LINO ORAMAS YAHMED VELÁZQUEZ
Enviados especiales

SANTA CRUZ DE LA SIERRA, Bolivia, 12 de noviembre.— Los cordones de miseria que aumentan en las poblaciones latinoamericanas y de otras regiones del mundo, los problemas de la distribución de la tierra, el desengaño provocado por los políticos tradicionales, la falta de escuelas y maestros, las muertes por enfermedades curables... la lucha por el derecho a ser personas, no son tristes privilegios de nación alguna y necesitan de soluciones urgentes; el neoliberalismo ha fracasado.

El diputado por el MAS Hugo Salvatierra cree que solo la unidad de las fuerzas sociales permite victorias como las que se necesitan.
La experiencia de Bolivia, sede de la XIII Cumbre Iberoamericana que está teniendo lugar en estos días, habla de la justeza de la decisión del Gobierno al aceptar que los excluidos puedan manifestarse libremente también acerca del tema central de esta cita: la inclusión social como motor del desarrollo.

La diputada Inés Miranda, voz de quienes han sufrido doblemente la discriminación.
Mientras en las salas del hotel Los Tajibos, las representaciones oficiales de los 21 países que integran este mecanismo de concertación y consulta, se pronuncien acerca de cómo enfrentar este complicado asunto, campesinos, indígenas, obreros, jóvenes y viejos, mujeres y hombres de prácticamente todo el país, presentarán su enfoque en jornadas académicas, artísticas y de elaboración de propuestas de la sociedad civil, en la búsqueda de un camino donde realmente puedan transitar unos y otros.
Inés, Fermín, Saco, Benedicto, Andrés, Quinta, Andarico, Hugo, Gabriel, son algunos de quienes estarán allí. Más que sus nombres, quieren hacer valer —con la esperanza reflejada en sus rostros de gente acostumbrada a los rigores del más rudo trabajo y la marginación, y el manejo de un lenguaje que solo admite verdades—, argumentos irrebatibles, los mismos que llevan al Encuentro Social Alternativo, donde quieren, además, escuchar lo que tienen que decir otros, y hablar de Salud, de Educación, de las cosas que les faltan a todos.
En un país mayoritariamente de indígenas, se considera que un 10% de ellos son indocumentados, o más gráficamente, solo existen para las estadísticas, y es cuando se mueren, porque en ese momento se les exige el certificado de defunción. La inscripción de un niño al nacer cuesta al menos mil bolivianos y un campesino no tiene ni para ir al pueblo donde tendría que hacer dichos trámites.
Una mujer campesina tendría que estar permanentemente embarazada para sentir la seguridad de la atención de salud. Una de las tantas mocochincheras (las vendedoras de refrescos tan frecuentes en las calles) no gana ni 20 bolivianos al día, con lo que tiene que satisfacer, en la mayoría de los casos, las necesidades de una amplia familia.

Gabriel Galván: Los obreros tienen que sumarse también como excluidos que son en muchos de los casos.
Mientras los hijos de un campesino, antes como promedio llegaban hasta el 5to. curso, ahora, cuando alcanzan el segundo, tienen que abandonar los estudios para dedicarse a ayudar a la familia en lo que puedan. Y el que logra cumplir cinco grados, recién empieza a conocer de la "a" a la "e", cuando el pasado año fueron destinados 350 millones de dólares del presupuesto a la educación, pero lo realmente invertido en este rubro se desconoce y nada de ello benefició a los más necesitados.

