Víctor Flores Olea
Rebelión
No aludimos, es evidente, a los recios aguaceros que han caído sobre el país durante octubre y noviembre sino a los golpes arrolladores que desean asestarle a nuestra incipiente democracia y a la sociedad más necesitada, además de la andanada publicitaria de mentiras y vaguedades que se vierten a diario sobre la opinión pública.

¿Las "reformas estructurales" planteadas nuevamente por el gobierno de Vicente Fox? Ahora la práctica privatización de los recursos energéticos de la nación, y una "reforma fiscal" absolutamente regresiva que significa ¡otra vez! la insolente transferencia de recursos de los más pobres a los más ricos.

Y, como si fuera poco, en el paquete de iniciativas enviadas al legislativo a través de la Secretaría de Hacienda la liquidación de algunas instituciones culturales y científicas: la privatización de los Estudios Churubusco, del Centro de Capacitación Cinematográfica y del Instituto Mexicano de Cinematografía, y el desmantelamiento del Instituto de Tecnología del Agua, además de la imposición de gravámenes a los libros.

Pero mucho más si a lo anterior añadimos el desastroso debilitamiento del Instituto Federal Electoral, que se abandonó a la decisión y presiones de los grupos más oportunistas y corruptos de los partidos, y los chantajes morales y políticos que el Ejecutivo ha desatado contra del Legislativo. Nos damos así cuenta cabal de las agresiones que se han montado en contra de la incipiente democracia mexicana, en contra el desarrollo independiente del país, en favor de las corporaciones transnacionales, en favor de los más ricos y en contra de los más pobres, y desde luego en contra de instituciones de grande importancia para la cultura del país. El conjunto significa, sin lugar a dudas, un nuevo y gravísimo atentado contra la integridad y dignidad de la nación mexicana.

Una primera cuestión: la Secretaría de Hacienda, y el "portento" que se ostenta como su titular, son otra vez los encargados de la vergonzosa operación. Sí, por supuesto que el Presidente de la República autorizó las iniciativas, pero muchos se preguntan quién es primero si el huevo o la gallina. Los más sensatos piensan que se dan la mano y se emparejan: los ánimos del empresario sin horizontes (ahora metido a la política) se refuerzan con la "sabiduría" del técnico todavía con menos horizontes.

Ambos -aquí también se empatan- proclives, fieles creyentes, deslumbrados por un mundo que exclusivamente debiera estar en manos de las corporaciones "del otro lado". Otra vez ambos: el mundo que nos tocó vivir es el mejor de los mundos posibles, por eso hay que apuntalarlo: privatizar, privatizar, despojar de todo futuro posible a los de allá abajo, a esos escandalosos muertos de hambre que no saben lo que dicen ni lo que quieren.

Por supuesto uno de ellos, el empleado, es capaz de expresarse abiertamente en el tenor apuntado, con plena irresponsabilidad política, social y profesional (cumpliendo la función de ariete en favor de las corporaciones transnacionales que le asignó su empleador). El segundo, en cambio, por su función, debe ser capaz de disimular y dorar la píldora. Pero no hay duda: la incursión del empresario en la política le ha exacerbado el gusto por las campañas publicitarias, con un doble agravante: primero, que ahora el objeto del engaño es la colectividad y no algún distraído "cliente" de oportunidad, y segundo que esa proclividad publicitaria no se paga con los dineros de empresa alguna sino con los del pueblo a quien se pretende "vender" lo inaceptable.

¿Los gastos de la campaña publicitaria para "vender" la privatización de los energéticos? Hay diversos cálculos, pero entre ellos uno del propio Sindicato de Electricistas: a los largo de los dos últimos años el gobierno de Vicente Fox habría gastado en publicidad para la privatización la cantidad de 2 mil 400 millones de pesos, cifra que nos hace ver hasta qué punto llega el empeño de Fox en cumplir con sus promesas de campaña (compromisos con el capital internacional, por supuesto, porque las promesas a los mexicanos hace rato que quedaron sepultadas como frases de desecho que elaboró el "pico" incontrolable del candidato).

