El Rodriguista (FPMR)
Estos últimos tres meses muestran con claridad el carácter de nuestro ejemplar "sistema democrático", que en realidad es una democracia del capital financiero, con altísimos niveles de concentración de poder político y económico entre unos pocos que se encuentran en la cúspide, y los sectores explotados, cuyo trabajo permite que esta clase en el poder practique "su" democracia.

En este lapso hemos visto el comportamiento del bloque dominante a la hora de proteger sus privilegios, que cuando percibe que éstos -específicamente los estratégicos o de largo plazo- son amenazados en forma real o potencial, es capaz de actuar en forma homogénea, unido tras esos intereses comunes olvidando posibles rencillas internas secundarias por cuotas de poder, pero pasado el peligro principal, y cuando se trata de disputar dentro de sí el poder y la conducción del modelo y el sistema, este bloque es capaz de las más intrincadas maniobras y aparentemente devorarse a sí mismo en intrigas palaciegas. Pero hay algo que es transversal a todo lo demás, y es la impunidad, el poder corruptor y manipulador del dinero, y la propiedad concentrada, fenómeno que inició la dictadura en forma sistemática y que hoy permanece así como tantas otras de sus "creaciones" (constitución del 80, neoliberalismo).

En este sentido, en las últimas contingencias de agosto (paro-protesta convocado por la Central Unitaria de Trabajadores, CUT), septiembre (los 30 años del golpe) y el bullado "caso Spiniak" se han manifestado en forma combinada estas características de la conducta de los poderosos en este país, que han mostrado de manera más o menos encubierta también su perfil más represivo, corrupto y decadente.

Lo aparente y lo concreto luego de los 30 años

¿Qué cambió en nuestro país luego de los 30 años del golpe militar? es una pregunta válida luego de una fecha que durante semanas concitó la atención y la polémica entre todos los actores políticos y sociales, junto a un activo rol de los medios de comunicación masivos (TV, diarios y revistas) que nos colmaron de imágenes, reportajes y entrevistas, revelando incluso imágenes ocultas por muchos años, todo con el doble afán de no perder puntos en la carrera por la audiencia, y de fijar su propia línea editorial sobre el tema.

En términos de intereses políticos, la primera conclusión tiene que ver con la actitud de los sectores en el poder, llámese el Gobierno, la derecha, las Fuerzas Armadas y la Iglesia, que desplegaron en esta contingencia nuevamente toda su artillería propagandística y de comunicaciones, con la pretensión de "clausurar" -prácticamente por decreto- la lucha de clases en el país bajo la consigna del "nunca más", idea fuerza manipulada para decir no sólo que no haya más violaciones a los derechos humanos, sino que no se repita el grado de polarización que vivió el país en los años 1970-73, es decir el bloque dominante espera que "nunca más" surja en Chile un movimiento o un proyecto popular que amenace sus intereses, o que "nunca más" el pueblo genere una capacidad de respuesta a la represión del Estado.

Un claro ejemplo de esta manipulación fue el papel político relevante que se le dió al Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheire, quien toma la iniciativa en esta campaña del "nunca más" llamando además a la unidad y el "desarme" material y de "espíritu"... ¿estarían dispuestos los militares chilenos a dar el ejemplo desarmándose ellos, disminuyendo el desmedido gasto militar y abandonando el rol político que la Constitución les otorga?.

Por otro lado, en las ceremonias en La Moneda con motivo del 11 de septiembre, Lagos se permite interpretar las últimas palabras de Salvador Allende al pueblo de Chile en el sentido de la "reconciliación" y la unidad nacional. A pesar de estos montajes la historia es inequívoca, esas últimas palabras fueron hechas para señalar abiertamente a los principales enemigos del pueblo, el imperialismo, la clase reaccionaria chilena y las Fuerzas Armadas, y hoy día a más de 30 años del golpe, la situación no ha cambiado en sus aspectos fundamentales.

