Latinoamérica

Por: Carlos Arze Castedo
La Fogata

Alguien tiene que estar equivocado. O todos estamos locos: resulta que no es delito robar los recursos y los bienes del Estado; resulta que no es democrático que las mayorías aspiren a tener voz y que les escuchen en las esferas de poder, y menos que atiendan sus necesidades; resulta que hay sólo determinados grupos de familiares y obsecuentes que tienen derecho a participar en política; resulta que la violencia es un instrumento válido para imponerse sobre los demás.

La lista de incongruencias es larga. Y fruto de una postergación de valores que, en Bolivia, lleva más de veinte años y, por eso, en medio de evidencias tan claras aún se pasean y se campean grupos políticos y dirigentes para los que es lo mismo el aporte de un humilde ciudadano (puede ser intelectual y hasta pecuniario) que el financiamiento dudoso, y muchas veces procedente del narcotráfico o de operaciones bancarias que evidentemente afectan los recursos del Estado.

Es más, para algunos dirigentes esas acciones que, a la luz de cualquier norma rayan en el delito, esto tiene que ir al debate: ¿es o no es ético? Y ante la paciencia (sería mejor decir complicidad) de todos, nuestros políticos se enfrascan en largas discusiones. Y la bola de nieve crece hasta llegar a la locura de sostener que "la violencia está bien, venga de donde venga", ya sea de organismos policiales y militares que son mal utilizados por los gobiernos de turno o del puño de un parlamentario. Y todos se abanderan de grandes demócratas: incluso de haberla recuperado a precio de cárcel, de exilio y otros sacrificios, por los cuales, dicen, tienen derecho a millonarias dietas o a comisiones de las operaciones del Estado y a los gastos reservados: una democracia a la carta, al gusto de los partidos.

Y no es tema de antes de febrero, o antes de octubre; es una discusión de hoy: muchos de nuestros políticos parece que no quieren aprender, y están empeñados en desfigurar a tal grado la democracia que está resultando mala palabra.

Es mejor reflexionar a tiempo y aceptar la urgencia de algunos tareas. Por los caminos que estamos optando lo único que se ve en el horizonte, y no lejano, son nubarrones muy negros: los dirigentes políticos y sus organizaciones necesitan retornar a los laboratorios de ideas y de pensamientos, de valores y de la ética. Nada puede justificar las reelecciones, ni los clanes familiares ni los obsecuentes arribistas. Esas conductas han envilecido a los partidos y los han alejado del pueblo. Nada justifica los dudosos financiamientos de las campañas electorales y menos las hipotecas de favor, que luego ponen en riesgo los recursos y los bienes del Estado.

Si no comenzamos por los partidos, los gobiernos, por muy constitucionales que sean, no podrán evitar ser salpicados por la corrupción, como ahora mismo está ocurriendo, cuando, de nuevo, están en juego las cuotas en la Corte Suprema, en el Tribunal Constitucional, en la Corte Electoral, los fiscales y otros cargos, incluyendo al Defensor del Pueblo. ¿O alguien cree que las reuniones de alto nivel del Ejecutivo con los dirigentes políticos son para una mea culpa de febrero y octubre?

Y atención que cada día son más las voces de alerta: la Iglesia, la Central Obrera Boliviana, los periodistas, dirigentes vecinales y analistas, nos están advirtiendo que la desorientación del gobierno (nada concreto sobre el gas, nada concreto sobre la recuperación económica, nada concreto sobre la Constituyente y todo mediático sobre la corrupción) está alimentando nuevas eclosiones en el país.