A estas alturas todavía se pretende hacer creer que el desmantelamiento del patrimonio nacional es el mejor camino del desarrollo, y que tal es nuestro "destino manifiesto". Con el debido respeto: únicamente los subalternos se pronuncian todavía en favor de esa superchería, cuando ya existen en todas partes toneladas de páginas y estudios que demuestran la ruina económica, moral, social y cultural que ha implantado mundialmente la seudo ciencia que le atribuye al mercado y a la iniciativa privada la capacidad de resolver los problemas sociales. Al contrario: se sabe bien que su función objetiva ha sido la de ahondarlos hasta lo indecible.

Y todavía ese intento repetido, y ya fracasado hace un año, que significa una reforma fiscal absolutamente regresiva (menos mal que ahora no la llamaron "redistributiva"). También sobre este asunto estudios críticos al por mayor demuestran que la nueva iniciativa significa una transferencia de ingresos de 20 mil millones de pesos anuales del 10% de la población más pobre al 5% más rico. Además, esa misma reforma fiscal incrementaría la "pobreza alimentaria" (según definición del propio gobierno) de 20.5 millones a 24.9 millones, aumentándose la línea de pobreza de 62.3 millones a 69.1 millones, es decir un incremento de 4.8 millones. En una palabra ¡empobrecimiento y mayor desigualdad con la reforma foxista! (ver Julio Boltvinik, "Dar a ricos; quitar a pobres", La Jornada 7 noviembre 2003).

¡Un despojo digno de las más negras épocas de la acumulación salvaje del capital, en cualquier lado y en cualquier tiempo! (también por supuesto en Estados Unidos desde principios del siglo XIX hasta el presente. Ver Kevin Phillips, La Política de los Americanos Ricos, Randon House, 2002, ).

A nadie debe sorprender la amplia protesta nacional y popular contra estas rapiñas, que además va en aumento. Y la imposibilidad del "manejo" parlamentario en sus estilos más tradicionales. Los partidos se encuentran divididos y los "líderes" flotan sin sólidos puntos de referencia. Nadie más gris e indefinido antes estos hechos que Roberto Madrazo (aunque Elba Ester Gordillo lleva la voz cantante del apoyo de su partido a Fox, lo cual, además del desprestigio cosechado, es motivo central de los conflictos dentro del PRI).

El hombre de la definición antifoxista y antiprivatizadora: sorpresivamente Manuel Bartlett, quien ahora encuentra un plausible horizonte de afirmación acercándose a las políticas de izquierda (a pesar de que en 1988 se le "cayó" el sistema y de que hace tres años se opuso radicalmente a la demanda de los pueblos indígenas de reconocimiento de sus derechos culturales y autonómicos). La sacudida mayor: su presencia pública al lado de Cuauthémoc Cárdenas, quien precisó que se trataba de una convergencia indispensable en un caso extremo de defensa de la nación. La izquierda en general parece coincidir en la necesaria alianza de las fuerzas opuestas al abuso, pero sin atribuirle significados mayores en el horizonte de mediano plazo de la política nacional.

El PRD, que se opone a las privatizaciones a través de variadas voces, siendo la más calificada la de Cuauthémoc Cárdenas, en general en sordina y sin el papel protagonista que en este punto han asumido Bartlett y Cárdenas. Andrés Manuel López Obrador, por su lado, firme en la convicción opositora pero midiendo tiempos y sin especial entusiasmo por las alianzas de coyuntura que pudieran ser demasiado efímeras y aun forzadas.

La expresión más articulada de rechazo a las privatizaciones, y en general a las arremetidas foxistas en contra de la nación y de los más pobres, se producirá el próximo 27 de noviembre en una magna manifestación de organizaciones obreras, encabezadas por el Sindicato Mexicano de Electricistas, y por las personalidades de todos los partidos y organizaciones sociales que están convocadas a asistir. Hay pues ya una respuesta militante popular al esquema de la entrega foxista, a su intento de vender al mejor postor las empresas nacionales y sus funciones múltiples, y a su nuevo intento de desmantelar instituciones culturales y científicas del país