Otra faceta de esta táctica fue el intento de separar o generar brecha en los sectores populares que se manifestaban y movilizaban, entre los "buenos y disciplinados" y los "vándalos" que recurren a la violencia, permitiéndose el gobierno dar certificado de buena conducta o legitimidad política a quienes se ciñieran a sus reglas del juego y condiciones, generándose previamente todo un clima de terror o guerra psicológica que pretendió presionar y en última instancia cooptar a la izquierda para su propio diseño político en estas fechas. En esto el gobierno tuvo éxito ya que consiguió un acuerdo o compromiso mutuo con la dirección del Partido Comunista que contempló la invitación a los actos oficiales y la autorización de las manifestaciones y marchas en el centro de Santiago, a cambio de la colaboración del PC con la policía en las labores de control, vigilancia y eventualmente represión de los mismos manifestantes.

Aún cuando consideramos legítimo que los convocantes u organizadores de determinadas actividades tomen las medidas necesarias para el cumplimiento de su itinerario, ello no puede ser al precio de perder independencia política o de la colaboración en los hechos con los aparatos represivos, lo cual sólo trae como consecuencia confusión o divisiones dentro de los sectores populares, tanto o más como las podrían generar el uso de los medios violentos de lucha de manera irresponsable, sin un objetivo político claro o como un fin en sí mismo. Ambas son situaciones que a la larga son efectos prácticos de errores, incoherencias o ausencias en el terreno del proyecto político, la estrategia y el concepto de la organización y su relación con el pueblo.

A pesar de esta situación, la jornada del 11 y sus diferentes actividades estuvieron marcadas a nivel global por la masividad y la combatividad, principalmente en las poblaciones de Santiago, que fueron prácticamente militarizadas y cercadas por decenas de miles de efectivos policiales, con la consiguiente respuesta de las organizaciones del pueblo con todas las formas y medios al alcance. La izquierda revolucionaria y en particular los rodriguistas también fuimos parte de esta contingencia, que señaló la obligación de lograr una incidencia concreta en los sectores sociales, desarrollando ideas que permitan su convergencia en la lucha, y por consiguiente una capacidad de organizar, conducir y dirigir, incluyendo el ámbito de la violencia popular, que debe ser concebida y aplicada como un medio eficaz de y para las masas organizadas, sin el sentido autoreferencial o testimonial que a veces adquiere.

Entre la "seguridad" y la corrupción del poder

En síntesis, la jornada del 11 de septiembre, y antes la del 13 de agosto, han sido como un barómetro para todos los que en un sentido u otro se interesan en la organización popular, sea para potenciarla o para contenerla. El bloque dominante no ha estado ajeno a esta reflexión por lo que toma sus medidas preventivas (mirando también un contexto latinoamericano de crecientes expresiones de lucha social, que incluso lograron derribar un gobierno, como ocurrió en Bolivia) considerando al pueblo como un potencial enemigo peligroso.

Por esto se bombardeó (y ello continúa hoy) hasta la saciedad en los medios de comunicación acerca de la delincuencia, la violencia, el vandalismo o el desorden público, tema que tanto el oficialismo como la derecha han instalado e interpretado cada uno a su manera y de acuerdo a sus posiciones particulares, apareciendo también como contradicciones secundarias y de lucha mediática o electoralista. Aunque detrás de ese árbol está el bosque de los intereses permanentes del poder, en función de los cuales se imponen nuevas leyes y disposiciones represivas bajo el rótulo de "seguridad ciudadana".

Puntualmente, ya el Gobierno ha planteado su "agenda corta antidelincuencia" que incluye desde medidas específicas como la reposición de la "detención por sospecha", la rebaja a 14 años como edad imputable legalmente, el endurecimiento de condenas para quienes "maltraten" a carabineros, hasta más estructurales como la creación de la Coordinación de Seguridad a cargo del Ministerio del Interior y el endurecimiento de la Ley de Control de Armas, que se suman a la iniciativa ya en curso de la Agencia Nacional de Inteligencia y la actual aplicación de leyes de la dictadura como la Antiterrorista, de Seguridad del Estado, y la capacidad de las fiscalías militares de procesar a civiles.

