Una campaña a muerte
El 7 de diciembre los uruguayos iremos a las urnas por derecho constitucional. Nos pronunciaremos por SI (rosado) a la derogación de la ley de asociación de ANCAP con empresas privadas extranjeras, o por NO (celeste) para mantener firme tal ley. En una jornada se jugará el destino del ente y muchas cosas más. Todos sabemos que los combustibles -como energía- son estratégicos para el desarrollo del país; que inciden en la producción nacional y en el transporte de bienes y personas. Los combustibles serán vitales en la generación de trabajo para los uruguayos y en una respuesta productiva a la crisis. Por lo demás, los combustibles inciden en los precios de los productos que consumimos en nuestra familia y por ende en nuestra calidad de vida. Son estratégicos, porque mueven el país y eso se juega el 7 de diciembre, pero además, este plebiscito apunta más allá. Mucho más allá. Por eso tanta virulencia en la campaña.
Como es de dominio público, desde el gobierno y desde los sectores mayoritarios de los partidos tradicionales se impulsa el voto por NO en diciembre. ¿Con qué argumentos? En primer lugar con el de mantener una ley que tendrá la virtud -dicen ellos- de impedir que el ente ANCAP desaparezca, cosa que sucedería ante la implacable competencia de las multinacionales del petróleo que se desatará ante la prevista liberación de los mercados en la región. Para blancos y colorados -Lacalle, Larrañaga, Batlle, Sanguinetti- esta ley defiende al ente estatal y los que se oponen a ella, pretenden liquidarlo.
En segundo lugar, un argumento de peso parece ser el de lograr la rebaja de los precios de los combustibles al consumidor que según los defensores de la ley llegará naturalmente, fruto de la libre competencia.
En tercer lugar, el Foro sanguinettista viene esgrimiendo con mucha fuerza el argumento de que la ley fue elaborada en base al mayor consenso; que en la misma participaron blancos, colorados y frenteamplistas y que luego de las presiones del sindicato -Federación ANCAP- el EP-FA rompió el consenso y votó en contra. En consecuencia los senadores Astori y Curiel que acordaron con la ley, habrían quedado colgados del pincel.
En cuarto lugar, se esgrime -especialmente por parte de Lacalle- que el ente no se vende y tal cosa habría sido reconocida por el propio Tabaré Vázquez en declaraciones concedidas en Rocha.
Finalmente se esgrime que el ente no puede hacer grandes inversiones en la refinería como podrían hacer los futuros socios, especialmente en temas como el plomo y el azufre, que es preciso eliminar para mantener la competitividad.
Ante esta avalancha de argumentos esgrimidos a toda prensa, quisimos conocer la opinión del gremio. Por ello la Prensa Zonal entrevistó a Sergio Pi, Vicepresidente de la Federación ANCAP, trabajador de la Sección Informática de oficinas centrales, quien nos recibió en la sede del sindicato.
Una ley mala
-Sergio Pi tiene años participando del sindicato; desde hace dos que se desempeña como Vicepresidente, pero supo recorrer diferentes puestos de lucha. En ese sentido es un conocedor del ente en su globalidad. Comenzamos preguntándole ¿por qué el gremio se opone a la ley en cuestión?
-Porque la ley con los pliegos de licitación y las bases del contrato -que ya fueron elaborados por el directorio de ANCAP- significa la entrega de las actividades de los combustibles en el Uruguay a manos de una multinacional.
-Pero ¿por qué el sindicato afirma tal cosa?
-Nosotros decimos esto porque la ley que plantea el fin del monopolio del combustible en manos de ANCAP, que permite la asociación del ente con una multinacional, dice que ANCAP mantendrá la mayoría del paquete accionario. Pero con una particularidad: en el pliego de licitación se establece que el 51% de las acciones del ente, a la hora del voto en la asamblea de accionistas, se transforma en un 48%. Esto significa que en las decisiones de gerenciamiento y gestión de la empresa, la mayoría la tendrá el socio multinacional.
-O sea que ANCAP tendrá mayoría para asumir responsabilidades, pero será minoría a la hora de gobernar la empresa.
-Si. Pero hay más: se establece que el directorio de 6 miembros de la nueva empresa estará compuesto por 4 representantes del socio multinacional. Es decir que las decisiones diarias del directorio de la empresa van a reflejar la opinión del socio multinacional. Y como si esto fuera poco, la presidencia, la gerencia y 3 de las 4 gerencias operativas se le entregarán al socio entrante.
-Dicho de otro modo, ANCAP pone la refinería, el mercado interno y el negocio funcionando. ¿Qué pondrá el socio que venga a participar de las ganancias?
-Nada. En ningún lado se establece que el socio deba realizar inversiones y acá estoy desmintiendo uno de los argumentos de los impulsores de la ley. Tampoco se establece que deba aportar mercados en el exterior y tampoco se exige que deba ser un productor de petróleo, ni que deba abastecernos de materia prima en condiciones favorables. Ninguna de las 3 condiciones que nos permitirían plantear algún objetivo de crecimiento para ANCAP estarían presentes en esta asociación. Lo único que el pliego habla es que el socio deberá conseguir créditos internacionales para financiar alguna obra de unos 60 millones de dólares, de los cuales el 51% los va a pagar ANCAP.