Andarico Pinto es dirigente de la Confederación Única Sindical de Campesinos de Bolivia.
Una familia campesina puede tener entre seis y ocho hijos, estos no pueden estudiar, no hay un salario fijo, y debido a que no cuentan con los recursos para trasladar sus productos, se ven obligados a vender a los intermediarios que siguen pagando a un precio fijo a pesar de que los productos han subido.
Un agricultor puede ganar 20 bolivianos (un dólar equivale a 7,75 bolivianos) en una jornada. Como mismo no tienen documentos porque no tienen "plata", los pobres también carecen de títulos de propiedad porque los papeles de que disponen son falsificados, aunque se les "permite" tener hasta 50 hectáreas; los grandes propietarios dejan trabajar a los campesinos y después los despojan de sus tierras sin derecho a reclamar. Los latifundistas pueden llegar a tener hasta 80 000 hectáreas. Creen que hay mucho acaparamiento de terreno por parte de la oligarquía, mientras ellos carecen de terreno y poseen una abundante familia, pese a una ley que desde 1996 declara la necesidad de una distribución y redistribución de la tierra.

Santa Cruz de la Sierra.
Del problema de la tierra se ha avanzado a la participación política, para llegar a plantearse la necesidad de una asamblea constituyente y de la inclusión social.
Así surgió también el movimiento de los sin tierra, como el de los sin techo, donde las luchas toman su cauce y se proponen soluciones.
Crece por día la emigración hacia la ciudad adonde los que llegan se suman a los tantos que intentan vender su fuerza de trabajo en un mercado saturado, y en la mayoría de los casos pueden hacer una magra comida al día, y por la tarde conformarse con un té, cuando logran tener lo suficiente para ello.
Los pozos petroleros, con un precio calculado en 20 millones de dólares, fueron vendidos por 500 000. Ahora venía a sumarse la venta del gas en condiciones en que las multinacionales se lo llevaban prácticamente todo.
Saben también que para que haya un cambio tiene que haber gente preparada, pero para ello tiene que haber alimentación, y así un problema se concatena con el otro, se trata de un círculo vicioso del que buscan salir.
Parecen interminables sus relatos, contados con mayor o menor fluidez, pero todos de una profundidad capaz de convencer al más incrédulo.
De los 173 muertos con que el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada quiso detener la ola de protestas que dieron al traste con su mandato, 102 no tenían carné de identidad ni derecho a votar; pero sí tenían ansias de vivir donde prácticamente era imposible; mucho que ganar y nada que perder como no fuera precisamente la vida.
Ahora el detonante fue el gas, como antes lo fue el agua o el cobre; las injusticias y la marginación vienen acumulándose por años, y el neoliberalismo las incrementó a extremos donde lo que está en juego es la supervivencia. El calamitoso cuadro no es privativo de Bolivia, pero aquí los excluidos se sintieron doblemente traicionados.
El Gobierno expulsado se había comprometido a luchar contra la exclusión social, pero ello no pasó de las promesas electorales, la entrega a los intereses extranjeros continuó, la explotación y la discriminación se mantuvo. Sectores perjudicados crecieron y encontraron coincidencias; el rechazo a la venta (que casi era un regalo) del gas actuó como la espoleta para el estallido imposible de detener y surgieron otras demandas: el rechazo al ALCA, la convocatoria a una constituyente. El neoliberalismo y el poder imperial sufrieron una derrota a manos de las masas que en definitiva conforman los que se sienten marginados por una u otra causa, y que en última instancia son solo eso: excluidos.
Aunque esta zona del país es muy diferente a El Alto, con sus miserables barriadas a escasa distancia de La Paz, y de otros puntos que fueron escenarios de las protestas del pasado mes, aquí también hay quienes engrosan las filas de los excluidos. Es como si hubiera dos Bolivias.
Por ellos no habló la OEA ni el sistema creado, ni los medios que cierran los ojos ante las realidades y rechazan toda manifestación de reclamo por la dignidad, la igualdad y el respeto a los derechos humanos.
También el prefecto del Departamento de Santa Cruz de la Sierrra, Carlos Hugo Molina, al propiciar un encuentro de conciliación de intereses, reflexionó acerca de que esta "no es una Cumbre hecha a la medida de Santa Cruz o de Bolivia, sino a la medida de las necesidades que tiene el sistema iberoamericano. Va más allá de problemas locales, departamentales o nacionales, aunque tampoco podemos ignorarlos".