Erick Fajardo Pozo. Enviado especial de La Voz en Chapare.
Las especulaciones de la prensa y el parcialismo de organizaciones subvencionadas por el Development Alternative Inc. (DAI), una empresa subcontratada por la agencia de desarrollo de EEUU para Bolivia (USAID), denostaron - sin pruebas - a siete productores bananeros de Chimoré, que defendían su tierra de un expropiador, en la gratuita presunción de que eran cocaleros que intentaron linchar a un pretendido productor de bananas por no haber cooperado con el MAS durante los bloqueos del pasado octubre.

Todo el mes pasado la prensa hizo escarnio de los bananeros detenidos por UMOPAR, acusándolos de ser cocaleros sorprendidos en intento de linchamiento de un supuesto productor alternativo asociado a UAPANTROP. La prensa local y nacional rebosó de declaraciones que establecían - verbalmente - la contundencia de las acusaciones de Valentín Sevilla, supuesta víctima, contra los detenidos.

Sin embargo La Voz estuvo en Chapare para corroborar el testimonio de la contraparte, que componen cuatro miembros de la familia Alaca, el Subalcalde de Chimoré (distrito 4), dos vecinos de la propiedad en cuestión y un pastor evangélico, todos de la comunidad de Santiago, todos productores bananeros y ninguno miembro de organización sindical alguna ligada con el MAS o la producción de coca.

Víctimas de violentos expropiadores.

La comunidad integra de Señor de Santiago, escenario del conflicto, declaró a La Voz que viven atemorizados por el Clan Sevilla, que expropia la tierra de los comunarios impunemente desde hacen diez años. También establecimos que las subvenciones a la producción alternativa del DAI, la erradicación casi total de plantaciones de coca en la zona y la presencia permanente de los efectivos de UMOPAR, hacen imposible la existencia de cocales en el lugar.

En compañía de un perito agrónomo, La Voz visitó las plantaciones de los hermanos Alaca, Jaime Reque y Filiberto Zola, siéndonos imposible encontrar sembradíos de coca o vestigios de los mismos. Lo que si encontramos en propiedad de los hermanos Alaca, es una empacadora de plátanos, financiada por DAI, que testimonia que esa institución tenía el convencimiento de que ellos plantaban banano.

Misteriosos aliados de Sevilla.

Requerido sobre si existían antecedentes contra Valentín Sevilla, el Juez secretario del Juzgado Agrario de Ivirgarzama, Pedro Montaño, presentó a La Voz el expediente N° 72 del 4 de octubre de 2001, en el cual consta la interposición del recurso de Interdicto de Retener Posesión, por parte de Filiberto Zola Garigallo - uno de los detenidos - contra Valentín Sevilla. Este recurso es aplicable, según el Código de Procedimiento Civil, "contra cualquier persona que amenace la propiedad privada mediante actos materiales (cap. 3, art. 602- 606).

La sentencia del juez, promulgada el 15 de enero de 2002, es contundente: Declara procedente la demanda en contra de Sevilla y consta en el expediente a fojas 78, partida 65 en el Juzgado Agrario de Ivirgarzama.

Sin embargo, habiéndose refrendado la casación en la Suprema Corte de Sucre, el expediente completo de Sevilla "fue extraviado" en viaje a Ivirgarzama y el Juzgado agrario de esa localidad tuvo que demandar al Courrier y reiniciar el proceso de cero, lo que dejó impune a Sevilla.

Otro antecedente que debería constar en la PTJ de Chimoré es el comparendo policial que Pascual Alaca, propietario de la finca expropiada, solicitó y entregó en mano del usurpador tres días antes de la reyerta. El comparendo fue destrozado por Valentín Sevilla, que echó con amenazas de muerte al legítimo propietario.

Lo extraño es que al ser detenidos, los hermanos Alaca presentaron ese antecedente de denuncia previa contra Sevilla, pero la copia del comparendo les fue requisada por UMOPAR durante las pesquisas.

Implacable abuso.

Saúl García, diligenciero del Juzgado Agrario de Ivirgarzama, le relató a La Voz que habiéndosele comisionado a notificar al demandado Sevilla, presenció la inmisericorde golpiza que le propinó el expropiador a su demandante y dueño legal de la posesión, Filiberto Zola.

Sevilla posee 230 hectáreas de tierra, que según los pobladores de Santiago son resultado de la apropiación arbitraria que - violencia de por medio - llevó adelante Sevilla y su familia todos estos años. Acusaciones respaldadas por el expediente 72, muestran que Sevilla usó todo nivel de violencia para apropiarse de 7 propiedades ilegalmente.

Eleuterio Pillco y Esteban Mariscal son el testimonio viviente del abuso de Sevilla. Según la anciana esposa de Pascual Alaca, ambos tuvieron que dejar furtivamente Santiago para evitar ser muertos por Sevilla que ya había ocupado sus tierras antes que se marcharan. Decenas de relatos similares alimentan el mito de que Sevilla ha asesinado a los dueños de numerosos terrenos para quedarse con la tierra, un mito que la actitud amenazante y déspota de Sevilla sólo refuerza.

Prejuicios de la prensa.

El periodista de Radio Millenium de Chimoré, John Rojas, comentó con La Voz que la interpretación del suceso que los medios cochabambinos y cruceños hicieron se contradecía con lo que los comunicadores del Chapare habían informado. "Todos los periodistas de aquí están conscientes de los abusos de Sevilla", manifestó Rojas, a tiempo que hacía notar que su estado de salud posterior a la riña fue exagerado por la prensa.

Lo único que demostró la actitud de la prensa fue que dos semanas de juicios y condena mediática contra los bananeros no nacen de la constatación de los hechos sino de prejuicios anticocaleros que develan la identidad de clase e intereses de algunos periodistas cochabambinos y cruceños, en una labor donde debía primar el equilibrio informativo.

Este caso pone en debate nuevamente la necesidad de que los mitos de la objetividad e imparcialidad periodística sean desplazados por una actitud informativa honesta y manifiesta.

Debe haber auditoría agraria.

Por otra parte La Voz Intentó entrevistar al Director local del INRA, Luis Arratia, pero se nos informó que estaría ausente de la ciudad por el fin de semana. Sin embargo, criterios de peritos agrarios de esa institución que pidieron no ser identificados sugieren que teniendo la justicia conocimiento de este caso, corresponde una auditoría agraria en las supuestas propiedades de Sevilla.

Queda claro que sin el argumento de que serían cocaleros y existiendo antecedentes judiciales de sentencia por expropiación contra Sevilla, los acusados fueron víctimas de una prensa tendenciosa y de una organización subvencionada por el DAI de la que Sevilla es uno de los hombres fuertes. Resta una investigación que esclarezca el papel de DAI en el financiamiento de entes como UAPANTROP, a los que los comunarios acusan de gozar del ilimitado favor del DAI por ser grupos de choque antes que organizaciones de productores alternativos.

El financiamiento preferencial del DAI a ciertas "asociaciones de bananeros" y su injerencia en temas de políticas comunales, prensa y justicia nos hacen repensar sobre su verdadero propósito en Bolivia y sobre qué cosas financia el dinero de USAID declarado para desarrollo alternativo en manos de DAI.