Productores de coca se declaran en estado de emergencia ante declaraciones de Mesa

(Bolpress.com).-

Los productores de coca de los Yungas paceños y del Chapare cochabambino se declararon en estado de emergencia ante las últimas declaraciones del presidente, Carlos Mesa, vertidas en Panamá, en torno a la erradicación de las plantaciones de hoja de coca, informó hoy Dionisio Núñez, dirigente de las seis federaciones de los Yungas.
En la víspera, Mesa, en conferencia de prensa brindada en Panamá, país al que asistió a la celebración del centenario de su independencia, dijo que "Bolivia tiene una Ley que establece coca legal y coca ilegal; el porcentaje de coca legal aceptada por Ley boliviana es de alrededor de 12 mil hectáreas. Esto marca una realidad distinta de la de otras naciones, donde toda la coca es ilegal".
"Marcando la necesidad evidente de una negociación razonable con los sectores que producen coca, nuestra perspectiva es continuar con la política que el país ha llevado en los últimos años", agregó.
Estas declaraciones fueron consideradas por Núñez como provocadoras y atentatorias al sector cocalero, el cual había manifestado su intención de continuar de por vida con la plantación de cocales, como una forma de subsistencia, aunque paralelamente propuso llevar adelante un "encuentro nacional de la coca", donde se defina una nueva política al respecto.
El dirigente señaló que ante estas declaraciones el sector se declaró en estado de emergencia, sin descartar posibles movilizaciones para defender su derecho a plantar coca.
"Es urgente que el país elabore su propia política de la hoja de coca, antes de continuar la línea impuesta por la embajada de Estados Unidos, que señala erradicación forzosa, la misma que genera violencia", dijo.
Núñez reiteró el planteamiento del sector de realizar un encuentro nacional con la participación de autoridades de gobierno, productores, consumidores y comercializadores de la hoja milenaria, de cuyo evento, señaló podría surgir la propuesta de efectuar un "referéndum" para que sea la población la que diga si está de acuerdo con la erradicación violenta y la represión o está dispuesta a defender la coca