia fundamental, está identificado y confeso de su error".

Ugarte tenía 42 años y era dirigente del Partido Comunista (PC) cuando fue detenida el 9 de septiembre de 1976 por agentes de la DINA y trasladada al centro de tortura Villa Grimaldi de Santiago, que estaba a cargo de ese organismo.

Según el Informe Rettig de 1991, que investigó y archivó las violaciones de los derechos humanos perpetradas durante la dictadura, la víctima murió días después a causa de las torturas y ese mismo año su cadáver apareció en la playa La Ballena, cerca de la caleta Los Molles, en la V Región.

"La revelación de La Nación no resulta nueva, aunque produce impacto y conmoción", dijo a Prensa Latina Patricia Silva, presidente de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) de Chile.

Aclara que "el hecho se conocía desde antes y quienes han tenido la intención de entregar información sobre torturas y crímenes no necesitan leyes especiales como la que pretende promulgar el gobierno a través del legislativo para proteger el anonimato de estas personas".

Por otra parte, -argumenta Silva-, "la información de los lanzamientos al mar se maneja en tribunales desde hace tiempo mediante la infinidad de querellas presentadas por los familiares. Por lo tanto, no hace falta ninguna ley de protección para los criminales".

Llama además la atención el momento político en que aflora el informe de los vuelos de la muerte y el medio que lo publica: un diario gubernamental, señala la dirigente humanitaria.

Considera que con la revelación periodística "se trata de bajar el perfil al Caso Spiniak", en el cual están involucrados políticos, acusados de participar en fiestas sexuales y orgías con menores.

LA BURLA DE LA MESA DE DIALOGO

Dentro el marco de la llamada mesa de diálogo, una instancia que reunió a militares, representantes de la Iglesia y del gobierno entre agosto de 1999 y junio del 2000, las Fuerzas Armadas entregaron un informe al presidente Ricardo Lagos con datos sobre el paradero de 200 desaparecidos.

Aunque prevalecen los errores en la mayoría de esos textos, los militares, no sólo por vez primera reconocieron las violaciones de los derechos humanos durante 17 años de atropellos, sino que admitieron que 151 desaparecidos fueron arrojados al mar, ríos o lagos del país.

El propio Informe Rettig reconoció que en Chile hubo a lo menos 957 casos de detenidos desaparecidos a manos de las fuerzas uniformadas. Tal número se elevó a mil 197, posteriormente.

Organizaciones humanitarias señalan que la diferencia en víctimas, si comparamos con los 200, forma parte del escarnio y la contrainformación de las Fuerzas Armadas.

Para Silva, "la mesa fue una burla para todos lo chilenos y en particular para los familiares de la víctimas de la dictadura. Restamos validez a esa instancia y a cualquier otra que se desea instalar para buscar una solución a los derechos humanos. Para la verdad y la justicia están los tribunales", recalcó.

Anunció que a raíz del texto de La Nación y recientes declaraciones televisivas de Pinochet "estamos en conversaciones con abogados para analizar una futura acusación contra el ex dictador, quien tiene que enfrentar a la justicia, así como encontrarse los nexos de algunas instituciones con estos hechos dramáticos conocidos ahora públicamente".

Luego de un silencio de cinco años, el ex gobernante de facto concedió una entrevista a un canal estadounidense, en la cual se autoproclamó ángel bondadoso y rechazó pedir perdón por los crímenes perpetrados durante su mandato.

La arrogancia e inhumanidad de Pinochet hicieron estallar reacciones en todos los sectores políticos chilenos y hasta el mismo Joaquín Lavín, alcalde de Santiago y líder de la derecha opositora que colaboró con la dictadura, calificó sus palabras de "absolutamente imprudentes".