Cuya conclusión, luego de los 30 años del golpe militar y 13 de gobiernos civiles, sin importar la parafernalia de actos y homenajes impulsados desde el oficialismo, más allá de la apertura de la puerta de Morandé 80 y otros gestos de imagen pública nacional e internacional, lo concreto, lo que queda, es que más que democratizarse nuestra sociedad se torna cada vez más represiva, y el Estado, contrario a lo que muchos plantean se fortalece y acrecienta su rol político en defensa del modelo económico-social no sólo a través de sus políticas económicas sino de los aparatos policiales y de seguridad que lo resguardan.

Contrariamente, mientras la clase dominante afina sus herramientas represivas contra el pueblo, sus más conspicuos representantes son capaces de actuar y salir prácticamente impunes de los propios hechos delictuales en que se han visto envueltos. Así vemos que miembros de la Iglesia, el empresariado, partidos políticos del sistema, los militares y otros agentes del Estado, una y otra vez en estos 13 años de gobiernos civiles cometen crímenes cuyos autores principales rara vez pagan sus culpas. Los casos de los "Pinocheques", la "Cutufa", espionajes políticos, delitos de "La Oficina", coimas y sobornos varios, crímenes cometidos por agentes del Estado (caso Alex Lemún y decenas más), contrabandos, tráfico de armas, redes de narcotráfico y prostitución, etc. son apenas algunas demostraciones (las conocidas) del poder corruptor de la cúpula en el poder de nuestro país. La impunidad de los terroristas de Estado de la dictadura es el piso que permite hasta hoy a estos delincuentes hacer y deshacer confiados en el manto de silencio, encubrimiento, maniobras distractivas o dilatorias que les permite eludir la justicia cuando por un motivo u otro salen a la luz sus crímenes.

El caso de la red de pedofilia de Spiniak es uno más dentro de esta tendencia, que al salir a la luz pública toca piezas vitales del aparato de poder: empresarios, parlamentarios y policías, resultando más que llamativa la reacción corporativa de las autoridades institucionales, los dirigentes de la clase política y los medios de prensa del sistema, apuntando a desviar la atención de lo principal, que es la verdad concreta y el castigo a los culpables. Así como en otros casos, es muy improbable que a la larga se establezca la verdad, no ya de la participación de parlamentarios en prostitución y abusos a menores, sino sobre la red criminal en su conjunto, y menos probable aún que esta verdad sea conocida por la opinión pública, por el contrario, será ocultada por una poderosa red de protección que intentó neutralizar a la diputada Pía Guzmán, quien no sólo era vicepresidente de RN sino que integra la directiva de la Fundación "Paz Ciudadana", organismo clave en el aparataje que como señalamos anteriormente, busca endurecer las leyes represivas de nuestro país.

Sea cual sea el desenlace de los hechos, una vez más queda al desnudo, desde el afán de protagonismo público, la irresponsabilidad, la frivolidad y sed de poder en la conducta de la llamada "clase política", hasta el papel fundamental que la impunidad y la corrupción sistémica juegan en esta siniestra telenovela. No debe extrañar que un sector social cuyos miembros están acostumbrados por años al abuso, a la explotación, a la humillación de los débiles, sea también protagonista del más detestable abuso, de la más cruel explotación de aquellos que, como los niños de las «caletas», el sistema mantiene en la indigencia, el abandono y la indefensión.

Sin embargo se mueve...

Todos estos movimientos de los poderosos, en particular los que apuntan a blindar sus leyes represivas, se deben a que existen condiciones latentes para que surja un movimiento popular con horizonte estratégico, independencia política y capacidad propia construida desde el seno mismo de los sectores sociales y territorios, y no desde acuerdos y negociados cupulares y cortoplacistas que tanto favorecen a los de "arriba".

Síntomas concretos de esto fueron, como se mencionó, el paro-protesta del 13 de agosto en el campo de la lucha reivindicativa, y las masivas movilizaciones del 11 de septiembre en el terreno ideológico más general. Otro síntoma fue el congreso refundacional de la CUT, donde se produjo la derrota de los sectores más comprometidos con las políticas gobiernistas.

