Aurelio Suárez Montoya
La Tarde

Luego de diez días ninguna de las preguntas del Referendo ha alcanzado el umbral exigido para considerarse como reforma a la Constitución; debido a ello la derrota del gobierno de Uribe en esa iniciativa es inapelable. La reacción oficial frente al revés recibido ha extrañado hasta a varios de sus fanáticos seguidores. El repentino mutismo del locuaz presidente, quien cargó como afrenta el resultado de un plebiscito que él puso a girar en torno a sí, los intentos de Londoño Hoyos por ³torcer² las reglas como acostumbra cuando litiga en causa propia, la ³curva exponencial² pronosticada por la Registradora el 25 de octubre a las 7 de la noche para los últimos recuentos, el rifirrafe del jefe de Primero Colombia con su bancada, con agravios incluidos para el presidente del Congreso, Germán Vargas, son muestras del desequilibrio que esta adversidad causó en el régimen, en la cual se reveló otra de sus características políticas: las pericias de un mal perdedor.

Entre estas últimas cabe destacar el llamado Plan B en materia fiscal. Después del fracaso, tirando a un lado la ³lucha contra la politiquería y la corrupción² y contrariando lo que Su Excelencia dijo una y mil veces acerca de la inexistente relación entre la consulta popular, la deuda pública y el Acuerdo con el FMI, el gobierno nacional se aplicó a resarcirse de la negativa de los colombianos a congelar sus ingresos salariales y los egresos en áreas de bienestar social. En rápida encerrona transformó dicha congelación, que buscaba ahorro primario estatal por la vía de menor gasto para garantizar el pago de la inmensa deuda pública, en una avalancha de mayores tributos, con efectos iguales o más siniestros que la propuesta sometida a Referendo, y que se constituye en la décima reforma tributaria en Colombia desde 1992 y la tercera en un año.

De ahí la premura de hacer la contabilidad de dónde pierde más el asalariado: si por la congelación de su remuneración propuesta en el Referendo o por la rebaja real del poder adquisitivo de su salario, menguado, aunque se le haya alzado retroactivamente, con el aumento del IVA en distintos productos y servicios; de ese modo lo persigue con revanchismo el Plan B. Y lo mismo para las pensiones, gravando las de más de cuatro salarios mínimos y añadiéndoles un impuesto del 20% en la mesada catorce. Ya el líder del NO, Juan Camilo Restrepo, avisó que se está montando un ³sobreajuste².

La eliminación de exenciones sólo cobijará a las rentas de trabajo lo que a lo sumo reportaría al fisco ingresos por $250.000 millones, en tanto las operaciones de usura, incluida la pingüe utilidad derivada de la especulación con Títulos del Tesoro y Bonos de Deuda Soberana, siguen libres de todo gravamen, como el mercado bursátil queda exento de retención y de impuesto a la ganancia ocasional. Igual con las regalías petroleras, cuya base de liquidación disminuye paulatinamente en pro de las multinacionales, también hay beneficios tributarios para la inversión en sociedades extranjeras no domiciliadas en el país y se dan deducciones adicionales por agotamiento para algunos contratos de explotación de hidrocarburos. Los intereses por pagos de deuda externa privada (que pueden darse entre firmas filiales) también están exentos del impuesto de renta tanto como las inversiones en zonas francas y además los negocios hipotecarios de corporaciones y fiduciarias. El Plan B, como el Referendo, caerá sobre las clases medias, no tocará a los beneficiarios del neoliberalismo. Configura una política fiscal que deteriora más la equidad en la distribución del ingreso, una misión contraria a su razón de ser.

Y también se hace alboroto con el prepago de deuda externa con una porción sobrante, si la hay, de las Reservas Internacionales del Banco de la República que según lo convenido en el Memorando Técnico con el FMI deberán estar en diciembre de 2003 en el nivel de 10.540 millones de dólares. Es una variante ya admitida por el FMI con Argentina, lo que algunos llamaron allá, ³el mismo ajuste con otro envoltorio². Independiente del resultado neto de esas eventuales operaciones, de la forma como mejoraría ³el perfil de la deuda², esta disposición se enmarca en la máxima del modelo, perseguida ahora con desespero por Uribe, ³las deudas son para honrarlas²; sin chistar ante aberraciones como que en 1991 se pagaron $8,60 para servir cada 100 adeudados y ahora se requieren casi $30, que la deuda suba en monto y en costo, que sea más del 52% del PIB, que los intereses sean del 10% en dólares y del 13% en pesos, que la economía solamente crezca al 2% en pesos y decrezca en dólares y que se preste para pagar y se pague para prestar.

Ahí no para la perversidad del Plan B. Un recorte de la inversión y del gasto públicos por 3.3 billones de pesos coadyuvará a completar la ³cuotica² del servicio de la deuda aunque se contraiga más la economía. Uribe y Carrasquilla se presentarán con la tarea en borrador ante la misión del FMI, que viene a revisar las cuentas descuadradas con la debacle del Referendo y que se intentarán concordar con el ataque inmisericorde a los presupuestos de los hogares de estratos bajos y medios. Con cara pierde Colombia y con sello gana el FMI; entre tanto el modelo neoliberal, causante primero de la ruina general y de la pérdida del ahorro público y privado, permanece intacto y se ahondará con el ALCA o el TLC, dos hazañas que costarán fiscalmente varios centenares de millones de dólares por concepto de la nueva rebaja de aranceles. ¡Preparémonos para costearlas con más terribles zarpazos!