Los trágicos hechos acaecidos en Bolivia durante el mes de octubre de 2003 no son fruto de una coyuntura puntual. Solo hemos de recordar los estados de sitio de 1995 y 2000, con numerosos casos de detenciones ilegales, torturas e incluso confinamiento de menores; o la delicada situación en la región de Chapare, donde según Amnistía Internacional abundan las denuncias de detenciones arbitrarias, malos tratos y uso de la violencia por parte de las fuerzas conjuntas encargadas de la erradicación de la hoja de coca -des del inicio del conflicto en la región hace más de una década éste se ha saldado con decenas de muertos y centenares de heridos.
En los 21 años que Bolivia lleva de democracia las violaciones de derechos humanos abundaron y en algunos casos han resultado ser sistemáticas en forma de represión violenta de los movimientos populares. El resultado de la tragedia del último mes de octubre parece confirmar éste aspecto: las fuerzas combinadas del ejército y la policía acabaron con la vida de más de ochenta personas y provocaron más de cuatrocientos heridos. El número de personas detenidas de forma improcedente aún está por determinar. La participación de determinados fiscales en las mencionadas detenciones queda pendiente de ser investigada. Diversos medios de comunicación sufrieron algún tipo de atentado, ya fuera el secuestro de ejemplares por parte de fuerzas parapoliciales -como sucedió con El Diario-, o la voladura de la antena de la emisora Radio Pío XII de la ciudad de Oruro.
Cabe insistir que el escenario anterior tuvo lugar en un Estado de derecho que se supone ha de garantizar los derechos más elementales recogidos en su Constitución. De esta manera es que la Carta Magna se adapta a determinadas normas del Derecho Internacional. Así, por ejemplo, el artículo 12 de la misma prohibe "toda clase de torturas (...) o cualquier forma de violencia física y moral" tal y como establece la Convención contra la Tortura, firmada por Bolivia en 1999. No obstante, la Defensoría del Pueblo -creada en diciembre de 1997- denuncia en el informe de su segundo año de gestión -abril 1999/marzo 2000- casi 2.000 casos de violaciones a la seguridad y a la integridad de las personas por parte de la policía, incluidos casos de malos tratos y detenciones arbitrarias. Otro dato preocupante refiere que el 61% de la población carcelaria lo es sin una sentencia en firme -en el año 2000 era del 80% según informe de Amnistía Internacional-, lo que añadido a las malas condicion es de los penales determina un escenario realmente preocupante.
Punto y a parte merece lo sucedido con la primera Defensora del Pueblo, Ana María Romero de Campero. Escogida por cinco años bajo el primer mandato como presidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, su candidatura a la renovación por el cargo fue rechazada por el Congreso en el segundo mandato del propio Sánchez de Lozada, en una actitud en que el oficialismo parlamentario demostró una actitud lícita según las leyes más estrictas, pero éticamente reprobable al repudiar a una persona que con una actitud valiente denunció abiertamente los continuos abusos del sistema. Ya fuera de su cargo un sector de la sociedad civil le pidió que encabezara una huelga de hambre en todo el país, que acabó con el apoyo al presidente de la República de una parte de la clase media, hecho que contribuyó de forma decisiva a su caída el pasado 17 de Octubre.
Es a partir de esta fecha que se inaugura una era de esperanza renovada. Sin embargo, un viejo problema a resolver por el Estado pasada la crisis de octubre es la cuestión de la impunidad. Es el propio Estado el que ha de garantizar la independencia de las investigaciones para que así sean determinadas las responsabilidades de los autores materiales e intelectuales de la masacre. Empero, y ante lo sucedido, el Estado no puede zafarse de sus obligaciones al mesurar debidamente la magnitud de la tragedia en el momento de concretar la figura de los crímenes cometidos, por lo que resulta necesaria una actitud valerosa y decidida: limitar lo sucedido a un hipotético "incumplimiento constitucional" es abrir la puerta de par en par para que un futuro juicio de responsabilidades quede en un simple acto moral de desagravio sin responsables. El pueblo boliviano sabe muy bien lo que representa que crímenes contra lesa humanidad acaben impunes. Así pues, ante la demanda social de verdad y justicia se hace necesario la búsqueda de un consenso para tipificar de forma adecuada el carácter de la masacre y encarar de la mejor manera posible la revisión de lo sucedido, y con ello el futuro de Bolivia como entidad política.
PARADOJA DEMOCRÁTICA
Bolivia parece enfrentarse a lo que podríamos considerar como una "paradoja democrática", o a la incapacidad de preservar hasta el momento los derechos sobre los cuales se fundamenta. No obstante, recalcar que después de lo sucedido el país se halla en una posición inmejorable para hacer de la justicia un instrumento válido en la búsqueda de un equilibrio esencial para que la democracia, herida de gravedad, recupere el rumbo del Estado de Derecho. En éste sentido uno de los pilares básicos del sistema democrático es el respeto integral de los derechos humanos, existiendo una indisoluble relación entre ambos. En otras palabras se puede afirmar que la democracia no es tal sin la consideración de los derechos humanos como concepto complementario de la misma.
Llegados a éste punto insistir que un Estado democrático que practica detenciones arbitrarias, que tortura o que provoca numerosas víctimas entre sus ciudadanos, o sea que no considera los derechos humanos en su praxis, es un Estado en crisis. Y precisamente lo que da vía libre a dichas violaciones, a menudo cometidas bajo la "razón de Estado" es, de nuevo, la impunidad en la que se amparan sus responsables. Es por éste motivo que se habla de refundación del Estado a través de la convocatoria de una Asamblea Constituyente: un espacio que ha de reunir a partidos políticos, movimientos sociales, así como representantes del mundo económico con el propósito de discutir cuales son las mejores soluciones a los numerosos retos que Bolivia enfronta y sentar las bases en las que, genuinamente y de una vez por todas, el país adquiera un compromiso de respeto a la condición humana. O lo que es lo mismo, homenaje a la vida de las personas, cualesquiera sea su origen, que configuran la riqueza esencial del territorio y sin las cuales éste no se comprende.
INCLUSIÓN SOCIAL
Por lo que respecta a los sectores sociales más excluidos lo que estos básicamente reclaman es la inclusión -aunque fuera progresiva- en un nuevo modelo que los considere como parte del mismo y en equidad. O sea de una justicia social hasta ahora negada. Un dato: el más rico de los bolivianos gana 44 veces más que el más pobre. Por lo tanto al hablar de derechos humanos no cabe limitarse a la lucha contra la impunidad o a la también lucha por los derechos civiles; se ha de hallar una solución a los derechos económicos, sociales y culturales, encarando la resolución sin injerencias externas intolerables de problemas como la dotación de tierras, el uso de los recursos naturales, los derechos naturales, o la hoja de coca; ello sin olvidarse de otros elementos estructurales para que la democracia, como sistema de organización, ofrezca un marco con mejores condiciones para todos los bolivianos. Planteamiento éste que pretende una visión integral de la idea de derechos humanos, precisamente cuando en todo el mundo democrático -y Bolivia no es una excepción- se privilegian unos derechos de carácter más político por encima de los más olvidados derechos socioeconómicos. En este sentido Bolivia se halla en un punto de inflexión irrevocable a partir del cual puede reformularse: cualquiera que sea la dirección tomada, será clave para su futuro inmediato. Aunque sin ninguna duda, influirá en el futuro de sus vecinos y cabe pensar que, de alguna forma, lo hará en otros países más lejanos.
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