El Congreso manifestó su rechazo al TLC con Estados Unidos, en pos de la defensa y desarrollo de la soberanía nacional. Exigió el cumplimiento irrestricto de la legislación laboral para que sean los sindicatos, mediante la negociación colectiva, el único interlocutor con la empresa en las políticas de empleo. También reafirmó el rechazo al proceso de adaptabilidad laboral y el acuerdo con la aplicación de impuestos a las mineras extranjeras. Finalmente se plantea como objetivo, en la Demanda por un Chile Justo, "... conformar un gran bloque civil que conduzca a la creación de un movimiento social alternativo para enfrentar el modelo neoliberal impuesto en nuestro país".

Lo anterior si bien fue un pequeño paso adelante en cuanto a un posicionamiento teórico más claro en contra del neoliberalismo y la dependencia, en la práctica y a pesar de estas definiciones, el día 10 de octubre último la directiva de la CUT nuevamente se embarca en una mesa de negociaciones con el Gobierno y la Confederación de la Producción y el Comercio, abriendo las puertas al tema de la flexibilidad laboral tan anhelada por los empresarios, mediante leyes que contemplan quitar por tres años la indemnización por despido a los trabajadores jóvenes, y conceder al empresariado un mecanismo esencial para acrecentar la plusvalía (índice de la explotación de los trabajadores), como lo es la atribución ya sea de prolongar la jornada de trabajo ("plusvalía absoluta") o de reducirla ("plusvalía relativa"); todo ello para acrecentar sus ganancias y así "promover el empleo" según los autores de la propuesta, pero en realidad lo que el empresario busca es ganar más, y no pagar más contratando a nuevos trabajadores, la cesantía es funcional al modelo y mientras este exista el empleo no crecerá, así como tampoco los salarios.

Esta situación contradictoria indica que para que los síntomas de reorganización popular pasen a ser una tendencia, es necesario que la izquierda (militante o no) transite -o insista en ello- por un camino serio de acumulación de mediano y largo plazo, creación y perfeccionamiento de los instrumentos políticos y sociales propicios para esto, lo que necesariamente implica dejar de lado aquellos que no han dado frutos, y superarlos dialécticamente. Para el caso de las organizaciones, movimientos o partidos de izquierda, ya sea la revolucionaria o reformista, esto último es en verdad lo más difícil ya que aún no existe el suficiente desarrollo de la autocrítica concreta y no formal, o si la hay es para seguir potenciando o defendiendo las fórmulas ya conocidas, lo cual impide la superación o rectificación de determinadas construcciones y conceptos con los cuales se llega a dicho resultado efectivamente, que de paso también es síntoma de un sectarismo que curiosamente se aprecia incluso en las organizaciones más nuevas o "jóvenes", que terminan reproduciendo los mismos vicios que dicen combatir.

En fin, la realidad política y social del pueblo es hoy mucho más heterogénea que en otros períodos de nuestra historia, por lo cual no tienen espacio las fórmulas totalizantes y superestructurales de construcción popular, como el mentado "pegoteo de siglas", las "coordinaciones" y espacios análogos que son funcionales más bien a la lógica interna de una organización política que a un desarrollo real de la base social, o bien reducir el quehacer a la acción agitativa y "campañística" como forma de sublimar la falta de inserción e incidencia real. Lo anterior significa ratificar la necesidad de una estrategia o proyecto político popular y revolucionario, que se aplique creativamente en cada situación local, pero bajo objetivos generales comunes y cuyo desarrollo hará surgir como una necesidad y un fruto natural instancias de convergencia político-social mayores a escala territorial, sectorial y nacional, y en esto las organizaciones políticas tienen un papel insustituible.

Por eso estamos convencidos que muchas de nuestras actuales debilidades en el trabajo de construcción de movimiento popular, se rectificarán en la medida que nuestra acción se caracterice no sólo por estar en contra de, sino además en pos de una alternativa general de sociedad (para nosotros el socialismo) cuyos principios fundamentales desde ya podemos ir aplicando en el quehacer diario y en nuestras relaciones. Esto se relaciona con nuestra concepción del proyecto como una guía para la acción, no como "la receta" que nos va a resolver todo, sino como una propuesta que al calor de la práctica directa se deberá ir mejorando junto con nuestra comprensión de las cosas y nuestra capacidad de propuesta.

Octubre de 2003