¿Se vende o no se vende?
-Se ha hablado mucho sobre si el ente se vende o no. Se han puesto todas las baterías propagandísticas sobre el punto. Se ha dicho que se juntaron firmas mintiéndole a la gente. Pero para el gremio y dicho todo lo anterior ¿esto es o no una privatización?
-Si, porque la propiedad es lo que tiene menos valor, lo que realmente importa en el mundo de hoy es quién gestiona esa empresa. Ese es el que decide la suerte de la propia empresa y acá si se aprueba esta ley, a la ANCAP la van a manejar a su antojo las multinacionales. Por eso decimos que es una forma encubierta de privatización.
-Uno de los argumentos centrales de los impulsores de la ley es que de no aprobarse la misma, ANCAP desaparecería frente a la competencia en un mercado abierto como se anuncia que se viene en la región.
-Nosotros desmentimos esa afirmación. Dicen que en el 2006 caerá el monopolio de los combustibles por el tratado del MERCOSUR y que ANCAP no está en condiciones de competir con las multinacionales si éstas comienzan a importar sus propios combustibles. Pero hoy el MERCOSUR está viviendo una realidad diferente: los gobiernos de Brasil y Argentina están apostando a profundizar la integración sobre la base de dos grandes conceptos. La complementación productiva y el reconocimiento de las asimetrías de las economías de los países asociados. Eso significa que podemos dejar caer el monopolio de ANCAP, pero negociando en qué condiciones vamos a permitir el ingreso a nuestros mercados y que se nos permita entrar en los mercados de nuestros vecinos. Porque acá lo que el gobierno está planteando es lo mismo que hizo con toda la industria nacional, que permitió la libre importación sin ningún criterio y sin control de competencia desleal. Acá se mató la industria nacional permitiendo entrar productos subsidiados en el primer mundo. ¿Eso es lo que vamos a hacer con los combustibles? Entonces, si no ingresan productos subsidiados, nosotros podemos afirmar que es mentira que sea más barato importar que refinar.
-Pero el directorio del ente dice lo contrario, con números en la mano.
-El directorio de ANCAP dice que en el 2001 al país le significó casi 100 millones de dólares más caro refinar que importar. Pero ¿cuál es el engaño? Ellos comparan el precio internacional de los combustibles, más los costos de transporte y de introducción del mismo al Uruguay; contra el precio que hoy tiene ANCAP en sus plantas de distribución. Pero en el cálculo del combustible importado no le suman los impuestos ni las ganancias del propio importador. Si en verdad el Estado quisiera rebajar los combustibles, debería quitarle esos impuestos al ente y buscar otra forma de ingreso para las arcas fiscales. Yo te digo con cifras de ANCAP, que en el mismo año 2001, el ente por impuestos específicos, pagó 31 millones de dólares. Las ganancias de ANCAP, más las ganancias del gobierno, más los impuestos a las ganancias que pagó ANCAP, fueron de 68 millones de dólares. Quiere decir que si yo saco esto de la comparación, en realidad hubiera salido 10 millones de dólares más caro importar que refinar. En el año 2002, esa diferencia nos da que fue 7 millones más barato refinar que importar el combustible. Esto quiere decir que la refinación en Uruguay es rentable.
El ALCA debajo de la piedra
-El Frente Amplio que impulsa el voto afirmativo dice que desconfía del gobierno, que no le firmaría un cheque en blanco como es esta ley, pero se manifiesta de acuerdo con una eventual asociación de ANCAP con privados. ¿Cuál es la posición del gremio? ¿Aceptaría esta ley si en lugar de un gobierno colorado hubiera un ejecutivo progresista?
-Nosotros pensamos que la ley es mala de por sí y con cualquier gobierno. Sin embargo yo creo que son justas las acusaciones que se hacen desde el Frente Amplio y es válido que los uruguayos nos hagamos esta pregunta: ¿estos señores del Poder Ejecutivo y del directorio de ANCAP son creíbles a la hora de negociar la suerte de la principal empresa del país? Veamos, el ente tiene 18 asociaciones en el Uruguay y en el exterior y la mayoría son con multinacionales. Las únicas que le aportan ganancias son aquellas que ANCAP tiene el 100% de las acciones y gestiona esa empresa, que son los casos de las distribuidoras de combustibles y de alcoholes. Todos las demás han resultado en fracasos y en pérdidas multimillonarias para ANCAP y para los uruguayos. Está el ejemplo de Solpetróleo en Argentina, donde nos asociamos con quién no debíamos y compramos una empresa fundida y con deudas con la DGI argentina. Hoy se cuantifica en 250 millones de dólares lo que no se puede recuperar de esa empresa.
