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La tregua que el movimiento obrero y popular concedió hace un mes y medio al nuevo presidente de Bolivia, Carlos Mesa, está comenzando a agotarse. Las demandas laborales, que van desde el aumento general de sueldos y salarios hasta la renacionalización del gas y el petróleo, pasando por la supresión del neoliberalismo y de sus letales consecuencias en los segmentos mayoritarios de la población, aún no han recibido respuesta oficial desde Palacio, aunque todas las señales muestran que no habrá nada positivo, por lo que la paciencia de los sectores sociales también comienza a diluirse.
"El gobierno tiene ya los días contados a partir del 1ro de diciembre y creo que esto empieza a estallar desde el 1ro de enero porque no podemos estar esperando por más tiempo. Ojalá el gobierno pudiera atender en forma positiva el planteamiento de los trabajadores", dijo el principal dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), el minero Jaime Solares.
El pliego de la COB, presentado el pasado 12 de noviembre, contiene demandas de orden estructural cuya atención significaría dejar atrás la economía de mercado, romper lanzas con los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, poner coto a los abusos y excesos de las transnacionales y retomar a fondo el rol productivo del Estado. En lo coyuntural, el pliego demanda mejorar de inmediato las condiciones de vida y de trabajo de la población trabajadora.
En lo formal, la respuesta gubernamental se hace esperar. "La COB no recibió hasta ahora respuesta alguna del gobierno sobre el particular, y sólo extraoficialmente se conoce que esta semana se podría tener un encuentro con el Ejecutivo. Hasta la fecha, el gobierno no ha dado a conocer medidas positivas sobre el cambio que la población ha pedido. En este caso, la COB le pide al gobierno que se defina si estamos con el continuismo o finalmente va a haber cambios radicales", dijo Solares, quien hasta ahora se había mostrado muy conciliador con el nuevo presidente, posesionado en el cargo el 17 de octubre tras que el neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada fuera derribado por una rebelión popular.
Mesa, sin embargo, anticipó el fin de semana un virtual rechazo a las demandas laborales al sostener que la "lógica de los pliegos petitorios era suicida y peligrosa para el país", convocando a las organizaciones sociales y laborales a supeditar sus demandas a las realidad económica del país, signada por la quiebra fiscal, la semiparálisis productiva y el alza del desempleo.
Aunque no lo explicitaron directamente, las recientes declaraciones del propio presidente y de sus ministros llevan al convencimiento de que el nuevo gobierno boliviano está muy lejos de satisfacer el pliego de la COB, tanto en lo estructural como en lo coyuntural.
Por el contrario, en lo estructural Mesa y sus ministros ratificaron ante el FMI y los organismos internacionales su adhesión a la economía de mercado, al neoliberalismo y su respeto a las transnacionales y a la inversión extranjera, anticipando que cualquier modificación al sistema de regalías y tributario que graven a las petroleras extranjeras se haría sólo si hay un acuerdo entre partes. También quedó ratificada la posición ultraliberal mantenida en la Organización Mundial del Comercio, al igual que su adhesión al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y a la política de erradicación total de la coca. Una política casi idéntica a la asumida por el ex presidente Sánchez de Lozada, y que es casi imposible de conciliar con las demandas laborales de renacionalización del gas y el petróleo, con el rechazo al ALCA y con el clamor popular por sepultar el neoliberalismo.
En lo coyuntural, las señales tampoco son alentadoras para la COB. Por boca del presidente Mesa se conoció sobre la insolvencia fiscal del Estado boliviano y su nula disposición para elevar salarios. Los ministros del área económica anticiparon que se podría determinar un "congelamiento" del salario real en el sector público, al disponer un aumento en la masa salarial del 3% para cubrir en ese mismo porcentaje el aumento de la inflación. En el sector privado, se aplicaría esta misma política salarial, como ha venido ocurriendo en los últimos años.
Así, en el mejor de los casos, los trabajadores del sector público y privado del país estarían durante el 2004 igual de mal que en el 2003 en materia salarial, muy lejos de lo que demanda la COB que plantea que por lo menos se duplique el salario mínimo nacional.
La exigencia salarial de la COB es "toda una locura", según el ministro Xavier Nogales de Desarrollo Económico que planea, por el contrario, no solo congelar salarios sino también anular totalmente la subvención a la gasolina y parcialmente al gas licuado doméstico desde principios del nuevo año para cerrar la creciente brecha fiscal, aunque a costa de elevar el precio de estos carburantes, lo que incidiría de inmediato en el alza de las tarifas del transporte, de los precios de los alimentos y mercancías y del costo de vida.
Nogales, que pugna por imponer esta posición al interior del gabinete de Mesa, advirtió incluso que habría escasez de carburantes si no se anulaban las subvenciones, lo que sin embargo fue desmentido por sus colegas de Hidrocarburos y de otros Ministerios, asustados ante las previsibles consecuencias de esta política de congelar salarios y elevar los costos de la canasta familiar.
"Si tocan los precios de la gasolina y del gas licuado habrá una convulsión social y otra revolución", dice uno de los viceministros del área petrolera. "Éste (Nogales) quiere que el presidente se caiga", agrega otro del área social, que intenta junto a sus colegas hacer frente a los ministros del área económica, a los que creen excesivamente sumisos y dóciles al FMI. Afuera, en la calle, medio en serio, medio en broma, un universitario dice que el nuevo sobrenombre del presidente Mesa es Carnaval, porque no se sabe si cae en febrero o si cae en marzo.