Bien, pero aquí se nota que blancos y colorados se están jugando toda la ropa por esta ley. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto?
-De lo que nosotros estamos convencidos es que acá se busca cumplir con los dictados del FMI, los cuales se han hecho públicos en el sentido de exigir la privatización de la actividad de los combustibles y la energía en el Uruguay. Lo que se busca es hacer buena letra con el FMI, recibir algunos dólares para cubrir el déficit fiscal y despreocuparse de la producción nacional como ha sido la constante de la política económica de estos gobiernos.
-Pero se nota un apresuramiento por hacer el negocio ahora y no con el próximo gobierno que presumiblemente será del FA-EP, a pesar de que éste ha dicho estar de acuerdo con una asociación y que seguramente impulsará una. ¿Tendrá esto algo que ver con lo planteado por el presidente Chávez de una empresa petrolera de Sudamérica?
-Yo creo que sí. En nuestro continente han aparecido voces de integración como la del gobierno venezolano que ha puesto arriba de la mesa la propuesta de la asociación de las empresas petroleras estatales de América Latina, comprometiéndose a proveer de crudo un 20% más barato que los precios del mercado internacional. ¿Cuál fue la actitud del gobierno uruguayo frente a esa propuesta? La descartó de la peor forma, desconociéndola directamente. Entonces la pregunta: ¿realmente el gobierno está interesado en conseguir petróleo más barato o en asociarnos en un negocio que sea positivo para el país?
-Dicho así parece como que el gobierno tomara partido a favor de la postura de los EEUU en torno al ALCA y en contra de un acuerdo petrolero que beneficie a los pueblos sudamericanos y rompa el monopolio internacional de las petroleras multinacionales.
-Si, eso parece desprenderse de la posición del gobierno uruguayo.
De consensos y naftas baratas
-Uno de los caballitos de batalla de los defensores de la ley es que con la asociación se alcanzará por fin la rebaja de los combustibles. Sin embargo el propio Hierro López se vio obligado a reconocer públicamente que ese punto no está tan claro. ¿Qué nos puede decir el vicepresidente del sindicato de ANCAP al respecto?
-Sin entrar a detallar los incumplimientos de las promesas electorales de este gobierno, pero sin olvidarlos; tenemos que hoy nos prometen que van a bajar los combustibles. La ley no dice absolutamente nada que los precios al consumidor final vayan a bajar. Lo que plantea es que los precios a puerta de refinería tengan que alinearse a los de la región. O sea el precio que tendrá el combustible sumando costos de importación de crudo más costos de refinación y margen de ganancia de ANCAP, deberán ser similares a los de la región. Los cuales ya están alineados con los de los vecinos. Después de eso intervienen los distribuidores, los fleteros y camioneros aportando sus costos y márgenes de ganancia. Intervienen los impuestos nacionales.
Veamos cómo se compone el precio de los combustibles: en un litro de nafta super, los uruguayos pagamos 25 pesos y el precio real sin impuestos es de 11 pesos. Es decir que estamos pagando más del 100% de impuestos. Si tomamos el promedio de todos los combustibles, el peso que tienen los impuestos es de entre el 35 y el 40%. Por ende esta asociación no es la solución si lo que se pretende es bajar los precios. Si queremos reducir el precio de los combustibles tenemos que ver cómo bajar la carga impositiva que hoy tienen. Habría que estudiar una reforma tributaria que permita obtener los recursos que hoy se vuelcan al Estado, de otra fuente que no sean los combustibles.
-Uno de los argumentos recientemente usados por el Partido Colorado, especialmente por el foro de Sanguinetti, es que esta ley se elaboró por consenso y que ahora la izquierda rompe el acuerdo y se opone a la ley. ¿Qué dice el gremio de esta acusación?
-Algunas precisiones. Primero, el 7 de diciembre los uruguayos vamos a tener que definir nuestro voto en base a lo que dice la ley y no en función de actitudes que hayan tomado los sectores políticos que intervienen a nivel parlamentario. Segundo, las diferencias en torno a las opiniones sobre esta ley se dan en todos los partidos políticos; hoy tenemos voces importantes del Partido Nacional que están por la derogación de la ley, me refiero al intendente de Paysandú, Alvaro Lamas; al senador Carlos Garat y muchos ediles departamentales. En el Partido Colorado el sector de Flores Silva; el ex presidente de ANTEL, el Cdr. Ricardo Lombardo y dirigentes intermedios y ediles departamentales. Es decir, salvo el Nuevo Espacio que se ha definido claramente por la derogación de la ley, todos los partidos están cruzados horizontalmente por diferentes posiciones sobre este tema. Tercero, en esto no jugó en absoluto el sindicato, si bien mientras se estaba negociando la ley expresó a cada una de las fuerzas políticos su posición y lo que se dio en el Frente fue el libre juego de la democracia interna.
Fuente: Rolando W. Sasso
La Prensa Zonal
Montevideo, Octubre de 2003